Jesusita Martínez Aceves
Expediente 133/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 15/03/2019
Partes del expediente
- Jesusita Martínez Aceves y Otros.
- Jesusita Martínez Aceves
- Mónica Flores Lucero y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
... expídase a costa de la parte quejosa copia certificada de las constancias que indica, previa razón de recibo que se asiente en autos.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA... Ensenada, Baja California, dos de mayo de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, formulado por Mónica Flores Lucero, representante común de las quejosas; atento a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones que vierte en el ocurso que se atiende, relativas a la vista otorgada a las partes en relación con el auto de cinco de abril de dos mil dieciocho, respecto del cumplimiento de sentencia de amparo; agréguese a los autos para que obre como corresponda y, al respecto se provee: Del análisis de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que en la actual etapa de ejecución de la sentencia de amparo, se tuvieron por recibidos los oficios registrados con los números 1109 , 2773 y 4040 , de las Delegadas del Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, a través de los cuales hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional los actos realizados en cumplimiento al fallo protector otorgado a las quejosas Mónica Flores Lucero y Jesusita Martínez Aceves. Por acuerdos de treinta de enero y cinco de abril de dos mil dieciocho, se dio vista a las quejosas con los actos realizados por la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, lo cual realizaron en los términos del escrito de cuenta. Tomando en consideración que el último acuerdo se notificó personalmente a la parte quejosa, quien manifestó estar conforme con el cumplimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, que en lo que aquí interesa establece que con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución en la que declare si está cumplida o no la sentencia y, agrega, por el término cumplida deberá entenderse cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos; este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Es ilustrativa, la tesis 2a.XXXVIII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página trescientos quince, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECRETARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de treinta de junio de dos mil diecisiete , se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a las quejosas Mónica Flores Lucero y Jesusita Martínez Aceves, contra actos del Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno y Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, todos con residencia en Mexicali, de manera literal, para el siguiente efecto: 1. Que se desincorpore de la esfera jurídica de las quejosas la porción del artículo 7 párrafo segundo de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California y el diverso 143 del Código Civil de este Estado que establece que 'sólo un hombre y una mujer' pueden acceder a la institución del matrimonio. En esa tesitura, la protección de la Justicia de la Unión debe hacerse extensiva a cualquiera de sus actos de aplicación presentes o futuros. 2. Superada la limitación contenida en el artículo 7 párrafo segundo de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California y el diverso 143 del Código Civil del Estado, todas las autoridades, no sólo aquellas que estén directamente vinculadas con el proceso necesario para que las quejosas obtengan los derechos de seguridad social o algunas otras prestaciones, dado que están obligadas a proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, deberán aplicar los dispositivos en cuestión, considerando que: "el matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual dos personas deciden compartir un estado de vida para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia". 3. El Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, deberá dejar insubsistente el oficio SGPES/131/2016 de veinte de enero del año en curso y emitir otro en el que, otorgando validez al matrimonio que celebraron las quejosas y en caso de reunir los requisitos necesarios para la afiliación de Jesusita Martínez Aceves en su calidad de esposa de Mónica Flores Lucero, declare procedente la solicitud que se efectuó; ello sin tomar en consideración lo que establecen tanto la Constitución local como el Código Civil del Estado en relación a la definición de matrimonio; y 4. Acorde a lo resuelto, debe puntualizarse que el cumplimiento de la presente resolución, no implica anular la norma tildada de inconstitucional, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo, por lo que el Congreso y el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California quedan excluidas de dar cumplimiento de esa forma a la presente sentencia; empero, esto no significa que quedarán exentas de respetar y hacer cumplir el sentido y alcance de este fallo, pues como se ha recalcado en diversos puntos del presente documento, todas las autoridades, en razón de sus atribuciones y competencia, están obligadas a respetar y proteger los derechos humanos, aunado a que igualmente están obligadas al acatamiento de las ejecutorias de amparo. De igual manera, de autos se aprecia que la resolución constitucional en comento fue recurrida mediante recurso de revisión y, por proveído de veinte de diciembre de dos mil diecisiete , se recibió el oficio y anexos provenientes del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, quien al resolver el amparo en revisión 395/2017, confirmó la resolución constitucional dictada por este órgano jurisdiccional, que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, procediendo este juzgado a requerir a las autoridades responsables a fin de que cumplimentaran el fallo protector . Ahora, a fin de corroborar lo anterior, se realiza un examen de las constancias enviadas por la responsable, mediante los oficios registrados con números 1109 y 4040 , a los cuales se otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las que se desprende, en esencia que: - Mediante oficio SGPES/081/2018, de veintitrés de enero del año en curso dirigido a Mónica Flores Lucero, el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, dejó sin efectos el diverso SGPES/131/2016 de veinte de enero de dos mil diecisiete, y en su lugar emitió otro en el que consideró la validez del matrimonio celebrado entre Mónica Flores Lucero y Jesusita Martínez Aceves. - Así también, solicitó a las quejosas que se apersonaran en las instalaciones del hospital Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) de esta ciudad, con domicilio ubicado en calle de las Dunas y Boulevard las Rocas, número 253, Fraccionamiento Playa Ensenada, directamente en el departamento de Trabajo Social, a efecto de integrar nuevamente su expediente de afiliación para que, en caso de reunir los requisitos necesarios para la afiliación de Jesusita Martínez Aceves, en su calidad de esposa de Mónica Flores Lucero, se declarará procedente la solicitud que se efectuó; ello sin tomar en consideración lo que establecen tanto la Constitución Local, como el Código Civil del Estado de Baja California, en relación a la definición de matrimonio. - De lo que quedaron debidamente enterada la parte quejosa como se aprecia del acta de veinticinco de enero de dos mil dieciocho y del oficio en mención. - Del oficio SGPES/311/2018, de dos abril del presente año, se desprende que el Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, le comunica que no se tomó en consideración lo que establecen tanto la Constitución Local, como el Código Civil del Estado de Baja California, en relación a la definición de matrimonio; por lo cual informa que Jesusita Martínez Aceves, se encuentra dada de alta como su cónyuge, reconociéndole y otorgándole con ello sus derechos como afiliada, ante el referido Instituto. - De la constancia de afiliación de nueve de marzo de dos mil dieciocho, se hace constar que la quejosa Mónica Flores Lucero, es asegurada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, bajo en número de afiliación 56633, y tiene como derechohabientes a: Jesusita Martínez Aceves (esposa) y Teresa de Jesús Lucero Collin (madre). Con lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la autoridad responsable cumplió cabalmente con la concesión de amparo, porque de conformidad con los lineamientos del fallo protector, se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción del artículo 7 párrafo segundo de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California y el diverso 143 del Código Civil de este Estado, que establece que solo un hombre y una mujer pueden acceder a la institución del matrimonio; asimismo, se dejó insubsistente el oficio SGPES/131/2016 de veinte de enero del año en curso y se emitió otro en el que se le otorgó validez al matrimonio que celebraron las quejosas y se efectúo la afiliación de Jesusita Martínez Aceves como esposa de Mónica Flores Lucero, en el ISSTECALI. Aunado a lo anterior, se tiene a la parte quejosa manifestando su conformidad respecto del cumplimiento al fallo protector. En esas condiciones, con lo expuesto en precedentes resulta evidente que se colman los lineamientos contenidos en la fracción IV del artículo 121 Constitucional, al reconocer la validez del matrimonio de las quejosas y los efectos que de ellos deriven por lo que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, al haber emitido las autoridades responsables nuevos actos que evidencian una restitución de los derechos fundamentales de la parte impetrante; en función de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Consecuentemente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Por último, se declara que el expediente de amparo en que se actúa no es de relevancia documental, al no satisfacer las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . De igual manera, y tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo se otorgó la protección de la Justicia Federal a las peticionarias de amparo, determinación que fue confirmada por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en los términos relatados en precedentes; conforme a lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto 1/2009, se declara que el expediente principal es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó el archivo del asunto, debiéndose conservar la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos y la determinación del órgano colegiado a que se hizo referencia en este proveído. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y al resultar innecesarias las documentales, exhibidas por las quejosas, las cuales anexo a su escrito de demanda con número de registro 2401 ; requiéraseles para que en el plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente a que le surta efectos la notificación del presente proveído, recojan las referidas documentales, apercibidas que de no hacerlo, correrán la misma suerte del expediente en que se actúa; ello con apego en lo dispuesto por el último párrafo del punto vigésimo, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por Juana Navarro Gutiérrez, en su carácter de Delegada del Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual manifiesta su imposibilidad para localizar a la aquí quejosa a efecto de notificarle el oficio por el cual pretende dar cumplimiento total al fallo protector... dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga...
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Delegada de la autoridad responsable Sub Director General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, al cual anexa constancia de afiliación emitida... requerir de nueva cuenta al Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, toda vez que a dicha autoridad le corresponde realizar los actos materiales tendientes al referido cumplimiento...
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