Jesus Velarde Camacho

Expediente 677/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
677/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
05/12/2017

Partes del expediente

  • Jesus Velarde Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha el quejoso ******************** no interpuso recurso de queja contra el auto de dieciséis de noviembre del presente año, en el que se TUVO POR DESECHADA la demanda de amparo presentada. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 113 del propio cuerpo de normas, se declara que QUEDA FIRME el referido auto, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno; y, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; ... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la demanda de amparo promovida por JESÚS VELARDE CAMACHO; contra actos de las autoridades CONVENCIÓN ESTATAL, MESA DIRECTIVA DE LA LXXIX CONVENCIÓN ESTATAL EXTRAORDINARIA, COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA ESTATAL, COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, todas del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado, TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO y GOBIERNO DEL ESTADO, todas con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno que es el 677/2017. Ahora, sin proveer sobre su admisión, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: "CONVENCIÓN ESTATAL del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, con residencia y domicilio en Pasaje Tlatepaque 1110, Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California. A quienes les reclamo la iniciación, discusión, publicación, promulgación y expedición de los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado, precisamente en los Artículos 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, por ser inconstitucionales. H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia y domicilio en Avenida Rio Yaqui Número 638, esquina con Rio Colorado, Fraccionamiento las Fuentes, en Mexicali, Baja California. A quienes les reclamo la sanción y aprobación, de los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, precisamente en los Artículos 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, por ser inconstitucionales. MESA DIRECTIVA VDE LA LXXIX CONVENCION ESTATAL EXTRAORDINARIA INSTAURADA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. A quien le reclamo la solicitud de integrar en fecha 27 de septiembre del 2017, la Comisión de Honor y Justicia Estatal, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA ESTATAL del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, con residencia y domicilio en Calle Diamante #464 Fraccionamiento Bahia, en la Ciudad de Ensenada, Baja California. A quienes les reclamo pretender sancionarme y suspender mis prerrogativas sindicales, apoyándose en lo dispuesto en los Artículos 85, 86, 87, 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, por ser inconstitucionales. COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, con residencia y domicilio en Pasaje Tlatepaque 1110, Centro Cívico y Comercial de la Ciudad de Mexicali, Baja California, por conducto de quien Oficial y Jurídicamente lo represente. A quien en su carácter de Órgano Ejecutor, de los acuerdos que emita la Convención Estatal Extraordinaria, le reclamo pretender ejecutar el dictamen que en su momento emita la Comisión de Honor y Justicia Estatal, sin haber sido oído y vencido en un procedimiento seguido en forma de Juicio en mi contra, la cual es materia del Juicio de Amparo que nos ocupa. H. GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia y domicilio conocido en Calzada Independencia #994, Centro Cívico y Comercial, Mexicali, Baja California. A quien le reclamo, se abstenga de acatar sanción que emita la Comisión de Honor y Justicia Estatal, del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, y se abstenga cancelar las prorrogativas que en su oportunidad sean solicitadas por el Comité Ejecutivo Estatal, por conducto que quien Oficial y Jurídicamente lo represente." En ese sentido, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. "Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de los artículos trascritos se obtiene que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad o de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que vulneren derechos fundamentales de los gobernados. En ese tema -cuando debe considerarse acto de autoridad-, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones anteriores, se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente tenor: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Cierto es que dicha tesis se emitió antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, la cual en su artículo 5º, segundo párrafo, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos fundamentales y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, la tesis resulta aplicable, pues aun cuando el acto de reclamo emanara de un particular, éste debe derivar de una relación de supra a subordinación, lo que no se actualiza en el caso concreto como se verá a continuación. Es así, porque los actos de particular para que se puedan considerar como de autoridad, deben ser: Actos equivalentes a los de autoridad en el sentido de que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y; Que sus funciones estén determinadas en la ley, por las cuales se les faculte para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y no meramente que la norma regule su existencia. Asimismo, para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos el juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustenta la tesis P. XXVII/97, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V, Febrero de 1997, página 118, del texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando estos no realicen actos equivalentes a los de una autoridad; y dado que un ente público puede obrar como autoridad y como ente de derecho privado, es necesario distinguir los actos que emite como uno y otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo tanto, si la relación jurídica de supra a subordinación regula los derechos fundamentales, por colocarse el gobernado como titular de las mismas frente a los actos unilaterales de las autoridades como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, debe concluirse que, en el caso, la naturaleza jurídica de la relación entre el promovente y los funcionarios a quienes señala como autoridades responsables, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En el caso en estudio, resulta inconcuso que los actos reclamados no son de aquellos que puedan considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, al derivar de la relación sindical que tiene el quejoso como miembro del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, organismo que no tiene el carácter de público y, como particular, el actuar que se le reclama no es emitido con base en funciones que estén determinadas en la ley, por las cuales se les faculte para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por el contrario, fue apoyándose en los estatutos también aquí reclamados, mismos que no constituyen normas de observancia general, al no ser emitidas por autoridades que tengan facultades para expedir disposiciones legislativas o reglamentarias con las características propias de una norma de observancia general. Luego, si bien la Ley Federal del Trabajo faculta a los sindicatos para emitir sus estatutos e impone establecer, entre los aspectos mínimos que deben satisfacer, los órganos de gobierno que velarán para su vida interna, los derechos y obligaciones de los asociados así como los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias; es la voluntad de sus miembros la fuente de las disposiciones normativas a las que se verán sometidos y no la potestad Estatal; de tal suerte, que si el quejoso pretende controvertir las decisiones adoptadas por los órganos del sindicato cuyas funciones están determinadas en sus estatutos y no en una norma general, no se constituyen en actos equivalentes a los de autoridad en el contexto de una relación que surja de un mandato de la ley, susceptibles de ser controvertidos a través del juicio de amparo, sino que en todo caso, es factible acudir ante las autoridades laborales para ejercer la acción que corresponda. Por otra parte, debe destacarse, que contrario a lo expuesto por el quejoso, conforme al artículo 107, fracción V de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, sólo le compete registrar los estatutos de los sindicatos, no así su aprobación o sanción. Bajo esa tesitura, al ser el quejoso miembro de la agrupación gremial antedicha, ambas partes se ubican en un plano de coordinación, y cualquier conflicto que derive de esa relación, debe dirimirse ante los tribunales ordinarios correspondientes, lo que es contrario a las características propias de un acto de autoridad en el juicio de amparo, como lo son, la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas en forma unilateral u obligatoria en perjuicio del gobernado. Sustenta lo anterior, la tesis 2a.IX/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 232, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: "SINDICATOS. LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES PLANTEADOS POR EX MIEMBROS DE SU DIRECTIVA, EN LOS QUE RECLAMAN DE LA PROPIA AGRUPACIÓN, ACCIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LOS ESTATUTOS SINDICALES O DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA, ENCUADRAN EN EL CAMPO DEL DERECHO LABORAL, POR LO QUE DEBEN DIRIMIRSE ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Aun cuando los conflictos individuales al rubro señalados no derivan de la típica relación laboral entre trabajadores y patrones, debe considerarse que encuadran en la materia laboral, en tanto que en ésta se comprenden también aquellas controversias suscitadas sólo entre trabajadores o sólo entre patrones, derivadas de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente vinculados con ellas, como se corrobora de lo establecido en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, como en términos de lo previsto por los numerales 356, 359 y 375 de la ley invocada, los sindicatos son asociaciones de trabajadores constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses, con derecho para redactar sus reglamentos y elegir libremente a su directiva, así como para representar a sus integrantes en conflictos individuales y colectivos; es evidente que cuando un ex miembro de una agrupación sindical ejercita en la vía jurisdiccional alguna acción derivada de la citada ley, de los estatutos sindicales, o de la contratación colectiva, en contra del propio sindicato, el conflicto individual planteado debe catalogarse dentro del campo del derecho laboral y, por tanto, susceptible de ser dirimido ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje". De igual forma, es aplicable en lo conducente, la tesis I.13o.T.240L sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia De Trabajo Del Primer Circuito, publicada en la página 3181, Tomo XXX, Septiembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SINDICATOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES PLANTEADOS POR MIEMBROS DE SU DIRECTIVA, DEBE DIRIMIRSE ANTE LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CUANDO SU ESTATUTO RIJA EN MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA. De la interpretación sistemática de los artículos 356, 357, 359, 360, 371, 373, 374 y 376 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que los sindicatos de trabajadores son personas morales constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus asociados; que para la consecución de sus fines requieren de una directiva que los represente y administre, según lo dispuesto en sus estatutos; que los miembros electos para integrar su comité ejecutivo, conforme a los preceptos invocados y sus estatutos, tienen su representación y administración; por tanto, el vínculo existente entre dicha persona moral y los integrantes de su directiva es de naturaleza meramente intrasindical, esto es, entre trabajadores, mas no obrero-patronal, por cuanto a que las actividades que realizan no reúnen las características propias de una relación laboral en términos del artículo 20 de la aludida ley, es decir, la prestación de un servicio personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario, en virtud de que la representación que ostentan es para la consecución de sus fines, sin sujeción a una correlación mando-obediencia, aun cuando se asignen determinados ingresos con motivo de aquella función, y éstos, en su caso, se traducen en compensaciones económicas que no revisten el concepto de salario que previene el artículo 82 de la citada legislación, de donde resulta inexistente un vínculo laboral entre el sindicato de trabajadores y los socios miembros de su directiva. Así, cuando un integrante de la