Jesús y/o J. Jesús Guerrero Soto
Expediente 651/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 28/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús y/o J. Jesús Guerrero Soto
- J. Gerardo y/o José Gerardo y/o Gerardo Guerrero Soto
- Gabriel Guerrero Soto
- Director Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua perteneciente a la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico y Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, Organismo Desconcentrado de la Secretaría de medi
- José Guerrero Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Ejecutoria Vista la certificación secretarial de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el treinta de abril de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes. No pasa inadvertido que no se hace el cómputo de las autoridades responsables, pues, conforme al artículo 87 de la Ley de Amparo, aquéllas sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas y, en el caso, determinó sobreseerse en el juicio, por lo cual no se encuentran legitimadas para interponer el referido medio de impugnación. Archivo En virtud de que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora, toda vez que carece de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción II de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se decretó el SOBRESEIMIENTO y debido a ello, deberá ser DESTRUIBLE, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al Depósito Documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Por otra parte, como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, háganse constar tales circunstancias en la carátula de este expediente. Garantía y documentos No se hace pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda en el incidente de suspensión, al no haberse tramitado. Empero, por lo que ve a los documentos que obran en autos y no encuadren en la hipótesis de documentos originales, quedan expeditos los derechos de las partes para solicitar su devolución mientras el expediente permanezca en este juzgado antes de ser destruido. Devolución de tomo de pruebas En virtud de que se considera innecesaria su retención, se ordena devolver los dos tomos de pruebas que el Director Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, perteneciente a la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico y Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con residencia en esta ciudad, allegó al presente asunto, solicitándole el acuse de recibo respectivo, en el entendido que de no hacerlo dentro del plazo de tres días, contados a partir de la recepción de las constancias, éstas se tendrán por recibidas a su entera satisfacción, sin ulterior acuerdo. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-651/2018; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito, [1] J. Gerardo o José Gerardo o Gerardo, [2] Jesús o J. Jesús, [3] José y [4] Gabriel, de apellidos Guerrero Soto por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de actos de autoridad que consideraron violatorio de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, relataron los antecedentes que consideraron pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado de Distrito el cual por acuerdo de nueve de agosto de dos mil dieciocho la admitió a trámite (fojas 41 a 43), solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 54 a 57), la parte quejosa amplió la demanda adicionando a una autoridad responsable y dos actos reclamados, la que fue admitida el veintiuno de septiembre siguiente (foja 71 y 72) y previo cumplimiento de un auto aclaratorio. El diez de diciembre del mismo año, y con vista del contenido del informe justificado rendido por el Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua perteneciente a la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico y Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con residencia en esta ciudad, se requirió a la parte quejosa para ampliar, de nueva cuenta, la demanda. Por escrito del diecinueve de diciembre del año pasado desahogó el requerimiento descrito en el párrafo anterior; empero, no fue hasta el treinta y uno de diciembre en que -previo cumplimiento de un auto preventivo-, se admitió la segunda ampliación de la demanda (fojas 110 y 111). En proveído de catorce de enero del año en curso se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48, 52, fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad administrativa distinta a los tribunales judiciales administrativos o de trabajo que reside dentro de la jurisdicción esta potestad federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención de la parte promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En virtud de lo anterior, de acuerdo con los criterios resaltados y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo y sus ampliaciones, así como del resto de las actuaciones