Jesús Villarreal Herrera
Expediente 651/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 651/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Jesús Villarreal Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
certificación de archivo.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y apareciendo que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja contra el proveído emitido el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, donde se desechó de plano la demanda de amparo promovida por el directamente quejoso ********************, contra actos de los Jueces de Control y de Juicio Oral Penal del Estado y otras autoridades; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. En esa virtud, conforme a lo ordenado en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que este juicio es susceptible de destrucción, transcurridos tres años del presente acuerdo, lo anterior, en virtud de que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por el directamente quejoso ********************, sin obrar documentos originales. Hágase las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en la carátula del presente cuaderno, así como la fecha de su archivo; y, una vez transcurrido el plazo establecido, procédase a la destrucción de este expediente.
- Principal
Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Jesús Villarreal Herrera, mediante el cual, da cumplimento a la prevención impuesta en auto de nueve del mes y año en curso, realizada por este órgano jurisdiccional. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, es necesario observar si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, atento a que de actualizarse impediría el examen del fondo de la cuestión planteada. Al respecto, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para en caso que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto, se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Como cuestión preliminar, cabe destacar, el hecho la invocada legislación establezca diversas causales motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo, en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Cierto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación aplicable a la materia tienen una existencia justificada, pues atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios reguladores, surge la inviabilidad para examinar el fondo del asunto, lo cual en modo alguno lesiona el derecho a la administración de justicia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, relativa al Caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, determinó en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran las formalidades a observarse para avalar el acceso a ellas; por razones de seguridad jurídica, para la correcta administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. También puntualizó, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre y en cualquier caso, los tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. A la luz de las anteriores consideraciones es dable concluir, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo constituyen, por regla general, parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y no configuran una denegación de justicia; antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciarse un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. Valida lo expuesto la tesis CCLXXVI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, página 530, intitulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Y la tesis III.2o.C.3 K (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, foja 2066, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Establecido lo anterior, es preciso señalar que, del estudio integral del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa indicó como actos reclamados, los siguientes: "De las autoridades ordenadoras se reclama la ilegal orden de búsqueda, localización, presentación y/o aprehensión dictada en mi contra, sin que en su caso se hayan reunido los elementos de establecer el artículo 16 de la Constitución Política Mexicana. De las autoridades ejecutorias se reclama el cumplimiento que se pretende dar a la orden de búsqueda, localización, presentación y/o aprehensión dictada en mi contra." Del apartado de antecedentes, se obtiene que la parte quejosa indicó: "(.) manifiesto que he tenido conocimiento que se pretende privarme de mi libertad por las autoridades señaladas como responsables, desconociendo el motivo de lo anterior ya que no he cometido delito alguno, sino contrario a ello en el tiempo que ha permanecido mi vida siempre me he caracterizado por ser una persona responsable, honesta, trabajadora y consagrada a mis ocupaciones, empero, en la actualidad se me imputa falsamente, y asimismo, dichas autoridades han solicitado la orden para que se me busque, localice, presente y/o aprehenda, por lo que tengo el temor fundado de que se ejecute en mi contra dicho mandamiento sin sustento legal alguno. (.)" En la especie, se estima que existe una causal de improcedencia que es la prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con la oportunidad con la que fue presentada la demanda, por lo que es dable entrar a su análisis. Ahora, el precepto legal en la fracción mencionada, establece: "El juicio de amparo es improcedente: (.) Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Además, los numerales 17 y 18 de la ley de la materia, en lo importante, prevén: "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la intelección de los dispositivos trasuntos, se obtiene que el legislador ordinario federal, estableció como plazo general para la presentación de la demanda de amparo el de quince días; señalando como casos de excepción, cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, entonces el plazo será de treinta días. También, cuando se combate una sentencia condenatoria en un proceso penal, supuesto en que el término se amplía a ocho años. Similar situación ocurre cuando se impugnan actos en materia agraria, que pudieran tener como efecto la privación total o parcial, de manera temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, evento en el que el plazo para reclamar la protección constitucional, vía amparo, será de siete años. Por último, cuando el acto reclamado implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. a) A partir del día siguiente a aquél, en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama; o bien, b) De aquél en que haya tenido conocimiento; o, c) Se manifieste sabedor del mismo o, de su ejecución, salvo el caso de leyes autoaplicativas, donde el plazo se contará a partir de la entrada en vigor de la norma general cuya constitucionalidad se cuestione. Ilustra lo anterior, por igualdad de razón jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J.30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, Materia Común, página 286, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por boletín judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Así las cosas, si los actos combatidos consisten en las orden de búsqueda, localización, presentación y aprehensión giradas a ******************** y su ejecución, dictadas por los Jueces de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado y otras autoridades, no se encuentran en alguno de los supuestos de excepción previstos por el legislador, pues no se tratan de una norma general, de un procedimiento de extradición o de una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal; tampoco de una resolución en materia agraria; o de un acto que implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; es claro que el plazo para la presentación de la demanda de amparo para combatirlo, es el de quince días. En esa tesitura, es menester que se dilucide fehacientemente, si en el particular, el libelo constitucional se presentó dentro de dicho término, pues de lo contrario sería improcedente la acción de amparo, por extemporaneidad. Ahora, del escrito de cuenta en el que el quejoso ******************** contesta la prevención efectuada el nueve del mes y año en curso, manifiesta: Por lo que, se advierte que la fecha en que tuvo conocimiento de las órdenes privativas de libertad que señala como actos reclamados, fue el doce de julio del presente año. En ese orden de ideas, deviene incuestionable que se actualizó la hipótesis del artículo 18 de la legislación de la materia, relativa a que los plazos previstos en el diverso 17 del mismo ordenamiento se computarán a partir del día siguiente en que se manifieste sabedor del mismo o, de su ejecución, que lo fue el día doce de julio del año en curso, entonces, el plazo genérico precisado en el último de los numerales, transcurrió del catorce de julio al tres de agosto del presente año, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de julio del presenta año, al ser inhábiles conforme al numeral 19 de la invocada ley. Y como se advierte de la certificación de cuenta, la demanda de amparo de ********************, fue presentada ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado, el siete de agosto del año en curso, es inconcuso que el cómputo para promover juicio de amparo indirecto contra los actos reclamados orden de búsqueda, localización, presentación y aprehensión, feneció. Entonces, es innegable que su presentación fue realizada de manera extemporánea, lo que se traduce en un consentimiento tácito del acto reclamado, actualizándose así la causal de improcedencia aducida. En ese orden de ideas, se establece que la promoción del promovente debió realizarse dentro del plazo genérico precisado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin implicar una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas, que en el caso concreto, se traducen en un imperativo de acudir a esta instancia constitucional en el término que marca el referido precepto 17. Asimismo, es claro que, la promoción de la demanda se hizo fuera del plazo de quince días que la ley de la materia le concede para ese efecto; además, que se contarán por días hábiles, pero no se tomarán en cuenta los sábados y domingos, ni los días establecidos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, excepto cuando deba hacerse el cómputo por horas, conforme a disposición expresa. Es orientador, al respecto el contenido de la tesis aislada XI.1o.A.T.3K (10a.), localizable en la página 1494, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." También sirve de apoyo, la contradicción de tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido se comparte por el suscrito, el cual aparece plasmado en la tesis P./J. 12/2015 (10ª.), localizable en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, mayo de 2015, Décima Época, Materia Común, que es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Igualmente, tiene sustento a lo anterior, por igualdad de razón jurídica, el criterio inmerso en la tesis sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito, visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal". También tiene aplicación, por igualdad de razón jurídica, la tesis de jurisprudencia IV.2o.C. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, Julio de 2005, página 1035, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia respecto de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO presentada por ********************, por los motivos manifiestos e indudables de improcedencia.
- Principal
notifico al quejoso ******, el proveído de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Doy Fe. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Jesús Villarreal Herrera, mediante el cual, da cumplimento a la prevención impuesta en auto de nueve del mes y año en curso, realizada por este órgano jurisdiccional. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, es necesario observar si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia del juicio, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, atento a que de actualizarse impediría el examen del fondo de la cuestión planteada. Al respecto, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para en caso que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto, se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Como cuestión preliminar, cabe destacar, el hecho la invocada legislación establezca diversas causales motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo, en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Cierto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación aplicable a la materia tienen una existencia justificada, pues atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios reguladores, surge la inviabilidad para examinar el fondo del asunto, lo cual en modo alguno lesiona el derecho a la administración de justicia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, relativa al Caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, determinó en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran las formalidades a observarse para avalar el acceso a ellas; por razones de seguridad jurídica, para la correcta administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. También puntualizó, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre y en cualquier caso, los tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. A la luz de las anteriores consideraciones es dable concluir, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo constituyen, por regla general, parámetros objetivos que cumplen a cabalidad con el estándar internacional y no configuran una denegación de justicia; antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciarse un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. Valida lo expuesto la tesis CCLXXVI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, página 530, intitulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Y la tesis III.2o.C.3 K (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, foja 2066, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Establecido lo anterior, es preciso señalar que, del estudio integral del escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa indicó como actos reclamados, los siguientes: "De las autoridades ordenadoras se reclama la ilegal orden de búsqueda, localización, presentación y/o aprehensión dictada en mi contra, sin que en su caso se hayan reunido los elementos de establecer el artículo 16 de la Constitución Política Mexicana. De las autoridades ejecutorias se reclama el cumplimiento que se pretende dar a la orden de