Jhohan Elias Cruz Valencia

Expediente 396/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
396/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
11/02/2021

Partes del expediente

  • JHOHAN ELIAS CRUZ VALENCIA y Otros.
  • Jhohan Elias Cruz Valencia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de febrero de dos mil veintiuno. En principio, se realizan las precisiones siguientes: 1.- Se toma en consideración que en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, tomó medidas especiales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, que fueron comunicadas mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. 2.- Que una de esas medidas consistió en que se suspendieron los plazos y términos de la totalidad de los asuntos, excepto casos urgentes, aquéllos que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea y los expedientes que estuvieran listos para sentencia. 3.- A la fecha, ya concluyó el ámbito temporal de validez de las medidas especiales tomadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 4.- En su lugar, ahora rigen las medidas adoptadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, que fueron comunicadas mediante Circular SECNO/9/2021, de seis de febrero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. 5.- Para este órgano jurisdiccional que reside en el Décimo Tercer Circuito Judicial, son aplicables las medidas contenidas en el apartado II de la Circular precitada, que establecen: II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 6.- En consecuencia, se ordena la REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES en este asunto, decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 7.- Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales a que haya lugar. 8.- Ahora, toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    POR LISTA: MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, para el efecto siguiente: ".El titular de la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca, respeto al derecho humano violado y en el ámbito de su competencia, proceda a analizar la petición de marras (presentada ante su autoridad el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve) y otorgue una respuesta definitiva al impetrante, por sí o por el funcionario dependiente de su administración que determine, la cual deberá notificarle personalmente en el domicilio señalado para tal efecto, conforme a los procedimientos aplicables." Inconforme con tal resolución, la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto del Director Jurídico, interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito. Al resolver el citado recurso de revisión, dicho Tribunal de Alzada, en ejecutoria de once de septiembre del año en curso, confirmó la sentencia recurrida, por lo que en auto de veinte de octubre del año en curso, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable. Con motivo de ello, el Director Jurídico de la Secretaria de Movilidad del Estado de Oaxaca, mediante oficio de veintidós de octubre del año en curso, informó que ante la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, se instauraba el Juicio de Nulidad número 70/2019, promovido por el aquí quejoso "..... , por el que solicitó la nulidad del acto administrativo, contenido en el oficio ***, de veintisiete de mayo de este año, por el que la autoridad responsable, determinó que al hacer una búsqueda en el expediente a nombre de la madre del aquí quejoso, no se encontró documento alguno el cual avale su solicitud del amparista, que se encontró el documento original del acuerdo a que hace alusión el quejoso, pero que el mismo carece de validez ya que no se encuentra firmado, por lo que se indicó que se encontraba imposibilitado de poder dar respuesta favorable a su petición. Luego, en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, se analizó el cumplimiento del fallo amparador por parte de la autoridad responsable; y después de realizar el análisis respectivo, se requirió nuevamente a la autoridad responsable Titular de la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca, para efecto de que cumpliera a cabalidad con la ejecutoria de amparo, esto es, procediera a analizar la petición del quejoso, respecto a su escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, y diera respuesta definitiva a dicha petición. Con motivo de ello, mediante oficio SEMOVI/DJ/DCAA/1252/2020, el Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, envió las constancias relativas, de las que se advierte que el Director de Concesiones de dicha la Secretaria de Movilidad, mediante diverso SEMOVI/DC/276/2020 de veinticinco de noviembre de este año, en cumplimiento a la ejecutoría de amparo, dio contestación definitiva al escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, signado por el aquí quejoso. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que procedió a analizar la petición del quejoso, respecto a su escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, y dio respuesta definitiva a dicha petición. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, para el efecto siguiente: ".El titular de la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca, respeto al derecho humano violado y en el ámbito de su competencia, proceda a analizar la petición de marras (presentada ante su autoridad el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve) y otorgue una respuesta definitiva al impetrante, por sí o por el funcionario dependiente de su administración que determine, la cual deberá notificarle personalmente en el domicilio señalado para tal efecto, conforme a los procedimientos aplicables." Inconforme con tal resolución, la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto del Director Jurídico, interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito. Al resolver el citado recurso de revisión, dicho Tribunal de Alzada, en ejecutoria de once de septiembre del año en curso, confirmó la sentencia recurrida, por lo que en auto de veinte de octubre del año en curso, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable. Con motivo de ello, el Director Jurídico de la Secretaria de Movilidad del Estado de Oaxaca, mediante oficio de veintidós de octubre del año en curso, informó que ante la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, se instauraba el Juicio de Nulidad número 70/2019, promovido por el aquí quejoso "..... , por el que solicitó la nulidad del acto administrativo, contenido en el oficio ***, de veintisiete de mayo de este año, por el que la autoridad responsable, determinó que al hacer una búsqueda en el expediente a nombre de la madre del aquí quejoso, no se encontró documento alguno el cual avale su solicitud del amparista, que se encontró el documento original del acuerdo a que hace alusión el quejoso, pero que el mismo carece de validez ya que no se encuentra firmado, por lo que se indicó que se encontraba imposibilitado de poder dar respuesta favorable a su petición. Luego, en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, se analizó el cumplimiento del fallo amparador por parte de la autoridad responsable; y después de realizar el análisis respectivo, se requirió nuevamente a la autoridad responsable Titular de la Secretaria de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca, para efecto de que cumpliera a cabalidad con la ejecutoria de amparo, esto es, procediera a analizar la petición del quejoso, respecto a su escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, y diera respuesta definitiva a dicha petición. Con motivo de ello, mediante oficio SEMOVI/DJ/DCAA/1252/2020, el Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, envió las constancias relativas, de las que se advierte que el Director de Concesiones de dicha la Secretaria de Movilidad, mediante diverso SEMOVI/DC/276/2020 de veinticinco de noviembre de este año, en cumplimiento a la ejecutoría de amparo, dio contestación definitiva al escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, signado por el aquí quejoso. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que procedió a analizar la petición del quejoso, respecto a su escrito de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, y dio respuesta definitiva a dicha petición. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA III B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaria de Movilidad del Estado de Oaxaca, y anexo que acompaña, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico-, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese personalmente.

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