directiva de un sindicato nacional demanda su destitución, se actualiza otro caso de excepción a la regla general para determinar la competencia tratándose de conflictos entre trabajadores, puesto que, aun cuando aquélla apunta a que los conflictos entre el sindicato y sus agremiados son competencia de las autoridades laborales locales; en la especie, por identidad jurídica, cobra aplicación la segunda hipótesis prevista en el artículo 527, in fine, de la Ley Federal del Trabajo, puesto que el conflicto de origen deriva de la interpretación y cumplimiento de los estatutos de un sindicato nacional, que rige en más de una entidad federativa; por tanto, la competencia para conocer de los conflictos intersindicales de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, se surte a favor de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje". Por tanto, resulta evidente que los actos reclamados, es decir: La iniciación, discusión, publicación, promulgación y expedición de los artículos 91, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 104, de los Estatutos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. La solicitud de integrar la Comisión de Honor y Justicia Estatal. La pretensión por parte de la Comisión de Honor y Justicia Estatal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, de sancionar al quejoso y suspenderle sus prerrogativas sindicales. La ejecución por parte del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California de ejecutar el dictamen que en su momento emita la Comisión de Honor y Justicia Estatal. No son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo y, respecto a ellos, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo que se trata, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la misma ley. Es aplicable, la tesis XXVI.2 A (10a.) del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, publicada en la página 3049, Libro 2, Enero de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente". De igual forma, la tesis XVI.1o.T.34 L (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 2524, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COMITÉ ELECTORAL Y COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DEL SINDICATO DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUANAJUATO. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Aun cuando la Comisión de Honor y Justicia y el Comité Electoral, ambos del Sindicato de Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Guanajuato pueden tomar decisiones obligatorias para sus agremiados que pudieran afectar sus derechos, no son autoridades para efectos del amparo porque no actúan por mandato de una norma general, sino que proceden según las facultades que les conceden los estatutos de esa organización. En efecto, si bien de conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, existe la posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de particulares, para que éste sea procedente, es necesario que aquéllos realicen actos equivalentes a los de una autoridad, afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, el artículo 107, fracción I, de la misma ley señala que, por normas generales, deben entenderse, entre otros, los tratados internacionales, leyes federales, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, las leyes de los Estados y del Distrito Federal, reglamentos federales y locales, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; todos esos ordenamientos tienen en común que emanan de los poderes públicos del Estado, de un proceso o acto de legislación; sin embargo, los estatutos de un sindicato no emanan de un poder público, por lo que no pueden considerarse normas generales, y no les da ese carácter el hecho de que los artículos 359 y 371 de la Ley Federal del Trabajo establezcan que esas organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y los aspectos que deben regular, porque la norma general es la ley laboral que permite a los trabajadores formar sindicatos, de idéntica manera a lo que ocurre, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades Mercantiles, que permite a los ciudadanos formar diversos tipos de sociedades o asociaciones como las anónimas o en comandita simple, con facultades para crear normas que regirán las relaciones entre los miembros. Las reglas instituidas para las relaciones internas de esas agrupaciones, creadas por sus propios integrantes, si bien son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los tribunales, no caben en la categoría de normas generales, por no emanar de órganos del Estado. Por tanto, los actos de esas entidades sindicales o intersindicales son impugnables ante la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios del Estado de Guanajuato, por posible infracción de sus normas convencionales, no en la vía de amparo". En consecuencia, es evidente que el presente juicio de amparo 677/2017, es manifiesta y notoriamente improcedente, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Lerdo 1299-A de la Colonia Nueva de esta ciudad, asimismo, se le tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Eduardo Edma Pérez Castro, Luis Felipe Márquez Millán, Maribel Avilez Osuna y Francia D. Favila Avilez. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 de la ley en comento, SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, para que en su caso, EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entregue los oficios derivados del mismo. Se autoriza a los Secretarios del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. De conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, y 5 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en nueve de mayo de dos mil dieciséis y reformada en veintisiete de enero de dos mil diecisiete; además con las disposiciones aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que, se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicada el seis de febrero de dos mil catorce, en el diario oficial de la federación. Por último, dígase a las partes y sus representantes que en el presente asunto podrán acceder electrónicamente para consultar, presentar recursos y promociones electrónicas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Por ese medio se notifica al quejoso, el auto de dieciséis de noviembre en curso, en el que se le informa que: Se desecha de plano la demanda de amparo

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 9,143 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano