Jesús Zacatenco Jiménez

Expediente 1689/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1689/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Jesús Zacatenco Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, a través del cual remite copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de alimentos 599/2020, de su índice, entre las que destaca el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el cual giró nuevamente exhorto al Titular del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, para que informe las gestiones realizadas en el diverso 398/2022, de diez de octubre de dos mil veintidós, por el cual en auxilio a sus labores, solicitó se requiera a Omar de Jesús García Castillo diversos datos a efecto de identificar el domicilio de Raúl García Tomel. Atento a lo anterior y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuse de recepción correspondiente al exhorto librado al Titular del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, ordenado en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio de alimentos 599/2020, de su índice. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Del estado procesal de los autos, se advierte que el acto reclamado en este juicio es el siguiente: - La omisión de dictar sentencia definitiva en el juicio de alimentos 1742/2018, promovido por Antonia Martínez Peñaloza, Lizbeth Zacatenco Martínez y Janet Zacatenco Martínez (terceras interesadas), en contra de Jesús Zacatenco Jiménez (quejoso). Acto que se atribuye a la Jueza Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. Luego, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio CCF/TS/1462/2022, de la Subdirectora y Encargada del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Estado de Puebla, por medio del cual se le tuvo comunicando que se había designado a Zulue Estephany Valencia Calderón, para la práctica de los estudios socioeconómicos ordenados en autos y que para su desahogo era necesario que las partes comparecieran personalmente a las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Estado de Puebla a una entrevista para revisar documentación (entre ella identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de egresos de los últimos tres meses, fotografías de la fachada del domicilio, acceso principal habitaciones y áreas de servicio), y fijó las ocho horas treinta minutos, diez horas once horas treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, para para que se presentaran Antonia Martínez Peñaloza, Lizbeth Zacatenco Martínez y Janet Zacatenco Martínez (terceras interesadas); y las once horas treinta minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós para que compareciera Jesús Zacatenco Jiménez (quejoso). A todos ellos se les apercibió que de no cumplir con lo ordenado, se les impondría multa de diez Unidades de Medida y Actualización. Además, se tuvo a Jesús Zacatenco Jiménez, haciendo manifestaciones en su escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, relacionadas con el cese de la obligación alimentaria y la solicitud de turnar los autos para dictar sentencia definitiva, a lo que se le dijo que debería estarse a lo acordado en párrafos previos y, que si bien era cierto de autos constaba que los estudios correspondientes a Antonia Martínez Peñaloza, Lizbeth Zacatenco Martínez (terceras interesadas) y Jesús Zacatenco Jiménez (quejoso), ya habían sido realizados, los estudios socioeconómicos de Janet Zacatenco Martínez (tercera interesada), resultaban ser necesarios para resolver en el juicio, por lo que una vez obraran en autos y las actuaciones procesales así lo permitieran, se turnarían los autos para dictar la sentencia. En este punto debe precisarse que el acto reclamado que se le atribuye a dicha autoridad responsable, la parte quejosa lo hizo consistir en la omisión de dictar sentencia definitiva en el juicio de alimentos 1742/2018, promovido por Antonia Martínez Peñaloza, Lizbeth Zacatenco Martínez y Janet Zacatenco Martínez (terceras interesadas), en contra de Jesús Zacatenco Jiménez (quejoso). En análisis de dicho acto reclamado, se precisa también que corresponde a una abstención u omisión por parte de la Jueza Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento de estar obligada a actuar no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos, que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: "VI. Estudio de contradicción. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa". Tal ejecutoria dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) de título y contenido siguientes: "Registro digital: 2018110 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926 Tipo: Jurisprudencia ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso concreto, tomando en cuenta que el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la autoridad responsable: - Tuvo por recibido el oficio CCF/TS/1462/2022, de la Subdirectora y Encargada del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Estado de Puebla, por medio del cual se le tuvo comunicando que se había designado a Zulue Estephany Valencia Calderón, para la práctica de los estudios socioeconómicos ordenados en autos y que para su desahogo era necesario que las partes comparecieran personalmente a las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Estado de Puebla a una entrevista para revisar documentación (entre ella identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de egresos de los últimos tres meses, fotografías de la fachada del domicilio, acceso principal habitaciones y áreas de servicio), y fijó las ocho horas treinta minutos, diez horas once horas treinta minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, para para que se presentaran Antonia Martínez Peñaloza, Lizbeth Zacatenco Martínez y Janet Zacatenco Martínez (terceras interesadas); y las once horas treinta minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós para que compareciera Jesús Zacatenco Jiménez (quejoso). - Apercibió a las partes que de no cumplir con lo ordenado, les impondría multa de diez Unidades de Medida y Actualización. - Tuvo a Jesús Zacatenco Jiménez, haciendo manifestaciones en su escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, relacionadas con el cese de la obligación alimentaria y la solicitud de turnar los autos para dictar sentencia definitiva, a lo que se le dijo que debería estarse a lo acordado en párrafos previos y, que si bien era cierto de autos constaba que los estudios correspondientes a Antonia Martínez Peñaloza, Lizbeth Zacatenco Martínez (terceras interesadas) y Jesús Zacatenco Jiménez (quejoso), ya habían sido realizados, los estudios socioeconómicos de Janet Zacatenco Martínez (tercera interesada), resultaban ser necesarios para resolver en el juicio, por lo que una vez obraran