Jeycel Gabriela Rivera Garcia
Expediente 1081/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jeycel Gabriela Rivera Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y en virtud de la certificación que antecede asentada por la Secretaria de este juzgado, se advierte que no fue recurrido el auto de veintinueve de noviembre del presente año, en que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado. Se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente juicio de amparo se sobreseyó, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por último, se hace del conocimiento a las partes para los fines conducentes, que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la nueva Titular de éste Órgano de Control Constitucional es la Jueza Indra Rojas Martínez, conforme al oficio número SEADS/1412/2019, de trece de noviembre de dos mil diecinueve, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintinueve de noviembre pasado, que en lo conducente dice: RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO. Por recibido el oficio signado por la Directora de la Clínica Hospital Celaya del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en esta ciudad, en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, téngasele por rendido el informe justificado que a dicha parte corresponde, adjuntando diversas documentales como soporte del informe que rinde. De conformidad con el artículo 119 de la ley de amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que acompaña la responsable a su informe. Ahora bien, de autos se advierte, que mediante escrito de demanda presentado ante el funcionario de guardia de este Juzgado Federal, el día once de noviembre de dos mil diecinueve, *, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; mediante proveído de esa misma fecha se admitió a trámite la demanda de amparo, teniéndose como autoridad responsable a la Directora de la Clínica Hospital Celaya del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en esta ciudad; actos que hizo consistir en la omisión de realizar cirugía que se prescribió por padecimiento de la vesícula y realizar todas las gestiones necesarias para su materialización. Lo cual consideró violatorio del artículo 8 de la Constitución Federal. Ahora bien, de las constancias que integran el Juicio de Amparo en que se actúa, y de las que acompañó la responsable a su informe justificado, se advierte que ya se llevó a cabo la cirugía en la que se prescribió por padecimiento de la vesícula, ocurriendo ello el día veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve tal y como aparece acreditado con la nota posquirúrgica que corrió a cargo del doctor ***, llevado a cabo en la clínica hospital Celaya del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en esta ciudad, donde quedó anotado que se llevó a cabo una cirugía programada por colecistectomía, sin que se llevara alguna complicación o algún tipo de incidente o accidente. De lo anterior, se concluye que han cesado los efectos de la omisión de realizar cirugía que se prescribió por padecimiento de la vesícula y realizar todas las gestiones necesarias para su materialización del que se dolía la quejosa al interponer la demanda de amparo, puesto que la responsable ya ordenó llevar a cabo la cirugía programada, la cual ya fue ejecutada a ***. Por lo anterior, la suscrita Secretaria en funciones de Juez de Distrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales, que para actualizarse la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad responsable revoque el acto que se le reclama, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, lo que en el presente caso aconteció, al momento en que se llevó a cabo la cirugía que se prescribió por padecimiento de la vesícula que le fue diagnosticada a la quejosa y de la cual fuera el origen de la demanda de amparo que presentó; de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la Protección Federal, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del solicitante del amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98 y 2ª. XLVIII/98, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos VIII y VII, del meses de abril de 1988 y 1998, visibles, respectivamente, en las páginas 242 y 241, que son del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. También resultan aplicables las tesis de Jurisprudencia 2a./J.9/98 y la aislada P. CL/97, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los Tomos VIII y VI, correspondientes, respectivamente, a los meses de Febrero de 1998 y Noviembre de 1997, consultables en las páginas 210 y 71, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por tanto, resulta incuestionable que al haber cesado en sus efectos el acto reclamado (omisión de realizar cirugía que se prescribió por padecimiento de la vesícula y realizar todas las gestiones necesarias para su materialización), se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales. En dicha tesitura, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en apego a lo estatuido por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Además, no causa ningún agravio a la quejosa ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la que se estudia en el presente auto, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Corolario de lo anterior, resulta aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia en Materia Común, número I.7o.P. J/3, publicada en la página 1600, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, que reza: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional. En la inteligencia de que las Tesis invocadas en el presente asuntos son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dado que su contenido no se opone en lo substancial a la nueva ley. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos y se cancelan las nueve horas con cuatro minutos del dieciocho de diciembre de la presente anualidad, para la celebración de la audiencia constitucional, por los razonamientos anteriores. Por último, al haber cesado en sus efectos el acto reclamado esto es omisión de realizar cirugía que se prescribió por padecimiento de la vesícula y realizar todas las gestiones necesarias para su materialización, y como lo solicita la responsable; esta juzgadora al advertir que se hicieron las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento del acto del que se dolía la quejosa, por ésta única ocasión se ordena dejar sin efectos y se cancela la multa que le fuera impuesta a la autoridad responsable Directora de la Clínica Hospital Celaya del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en esta ciudad, mediante oficio número 17468/2019, de fecha veinticinco de noviembre de este año; en tal razón, de ordena comunicar dicha determinación al Administrador Local de Recaudación Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de esta ciudad, para que ordene a quien corresponda deje sin efectos y cancele la multa que le fuera impuesta a la precitada autoridad responsable. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la nueva Ley de Amparo se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo número 1081/2019-VII.1 promovido por ***, por el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, como quedó precisado en párrafos precedentes y por las consideraciones relatadas con anterioridad.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Directora de la Clínica Hospital Celaya del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera mediante oficio número 17058/2019, de diecinueve de noviembre de este año, realiza diversas manifestaciones; en tal razón, una vez que se realice la intervención quirúrgica a la quejosa Jeycel Gabriela Rivera García, programada para el día veintiocho del presente mes y año, se requiere a la doctora ***, Directora de la Clínica Hospital Celaya del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, en esta ciudad, REMITA DE INMEDIATO las constancias necesarias con las que acredite el cumplimiento a dicho requerimiento. Apercibida que en caso de no hacerlo, con apoyo en el artículo 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, la cual de conformidad con el artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, establece que le corresponde al INEGI determinar el valor, y al día de hoy se advierte que es de *** según la página de internet http://www.inegi.org.mx/default.aspx la cual multiplicado por cincuenta da como monto $4,224.05 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 05/00 Moneda Nacional).
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Vistos los presentes autos, se advierte que aún no obra el informe justificado solicitado al Director de la Clínica del Hospital Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que la misma tenga verificativo. RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado por el Director de la Clínica del Hospital Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual promueve incidente de nulidad de actuaciones. Ahora bien, respecto a lo que promueve la precitada autoridad responsable, relativo al incidente de nulidad de actuaciones en relación a la notificación del oficio número 17058/2019 de fecha diecinueve de noviembre de este año, debe decirse que la actuación del actuario judicial de la adscripción, se ajustó a las reglas contenidas en el artículo 26, fracción II, inciso a) en relación con el artículo 28, ambos de la Ley de Amparo, al tratarse de un oficio dirigido a la autoridad responsable, y no así como lo pretende hacer valer la peticionante, en razón de que funda su pretensión en el artículo 27, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, lo cual resulta ser completamente erróneo. Lo anterior es así en razón de que de autos se advierte que el Director del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de esta ciudad, se encuentra señalada como autoridad responsable; por tal motivo al ser señalada como tal se ordenó girar los oficios 16694/2019 de fecha once de noviembre del presente año y 17058/2019 de fecha diecinueve de noviembre de este año, en los que se ordenó notificarse los mismos por conducto del actuario de la adscripción; tales oficios fueron recepcionados por la responsable en fechas doce y veinte de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente; luego entones, como quedó señalado con antelación el actuar del actuario adscrito se ajustó a las reglas del artículo 26, fracción II, inciso a), en relación con el 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en donde se regulan como deben llevarse las notificaciones en los juicios de amparo, que en el caso concreto disponen lo siguiente: Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. II. Por oficio inciso a) a la Autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso de observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo. Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Expuesto lo anterior, se advierte de autos que el actuario judicial dio cumplimiento al contenido de tales dispositivos pues en el caso concreto en relación al oficio 17058/2019, de fecha diecinueve de noviembre del presente año, se advierte que el actuario judicial llevó a cabo la notificación a la responsable quien cuenta con su domicilio en esta ciudad, recabando la constancia de recibo correspondiente de su entrega, luego entonces, es así que la actuación del actuario judicial quien llevó a cabo la encomienda se encuentra ajustado a derecho. Cabe señalar que la pretensión de la responsable la fundamenta en el artículo 27, fracción I, inciso a), del cual dispone: Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas. I. Cuando obre en autos el domicilio de la persona, o se encuentre señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio: a) El actuario buscará la persona que deba ser notificada, se cerciorará de su identificación, se le hará saber el órgano jurisdiccional que ordena l notificación y el número de expediente y le entregará copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiere dicha resolución. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y aquella se tendrá por hecha; Este fundamento que utiliza la responsable para sustentar su pretensión en el incidente de nulidad de actuaciones que promueve, no resulta ser el aplicable al caso que nos ocupa, pues como quedó señalado con antelación las reglas para la notificación de la autoridad responsable se ajustan a los artículos 26, fracción II, inciso a), en relación con el 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y no al señalado por la autoridad; por ende SE DESECHA SU INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POR IMPROCEDENTE, lo anterior, de conformidad con lo que señala el artículo 32 de la citada Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu. Por otro lado, y toda vez que la autoridad responsable antes mencionada, no dió cumplimiento al requerimiento que se le hiciera por auto de diecinueve de noviembre de la presente anualidad, con apoyo en el artículo 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impone una multa a la doctora Alejandra Vázquez Ramírez, Directora de la Clínica Hospital Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de esta localidad, con domicilio en Avenida Francisco Juárez número mil doscientos, Plaza Magnolia, colonia Laureles de esta ciudad, es decir, cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, la cual de conformidad con el artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, establece que le corresponde al INEGI determinar el valor, y al día de hoy se advierte que es de ***, según la página de internet http://www.inegi.org.mx/default.aspx la cual multiplicado por cincuenta da como monto $4,224.05 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 05/00 Moneda Nacional), por lo que requiérase al Administrador Local de Recaudación Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en esta ciudad, para que proceda al cobro de la multa de que se habla, debiendo informar a este autoridad jurisdiccional el trámite y/o resultado del cobro de dicha multa, remitiendo en su oportunidad las constancias respectivas. Ahora bien, NUEVAMENTE, se requiere a la doctora Alejandra Vázquez Ramírez, Directora de la Clínica Hospital Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de esta localidad, para que de FORMA INMEDIATA dé cumplimiento al contenido del oficio número 17058/2019, de fecha diecinueve de noviembre de la presente anualidad, debiendo dar cabal cumplimiento a la suspensión de plano otorgada a la quejosa, que consiste en la omisión de realizar cirugía que se prescribió por padecimiento de la vesícula y realizar todas las gestiones necesarias para su materialización, utilizando al máximo los recursos de que dispone para satisfacer el nivel más alto posible el derecho a la salud de la quejosa, debiendo brindarle un tratamiento apropiado y de calidad desde el punto de vista científico y médico, esto es, en el ámbito de sus atribuciones, y de inmediato proporcione a la quejosa ***, la atención médica adecuada respecto de su padecimiento de vesícula, los medicamentos, el tratamiento y cirugías necesarios para el cuadro clínico que dice presentar; además, para que la quejosa reciba la atención médica sin ningún tipo de discriminación. Consideración que se sustenta en la tesis 1a. XXIII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 626, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura del derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribunales deben atender a la influencia de los valores que subyacen en el derecho a la salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y los particulares al momento en que resuelven un caso concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de la Constitución, no resulta compatible concebir que los hospitales privados y su personal médico son regidos únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la salud de las personas. En efecto, en virtud de la complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de la estrecha relación entre sus componentes normativos, es claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se puede hacer una división clara y tajante entre derecho público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de los hospitales privados y su personal médico, ya que su actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de los pacientes es un fin público, pues excede el mero interés de los particulares al ser una meta inherente del Estado mexicano. En el entendido que de no dar cumplimiento al dicho requerimiento, nuevamente se le impondrá otra multa, ello de conformidad con el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo vigente.
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