Jesús Vega Alejandre

Expediente 378/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
378/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Jesús Vega Alejandre

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de ocho de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda que generó el presente juicio. En consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido...

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia constitucional dictada el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora, en el fallo protector pronunciado se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que las autoridades responsables Congreso y Gobernadora ambos del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, realicen lo siguiente: "No se aplique a las morales quejosas ACP Combustibles, Sociedad Anónima de Capital Variable y Abastecedora de Combustibles del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable, de forma presente y futura el impuesto por afectación al medio ambiente en el Estado de Baja California por las operaciones de venta de gasolina y derivados del petróleo, previsto en las reformas a los artículos 133, 134, 135 y 136 y transitorios de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California y artículo 8 bis y único transitorio de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, declaradas inconstitucionales, específicamente durante su vigencia, para lo cual, girarán las instrucciones necesarias a la autoridad correspondiente de recaudar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) a efecto de informarle que la peticionaria está exenta de su pago. En el supuesto de que las referidas morales hayan enterado o pagado el aludido impuesto, les sea devuelta la cantidad que hayan sufragado por ese concepto, así como los restantes pagos que hubiesen efectuado con posterioridad por la mencionada contribución, siempre y cuando los hubiere hecho, por lo que deberán instruir a la autoridad facultada para recolectar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) que las peticionarias tienen derecho a esa devolución." Así entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Congreso y Gobernadora ambos del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que dentro del término de tres días informe a este órgano de control constitucional, el cumplimiento que se sirvan dar a la ejecutoria de amparo de que se trata, apercibidas que de no hacerlo así, precisamente en el término concedido, se les impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, según lo dispuesto en el artículo 258 de la invocada normatividad; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento; sin perjuicio de que en su oportunidad, de ser procedente, se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso requerir al superior jerárquico de las citadas responsables, debido a que al ser poderes autónomos de esta entidad federativa, no se encuentran sometidas a la potestad de diverso ente institucional. En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a las autoridades antes señaladas, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberán atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de una diversa autoridad ligada por cualquier motivo a la autoridad responsable, ésta deberá, dentro del término que le ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 8/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XVII, Febrero de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que al rubro reza: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO." Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Víctor Manuel Avilés Cruz, quien autoriza y da fe. Jolb Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California. Avenida Paseo de los Héroes, número 10540, piso 2, Zona Río, Código postal 22010 Teléfono (664) 634-2138 "2022, Año de Ricardo Flores Magón". Oficio 23714 Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali. Oficio 23715 Gobernador del Estado de Baja California, Mexicali, Baja California. Oficio 23716 Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California. Ciudad. En los autos del juicio de amparo número 1407/2019-D3, promovido por Oscar David Aranda Murillo, se dictó un acuerdo que a la letra dice: "Tijuana, Baja California, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia constitucional dictada el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora, en el fallo protector pronunciado se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto que las autoridades responsables Congreso y Gobernadora ambos del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, realicen lo siguiente: "No se aplique a las morales quejosas ACP Combustibles, Sociedad Anónima de Capital Variable y Abastecedora de Combustibles del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable, de forma presente y futura el impuesto por afectación al medio ambiente en el Estado de Baja California por las operaciones de venta de gasolina y derivados del petróleo, previsto en las reformas a los artículos 133, 134, 135 y 136 y transitorios de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California y artículo 8 bis y único transitorio de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinte, declaradas inconstitucionales, específicamente durante su vigencia, para lo cual, girarán las instrucciones necesarias a la autoridad correspondiente de recaudar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) a efecto de informarle que la peticionaria está exenta de su pago. En el supuesto de que las referidas morales hayan enterado o pagado el aludido impuesto, les sea devuelta la cantidad que hayan sufragado por ese concepto, así como los restantes pagos que hubiesen efectuado con posterioridad por la mencionada contribución, siempre y cuando los hubiere hecho, por lo que deberán instruir a la autoridad facultada para recolectar esa contribución (Secretaría de Hacienda del Estado) que las peticionarias tienen derecho a esa devolución." Así entonces, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Congreso y Gobernadora ambos del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que dentro del término de tres días informe a este órgano de control constitucional, el cumplimiento que se sirvan dar a la ejecutoria de amparo de que se trata, apercibidas que de no hacerlo así, precisamente en el término concedido, se les impondrá multa por el equivalente a cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, según lo dispuesto en el artículo 258 de la invocada normatividad; medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir con el mandato judicial establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento; sin perjuicio de que en su oportunidad, de ser procedente, se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso requerir al superior jerárquico de las citadas responsables, debido a que al ser poderes autónomos de esta entidad federativa, no se encuentran sometidas a la potestad de diverso ente institucional. En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a las autoridades antes señaladas, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberán atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de una diversa autoridad ligada por cualquier motivo a la autoridad responsable, ésta deberá, dentro del término que le ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 8/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XVII, Febrero de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que al rubro reza: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO." Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Víctor Manuel Avilés Cruz, quien autoriza y da fe." Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes; en vía de notificación. A t e n t a m e n t e Víctor Manuel Avilés Cruz Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California Constancia de notificación Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California. De conformidad con la fracción I, del artículo 28 de la Ley de Amparo, firman el presente las autoridades notificadas o persona a quien se entrega en el domicilio de su oficina. Sección amparo Juicio de amparo: 134/2020-D3 Contenido: Causa ejecutoria, se requiere cumplimiento (30 de mayo de 2022) Autoridad: Oficio 23716 Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California. Ciudad. Mesa D3*

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