Jhoana María Ponce Ramírez

Expediente 629/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
629/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • Jhoana María Ponce Ramírez
  • Junta Local de Conciliación Y Arbitraje En Piedras Negras, Coahuila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Queda notificada la tercera interesada por medio de lista del auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  2. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  3. Principal

    1. Estado procesal. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal convenga sobre el cumplimiento que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, ha dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede el análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia consistió en: El emplazamiento realizado al juicio laboral 168/2021; en vía de consecuencia, las actuaciones posteriores incluyendo el laudo. En la inteligencia de que la parte quejosa planteo su reclamo ostentándose como tercera extraña por equiparación en el asunto de origen. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: i) Deje insubsistente el emplazamiento realizado a la quejosa Jhoana María Ponce Ramírez, en el expediente laboral 168/2021, así como todo lo actuado, incluyendo el laudo dictado. ii) Hecho que sea lo anterior, realice el emplazamiento a la quejosa Jhoana María Ponce Ramírez, de acuerdo con los parámetros legales aquí precisados. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Presidenta y Actuaria adscritas, con sede en esta ciudad, remitieron constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional, documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Con ello, mediante proveídos de cinco y trece, de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera. 3.1 Primer efecto. De las constancias remitidas se advierte que en cumplimiento a la sentencia constitucional, el uno de septiembre de dos mil veintidós, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente el emplazamiento realizado a la parte quejosa en el juicio laboral de origen, así como todas las actuaciones emitidas con posterioridad a la misma, incluyendo el laudo y los actos de ejecución derivados del mismo. 3.2 Segundo efecto. Asimismo, en dicha determinación, a fin de respetar el derecho de audiencia de la quejosa, ordenó al actuario de su adscripción emplazar a Jhoana María Ponce Ramírez, diligencia que se llevó a cabo el nueve de septiembre de dos mil veintidós. 4. Manifestaciones en torno al cumplimiento. Sin que en el caso sean conducentes las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, a través de las cuales alega que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento debido a la ejecutoria de amparo, en virtud de que el domicilio en donde se practicó la diligencia de emplazamiento de nueve de septiembre de dos mil veintidós no es en donde habita. Lo anterior en razón de que, como ya se dijo en párrafos precedentes, la protección constitucional se concedió para que se dejara insubsistente el emplazamiento dentro del juicio de origen y realizara su emplazamiento, respetando el derecho de audiencia de la parte quejosa, sin que se precisara el domicilio en el que se debería de realizar el mismo, pues este órgano jurisdiccional previo al dictado de la sentencia constitucional, no tenía conocimiento del lugar en que ahora refiere como su domicilio, ya que no fue proporcionado por dicha quejosa durante la integración de este juicio. Máxime que al tener conocimiento actualmente del juicio laboral de trato, se encuentra en condiciones de comparecer y aclararlo directamente dentro del mismo, o bien, hacer valer ante esa Junta Local de Conciliación y Arbitraje, lo que a su interés legal convenga en relación a su inconformidad con dicha diligencia. 5. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y de los oficios remitidos por las citadas autoridades responsables, se concluye que las mismas atendieron total y exactamente los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 6. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 7. Valoración. Toda vez que se concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 8. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 9. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, deberá realizarse la depuración y transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. 10. Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el mismo. 11. Devolución de constancias. Hágase devolución de las diversas constancias en copia certificada que integran el juicio laboral 168/2021-SAG, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que envió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo.

  4. Incidental

    1. Archivo del asunto. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que con esta fecha se remitió al archivo el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión; además, en el cuaderno del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos de la fracción XVIII, del artículo 3° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del citado Acuerdo General, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. Toda vez que se concedió la suspensión definitiva en el presente incidente de suspensión, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, previa depuración, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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