Jetzabeth Rodríguez Intriago

Expediente 466/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
466/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Jetzabeth Rodríguez Intriago
  • Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial En el Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 466/2022-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable remitió diversas constancias por lo que se formaron los anexos I y II; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 466/2022-l, promovido por ********************por conducto de su apoderado legal********************; y RESULTANDO: Primero. Demanda. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada el mismo día y recibida el diez de diciembre siguiente en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, ********************por conducto de su apoderado legal******************** solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Segundo. Trámite. Previo desahogo de las prevenciones formuladas, mediante auto de trece de enero de dos mil veintidós el Juzgado homólogo admitió a trámite la demanda, solicitó el informe justificado a la autoridad, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Seguida la secuela del juicio, mediante auto de doce de abril de dos mil veintidós el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos declinó competencia por conocimiento previo a este órgano jurisdiccional. Tercero. Radicación. Mediante acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, la suscrita juzgadora aceptó competencia y homologó las actuaciones; señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y reconoció el carácter de tercero interesado a ********************. Seguida la secuela procesal se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado, y donde tiene ejecución material. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno y la falta de notificación del auto de veinticuatro de febrero del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario civil ********************. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, en virtud de que el Juez responsable así lo señaló en su informe justificado. Tal afirmación se corrobora con las actuaciones emitidas en el expediente ********************, las cuales fueron adjuntadas en copia certificada al informe rendido por la autoridad; a las que se otorga eficacia probatoria de conformidad con el artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Causal de improcedencia que se actualiza. Previo al estudio de los conceptos de violación, se procede al examen de los motivos de improcedencia, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, la suscrita juzgadora advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIl, de la Ley de Amparo. Tal dispositivo establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Como se observa, el numeral reproducido prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos de la parte quejosa. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene invocar los artículos 1, fracción I, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; por tanto, para su procedencia, debe concurrir la demostración plena del interés jurídico o legítimo. Tratándose de actos reclamados a una autoridad judicial, en términos de los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Ley Fundamental y 5, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, la parte quejosa se encuentra obligada a demostrar su interés jurídico, descartándose por ende, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que los elementos constitutivos del interés jurídico, presupuestos para la procedencia del juicio de amparo son: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. Acreditar que el acto reclamado afecta ese derecho (de donde deriva el agravio correspondiente). La interpretación en comento, se encuentra contenida en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así, el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida en la cual el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden; por consiguiente, resulta indispensable para quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acreditar fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, pues dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica de la peticionaria de protección constitucional, ésta carece de interés jurídico para combatirlos. De ahí que, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, no incida en forma alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea porque se actualice alguno de los supuestos siguientes: No le imponga obligación alguna. No se tenga un derecho subjetivo específico afectado con ese acto. No queda demostrada la afectación que aduce. Bajo esa línea, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acreditar plenamente su interés jurídico y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual trasgresión a un derecho subjetivo público cuya titularidad le corresponda. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.1/2002 de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Precisado lo anterior, se destacan algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable y se corroboran con las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. ******************** y ******************** promovieron la rescisión de convenio de compraventa en contra de ********************como deudor principal, ********************y ******************** en su carácter de deudores solidarios, dando origen al expediente ******************** del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado. Seguida la secuela procesal el tres de octubre de dos mil trece se dictó sentencia definitiva. Inconforme con tal determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual quedó registrado bajo el toca civil ********************. El seis de mayo de dos mil catorce la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos determinó revocar la sentencia recurrida y, entre otras cosas declaró: 1) la rescisión del contrato de compraventa celebrado entre las partes del juicio de origen el diecisiete de marzo de dos mil seis, respecto de los lotes de terreno ubicados con los número ********************; 2) la rescisión