en autos y las actuaciones procesales así lo permitieran, se turnarían los autos para dictar la sentencia. Lo cierto es que la autoridad responsable, no se encuentra en aptitud legal de dictar sentencia definitiva en el juicio de alimentos 1742/2018, ya que falta que las partes desahoguen el requerimiento de veinticinco de mayo de dos mil veintidós sobre la orden de comparecer al Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Estado de Puebla a una entrevista para revisar documentación, en el entendido de que falta la práctica del estudio socioeconómico de Janet Zacatenco Martínez; lo que hace jurídica y materialmente imposible llevar a cabo el dictado de la sentencia definitiva mientras dicho estudio socioeconómico no sea aportado al juicio. Con la precisión adicional de la que la realización de estudios socioeconómicos de las partes fue ordenada por auto de noviembre de dos mil veintiuno, sin que obre en las constancias que remitió la autoridad responsable, el practicado a Janet Zacatenco Martínez. Así, se considera que el Jueza Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, a la fecha de presentación de la demanda de amparo el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, no estaba en aptitud legal de resolver en definitiva dentro del juicio de alimentos 1742/2018, en virtud de existir un requerimiento pendiente de desahogar por las partes (de veinticinco de mayo de dos mil veintidós) así como la falta de realización del estudio socioeconómico en la persona de Janet Zacatenco Martínez; aspectos procesales que impiden el dictado de la sentencia definitiva en el mencionado juicio familiar. De ahí que el acto reclamado en este amparo sea inexistente. En consecuencia, se SOBRESEE en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por no encontrarse dicha autoridad responsable en aptitud legal de atender a lo reclamado por el quejoso, conforme a la ejecutoria y jurisprudencia transcritas. ..... Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y siete minutos del día de hoy. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, ténganse por recibidos los oficios y anexos de cuenta signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, que en cumplimiento al proveído de cinco de octubre de dos mil veintidós, remite copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio laboral D-3/670/2018, de su índice, entre las que destaca lo siguiente: Precisó que la cantidad faltante por pagar a la parte actora es de $560,713.87 (quinientos sesenta mil setecientos trece pesos 87/100). Giró oficios a las instituciones bancarias denominadas "Banco Santander (México)" Sociedad de Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y "Banco Mercantil del Norte", Sociedad de Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, a efecto de que den cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós emitido en el juicio laboral D-3/670/2018, de su índice, esto es, realicen el pago de la cantidad faltante a través de cheque de caja a nombre de Analí Fragoso Pedraza. Remitió los acuses de recepción que giró en el párrafo anterior. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el término de ocho días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada del acuerdo que recayó a la contestación dada por las instituciones bancarias denominadas "Banco Santander (México)" Sociedad de Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y "Banco Mercantil del Norte", Sociedad de Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Ahora bien, en igualdad de circunstancias y toda vez que el cumplimiento a la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, este órgano jurisdiccional está facultado para realizar las gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento al fallo protector, es por lo que, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a las instituciones bancarias denominadas "Banco Santander (México)" Sociedad de Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y "Banco Mercantil del Norte", Sociedad de Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, para que en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, den cumplimiento al requerimiento formulado por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en el juicio laboral D-3/670/2018, de su índice, esto es realicen el pago de la cantidad faltante a través de cheque de caja a nombre de Analí Fragoso Pedraza, o bien, informen la imposibilidad que tuvieran para ello. Debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento dado. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el sobre que contiene el oficio 25016/2022, de veintiuno de julio de dos mil veintidós, dirigido al Responsable de la Base de Operaciones de la Octava Región con Base en Tepexco, Puebla, Perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, al que se anexó el diverso 18677/2022 por medio del cual se reenviaron los oficios 8147/2022 y 9175/2022, que contienen insertos los autos de diecisiete y veinticinco de marzo de dos mil veintidós, devueltos por el Administrador OSD del Servicio Postal Mexicano, Poder Judicial Siglo XXI, en San Andrés Cholula, Puebla, con la siguiente leyenda "Devuelto por haber cumplido el término de Ley" y "NO RECLAMADA". En tales condiciones, y a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, se ordena notificar nuevamente los oficios 8147/2022 y 9175/2022, que contienen insertos los autos de diecisiete y veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dirigidos a la Responsable de la Base de Operaciones de la Octava Región con Base en Tepexco, Puebla, Perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; y toda vez que el domicilio de dicha autoridad se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 298 y 299, del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Matamoros, con cabecera en el Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que notifique al Responsable de la Base de Operaciones de la Octava Región con Base en Tepexco, Puebla, Perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla los oficios 8147/2022 y 9175/2022, que contienen insertos los autos de diecisiete y veinticinco de marzo de dos mil veintidós, que se adjuntan al presente despacho, con copia de la demanda de amparo, a fin de que la citada autoridad se imponga de su contenido. En el entendido de que, el Diligenciario al que se le encomiende la notificación en comento, deberá levantar razón que contenga detalladamente la descripción de que se hace entrega de los aludidos oficios y anexo. Para lo anterior, con fundamento en el precepto 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para el desahogo de tal diligencia. ....

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,245 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano