Jhasharelly Carbajal Onofre

Expediente 761/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
761/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Jhasharelly Carbajal Onofre
  • JHASHARELLY CARBAJAL ONOFRE y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual remite copia certificada de las actuaciones que obran en el juicio laboral de origen, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la oficiante, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, allegue copia certifica de la constancias de notificación practicada al ateste ****, asimismo, acredite el envío del oficio dirigido a la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano del Municipio de Jiutepec, Morelos; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha informado lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada autos. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, allegue copia certificada de las constancias con las que acredite dar cabal cumplimiento al fallo protector; con el apercibimiento que de no hacerlo, o no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de los numerales 193 y 258 de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la autoridad aquí requerida, que según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, el retraso en el cumplimiento del fallo protector, por medio de evasivas o procedimientos ilegales, será considerado como incumplimiento, por lo que, de ser el caso, se dará inicio al procedimiento de inejecución, y se procederá conforme al diverso 192 de la referida ley. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues en su caso la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, las autoridades responsables deberán cumplir el fallo protector, pues de lo contrario, se harán efectivas las medidas de apremio aludidas. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa, el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós. ACUERDO: Cuernavaca, Morelos; catorce de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo con anexos presentada por ****, en representación del menor de iniciales ****, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, residente en la ciudad de México y otras autoridades. Registro de demanda Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 761/2022 y fórmese expediente. Desechamiento. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en tal supuesto, debe desecharse de plano. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J-4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Expuesto lo anterior, este juzgadora, estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3044/98, determinó que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia debe tenerse presente que la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo. Además, señaló que entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que impiden la materialización de sus efectos se encuentra la prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de contenido idéntico a la que se estudia), en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de derecho humano que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Dicho criterio se plasmó en la jurisprudencia 2a.-J. 181-006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, p. 189, que establece: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o materia alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando el mundo fáctico que rodea al acto reclamado se ha modificado de manera que es imposible que éste surta efectos que deban repararse. Dentro de la clasificación de los actos reclamados en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. En este caso, la parte quejosa se duele en esencia de la omisión de integrar al grupo etario de cinco a once años de edad años de edad en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de COVID-19 en México; y, como consecuencia, la omisión a ser vacunado con el biológico autorizado. Antes de patentizar la causal de improcedencia, debe decirse que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 deben calificarse como una pandemia y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS COV2 (COVID-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID- 19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID- 19 del diez por ciento (10%) de la población de cada País para septiembre de dos mil veintiuno, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin del año dos mil veintiuno y al setenta por ciento (70%) para junio del presente año. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Se destaca que, desde la segunda quincena de diciembre de dos mil veinte, en los Estados Unidos de América comenzaron las labores de vacunación contra el COVID-19, para tres millones de ciudadanos en su primera dosis. Entre tanto, Canadá adelantó la recepción de un lote del antídoto que espera empezar a aplicar por las mismas fechas, esto es, Estados Unidos fue el primer país en esta parte del mundo, junto a Canadá, en recibir lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, en México, como en diversos países de tercer mundo, su aplicación es un tema sumamente complejo, en la medida en que ello depende de distintos factores como su aprobación clínica, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda nacional, así como el mecanismo de adquisición implementado. Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se adoptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID-19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, sin que se tenga noticia de cuándo se 'aplane', el incremento semanal de casos en menores de edad de esta capital ha aumentado, pues la variante "Delta" y demás variantes y la falta de vacunación son dos factores de riesgo. Corolario a lo anterior debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna u apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. De tal manera que, tomando en cuenta que la aplicación de la vacuna que contrarreste la intensidad del virus SARSCoV2 (COVID-19), es para el menor de nueve años, un mes de edad, cuyo nombre se omite en atención a los puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe tener en cuenta que el artículo 4º Constitucional, en lo conducente, establece: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." En armonía con lo anterior, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno) dispone, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 24. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:[.] b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; [.]" En concordancia con lo anterior, el artículo 50, fracción IX, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone lo siguiente: "Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. [.]." Los anteriores normativos son contundentes en privilegiar, por mandato Constitucional, el principio de interés superior del menor en materia de salud, el cual es eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Acorde con dicho principio, el Gobierno Federal y Estatal están obligados a proteger y salvaguardar primordialmente los derechos de salud de los menores y más en un estado de emergencia sanitaria, como el que se presenta en la actualidad con el virus SARSCoV2 (COVID- 19), pues las variantes y la falta de vacunación son dos factores de riesgo, que exponen a la población infantil de nuestro país, lo cual debe ser una prioridad en los planes de política pública contenidos en cualquier ordenamiento legal. Además es conveniente precisar que en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, como lo es el derecho a la salud contenido en el invocado artículo 4º de la Ley Fundamental, lo que implica que la política pública en materia de salud contenida en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV- 2 para la prevención de la COVID-19 en México", debe proteger de igual manera a los menores de edad, al encontrarse en igual riesgo que un adulto, de contraer el virus de COVID-19. En esa circunstancia, si bien, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", versión 9.0, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, se advierte - en lo que aquí interesa- que el apartado "PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR" contempla un apartado relativo a "Personas menores de edad", en el que establece que las personas menores de edad sin comorbilidad deben ser vacunados, pero manteniendo una prioridad de vacunar a todo menor que presente alguna comorbilidad, lo cierto es que a la fecha se han establecido las reglas determinadas y pasos a seguir, para llevar a cabo la vacunación de las personas menores de edad de cinco años en adelante, para la prevención de la COVID-19 en México . En efecto, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la declaración realizada el catorce de junio de dos mil veintidós, por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (Hugo López Gatell Ramírez), respecto a que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrirá el registro para vacunar a niños a partir de los 5 (cinco) años, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx; lo anterior se ha anunciado por distintos medios de comunicación, incluso en la propia cuenta oficial de twitter de dicho Subsecretario (@HLGatell), de la Secretaría de Salud (@SSalud_mx) y en la página oficial del Gobierno de México: https://www.gob.mx/salud/prensa/287-ninas-y-ninos-de-5-a-11-anos-recibiran-vacuna-contra-covid-19-informa-secretaria-de-salud, donde se publicó un comunicado oficial, el día de hoy, en el que dan a conocer que a partir del dieciséis de junio del año en curso, se podrá realizar el registro de las personas de cinco a once años, para obtener la vacuna contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de COVID-19, como se ilustra a continuación: Información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro y texto: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Ello demuestra que efectivamente es posible realizar el registro de personas que deseen vacunarse, menores de edad entre 5 a 11 (cinco a once) años de edad. Por lo que, a partir de esa fecha se activó un registro para ese grupo de menores de edad en todo el País para que reciban las dosis correspondientes. Sobre esa tesitura, si se toma en consideración que el directo menor quejoso, a la presente fecha, cuenta con nueve años, un mes de edad (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su progenitores y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquella). Es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de entre 5 a 11 (cinco a once) años sin comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de la directa quejosa menor de edad. Por lo que, la parte quejosa deberá realizar los pasos que se establecen en dicha página, a fin de realizar el trámite correspondiente; y en atención a lo expuesto deberán de estar informados de los comunicados que emitan las autoridades locales de su entidad y municipalidad, así como, de aquellos que emita la Secretaría de Salud del Estado de Morelos o la Secretaría de Salud (federal) para las fechas y módulos de aplicación de la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS- CoV-2 para la Covid-19, en el municipio que radique, para que, previo registro, le sea aplicada la primera y segunda dosis del multicitado biológico que requiere, en el caso de que aún no se hayan aplicado. Con dicho anuncio, se cambia la estrategia de vacunación del Gobierno Federal, pues tal eventualidad permite establecer que, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado una conducta negativa (por omisión) y que hasta este momento el menor quejoso no ha sido vacunado; lo cierto es que ya se han programado, por parte del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, la aplicación de vacunas en personas menores de edad de entre 5 a 11 (cinco a once) años, lo que implica incluir en la política nacional de vacunación a los niños y adolescentes de este grupo de edad, con o sin comorbilidades, en todo el País; sector de la población a la que pertenece el menor peticionario del amparo, lo cual se acredita en términos del acta de nacimiento. Por ende, se estima que si bien la omisión reclamada existe, lo cierto es que ya han cambiado las circunstancias fácticas imperantes al momento de promover el presente juicio de amparo, porque en la actualidad ya se ha incluido a los niños de entre cinco y once años, en la política nacional de vacunación, lo que indudablemente actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues aun cuando subsistiese el acto reclamado, esto es, la falta de vacunación del menor quejoso, lo cierto es que ha dejado de surtir efectos, al ser incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID- 19, lo que aconteció al haberse publicado que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrirá el registro para vacunar a niños de 5 a 11 (cinco a once) años, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. El anterior criterio es acorde con lo sostenido por este propio juzgado en el diverso juicio de amparo 594/2022, en auto de doce de mayo del año en curso, el cual quedó firme por diverso proveído de seis de los corrientes, donde se abordó el mismo tema. Consecuentemente, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Domicilio y Autorizados. Téngase por señalado el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones y por autorizadas para tal fin, a las personas que indica. Correos electrónicos y números telefónicos. Como lo pide, se tiene por señalados los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona en su ocurso de cuenta, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los cuales debe precisarse que únicamente tienen como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de que se estime necesario, empero no para notificársele, pues esta formalidad procesal debe practicarse de manera electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno en mención, a través de un usuario, siempre y cuando lo solicite expresamente. Notifíquese personalmente.

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