se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar: En la demanda inicial La omisión de remitir el título de concesión 08MCH106039/SGE00 para la inscripción en el Registro Público de Derechos del Agua. La omisión de entregar física y materialmente el instrumento (título de concesión) inscrito en el Registro Público de Derechos del Agua. Omisiones de la autoridad que se atribuyeron al Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua perteneciente a la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico y Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con residencia en esta ciudad. En el primer escrito de ampliación: La negativa de inscribir el título de concesión 08MCH106039/SGE00 en el Registro Público de Derechos del Agua en el plazo de quince días (foja 65). La omisión de remitir a la Dirección Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, el título de concesión 08MCH106039/SGE00 inscrito en el Registro Público de Derechos del Agua. Que se reclama al Gerente del Registro Público de Derechos del Agua del Organismos público desconcentrado Comisión Nacional del Agua En el segundo escrito de ampliación: La resolución pronunciada el once de abril de dos mil dieciocho en el expediente MCH-L-3172-22-12-16 por la cual se autorizó la concesión 08MICH160447/12ADDL18, por la que se concedió la autorización para usar y aprovechar tres mil cuatrocientos setenta y cinco metros cúbicos y ochenta centímetros cúbicos, de la fuente de abastecimiento denominado "Arroyo Las Navajas". Que se demanda al Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua perteneciente a la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico y Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con residencia en esta ciudad. TERCERO. Inexistencia de las omisiones reclamadas. Previo a verificar la existencia de lo reclamado, resulta conveniente precisar en qué consisten los actos y las omisiones que la parte quejosa atribuye a las autoridades responsables, porque ello permitirá distribuir la carga probatoria conforme a los principios lógico y ontológico que rigen en materia probatoria. Así, del estudio integral del expediente puede advertirse que los quejosos reclaman actos negativos y positivos; constituyéndose en los primeros, la omisión de remitir el título de concesión 08MCH106039/SGE00 para la inscripción en el Registro Público de Derechos del Agua y la de entregar física y materialmente el instrumento (título de concesión). Ahora, para que una omisión -conceptualmente hablando- pueda ser considerada como acto de autoridad, es necesario que exista una obligación de actuar en sentido determinado, ya que la simple inactividad de cualquier autoridad no constituye por sí sola una conducta respecto de la cual pueda ejercerse un control de regularidad constitucional. Al respecto, cobra aplicación la tesis XVII/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". Siendo esto así, las omisiones que la parte quejosa reclama al Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua perteneciente a la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico y Organismo de Cuenca Balsas de la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con residencia en esta ciudad, en el escrito de demanda son inexistentes, porque en autos no se encuentra demostrado que la autoridad responsable haya tenido el deber jurídico de inscribir el título de concesión 08MCH106039/SGE00 y, por consecuencia, hacer la entrega material a los quejosos. Lo anterior, porque del contenido del informe justificado que rindió a través del oficio B00.915.00.1.-300/2018 ingresado a través de la Oficialía de Partes de este órgano el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se advierten los antecedentes siguientes: El cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, los quejosos iniciaron el trámite para la regularización del aprovechamiento de aguas nacionales superficiales por un volumen anual de 78,000 m³ setenta y ocho mil metros cúbicos para uso agrícola (fojas 90 a 97, del tomo de pruebas I). El seis de octubre de mil novecientos noventa y siete se otorgó a los quejosos el título de concesión para el aprovechamiento de 3,8062 m³ tres mil ochocientos sesenta y dos metros cúbicos de aguas superficiales con número de identificación 08MCH106039/12ADGE97, con una vigencia de diez años (foja 38, tomo de pruebas I). Mediante escrito presentado el nueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho, solicitaron la modificación del título de concesión (foja 100, ibídem), dado que en la solicitud inicial se precisó como volumen de aprovechamiento 78,000 m³ setenta y ocho mil metros cúbicos para uso agrícola con dos fuentes de abastecimiento; mientras que en la concesión se otorgó permiso por 3,862m³ tres mil ochocientos sesenta y dos metros cúbicos y con una sola fuente de abastecimiento. Tal solicitud fue resuelta de forma favorable el veintinueve de junio de mil novecientos noventa y ocho a través del oficio B00.E.55.3.