Jesús Zambrano de los Santos
Expediente 1129/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1129/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2017
Partes del expediente
- Jesús Zambrano de los Santos
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Documentos agregados en autos. Como existen documentos agregados en autos, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de quince días, a recoger las documentales exhibidas, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Indicándole que a fin de no distraer al personal de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de ***; personalidad que acredita con el testimonio notarial número ochenta y dos mil trescientos noventa, libro mil novecientos setenta y cuatro, de diecinueve de febrero de dos mil nueve, pasada ante la fe del Notario Público número ciento treinta y uno, de la Ciudad de México, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1129/2017-1-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: "IV. ACTO RECLAMADO: La resolución dictada La ciudadana JUEZ CUARTO DEL RAMO CIVIL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TUXTLA, con fecha 18 de Agosto del dos mil diecisiete, derivado del expediente 633/2017, relativo a las PROVIDENCIA PRECAUTORIAS DE RETENCION DE BIENES, promovido, por la hoy Quejosa en contra de la persona Moral denominada *** a través de quien actual y legalmente lo represente, en su Carácter de Acreditada y a ***, por su propio nombre y derecho en su carácter de obligado solidario, y en lo que fue materia del auto que hoy se recurre, la responsable NEGO DAR TRÁMITE, a las PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS DE RETENCION DE BIENES, en el expediente indicado." Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causa de improcedencia prevista fracción XVIII del artículo, 61, de la Ley de Amparo , que refiere al principio de definitividad, es decir, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Ahora bien, la hipótesis -acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la definitividad exigida, en razón que el acto impugnado puede ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso de revocación previsto en el numeral 1334, del Código de Comercio . En efecto, el acto reclamado consistente en la negativa de admitir a trámite las providencias precautorias de retención de bienes, mediante proveído de dieciocho de agosto del año en curso, en los autos del expediente 633/2017, del índice del Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es dable su impugnación a través del recurso de revocación previsto por el artículo 1334, del Código de Comercio, pues el quejoso figura como promovente de las providencia precautorias de las que emana el acto reclamado, en el cual no se ha dictado sentencia definitiva; además, tampoco se desprende que el acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos de excepción previstos en los incisos a), b) o c), de la citada fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. De ahí que al advertirse que el impetrante no agotó el recurso de revocación previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligado, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento, es que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia I.4o.C. J/31, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito , que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA LOS AUTOS DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES INAPELABLES (Reforma al Código de Comercio, vigente desde el 18 de julio de 2008). La interpretación sistemática y teleológica, con apego al postulado del legislador nacional, del texto vigente de los artículos 1334, 1335, 1336 y 1339 del Código de Comercio, en su nuevo texto, pone de manifiesto que en los juicios mercantiles en que la sentencia definitiva es inapelable, todos los autos dictados por el Juez a quo son impugnables a través del recurso de revocación, y los del ad quem mediante el recurso de reposición, a menos que exista disposición legal que determine específicamente su total inimpugnabilidad. Este criterio encuentra apoyo en los siguientes argumentos: a) El sistema de recursos del Código de Comercio no contiene un apartado con disposiciones generales para todos los recursos, por lo que las disposiciones dadas para alguno de ellos no son aplicables a los demás; b) El artículo 1334 del código establece la procedencia del recurso de revocación, contra los autos que no fueren apelables y contra los decretos; c) En segunda instancia este recurso adquiere el nombre de reposición; d) Conforme al artículo 1339 del código, sólo son recurribles en apelación las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios que excedan de la cuantía determinada periódicamente, que en principio era de doscientos mil pesos; e) Lo anterior implica solamente que en los asuntos de cuantía menor quedó proscrita la apelación, pero para los demás recursos se conservó la regulación preexistente; y f) En estas condiciones, si los autos son revocables cuando no proceda contra ellos el recurso de apelación, y contra los autos emitidos en asuntos de menor cuantía no es apelable ningún auto, esto lleva a que todos son revocables. Lo anterior es acorde con la finalidad perseguida por la reforma, de dar celeridad, agilizar y eficientar los procesos mercantiles, como se desprende de diversas partes de la exposición de motivos de la iniciativa que culminó con el decreto legislativo correspondiente." Así como la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , aplicada por analogía. En las relatadas consideraciones, si el promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al respeto resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la parte quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***y en términos del numeral 24, segundo párrafo, de la ley de la materia a ***, toda vez que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; lo anterior, en el entendido que una vez que se cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, al respecto ilustra la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito . PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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