Jezabeth Pérez Castillo

Expediente 30/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
30/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
15/02/2021

Partes del expediente

  • Jezabeth Pérez Castillo y Otros.
  • Jezabeth Pérez Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días, sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno; en consecuencia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte promovente y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se establece que el presente expediente carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Por otra parte, tomando en consideración que obran en autos documentos ofrecidos por la parte quejosa, requiérasele para que, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado federal a recoger los documentos exhibidos, apercibida que, de no hacerlo en el referido plazo, estos serán destruidos. En ese contexto, el artículo 6o. del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, establece que al citar a una persona al desahogo de una diligencia el órgano jurisdiccional deberá generarle un Código QR para su ingreso a las instalaciones; asimismo, del diverso arábigo 25 se advierte que las partes pueden intervenir en el juicio o comparecer a través de videoconferencias a distancia. En esa tesitura, la parte quejosa se encuentra en aptitud de generar su cita con la finalidad de que se le proporcione un Código QR para su ingreso a las instalaciones y así poder recoger los documentos que aportó en el presente juicio de amparo. Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, procédase a la destrucción del presente expediente, una vez que haya transcurrido el plazo de tres años.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la tercera interesada ***, por medio del cual solicita copia certificada de diversas constancias que obran en el presente juicio y designa autorizados para recibirlas. Al respecto, se hace de su conocimiento que el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, solo autoriza a un número limitado del personal de este juzgado para ingresar a laborar presencialmente al edificio sede, por un lapso improrrogable de seis horas en días laborales, de manera que comisionar a una persona para que se encargue del fotocopiado de los presentes autos, repercute directamente en la carga laboral del órgano jurisdiccional. En ese contexto, dígasele que, se encuentra en aptitud de registrarse ante el Portal del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que se le proporcione un nombre de usuario, el cual podrá hacer del conocimiento de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se le brinde acceso al expediente electrónico, donde podrá obtener copia de las constancias que obren en el mismo, las cuales, al contener evidencia criptográfica, se consideran como copia certificada electrónicamente. No obstante, si a la promovente le es indispensable que las copias se expidan de manera física, deberá enviar un correo electrónico a la dirección laura.sanchez.ochoa@correo.cjf.gob.mx, en el que precise el número de expediente así como las constancias cuya certificación desea obtener; ello, con la finalidad de que le sea agendada una cita en la que acompañado del personal autorizado por este juzgado federal, puedan reproducirse las actuaciones solicitadas. Se precisa que la data que se señale dependerá de la carga de trabajo y el volumen de las documentales a fotocopiar, la cual se hará de su conocimiento por la misma vía -correo electrónico-. Finalmente, quedará a discreción de la parte interesada generar un código QR en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de ingresar a las instalaciones que ocupa este juzgado federal y que las copias certificadas le sean entregadas; empero, la cita deberá generarse para un día en que medien, cuando menos, cuarenta y ocho horas hábiles contadas a partir del fotocopiado de las constancias relativas, dado que es el lapso indispensable para que el personal reducido que labora presencialmente lleve a cabo los preparativos correspondientes.

  3. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por ***, téngasele desahogando la prevención formulada en auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, atento a ello se provee: Vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio que promueve ***, por sí y en representación de los menores de identidad reservada con las siglas *** y ***, contra las autoridades y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables: Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala; y, Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Omisiones reclamadas: - La omisión de acatar y dar cumplimiento a la sentencia emitida el veintidós de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente *** del índice del juzgado responsable, atribuida a la primera de las autoridades en mención. - La omisión del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dentro del expediente familiar ***, de hacer cumplir sus determinaciones; ello, ante la falta de acordar la promoción recibida el catorce de diciembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de dicho órgano jurisdiccional, mediante la cual la quejosa refiere haber presentado la documentación que le fue solicitada, y sobre la cual no ha recaído actuación alguna. Omisiones que estima violatorias de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1° y 17 Constitucionales. En ese contexto, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 113 de la ley de la materia autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Omisión reclamada a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. En el caso, resulta procedente desechar la demanda de amparo que se promueve contra la omisión atribuida a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, porque del estudio integral de la misma, así como de las documentales exhibidas, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, por las razones que a continuación se explican. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, los diversos ordinales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia, establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Como se advierte, la Ley de Amparo realiza una descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; además, como cuestión novedosa, prevé que los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pero, condiciona tal situación al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos del quejoso, en los mismos términos de dicha fracción; esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, con base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Partiendo de tales premisas, se tiene que la jurisprudencia 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sigue siendo aplicable, pues en ella se prevén supuestos similares a los de la nueva Ley de Amparo. En principio, la jurisprudencia exige para considerar a un ente como autoridad para los efectos del juicio de amparo, que se trate de una relación de supra a subordinación, lo que equivale en la nueva Ley de Amparo, a que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad (unilaterales y obligatorios). Asimismo, contempla que esa relación tenga nacimiento en la legislación, lo que equivale en la nueva Ley, a que sus funciones estén determinadas por una norma general. Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio que sustenta la tesis 2a./J. 164/2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". De lo anterior, se pone de manifiesto que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En tal virtud, la redacción del actual precepto que prevé y define quiénes son las partes en el juicio de amparo, no abrió la posibilidad de hacer procedente el juicio contra cualquier acto de particulares y, por ende, no se traduce en que a partir del inicio de su vigencia, el amparo sea procedente contra actos emitidos por cualquier particular. De ahí que los actos que emanan de las relaciones de supraordinación -entre órganos del Estado-, o de coordinación -entre particulares-, no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Por otro lado, cabe destacar que el Estado, a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación y, con este carácter, puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y, entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En el caso en estudio, la parte quejosa reclama de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, la omisión de acatar y dar cumplimiento a la sentencia emitida el veintidós de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente *** del índice del juzgado responsable. Sin embargo, dicha institución no tiene la característica de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, resulta ser auxiliar de la impartición de justicia; como se advierte de los siguientes preceptos: Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala "Artículo 2 Bis. Son auxiliares de la impartición de justicia: I. El Director del Registro Civil y los Oficiales del mismo; II. El Director de Notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio; III. Los médicos forenses, intérpretes oficiales, los peritos en sus ramos y demás servidores públicos de carácter técnico de las dependencias del Poder Ejecutivo y el personal académico o de investigación científica o tecnológica de las instituciones de educación superior del Estado, que designen éstas, que puedan desempeñar el cargo de especialistas en sus respectivas ramas del conocimiento; IV. Los síndicos e interventores de concurso y suspensión de pagos; V. Los albaceas e interventores de sucesiones, los tutores, curadores y notarios públicos en las funciones que les encomienda el Código de Procedimientos Civiles; VI. Los depositarios e interventores; VII. Los jefes y agentes de la policía estatal, ministerial y municipal; VIII. Los servidores públicos adscritos a la Dirección de Prevención y Readaptación Social; IX. Los servidores públicos adscritos a las instituciones a cargo del cumplimiento y ejecución de las medidas sancionatorias que sean aplicadas a adolescentes; X. Los Jueces Municipales; XI. El Procurador y personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia y de los demás centros de asistencia a personas en situación de riesgo o maltrato, y XII. Los demás a quienes las leyes les confieran este carácter. Artículo 2 Ter. Los auxiliares de la Impartición de Justicia se regirán por las leyes respectivas en cuanto a los requisitos y condiciones para el ejercicio de sus funciones, con exclusión de lo establecido en esta Ley. Los auxiliares están obligados a cumplir las órdenes de las autoridades y funcionarios de la impartición de justicia. El Ejecutivo del Estado facilitará el ejercicio de las funciones a que se refiere este artículo." Además, de acuerdo con el marco normativo de esta entidad federativa, el juez familiar tiene la posibilidad de hacer uso de medios de apremio para lograr el cumplimiento de sus requerimientos, como lo establece el artículo del 131 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que a la letra dice: "Artículo 131.- Los jueces y el Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio: I.- La multa hasta de diez días del importe del salario mínimo, que se duplicará en caso de reincidencia; II.- El cateo por orden escrita; III.