Jesús Víctor Manuel Flores Sandoval
Expediente 674/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Víctor Manuel Flores Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Téngase recibido el oficio 11138/2023, firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria de siete de noviembre del año en curso, en el recurso de queja 178/2023 del índice de dicho órgano jurisdiccional, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja interpuesto por JESÚS VÍCTOR MANUEL FLORES SANDOVAL, en contra del auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, pronunciado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, dentro del juicio de amparo indirecto 674/2023." Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acúsese recibo al Tribunal Colegiado oficiante vía interconexión. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la ley de la materia, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por Jesús Víctor Manuel Flores Sandoval, la cual quedó registrada con el número 674/2023. SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. TRÁMITE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA FIREL. En atención al párrafo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 253, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes, para que realicen el trámite necesario para la obtención de la firma electrónica (FIREL), para que estén en posibilidad de acceder al Portal de los Servicios en Línea, tales como el acceso electrónicamente a los órganos jurisdiccionales, para presentar las promociones correspondientes, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: 1. La orden de aprehensión dictada en la causa penal 393/2023 del índice administrativo del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. SEÑALAMIENTO DE FECHA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por separado fórmese y tramítese el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que, por regla general, con fundamento en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en el juicio de amparo indirecto no será necesaria la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el cual debe rendir dentro del término de quince días siguientes a aquel en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, las constancias en la forma indicada, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio, lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Con apoyo en los artículos 9, párrafo primero, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Infórmese a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan, toda vez que este juzgado en lo subsecuente notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar, más no acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO." CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. Con fundamento en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las partes, para que, en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TERCERO INTERESADO. No se advierte tercero interesado que llamar a juicio. PRUEBAS. No se ofrecieron pruebas al escrito inicial de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las actuaciones que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado les da la característica de inalterables. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos físicos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. DOMICILIO. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Azul Aguamarina, número 1778, departamento D, fraccionamiento Azul Pacífico, en esta ciudad, código postal 82112. Asimismo, se le tiene proporcionando el correo electrónico vihugocha@hotmail.com y número telefónico 3322573911 para comunicaciones no procesales. Lo anterior será aplicable para el expediente en que se actúa, así también para los diversos cuadernos incidentales que en su caso deriven del mismo. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre del dos mil veintidós, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con copia autorizada de la demanda con que se formó el presente expediente, para la intervención que legalmente le corresponde. NOTIFICACIONES EN MATERIA PENAL. Dada la naturaleza penal de los actos de autoridad que constituyen la materia de reclamo en el juicio de amparo en que se provee instrúyase al actuario de la adscripción para que la práctica de las notificaciones que se ordenen durante la tramitación del presente asunto se ajusten al plazo previsto por el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo.
- Incidental
APERTURA DEL INCIDENTE. Como fue ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con el escrito de solicitud de suspensión, con fundamento en los artículos 138, 140 y 143 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 674/2023, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos de la Jueza de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal Zona Sur, con residencia en esta ciudad. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo previsto en la fracción III del numeral 138 del ordenamiento invocado, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe previo, el que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir del momento de su notificación, enviándole para tal efecto copia autorizada de la demanda que se provee; en el entendido de que deberá concretarse a expresar si son o no ciertos los hechos que se le atribuyen, a fin de determinar la existencia de los actos reclamados, pudiéndose agregar las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe previo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Asimismo, de expresar la responsable un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirán en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria de referencia, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta unidades de medida y actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Asimismo, de expresar responsable un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirán en el delito contemplado en el arábigo 262 de la legislación reglamentaria de referencia, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización, y destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por los dispositivos jurídicos 128, 138 y 166, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, SE CONCEDE al quejoso la suspensión provisional solicitada, respecto al acto reclamado que el quejoso hizo consistir en la orden de captura o restrictiva de libertad que se haya dictado en su contra, la concesión es para los siguientes efectos: En el supuesto de que la orden de aprehensión, librada en su contra o cualquier acto tendiente a privarlo de su libertad, derive de la comisión de un delito no considerado grave, de acuerdo a las legislaciones penales diversas al Código Nacional de Procedimientos