del convenio celebrado el dieciocho de enero de dos mil diez; 3) ordenó la restitución mutua de las prestaciones que las partes se hayan entregado con antelación; 4) condenó a la parte demandada al pago por concepto de rentas de los inmuebles objeto de la acción, al pago de la pena convencional y pago de gastos y costas; 5) asimismo ordenó a la parte actora devolver a su contraparte el pagaré provisional firmado por los demandados. Inconforme con tal resolución, la parte demandada interpuso juicio de amparo directo, el cual quedó registrado bajo el expediente ******************** ante el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito; de ahí que en sesión celebrada el cuatro de diciembre de dos mil catorce resolvió no amparar ni proteger a los solicitantes de amparo. Previo requerimiento de pago de la condena y ante su negativa de parte del demandado, se ordenó el embargó el inmueble ubicado en ********************con folio electrónico ********************. El tres de septiembre de dos mil dieciocho se aprobó el remate del inmueble embargado, así como la adjudicación; por lo que se requirió al demandado para que en tres días compareciera ante Notario a firmar la escritura pública de propiedad en favor de su acreedor. El catorce de junio de dos mil diecinueve causó ejecutoria la sentencia de aprobación de remate y, se ordenó la entrega física del inmueble ubicado en ********************. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el deudor solidario ********************hizo del conocimiento a la autoridad sobre el fallecimiento del deudor principal, por lo cual se interrumpió el procedimiento por el plazo de noventa días y se requirió a ********************(en su carácter de coheredero) proporcionara nombre y domicilio de los herederos o del albacea de la sucesión. Previo desahogo del requerimiento formulado, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno el deudor solidario señaló como descendientes del de cujus a ********************y ********************, mismas personas demandadas en el juicio en su carácter de deudores solidarios. Posteriormente, el trece de octubre de dos mil veintiuno la autoridad tuvo por precluido el derecho de la albacea y declaró en rebeldía a la sucesión a bienes de ********************; por ende, reanudó el procedimiento y ordenó poner en posesión al acreedor preferente del inmueble materia de embargo. En ese contexto, la solicitante de amparo combate la falta de notificación del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno por el que se interrumpió el juicio ordinario civil de origen, con la finalidad de localizar a la sucesión del demandado principal o a sus herederos; así como el diverso acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno mediante el cual se reanudó el procedimiento y se declaró en rebeldía a la sucesión del demandado. Lo anterior, porque la quejosa argumenta ser heredera de los bienes de ********************, con motivo de ser descendiente directa; parentesco que acreditó con copia certificada de su acta de nacimiento expedida por el Director General del Registro Civil del Estado de Morelos; documental a la cual se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, la promovente carece de legitimación para ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa hereditaria de ********************, al no haber acreditado con medio probatorio eficaz tener reconocido el carácter de heredera que ostenta. Sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se rehúsen a hacerlo. Por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el reconocimiento previo mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Dicho criterio está reflejado en la jurisprudencia 1a./J.73/2018 (10a.) de rubro: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)." Sobre esa base, la solicitante de amparo no demostró tener reconocido algún derecho sobre el caudal hereditario de ********************, que a su vez la legitimara para ejercer las acciones, defensas y recursos correspondientes a la masa hereditaria del deudor principal involucrados en el juicio ordinario civil ********************, porque debió acreditar: Ser albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus, (expediente ********************), habiendo aceptado y protestado el cargo que, en su caso, le hubiera sido conferido, ó; Tener reconocido el carácter de heredera en la sucesión correspondiente. Lo cual constituye el sustento objetivo para dar lugar a la protección constitucional solicitada. Por su parte, el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos en su artículo 701, estipula que los juicios sucesorios se conforman por cuatro secciones. Las secciones serán las siguientes: I. Sección Primera o de Sucesión, contendrá: la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos; II. Sección Segunda o de Inventarios; contendrá: los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones; III. Sección Tercera o de Administración, contendrá: todo lo relativo a administración, cuentas, su glosa y calificación; y, IV. Sección Cuarta o de Partición; contendrá: el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición, los incidentes conexos y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes. En ese orden, el juicio sucesorio tiene por objeto el reconocimiento de los derechos hereditarios de las personas que hayan tenido parentesco con el autor de la sucesión, según el grado de éste, a fin de dictar una sentencia en la cual se haga partición de los bienes del de cujus, en la proporción que el derecho previamente reconocido le otorgue; además, será en su primera sección en la cual se hará el reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos. En efecto, quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio constitucional en defensa de la masa hereditaria. Además, si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado. Cobra aplicación al razonamiento anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.36/2005 de rubro: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." En el particular, estrictamente para efectos del amparo, la parte quejosa no acreditó con medio de convicción idóneo, tener reconocido algún derecho sobre los bienes