-3517/98 (foja 111, del tomo de pruebas I) en que se dio a conocer el acuerdo 13392 con el siguiente contenido: "CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DE AGUAS NACIONALES, SE LE NOTIFICA QUE SU SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN DE LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS SUPERFICIALES DEL ARROYO LAS NAVAJAS (AGUAS BRONCAS Y PLUVIALES) Y DEL MANANTIAL DONDE NACE EL AGUA, ANALIZADA EN ESTA GERENCIA ESTATAL Y RESUELTA FAVORABLEMENTE, POR LO TANTO, UNA VEZ FIRMADO EL TITULO RESPECTIVO POR EL GERENTE ESTATAL DE ESTA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SE ORDENA SU INSCRIPCIÓN EN EL FOLIO DE CONCESIONES Y ASIGNACIONES CORRESPONDIENTE DENTRO DEL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DEL AGUA; ESTE DOCUMENTO AMPARARÁ EL USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL ARROYO LAS NAVAJAS (AGUAS BRONCAS Y PLUVIALES) Y MANANTIAL DONDE NACE EL AGUA, UBICADOS EN EL PREDIO LAS NAVAJAS, LOCALIDAD DE UCAREO, MPIO. DE ZINAPÉCUARO, MICHOACÁN, EN USO DE RIEGO, EN BENEFICIO DE 13-00-00 HA. EL MANANTIAL DE DONDE NACE EL AGUA CON GASTO HIDRÁULICO DE 0.166 L.P.S.24:00 HORAS AL DÍA, 269 DÍAS AL AÑO HASTA COMPLETAR UN VOLUMEN ANUAL DE 3,862M³. Y EL ARROYO LAS NAVAJAS [.] CON UN GASTO HIDRÁULICO DE 7.15 L.P.S. 24:00 HORAS AL DÍA, 120 DÍAS AL AÑO [.]" A partir de esa resolución, el veintidós de mayo de dos mil se expidió el título de concesión 08MICH106039/12ASGE00, con el que se otorgó el permiso para aprovechar las aguas nacionales superficiales descritas en el párrafo que antecede (foja 102 ibídem) suscrita por el Gerente Estatal de la Comisión Nacional del Agua, ordenándose la inscripción correspondiente. Sin embargo, la encargada del Registro Público de Derechos del Agua rechazó la modificación al título de concesión a través de los siguientes oficios: "1er. Rechazo Oficio No. B00.00R09.390-(2001) de 27 de marzo de 2001, 2do. Rechazo Oficio No. B00.00R09.1216-(2001) de 08 de agosto de 2001, 3er. Rechazo Oficio No. B00.00R09.1716-(2001) de 21 de noviembre de 2001, 4°. Rechazo Oficio No. B00.02.03.1189 de 11 de marzo de 2003" (foja 50, cuaderno principal). En virtud de lo anterior -como lo señaló la autoridad responsable en el informe justificado-, no es verdad que haya existido una omisión, más bien, lo que existió fue una resolución en sentido negativo de inscribir las modificaciones al título de concesión original 08MCH106039/12ADGE97, que se pretendieron realizar a través del diverso título 08MCH106039/SGE00. De ahí que no se encuentra demostrada la omisión reclamada; por tanto, con base en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio de amparo por lo que se refiere a las omisiones reclamadas en el escrito inicial de demanda (precisados en los apartados 1 y 2 del segundo considerando). Tampoco es cierta la omisión que se reclama en el primer escrito de ampliación de demanda consistente en la omisión de remitir a la Dirección Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, el título de concesión 08MCH106039/SGE00 inscrito en el Registro Público de Derechos del Agua -que atribuye al Gerente del Registro Público de Derechos del Agua [acto precisado en el apartado 4]-, pues como ya se indicó, dicho título se emitió para hacer la rectificación de los volúmenes de aprovechamiento de aguas contenido en la concesión 08MCH106039/12ADGE97; sin embargo, tal modificación fue rechazada en reiteradas ocasiones por la oficina registral, de ahí que nunca se haya inscrito; luego, tampoco está demostrado que la autoridad responsable se abstuviera de enviar el título mencionado en primer término, lo que es más, en autos se justifica que fue remitido hasta en cuatro ocasiones pero rechazado a través de los oficios B00.00R09.390-(2001) de veintisiete de marzo de dos mil uno, B00.00R09.1216-(2001) de ocho de agosto de dos mil uno; B00.00R09.1716-(2001) de veintiuno de noviembre de dos mil uno y B00.02.03.1189 de once de marzo de dos mil tres. En virtud de lo anterior, también procede decretar el sobreseimiento por lo que a esta omisión se refiere. CUARTO. Existencia de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la negativa de inscribir el título de concesión 08MCH106039/SGE00 en el Registro Público de Derechos del Agua en el plazo de quince días que se reclamó en el primer escrito de ampliación [acto precisado en el apartado 3], así como la resolución reclamada en el segundo escrito de ampliación pronunciada el once de abril de dos mil dieciocho en el expediente MCH-L-3172-22-12-16 por la cual se autorizó la concesión 08MICH160447/12ADDL18, y se concedió la autorización para usar y aprovechar tres mil cuatrocientos setenta y cinco metros cúbicos y ochenta centímetros cúbicos, de la fuente de abastecimiento, denominado "Arroyo Las Navajas" [acto precisado en el apartado 5], ya que las autoridades señaladas como responsables al rendir el informe justificado que le fue requerido expresamente lo admitieron, existencia que se corrobora con el contenido de las copias certificadas del expediente MCH-L-3172-22-12-16, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2o. QUINTO. Procedencia y sobreseimiento. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, procede examinar las causales de improcedencia y sobreseimiento por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el ordinal 62 de la Ley de Amparo. 1. En torno a ello, respecto a la negativa de inscribir el título de concesión 08MCH106039/SGE00 en el Registro Público de Derechos del Agua en el plazo de quince días [acto precisado en el apartado 3], se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]". Lo anterior es así, porque del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable con relación al escrito inicial de demanda se advierte que a través del título de concesión 08MCH106039/SGE00, se intentó corregir la concesión contenida en el diverso 08MCH106039/12ADGE97, en lo relativo a los metros cúbicos de aguas nacionales que serían provechadas como en lo concerniente al origen hídrico de donde sería extraído el líquido; sin embargo, a través de la solicitud de trámite CNA-01-003 de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, los quejosos, por conducto de un apoderado legal, solicitaron la adhesión al programa por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado. Dentro de ese procedimiento, el once de abril de dos mil dieciocho se emitió la resolución 08MCH160447/12ADDL18, en la que se determinó la extinción del título de concesión 08MCH106039/12ADGE97 (considerando XII), y se ordenó la inscripción de ese acto el registro correspondiente (foja 2 vuelta, tomo de pruebas I). Como consecuencia, en el considerando XII se decretó procedente la solicitud de adhesión al programa y la substitución del título en comento por el 08MCH160447/12ADDL18, en el que se otorga el permiso para el aprovechamiento de aguas nacionales superficiales por un volumen de tres ochocientos sesenta y dos metros cúbicos anuales para uso agrícola, teniendo como fuente de abastecimiento el arroyo Las Navajas. En ese orden, la negativa de inscribir el título de concesión 08MCH106039/SGE00 en el Registro Público de Derechos del Agua en el plazo de quince días existe y pervive hasta el momento en que se pronuncia la sentencia en este proceso de control de regularidad constitucional; pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, ya que a través de esa resolución se pretendía modificar el título de concesión original el cual dejó de existir en el momento en que se dictó la resolución en el expediente MCH-L-3172-22-12-16 que declaró extinto el título de concesión original. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. 2. En relación con la resolución pronunciada el once de abril de dos mil dieciocho en el expediente MCH-L-3172-22-12-16 por la cual se autorizó la concesión 08MICH160447/12ADDL18, por la que se concedió la autorización para usar y aprovechar tres mil cuatrocientos setenta y cinco metros cúbicos y ochenta centímetros cúbicos, de la fuente de abastecimiento denominado "Arroyo Las Navajas" [acto precisado en apartado 5], se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]". Se afirma actualizada la causal de improcedencia invocada, porque la resolución que constituye uno de los actos reclamados es impugnable a través del juicio contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo anterior, porque el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa señala: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo [.]". En el caso, la resolución que se analiza tiene el carácter de definitiva ya que así se menciona en el punto resolutivo sexto en los siguientes términos: "SEXTO.- Se hace del conocimiento a los C.C. [.] que la presente resolución-título tiene el carácter de definitivo [.]". También, se trata de una resolución emitida conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que en el mismo punto resolutivo se señaló: "[.] por lo que puede ser recurrida a través del recurso de revisión establecido en el Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo [.]". En virtud de lo anterior, se colman los extremos a que alude el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica en cita. Al respecto, por analogía cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 124/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS EMITIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El artículo 124 de la Ley de Aguas Nacionales establece que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades del agua, podrán interponer recurso de revisión dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, salvo que se trate de recursos contra actos o resoluciones que se emitan en materia fiscal; lo que revela que el medio de impugnación contra la imposición de multas por parte de la Comisión Nacional del Agua, puede interponerse a elección del afectado, o bien intentar directamente la vía jurisdiccional que corresponda, que en la especie es el juicio contencioso administrativo, ya que la interpretación de tal norma debe hacerse partiendo del término "podrá" que implica la posibilidad para el particular de optar por la instancia procedente sin necesidad de agotar previamente el recurso de revisión. De acuerdo con ello, indefectiblemente debe ser admitida y tramitada la vía jurisdiccional intentada por el interesado afectado con una resolución pronunciada por la autoridad mencionada, sin que pueda cuestionarse que debió haberse interpuesto previamente el citado recurso". Además, con base en la doctrina de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el juicio contencioso administrativo regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Criterio que se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia 27/2016 (10a) que establece: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Y no se advierte que el acto reclamado carezca de fundamentación y motivación, además, que en el único concepto de violación expuesto en el escrito de ampliación de demanda -documento en el que se incorporó a la litis la resolución en estudio-, se alegaron cuestiones de legalidad lo que debe ser resuelto por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los términos en que quedó precisado. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia analizada con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Ampro procede sobreseer en el juicio por lo que a este acto se refiere. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por [1] J. Gerardo o José Gerardo o Gerardo, [2] Jesús o J. Jesús, [3] José y [4] Gabriel, de apellidos Guerrero Soto respecto de los actos que demandaron al Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua perteneciente a la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico y Organismo de Cuenca Balsas y al Gerente del Registro Público de Derechos del Agua, ambos de la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con residencia en esta ciudad, consistente en las omisiones precisadas en el considerando tercero de este fallo dada su inexistencia; y, respecto de los precisados en el considerando quinto por virtud de la improcedencia del juicio.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: J. GERARDO O JOSÉ GERARDO O GERARDO, JESÚS O J. JESÚS, JOSÉ Y GABRIEL, TODOS DE APELLIDO GUERRERO SOTO. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia analizada con base en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Ampro procede sobreseer en el juicio por lo que a este acto se refiere. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por [1] J. Gerardo o José Gerardo o Gerardo, [2] Jesús o J. Jesús, [3] José y [4] Gabriel, de apellidos Guerrero Soto respecto de los actos que demandaron al Director Local en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua perteneciente a la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico y Organismo de Cuenca Balsas y al Gerente del Registro Público de Derechos del Agua, ambos de la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con residencia en esta ciudad, consistente en las omisiones precisadas en el considerando tercero de este fallo dada su inexistencia; y, respecto de los precisados en el considerando quinto por virtud de la improcedencia del juicio.
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Visto el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Dirección Local Michoacán, en representación del Director Local Michoacán de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, respecto del acto reclamado consistente en: La resolución 08MCH160447/12ADDL18, emitida el once de abril de dos mil dieciocho, en el expediente MCH-L-3172-22-12-16, en la que se declaró autorizar la concesión de aprovechamiento de aguas nacionales superficiales de la fuente de abastecimiento denominada "ARROYO LAS NAVAJAS", ubicada en la localidad de Ucareo, municipio de Zinapécuaro, Michoacán en favor de José Gerardo Guerrero Soto, J. Jesús Guerrero Soto, José Guerrero Soto y Gabriel Guerrero Soto. Agréguese a los autos y con su contenido dése vista a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, con fundamento en el numeral 119 del ordenamiento legal en cita, se tienen como pruebas de su parte las constancias que adjunta en copia certificada, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. Se ordena formar tomo de pruebas agregando únicamente la carátula correspondiente para su identificación, respetando su folio, sello y rúbrica. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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