búsqueda, localización, presentación y/o aprehensión dictada en mi contra." Del apartado de antecedentes, se obtiene que la parte quejosa indicó: "(.) manifiesto que he tenido conocimiento que se pretende privarme de mi libertad por las autoridades señaladas como responsables, desconociendo el motivo de lo anterior ya que no he cometido delito alguno, sino contrario a ello en el tiempo que ha permanecido mi vida siempre me he caracterizado por ser una persona responsable, honesta, trabajadora y consagrada a mis ocupaciones, empero, en la actualidad se me imputa falsamente, y asimismo, dichas autoridades han solicitado la orden para que se me busque, localice, presente y/o aprehenda, por lo que tengo el temor fundado de que se ejecute en mi contra dicho mandamiento sin sustento legal alguno. (.)" En la especie, se estima que existe una causal de improcedencia que es la prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con la oportunidad con la que fue presentada la demanda, por lo que es dable entrar a su análisis. Ahora, el precepto legal en la fracción mencionada, establece: "El juicio de amparo es improcedente: (.) Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Además, los numerales 17 y 18 de la ley de la materia, en lo importante, prevén: "El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la intelección de los dispositivos trasuntos, se obtiene que el legislador ordinario federal, estableció como plazo general para la presentación de la demanda de amparo el de quince días; señalando como casos de excepción, cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, entonces el plazo será de treinta días. También, cuando se combate una sentencia condenatoria en un proceso penal, supuesto en que el término se amplía a ocho años. Similar situación ocurre cuando se impugnan actos en materia agraria, que pudieran tener como efecto la privación total o parcial, de manera temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, evento en el que el plazo para reclamar la protección constitucional, vía amparo, será de siete años. Por último, cuando el acto reclamado implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. a) A partir del día siguiente a aquél, en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclama; o bien, b) De aquél en que haya tenido conocimiento; o, c) Se manifieste sabedor del mismo o, de su ejecución, salvo el caso de leyes autoaplicativas, donde el plazo se contará a partir de la entrada en vigor de la norma general cuya constitucionalidad se cuestione. Ilustra lo anterior, por igualdad de razón jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J.30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, Materia Común, página 286, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por boletín judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Así las cosas, si los actos combatidos consisten en las orden de búsqueda, localización, presentación y aprehensión giradas a ******************** y su ejecución, dictadas por los Jueces de Control y de Juicio Oral Penal en el Estado y otras autoridades, no se encuentran en alguno de los supuestos de excepción previstos por el legislador, pues no se tratan de una norma general, de un procedimiento de extradición o de una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal; tampoco de una resolución en materia agraria; o de un acto que implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; es claro que el plazo para la presentación de la demanda de amparo para combatirlo, es el de quince días. En esa tesitura, es menester que se dilucide fehacientemente, si en el particular, el libelo constitucional se presentó dentro de dicho término, pues de lo contrario sería improcedente la acción de amparo, por extemporaneidad. Ahora, del escrito de cuenta en el que el quejoso ******************** contesta la prevención efectuada el nueve del mes y año en curso, manifiesta: Por lo que, se advierte que la fecha en que tuvo conocimiento de las órdenes privativas de libertad que señala como actos reclamados, fue el doce de julio del presente año. En ese orden de ideas, deviene incuestionable que se actualizó la hipótesis del artículo 18 de la legislación de la materia, relativa a que los plazos previstos en el diverso 17 del mismo ordenamiento se computarán a partir del día siguiente en que se manifieste sabedor del mismo o, de su ejecución, que lo fue el día doce de julio del año en curso, entonces, el plazo genérico precisado en el último de los numerales, transcurrió del catorce de julio al tres de agosto del presente año, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de julio del presenta año, al ser inhábiles conforme al numeral 19 de la invocada ley. Y como se advierte de la certificación de cuenta, la demanda de amparo de ********************, fue presentada ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado, el siete de agosto del año en curso, es inconcuso que el cómputo para promover juicio de amparo indirecto contra los actos reclamados orden de búsqueda, localización, presentación y aprehensión, feneció. Entonces, es innegable que su presentación fue realizada de manera extemporánea, lo que se traduce en un consentimiento tácito del acto reclamado, actualizándose así la causal de improcedencia aducida. En ese orden de ideas, se establece que la promoción del promovente debió realizarse dentro del plazo genérico precisado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin implicar una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas, que en el caso concreto, se traducen en un imperativo de acudir a esta instancia constitucional en el término que marca el referido precepto 17. Asimismo, es claro que, la promoción de la demanda se hizo fuera del plazo de quince días que la ley de la materia le concede para ese efecto; además, que se contarán por días hábiles, pero no se tomarán en cuenta los sábados y domingos, ni los días establecidos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, excepto cuando deba hacerse el cómputo por horas, conforme a disposición expresa. Es orientador, al respecto el contenido de la tesis aislada XI.1o.A.T.3K (10a.), localizable en la página 1494, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." También sirve de apoyo, la contradicción de tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido se comparte por el suscrito, el cual aparece plasmado en la tesis P./J. 12/2015 (10ª.), localizable en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, mayo de 2015, Décima Época, Materia Común, que es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Igualmente, tiene sustento a lo anterior, por igualdad de razón jurídica, el criterio inmerso en la tesis sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito, visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal". También tiene aplicación, por igualdad de razón jurídica, la tesis de jurisprudencia IV.2o.C. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, Julio de 2005, página 1035, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia respecto de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO presentada por ********************, por los motivos manifiestos e indudables de improcedencia.
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