- El arresto hasta por treinta y seis horas." De tales preceptos, se colige que el legislador no consignó una relación jurídica directa entre los gobernados y las dependencias que sean requeridas en auxilio a la administración de justicia, dentro de los juicios del orden familiar radicados en los juzgados del fuero común; sino que establece un complejo de obligaciones y atribuciones a los jueces pertenecientes al Poder Judicial del Estado, encargados de la administración de justicia, entre las que se encuentra la facultad de apremiar a los funcionarios que no cumplan con sus requerimientos dentro de los juicios a su cargo. Así, si el juez familiar, en ejercicio de sus atribuciones, realiza una solicitud a un funcionario auxiliar y este no da cumplimiento a las determinaciones judiciales, la autoridad jurisdiccional podrá requerir nuevamente, en los términos dispuestos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. Máxime que, en el caso, es a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, en su calidad de patrón del acreedor alimentario, a quien se le requirió la ejecución de la sentencia emitida el veintidós de octubre de dos mil veinte, dentro del expediente *** del índice del juzgado responsable. De ahí que es evidente que dicha dependencia no actúa investida de imperio como organismo descentralizado, sino como auxiliar de la administración de justicia. En cuanto al tema, es menester agregar que en la contradicción de tesis 458/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió lo siguiente: "Al respecto, esta Primera Sala considera que si el oficio que gira el Juez del proceso no tiene otro propósito que el de asegurar que una parte del salario del deudor se destine al pago de una pensión alimenticia provisional, y dicha instrucción se dirige a aquella persona que tiene la facultad de realizar el citado descuento, entonces es factible concluir que la entidad o dependencia que da cumplimiento a la orden judicial tiene un vínculo de carácter laboral con el deudor alimenticio, pues de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo se entiende por relación laboral, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. Lo anterior lo refrenda, de algún modo, el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, transcrito en páginas anteriores, cuando dispone que el oficio que se gire con el objeto de garantizar el cobro de alimentos, se remita directamente al responsable de la fuente de trabajo. En ese sentido, bien puede concluirse que, con independencia del carácter público de la entidad o dependencia que realiza el descuento, ésta en realidad reúne el carácter de patrón y, por tanto, de auxiliar en la administración de justicia, pero no propiamente de autoridad. Esto es importante dilucidarlo, pues si no tiene ese rango, entonces no puede considerársele siquiera como autoridad para efectos de aplicar las reglas de competencia previstas en el artículo 36 de la Ley de Amparo (.)". En tal virtud, no puede pensarse que el acto que se atribuye a la autoridad responsable ejecutora reviste la característica de actos de autoridad, ya que para ello, era necesario que no derivaran de una relación de coordinación, en los términos que se indicaron, sino que se hubieran elevado de gobernado a gobernante, dentro de una relación de supra a subordinación. De modo que, la controversia sobre la legalidad o ilegalidad del acto reclamado no puede ser materia de análisis en la instancia constitucional por no derivar de un ente del Estado en uso de su potestad de imperio sino, en todo caso, el estudio de tal cuestión corresponde a los tribunales ordinarios, por no tratarse de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que, como se dijo, de lo que la parte quejosa se duele, es de la falta de cumplimiento de la ejecutoria dictada por la diversa autoridad responsable ordenadora. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ***, por sí y en representación de los menores de identidad reservada con las siglas *** y ***respecto del acto atribuido a la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Omisión reclamada al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Por cuanto hace a la omisión reclamada al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc dentro del expediente familiar ***, de hacer cumplir sus determinaciones; ello, ante la falta de acordar la promoción recibida el catorce de diciembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de dicho órgano jurisdiccional, mediante la cual la quejosa refiere haber presentado la documentación que le fue solicitada y sobre la cual no ha recaído actuación alguna, resulta procedente desechar la demanda de amparo que se promueve, porque del estudio integral de la misma, así como de las documentales exhibidas, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En ese sentido, cabe señalar que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de los actos emitidos en un juicio, de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que tales actos produzcan; es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos, no afectan a los gobernados, pues sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso se podrán interponer los recursos correspondientes e incluso recurrirlos en vía de amparo directo o indirecto, como en el caso. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió en antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse incluso con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate, según se advierte de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Criterio que fue reiterado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en la que resolvieron la contradicción de tesis 14/2015, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto resulta procedente únicamente en contra de actos emitidos durante la tramitación del juicio que resulten de imposible reparación, a fin de evitar la promoción de juicios indefinidos por cuestiones que se pudiera considerar que afectan sin que alcancen las condiciones que se establecen ahora específicamente, pudiendo llegar a generar ese pernicioso efecto; por ello, los actos dictados en este tipo de procedimientos son reclamables una vez que hayan trascendido a la resolución final y solo cuando hayan afectado derechos sustantivos pueden impugnarse en amparo indirecto, siempre que sean irreparables; ya que hay actos de imposible reparación y violaciones procesales que no son irreparables, siendo el presente caso uno de los actos contemplados en la segunda hipótesis. En el caso, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión siguiente: La omisión del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dentro del expediente familiar ***, de hacer cumplir sus determinaciones; ello, al no acordar la promoción recibida el catorce de diciembre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de