del caudal hereditario del de cujus y, por ende, estar legitimada para combatir en representación de su padre, las actuaciones dictadas en el juicio ordinario civil ********************, ya que con la documental exhibida únicamente acreditó ser hija de ********************, parentesco que por sí sólo no constituye el derecho a heredar sus bienes; por lo cual resulta insuficiente para demostrar que los actos combatidos deparan un perjuicio a su esfera jurídica. Máxime que mediante escrito recibido el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, el cual registró bajo el folio 24087, la quejosa a través de su apoderado legal, manifestó: De la imagen inserta se corrobora que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa no tenía reconocido el carácter de heredera en el juicio sucesorio a bienes de ********************y menos la designación de albacea. Tal circunstancia constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo. En ese sentido, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en sus derechos, en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En relatadas circunstancias, la suscrita juzgadora estima que la promovente de amparo no acreditó el interés jurídico para combatir el acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno y la falta de notificación del diverso de veinticuatro de febrero del mismo año, ambos dictados en la controversia ordinaria de origen. Sin soslayar que la solicitante de la protección constitucional manifestó bajo protesta de decir verdad: ".la suscrita tengo la calidad de heredera."; sin embargo, tal circunstancia no acredita el interés jurídico que se necesita para el ejercicio de la acción de amparo, ya que resulta necesario se aporten pruebas suficientes de ese interés que aduce tener, lo cual en el caso no se demostró. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD." Por consiguiente, se sobresee en el juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, y con fundamento, además, en la fracción V, del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones contenidas en la consideración cuarta de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Edgar Martín Peña López, quien autoriza y da fe.Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 466/2022-l, promovido por ********************por conducto de su apoderado legal********************; y RESULTANDO: Primero. Demanda. Por escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada el mismo día y recibida el diez de diciembre siguiente en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, ********************por conducto de su apoderado legal******************** solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Segundo. Trámite. Previo desahogo de las prevenciones formuladas, mediante auto de trece de enero de dos mil veintidós el Juzgado homólogo admitió a trámite la demanda, solicitó el informe justificado a la autoridad, dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y señaló hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Seguida la secuela del juicio, mediante auto de doce de abril de dos mil veintidós el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos declinó competencia por conocimiento previo a este órgano jurisdiccional. Tercero. Radicación. Mediante acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós, la suscrita juzgadora aceptó competencia y homologó las actuaciones; señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y reconoció el carácter de tercero interesado a ********************. Seguida la secuela procesal se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado, y donde tiene ejecución material. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: El acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno y la falta de notificación del auto de veinticuatro de febrero del mismo año, ambos dictados en el juicio ordinario civil ********************. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado, en virtud de que el Juez responsable así lo señaló en su informe justificado. Tal afirmación se corrobora con las actuaciones emitidas en el expediente ********************, las cuales fueron adjuntadas en copia certificada al informe rendido por la autoridad; a las que se otorga eficacia probatoria de conformidad con el artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Causal de improcedencia que se actualiza. Previo al estudio de los conceptos de violación, se procede al examen de los motivos de improcedencia, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, la suscrita juzgadora advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIl, de la Ley de Amparo. Tal dispositivo establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Como se observa, el numeral reproducido prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos de la parte quejosa. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene invocar los artículos 1, fracción I, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; por tanto, para su procedencia, debe concurrir la demostración plena del interés jurídico o legítimo. Tratándose de actos reclamados a una autoridad judicial, en términos de los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Ley Fundamental y 5, fracción I, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, la parte quejosa se encuentra obligada a demostrar su interés jurídico, descartándose por ende, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que los elementos constitutivos del interés jurídico, presupuestos para la procedencia del juicio de amparo son: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. Acreditar que el acto reclamado afecta ese derecho (de donde deriva el agravio correspondiente). La interpretación en comento, se encuentra contenida en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así, el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida en la cual el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden; por consiguiente, resulta indispensable para quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acreditar fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, pues dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica de la peticionaria de protección constitucional, ésta carece de interés jurídico para combatirlos. De ahí que, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, no incida en forma alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea porque se actualice alguno de los supuestos siguientes: No le imponga obligación alguna. No se tenga un derecho subjetivo específico afectado con ese acto. No queda demostrada la afectación que aduce. Bajo esa línea, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acreditar plenamente su interés jurídico y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual trasgresión a un derecho subjetivo público cuya titularidad le corresponda. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.1/2002 de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA." Precisado lo anterior, se destacan algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable y se corroboran con las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. ******************** y ******************** promovieron la rescisión de convenio de compraventa en contra de ********************como deudor principal, ********************y ******************** en su carácter de deudores solidarios, dando origen al expediente ******************** del índice del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado. Seguida la secuela procesal el tres de octubre de dos mil trece se dictó sentencia definitiva. Inconforme con tal determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual quedó registrado bajo el toca civil ********************. El seis de mayo de dos mil catorce la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos determinó revocar la sentencia recurrida y, entre otras cosas declaró: 1) la rescisión del contrato de compraventa celebrado entre las partes del juicio de origen el diecisiete de marzo de dos mil seis, respecto de los lotes de terreno ubicados con los número ********************; 2) la rescisión del convenio celebrado el dieciocho de enero de dos mil diez; 3) ordenó la restitución mutua de las prestaciones que las partes se hayan entregado con antelación; 4) condenó a la parte demandada al pago por concepto de rentas de los inmuebles objeto de la acción, al pago de la pena convencional y pago de gastos y costas; 5) asimismo ordenó a la parte actora devolver a su contraparte el pagaré provisional firmado por los demandados. Inconforme con tal resolución, la parte demandada interpuso juicio de amparo directo, el cual quedó registrado bajo el expediente ******************** ante el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito; de ahí que en sesión celebrada el cuatro de diciembre de dos mil catorce resolvió no amparar ni proteger a los solicitantes de amparo. Previo requerimiento de pago de la condena y ante su negativa de parte del demandado, se ordenó el embargó el inmueble ubicado en ********************con folio electrónico ********************. El tres de septiembre de dos mil dieciocho se aprobó el remate del inmueble embargado, así como la adjudicación; por lo que se requirió al demandado para que en tres días compareciera ante Notario a firmar la escritura pública de propiedad en favor de su acreedor. El catorce de junio de dos mil diecinueve causó ejecutoria la sentencia de aprobación de remate y, se ordenó la entrega física del inmueble ubicado en ********************. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el deudor solidario ********************hizo del conocimiento a la autoridad sobre el fallecimiento del deudor principal, por lo cual se interrumpió el procedimiento por el plazo de noventa días y se requirió a ********************(en su carácter de coheredero) proporcionara nombre y domicilio de los herederos o del albacea de la sucesión. Previo desahogo del requerimiento formulado, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno el deudor solidario señaló como descendientes del de cujus a ********************y ********************, mismas personas demandadas en el juicio en su carácter de deudores solidarios. Posteriormente, el trece de octubre de dos mil veintiuno la autoridad tuvo por precluido el derecho de la albacea y declaró en rebeldía a la sucesión a bienes de ********************; por ende, reanudó el procedimiento y ordenó poner en posesión al acreedor preferente del inmueble materia de embargo. En ese contexto, la solicitante de amparo combate la falta de notificación del auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno por el que se interrumpió el juicio ordinario civil de origen, con la finalidad de localizar a la sucesión del demandado principal o a sus herederos; así como el diverso acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno mediante el cual se reanudó el procedimiento y se declaró en rebeldía a la sucesión del demandado. Lo anterior, porque la quejosa argumenta ser heredera de los bienes de ********************, con motivo de ser descendiente directa; parentesco que acreditó con copia certificada de su acta de nacimiento expedida por el Director General del Registro Civil del Estado de Morelos; documental a la cual se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, la promovente carece de legitimación para ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa hereditaria de ********************, al no haber acreditado con medio probatorio eficaz tener reconocido el carácter de heredera que ostenta. Sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que por regla general el único legitimado para acudir al juicio constitucional para reclamar un acto de autoridad que afecte los bienes del caudal hereditario es el albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus y; en su defecto, los herederos reconocidos dentro de los juicios sucesorios, cuando el interventor o el albacea de la sucesión no estén en funciones, o bien, en el evento de que éstos sean requeridos previamente para que actúen conforme a sus atribuciones legales en beneficio y protección de los bienes hereditarios y se rehúsen a hacerlo. Por tanto, para que los herederos estén legitimados para promover el amparo es condición necesaria el reconocimiento previo mencionado, pues de lo contrario, carecen de interés jurídico y por ende, el juicio de amparo es improcedente, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Dicho criterio está reflejado en la jurisprudencia 1a./J.73/2018 (10a.) de rubro: "HEREDEROS. ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA, SI NO SE HA DESIGNADO INTERVENTOR O ALBACEA DE LA SUCESIÓN, O SI ÉSTOS SE NIEGAN A PROMOVERLO, PREVIO REQUERIMIENTO EFECTUADO POR EL HEREDERO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)." Sobre esa base, la solicitante de amparo no demostró tener reconocido algún derecho sobre el caudal hereditario de ********************, que a su vez la legitimara para ejercer las acciones, defensas y recursos correspondientes a la masa hereditaria del deudor principal involucrados en el juicio ordinario civil ********************, porque debió acreditar: Ser albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del de cujus, (expediente ********************), habiendo aceptado y protestado el cargo que, en su caso, le hubiera sido conferido, ó; Tener reconocido el carácter de heredera en la sucesión correspondiente. Lo cual constituye el sustento objetivo para dar lugar a la protección constitucional solicitada. Por su parte, el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos en su artículo 701, estipula que los juicios sucesorios se conforman por cuatro secciones. Las secciones serán las siguientes: I. Sección Primera o de Sucesión, contendrá: la denuncia, o el testamento, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos; II. Sección Segunda o de Inventarios; contendrá: los inventarios y avalúos, los incidentes que se promuevan, las resoluciones que se dicten sobre los mismos, y las liquidaciones; III. Sección Tercera o de Administración, contendrá: todo lo relativo a administración, cuentas, su glosa y calificación; y, IV. Sección Cuarta o de Partición; contendrá: el proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, el de partición, los incidentes conexos y los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes. En ese orden, el juicio sucesorio tiene por objeto el reconocimiento de los derechos hereditarios de las personas que hayan tenido parentesco con el autor de la sucesión, según el grado de éste, a fin de dictar una sentencia en la cual se haga partición de los bienes del de cujus, en la proporción que el derecho previamente reconocido le otorgue; además, será en su primera sección en la cual se hará el reconocimiento de derechos hereditarios, nombramiento y remoción de albaceas, tutores y resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos. En efecto, quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio constitucional en defensa de la masa hereditaria. Además, si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado. Cobra aplicación al razonamiento anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J.36/2005 de rubro: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." En el particular, estrictamente para efectos del amparo, la parte quejosa no acreditó con medio de convicción idóneo, tener reconocido algún derecho sobre los bienes del caudal hereditario del de cujus y, por ende, estar legitimada para combatir en representación de su padre, las actuaciones dictadas en el juicio ordinario civil ********************, ya que con la documental exhibida únicamente acreditó ser hija de ********************, parentesco que por sí sólo no constituye el derecho a heredar sus bienes; por lo cual resulta insuficiente para demostrar que los actos combatidos deparan un perjuicio a su esfera jurídica. Máxime que mediante escrito recibido el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, el cual registró bajo el folio 24087, la quejosa a través de su apoderado legal, manifestó: De la imagen inserta se corrobora que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa no tenía reconocido el carácter de heredera en el juicio sucesorio a bienes de ********************y menos la designación de albacea. Tal circunstancia constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo. En ese sentido, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en sus derechos, en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En relatadas circunstancias, la suscrita juzgadora estima que la promovente de amparo no acreditó el interés jurídico para combatir el acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno y la falta de notificación del diverso de veinticuatro de febrero del mismo año, ambos dictados en la controversia ordinaria de origen. Sin soslayar que la solicitante de la protección constitucional manifestó bajo protesta de decir verdad: ".la suscrita tengo la calidad de heredera."; sin embargo, tal circunstancia no acredita el interés jurídico que se necesita para el ejercicio de la acción de amparo, ya que resulta necesario se aporten pruebas suficientes de ese interés que aduce tener, lo cual en el caso no se demostró. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 3a./J. 27/90, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD." Por consiguiente, se sobresee en el juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, y con fundamento, además, en la fracción V, del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones contenidas en la consideración cuarta de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Edgar Martín Peña López, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo ******y RESULTANDO: Primero. *********se RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones contenidas en la consideración cuarta de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Edgar Martín Peña López, quien autoriza y da fe

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio proveniente del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copias certificadas de diversas actuaciones que obran en el expediente 191/2011 y su acumulado 268/2011-I. En virtud de lo anterior, toda vez que la documental remitida se trata de una constancia enviada en relación con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en cuestión, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, por el mismo término que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, quien autoriza y da fe.

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