Jhoana Angelica López Aldana
Expediente 54/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/05/2023
Partes del expediente
- Jhoana Angelica López Aldana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Zapopan, Jalisco, doce de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó vía electrónica a la parte quejosa el dos de mayo del año que transcurre, fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En el caso, en la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se resolvió: "1. Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós y, por ende, que no se le aplique en lo futuro; esto, desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de título: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". Ahora bien, toda vez que los motivos que llevaron a este juzgador a otorgar la protección constitucional solicitada están específicamente referidos al artículo 16, fracción I, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que establece que para determinar el monto de los derechos por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, incluidos fideicomisos o hipotecas, por cada uno, no obstante se encuentren en un solo documento, escritura, acta o póliza mercantil, se aplica sobre el valor que resulte mayor entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del contenido del documento a registrar, por el 0.50% (cero punto cincuenta por ciento) y, en tratándose de los tipos de vivienda destinados a casa habitación distintos a viviendas de interés social o popular y unifamiliar destinadas a casa habitación, cuarenta y un veces el valor de la unidad de Medida y Actualización vigente para el dos mil veintidós, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar al quejoso del pago del derecho correspondiente a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: 2. La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, deberá ubicar a la parte quejosa en la cantidad mínima fija a pagar, en relación con los trámites realizados, y acreditar la devolución del excedente que en su caso resulte, en relación con lo ya pagado mediante el recibo oficial A 60474157. (.) En el entendido de que, la devolución de la diferencia que resulte deberá comprender, en su caso, la actualización de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco, y versar sólo en lo que exceda a la tarifa mínima." Por ello, mediante oficio con número de registro 10627, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto emitió el acuerdo de devolución *, por el cual desincorporó de su esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción 1, inciso a), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós y con base en ello se realizó el cobro de quinientos dieciséis pesos, respecto del recibo oficial * y se emitió la orden de pago con folio *, para que la parte quejosa recogiera dicha orden y diverso cheque, con lo que se dio vista a la parte quejosa, para que acreditara haber recogido dicho documento mercantil, sin que lo hubiera hecho, en consecuencia, la autoridad responsable cumplió con lo ordenado en la sentencia de amparo. Lo anterior, conforme al criterio emitido por la Segunda Sala de rubro y texto: "CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA NORMAS TRIBUTARIAS. NO PRIVA AL QUEJOSO DEL DERECHO PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO POR VIRTUD DE LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS Y, EN SU CASO, IMPUGNAR LA NEGATIVA A TRAVÉS DE LAS VÍAS ORDINARIAS. La inclusión en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, de la institución de la caducidad de los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo, que se traduce en la sanción impuesta por la ley al promovente por el abandono del proceso durante determinado tiempo, tuvo la finalidad de otorgar seguridad jurídica, dando estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos. Dicha inclusión, sin embargo, quedó condicionada a que las reformas legales observaran lo establecido respecto de la caducidad de la instancia en el juicio de amparo; de donde se sigue que la caducidad de dichos procedimientos prevista en el artículo 113, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debe interpretarse sistemáticamente con la caducidad de la instancia contemplada en el numeral 74, fracción V, de dicha Ley. Acorde con lo anterior, si la caducidad constituye una institución extintiva de actos procesales, no sustanciales y, en congruencia con ella, en este último precepto legal se prevé que en primera instancia la caducidad implica el sobreseimiento en el juicio de garantías y en la segunda, que quede firme la sentencia recurrida, es evidente que la decretada en el procedimiento oficioso de ejecución de las sentencias de amparo contra normas tributarias sólo significa que queden sin efectos los actos de ejecución y que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes del inicio del procedimiento relativo, y que no pueda volver a solicitarse el cumplimiento a la autoridad obligada a ello, pero sin demérito del derecho sustancial reconocido en la sentencia, por lo que el quejoso puede solicitar a la autoridad hacendaria la devolución de lo pagado con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional y, en su caso, impugnar la negativa a través de las vías ordinarias, con apoyo en la sentencia de amparo que es cosa juzgada y una norma individualizada a su favor, cuyo cumplimiento es de orden público conforme al citado artículo 113."1 Constancia que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documento público, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado, y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Asimismo, de conformidad al artículo 15 del citado Acuerdo, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Se levanta reserva. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal se reservó proveer respecto al oficio remitido por el Director General Jurídico adscrito a la Secretaría de Transporte y el Apoderado General del Instituto de Pensiones, ambos del Estado de Jalisco, hasta en tanto el resto de las autoridades responsables dieran cumplimiento al requerimiento realizado en auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, o feneciera el término concedido para tales efectos, lo cual ya aconteció. En virtud de lo anterior, se levanta la reserva decretada en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, y se provee lo siguiente: ** Por otra parte, se tiene por recibido el escrito que signa electrónicamente el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual solicita se tramite la inejecución de sentencia y se hagan efectivos los apercibimientos realizados en autos a las autoridades responsables; escrito que se ordena agregar en autos, reservándose proveer lo conducente, hasta en tanto la autoridad responsable Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, dé cumplimento a lo requerido en párrafos anteriores, ello a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Por último, en atención a la diversa petición del quejoso, respecto a que se dé vista al Agente del Ministerio Público para que investigue la comisión de un delito por parte de las responsables; dígasele que en caso de que este Juzgado de Distrito advierta la probable comisión de alguna conducta de naturaleza delictiva, procederá como legalmente corresponda en contra de las responsable; sin embargo, se dejan a salvo sus derechos a efecto de que si lo considera pertinente formule la denuncia que estime conveniente. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.): "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Notifíquese.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA , EL AUTO DE VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES, QUE EN SINTESIS DICE: Se señala fecha para la continuación de la audiencia constitucional. Por otra parte, se fijan las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la continuación de la audiencia constitucional. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes y acúsese el recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales conducentes.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Autoridad informa. Agréguense a los autos el oficio y anexos remitidos por la Directora de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, y en atención a su contenido, téngasele informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento con lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Requiere parte quejosa. Se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído, así como el oficio y sus anexos remitidos por la responsable antes citada, a efecto de que, dentro del término de tres días (de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo), acredite ante esta instancia jurisdiccional haber comparecido ante la autoridad en cita, a efecto de recoger el documento mercantil emitido en su favor; ello, a efecto de que se emita pronunciamiento en relación al cumplimiento de la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir, o bien, no manifestar impedimento legal alguno, se procederá a emitir pronunciamiento respecto al cumplimiento o no de la sentencia dictada en autos, se procederá de conformidad con el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con copia autorizada de las constancias referidas en el auto
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