dicho órgano jurisdiccional, mediante la cual la quejosa refiere haber presentado la documentación que le fue solicitada, y sobre la cual no ha recaído actuación alguna. Al respecto, este juzgador estima que dichos actos no constituyen para la parte quejosa un acto de imposible reparación, por lo que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional establecido en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo. Para afirmar lo anterior, debe precisarse que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, no obstante que se duela de violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo; por tanto, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de este, en el caso concreto, en virtud de que la parte quejosa se duele de que la autoridad responsable no ha atendido la promoción recibida el diez de diciembre de dos mil veinte en la Oficialía de Partes del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, dentro del expediente familiar ***. Asimismo, dado que, por regla general, la omisión en que incurre una autoridad al no acordar promociones de las partes en el juicio, o de proseguir en tiempo con su trámite, resulta una violación intraprocesal que no afecta derechos sustantivos. En efecto, el acto reclamado no tiene una ejecución que, objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional inmediato, ya que no vulnera o menoscaba derechos sustantivos de las partes; por el contrario, únicamente produce efectos en el procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, una vez que se emita la resolución correspondiente. No se pasa por alto que, sobre el tema relativo a la omisión en que incurre la autoridad responsable al tramitar un juicio o un procedimiento, bajo la vigencia de la anterior ley de la materia, se estimó que afectaban los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 14 y 17 del Pacto Federal, por lo que el amparo en la vía indirecta, era procedente a fin de salvaguardar esos derechos, en caso de que se demostrara la dilación o contravención a las normas que rigen el procedimiento. Empero, como se mencionó en párrafos anteriores, con la entrada en vigor de la actual legislación de amparo, se estableció claramente que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra violaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos, no así las denominadas intraprocesales. Por otro lado, cabe señalar que tampoco se está ante una abierta dilación del procedimiento o paralización total del juicio natural en su etapa de ejecución que amerite declarar procedente el presente juicio, lo cual engendraría una excepción a lo dicho. Lo anterior es así, pues al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para que se estime la existencia de una abierta dilación al procedimiento, susceptible de ser reclamada en vía de amparo indirecto, deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente la autoridad familiar debió pronunciarse o realizar el acto procesal respectivo. De esta forma, atendiendo al contenido de dicho criterio jurisprudencial, el término de cuarenta y cinco días naturales que prevé, es el referente para estimar si en el caso existe una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento. En ese contexto, en el presente asunto, la parte quejosa en su escrito aclaratorio manifestó, bajo protesta de decir verdad, que no ha tenido conocimiento de que en el expediente de origen haya recaído algún acuerdo a su escrito presentado ante la autoridad responsable ordenadora, el catorce de diciembre de dos mil veinte. Ahora bien, es dable destacar que, mediante acuerdo de diez de noviembre del año próximo pasado, emitido en el cuaderno de varios 1/2020 del índice de este órgano constitucional, se acordó lo conducente respecto a la misiva suscrita por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informó que por acuerdo XIV/53/2020, se determinó que el segundo período vacacional para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, sería del diecisiete al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte, reincorporándose al siguiente día hábil; esto es, el cuatro de enero de dos mil veintiuno. En tal virtud, el término de cuarenta y cinco días a que se refiere la jurisprudencia de la Segunda Sala, para que se considere paralizado el procedimiento, a la fecha de presentación de la demanda -diecinueve de enero de dos mil veintiuno-, aún no transcurre, dado que su ocurso fue presentado ante el juez del conocimiento el catorce de diciembre del año próximo pasado, por lo que solo han transcurrido dieciocho días naturales, esto conforme a la fecha en que se presentó la demanda de amparo que nos ocupa. Máxime, si se toma en consideración que el personal adscrito al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se encontraba gozando de su segundo período vacacional conforme a lo expuesto en párrafos precedentes. En consecuencia, tal dilación no puede entenderse como una paralización total del procedimiento y, por tanto, la falta de acuerdo a su promoción, no afecta derechos sustantivos, sino que, en todo caso, solamente contraviene normas procesales durante la tramitación del juicio. De ahí que el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto de imposible reparación, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental en perjuicio de la parte quejosa, sino que, en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. Entonces, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, por no actualizarse el caso de excepción a que se hace referencia. En consecuencia, dado que, en el caso concreto, respecto de las autoridades y omisiones señalados, se actualiza de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia analizadas, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Finalmente, se exhorta a la parte quejosa para que de estimarlo pertinente, transite su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promueva en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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