Jheralding Marcela Pantoja Botero

Expediente 1876/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1876/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2018

Partes del expediente

  • Jheralding Marcela Pantoja Botero

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I.-...agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual informa que el superior Jerárquico del Tesorero Municipal del citado Ayuntamiento, conminó a dicha autoridad a fin de que cumpla la sentencia dictada en autos; en consecuencia, en atención a su contenido, téngasele informando a este Juzgado las gestiones que se encuentra realizando para el efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No obstante, dichas gestiones no son suficientes y el Presidente Municipal, tiene la obligación de requerir al Tesorero del citado Ayuntamiento, a fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo, debiendo hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento. CSH

  2. Principal

    PERSONAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que en esencia los actos que reclama la parte quejosa consisten en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- RECLAMAMOS DE LA RESPONSABLE ORDENADORA Y LAS RESPONSABLES EJECUTORAS, EL QUE PRETENDEN DESPEDIRNOS DE NUESTRA FUENTE LABORAL, SIN QUE PARA ELLO EXISTA CAUSA O CAUSAS JUSTIFICADAS PARA DAR POR TERMINADO LOS EFECTOS DE NUESTROS NOMBRAMIENTOS MEDIANTE EL CUAL DESARROLLAMOS NUESTRA ACTIVIDAD LABORAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS." De acuerdo con lo expuesto por los quejosos, en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo con relación en el artículo 5°, fracción II, en términos del precepto 113, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que se advierte que los actos que reclama la parte quejosa no son de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tienen una naturaleza eminentemente laboral originada por el vínculo jurídico que se mantiene por la relación de trabajo que generó el derecho que oponen los inconformes; es decir, deriva de la relación laboral que sostenían en un plano de coordinación *** con el Ayuntamiento del Municipio de Cuautla, Morelos; por lo cual, los actos reclamados al Presidente, Director de Recursos Humanos y Oficial Mayor de dicho Ayuntamiento, no se encuentran en un plano superior dotados de autoridad, al ser el posible y/o probable despido, en su calidad de auxiliar de inspector de sanidad y/o secretaria ejecutiva, los actos que reclaman los quejosos mediante la promoción del presente juicio. En ese sentido, es evidente que los actos reclamados se tratan de una prestación de carácter laboral, en términos de los artículos 45, fracción XV, inciso c) , 54 fracción VII y 55 , de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por constituir una controversia que se suscita en un plano de igualdad y en consecuencia, no puede considerarse tal actuación u omisión de las autoridades señaladas como responsables como actos de autoridad para efectos del amparo. Lo anterior es así pues, para efectos del juicio de amparo, autoridad es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Conforme a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. [.] No se desatiende que conforme a la actual redacción del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad (que no es el caso), sin embargo, cabe señalar que los nuevos elementos del "acto de autoridad" acogen los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso sí, ampliando el ámbito de protección de los derechos humanos no sólo a las afectaciones que provengan del actuar de entes públicos sino también de los particulares en situaciones equivalentes, de ahí que en el caso resulta aplicable la jurisprudencia antes citada. De conformidad con lo anterior, se establece que el juicio de amparo no es el medio idóneo para reclamar los derechos laborales que los quejosos consideran se les pretenden desconocer a través de un posible despido, pues tienen a su alcance los mecanismos previstos por la norma para acudir a defender los derechos que estiman violados. Relación laboral que se encuentra acreditada con las propias manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, realizaron los quejosos en el apartado de hechos, donde refieren que los mismos ocupan los nombramientos de auxiliar de inspector de sanidad y secretaria ejecutiva del Municipio de Cuautla, Morelos; advirtiéndose de ello que entre éstos y el citado Ayuntamiento, existe una relación de coordinación, lo cual constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, es evidente que entre *** y el Ayuntamiento del Municipio de Cuautla, Morelos, existe una relación de coordinación -no de supra a subordinación (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción del tribunal de instancia respectivo, acorde al contenido del artículo 123 Constitucional, por lo que al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes pues el acto impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ambos existe una relación de coordinación, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Por consiguiente, el acto combatido por la parte quejosa, es una determinación que se circunscribe exclusivamente al plano de coordinación, y en esa medida, desvinculado totalmente de las características propias que revisten los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo; lo cual implica que los quejosos, deben acudir ante la instancia ordinaria a realizar su reclamo. Por tanto, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del precepto 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho."

  3. Principal

    MESA II.-...se difiere la audiencia constitucional, fijándose las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del trece de diciembre de dos mil dieciocho, para su desahogo. CSH

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