Penales (sistema penal tradicional), o bien, de aquellos delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, conforme a la normativa del ordenamiento legal preindicado (sistema acusatorio), para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y el quejoso no sea privado de su libertad personal. En caso de que la orden de aprehensión librada en su contra o cualquier acto tendiente a privarlo de su libertad derive de delito que sea considerado como grave de acuerdo a las legislaciones penales diversas al Código Nacional de Procedimientos Penales (sistema penal tradicional), o bien, amerite prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atento a lo dispuesto en los artículos 163 y 166 fracción I, de la Ley de Amparo, la suspensión tendrá por efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar donde deba ser recluido, exclusivamente en lo que refiere a su libertad personal, y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal. En el entendido de que, en la eventualidad de que el quejoso sea detenido en delito flagrante o por orden del Ministerio Público, la medida cautelar tendrá por efecto que dentro de un término de cuarenta y ocho horas o, en su caso, dentro de un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contados a partir de la detención o puesta a disposición, según corresponda, sea puesto en libertad o a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo. En cambio, si la orden de restricción de la libertad proviene de una autoridad administrativa distinta al Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora deberá cesar la detención, poniéndolo en libertad o a disposición de la representación social correspondiente. En cualquier otro caso, en el que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión tendrá el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Del mismo modo, no se omite precisar que, en el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona o la ejecución de una técnica de investigación, la suspensión de mérito no surtirá sus efectos. GARANTÍA. De conformidad con el artículo 168 de la Ley de Amparo, debe exigirse a la parte quejosa la exhibición de garantía, respecto de los actos reclamados, la que se fijará tomando en consideración la naturaleza, modalidades y características del delito por el que se le investiga, características personales y situación económica del quejoso, así como la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. En ese contexto, por tratarse de actos que afectan la libertad deambulatoria de la parte quejosa, y al no contar hasta el momento con mayores elementos que los aportados por ésta en su demanda constitucional, con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente es fijar discrecionalmente una garantía por la suma de $******************** moneda nacional). En la inteligencia de que no se trata de una garantía para reparar a un tercero del daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaron, si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, sino como medida de aseguramiento del quejoso dentro de esta instancia. Además, se hace de su conocimiento que la medida cautelar que se concede se revocará si la parte quejosa no exhibe dentro del plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de esta determinación, la garantía antes determinada, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 166 de la Ley de Amparo. FORMAS DE EXHIBIR LAS GARANTÍAS. Cantidad fijada que deberá presentar el quejoso, en cualquiera de las formas establecidas por la ley para el cumplimiento de la obligaciones (billetes de depósito, pólizas de fianza, etcétera), ya sea de manera conjunta o separada y, en el supuesto de que decida hacerlo mediante pólizas de fianza, la afianzadora deberá indicar que se somete a la jurisdicción del juzgado de distrito, y que renuncia expresamente al procedimiento establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para el caso de hacer efectiva esa garantía, y se somete al procedimiento incidental previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo. En cambio, si opta por hacerlo mediante billetes de depósitos expedidos por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la institución crediticia depositaria debe incluir la leyenda de que el depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo del Apoyo de la Administración de Justicia, para que solicite y reciba la información que le permita el control de esos depósitos, y la relativa a que los depósitos no generan interés, rendimiento o contraprestación alguna en favor de la depositante; lo anterior, de conformidad con lo ordenado en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa del propio consejo. Del mismo modo, se hace la aclaración en el sentido de que en caso de exhibir póliza de fianza, deberá ser a disposición de este juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 46 de la Ley de la Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, en relación con el diverso numeral 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y la compañía respectiva deberá comprometerse en caso de que sea necesario hacerla efectiva, a sujetarse al trámite previsto en el ordinal 95 del preindicado ordenamiento. PRUEBAS. No se ofrecieron pruebas al escrito inicial demanda.
- Principal
Téngase recibido y únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 9203/2023, remitido vía interconexión y firmado electrónicamente por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Culiacán, a través del cual comunica que la presidencia de dicho órgano federal admitió el recurso de queja interpuesto por el autorizado del quejoso Jesus Víctor Manuel Flores Sandoval, por medio del cual interpuso recurso de queja contra el auto de desechamiento de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 674/2023, el cual fue radicado con el expediente 178/2023.
- Principal
Téngase recibido el escrito signado autógrafamente por Adán Chávez Campos, autorizado del quejoso Jesús Víctor Manuel Flores Sandoval, por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó la demanda que dio origen a este asunto. En atención a lo antes expuesto y en términos de lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, fracción II, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo en el sentido de SER CIERTO que en auto de dieciocho de agosto del año en curso, este juzgado desechó de plano por considerarse improcedente la demanda de amparo promovida por Jesús Víctor Manuel Flores Sandoval, consecuentemente, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con sede en Culiacán, Sinaloa, el ocurso de queja del que se dio noticia de manera impresa y electrónicamente el sumario en que se actúa.
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