Jesús Zoila López López
Expediente 976/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Zoila López López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Franco Porfirio Alonso Carrasco, autorizado de la quejosa Jesús Zoila López López, en su carácter de albacea definitiva de los bienes del extinto Alejandro Tereso Santiago Ramírez, mediante el cual, solicita copia certificada de la sentencia dictada en este asunto, dígasele que su expedición estará sujeta a los siguientes puntos: Primero, dígase a la quejosa que el presente asunto tiene una versión electrónica, ya que se encuentra capturado digitalmente en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Segundo, la existencia de la versión digital de la sentencia hace propicia la opción para que, en términos del artículo 36 del acuerdo general 12/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los interesados descarguen en sus equipos de cómputo copia de las constancias correspondientes, debido a que tal documento electrónico cuenta con evidencia criptográfica de los firmantes, por lo que se considerará una copia certificada electrónicamente. Artículo 36. Las juezas, jueces, magistradas y magistrados otorgarán a las partes, a sus representantes y a los autorizados facultados conforme al segundo párrafo del artículo precedente, que así lo soliciten, los permisos necesarios para la consulta de los expedientes electrónicos o, en su caso, la revocación de los concedidos. Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Ahora bien, si insiste en acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional a obtener las copias que pide, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, y 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se autoriza su expedición en los términos siguientes: Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no solo para el personal de este juzgado, sino también para los promoventes que requieran realizar trámites en el interior de las instalaciones del edificio sede de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, se ordena que el quejoso o su autorizado, acuda al presente órgano jurisdiccional, atendiendo que quienes ingresen deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de acceso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. El escaneo de la constancia solicitada por la parte quejosa en cuestión, se realizará por cualquier medio digital con que cuente la peticionaria de amparo. A fin de dar oportunidad a la obtención de la reproducción de las constancias solicitadas por la disidente, dígasele que las mismas quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de Distrito, atendiendo las cargas de trabajo y asistencia presencial del personal de este órgano jurisdiccional. De modo que el proceso de digitalización quedará a cargo de la parte quejosa, en el entendido que queda bajo su estricta responsabilidad el uso y manejo de cualquier dato que constituya información confidencial, al que tenga acceso durante en el proceso de expedición de copias. Obtenida que sea la digitalización de las constancias, la impetrante procederá a imprimirlas, bajo toma de protesta de que solo obtendrá una copia simple de tal archivo, sin que reproduzca de manera alguna el mismo en un diverso medio de almacenamiento o transmisión; pues, con independencia que al momento de cotejar la reproducción con sus originales o al realizar el escaneo, se testen los datos sensibles o confidenciales o se señalen documentos que no deberán ser reproducidos. En ese orden, el uso de la información fuera de los márgenes estipulados en este acuerdo, dará lugar a poner a la vista con tal circunstancia a la Agente Federal del Ministerio Público adscrita, para que proceda conforme a sus atribuciones. La copia simple que se obtenga, podrá ser entregada a este órgano jurisdiccional mediante escrito, para que se proceda a su certificación, por lo que, previo al cotejo correspondiente, análisis de datos sensibles y tomando en consideración la carga de trabajo, se realizará la certificación correspondiente y ordenará entregar la copia certificada resultante, por conducto del actuario(a) adscrito(a). Por otra parte, en atención a la solicitud que hace la parte disidente del documento consistente en la copia certificada por notario de la resolución de once de noviembre de dos mil quince, dictada por el Juez Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro. En su atención, dígasele que con apoyo en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolverle la constancia del acuse que pide, por conducto de las personas que tiene autorizas en este asunto, previa foja de sustitución y atendiendo a los incisos referidos en líneas precedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. En virtud que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva respecto de los actos reclamados en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que alude el numeral séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2, relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente incidente es susceptible de destrucción. En diverso aspecto, con fundamento en lo establecido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General citado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. En otro punto, se estima que este incidente carece de relevancia documental, porque los actos reclamados en el juicio constitucional de donde deriva la presente incidencia no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentran comprendidos como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 976/2022, promovido por Jesús Zoila López López, por su propio derecho y en su carácter de albacea definitiva de los bienes del extinto Alejandro Tereso Santiago Ramírez, contra los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos a juicio del quejoso, señala como autoridades responsables a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otra autoridad, de quienes reclamó una orden una orden de verificación y suspensión, así como su ejecución material. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Jesús Zoila López López, por su propio derecho y en su carácter de albacea definitiva de los bienes del extinto Alejandro Tereso Santiago Ramírez, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado el mismo día a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. La quejosa denunció la violación de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda con el progresivo 976/2022 y se previno a la parte quejosa para que aclarar la demanda. Mediante acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo a la disidente aclarando la demanda de amparo por lo que se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables informes justificados, dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia de ley. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque las autoridades señaladas como responsables en este juicio de amparo indirecto tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo, permite sostener que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridad ordenadora Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a quien reclama: Inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la orden de verificación y suspensión número 260 de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, respecto del inmueble ubicado en calle Pascual Ortiz Rubio, número ciento diez, colonia Miguel Alemán Valdez, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por el que ordenaron la detener la obra de construcción o remodelación que ahí se realizaba. Autoridad ejecutora Visitador adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a quien reclama: La ejecución material de dicha orden. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable al rendir informe justificado, negó categóricamente la existencia de los actos reclamados. No. Denominación autoridad responsable Sentido 1 Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez Niega Siendo así, lo procedente es sobreseer en el juicio debido a que la parte quejosa no ofreció ni exhibió prueba alguna con la que se desvirtúe la negativa de las autoridades responsables; lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se haya dado vista a la parte quejosa con la inexistencia de la autoridad responsable que denominó como visitador adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez; debido a que si bien el plazo concedido en dicho proveído no ha transcurrido, lo cierto es que la autoridad ordenadora negó categóricamente la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, si la autoridad ejecutora se encuentra obligada jerárquicamente a acatar las determinaciones de las ordenadoras, y si en su caso, ésta última negó la existencia de la orden de captura reclamada, es evidente que tampoco resulta cierta la ejecución material atribuida al visitador adscrito a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez, como tampoco de las documentales exhibidas por la parte quejosa se observa que la certeza de la orden de suspensión, por lo que, acorde con el principio consagrado por el artículo 17 Constitucional en el sentido que la administración de justicia debe ser pronta y expedita, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto a dicha autoridad y con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se le deja de tener como responsable, dada su inexistencia. Además, de las pruebas documentales aportadas por la parte quejosa, consistentes en diversas documentales en copia simple y certificada por notorio público, aun cuando se les diera valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de aquéllas no se advierte la existencia de la orden de visita o suspensión que refiere la disidente, de ahí que no consta elemento alguno que permita concluir la existencia de los inconstitucionales reprochados. Lo que deriva en la circunstancia de que, aunque, la parte peticionaria de protección constitucional probase la existencia de un bien inmueble ubicado en Pascual Ortiz Rubio, número ciento diez, colonia Miguel Alemán Valdez, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tales documentales consistentes en: copia simple de su credencial para votar y de la factura del pago de predial de dicho de inmueble al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, con fecha diecisiete de enero de dos mil veintidós y certificada (por notario) de la diligencia de once de noviembre de dos mil quince, realizada ante el Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, son insuficientes, para demostrar fehacientemente la existencia de la orden de verificación y suspensión número 260 de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, y con ello la orden reclamada le actualice una vulneración a su derechos. Por ende, al no obrar en autos algún indicio de la existencia del acto reclamado que acredite el vínculo legal que pretende defender la parte aquí quejosa, ello origina que no justifique su interés jurídico, ni legítimo, para ejercer la acción constitucional, ya que no está demostrado el perjuicio del que se adolece en relación con los actos reclamados. Además, el hecho de que se tenga la negativa de la existencia del acto reclamado, no es suficiente para demostrar su interés jurídico, pues no resulta idóneo para acreditar el interés jurídico de la aquí quejosa, de ahí que no subsana la falta de acreditación del interés jurídico ni legítimo de la promovente del amparo. Es aplicable al caso la tesis publicada en la página trescientos setenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, octava época, con número de registro digital 208500 cuyos rubro y texto son: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, DEBE PROBARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La existencia del acto reclamado no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que se afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo, el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. DECISIÓN En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto anteriormente precisado, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Zoila López López, por su propio derecho y en su carácter de albacea definitiva de los bienes del extinto Alejandro Tereso Santiago Ramírez, contra las autoridades a que se refiere el apartado IV de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
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