Jesús Velázquez Olea

Expediente 876/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
876/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • Jesús Velázquez Olea

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, mediante el cual informa que por proveído de seis de julio de la presente anualidad, se avocó al conocimiento del juicio de garantías promovido por Jesús Velázquez Olea, por propio derecho, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Consecuentemente, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en su artículo 19, fracción I, inciso a), del capítulo sexto, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses a partir del presente proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio suscrito por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al auto de veintidós de junio de la presente anualidad, remite copia de la demanda de amparo promovida por Jesús Vázquez Olea, contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad y otra autoridad; por tanto, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente, para los efectos legales procedentes Regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 876/2023; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo. En cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar y vincular al expediente electrónico, diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, en términos de la fracción II del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Hecho lo anterior, entreguen al oficial administrativo responsable del expediente el acuse electrónico que acredite tal circunstancia, a fin de que sean incorporadas y el expediente impreso coincida en su totalidad con el electrónico, como lo prevé el numeral 3º., penúltimo párrafo de la ley que rige el procedimiento de amparo; salvo aquéllas que se generen electrónicamente o mediante lista de acuerdos. De igual forma, las constancias de notificación de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente, deberán agregarse digitalizadas de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna, con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. En tanto que al Secretario(a), le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Antes de proveer respecto de la procedencia del juicio constitucional, conviene determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el peticionario de garantías entre otras cosas reclama el supuesto emplazamiento realizado el diez de septiembre de dos mil veinte por la Actuaria del Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares. Como se advierte, la intención del quejoso es combatir el ilegal emplazamiento en el juicio ordinario civil 446/2017-II, reivindicatorio promovido por Basilisk Inmobiliaria Siete, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, para lo cual, debe indicarse que el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de garantías. *** Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del contenido del numeral inserto, pueden advertirse tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, *** Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de control constitucional donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. Es pertinente precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió que emplazamiento dentro de un juicio tiene ejecución material, pues en el caso de que la autoridad decida cumplir con ese deber constitucional y realizar el emplazamiento, tendrá ejecución en el lugar donde habrá de efectuarse la correspondiente notificación. Luego, delimitó que la ejecución material de los actos reclamados no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. *** Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." *** *** 51. En este contexto, se obtiene que dentro de la garantía de impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, se encuentra el derecho de todo gobernado a obtener justicia pronta, traducida en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes aplicables. 52. Consecuentemente, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, es decir que tiene ejecución material, en tanto deriva de un deber constitucional de la autoridad, cuyo incumplimiento se materializa de forma directa en detrimento de las partes, dado que mientras subsista, se genera una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, así como al derecho de impartición de justicia pronta, además de las normas procesales que en cada materia contemple la obligación de emplazar a juicio a la parte demandada. Violación que subsistirá, hasta tanto se lleve a cabo el legal emplazamiento a la parte demandada, sin el cual no es posible continuar con la secuela procesal, so pena de que, en caso de hacerlo, un órgano superior decrete la reposición del procedimiento. 53. De ahí que se diga que tales actos no constituyen omisiones simples, sino que traen aparejados actos positivos que conllevan ejecución, precisamente porque se paraliza el procedimiento a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales (omisión de llevar a cabo el emplazamiento), que dicho sea de paso representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan lugar al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que en su caso aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, que culminará con la resolución que dicte el derecho. 54. Motivo por el cual, y recordando que ha sido criterio de esta Segunda Sala que la ejecución material de los actos reclamados no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. 55. Es de concluirse que la omisión de llevar a cabo el emplazamiento dentro de un juicio ordinario tiene ejecución material, pues incluso en el caso de que la autoridad decida cumplir con ese deber constitucional, y realizar el emplazamiento, tendrá ejecución en el lugar donde habrá de efectuarse la correspondiente notificación. *** *** Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, la competencia para conocer la omisión descrita por el quejoso debe ser del juez donde se realizó el emplazamiento correspondiente. En consecuencia, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda con todos sus anexos (previa copia certificada que se deje en autos) al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, en Turno, con residencia en Acapulco de Juárez, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esa sede, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia, es donde se deba realizar el emplazamiento correspondiente, pues en el caso, está paralizado el procedimiento. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda. Con apoyo en el artículo 138, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Con copia de la demanda fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del juicio principal. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente el presente acuerdo a la promovente en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página 55, cuyo rubro establece: *** Notifíquese por lista electrónica.

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