Jesús Vázquez García

Expediente 630/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
630/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Jesús Vázquez García

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Vázquez García, por propio derecho, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 630/2021 y fórmese expediente. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda. Bajo esa óptica, con fundamento en el artículo 62 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 constitucionales, el análisis de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, lo aleguen o no las partes. A juicio de este órgano de control constitucional, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5, fracción I, y 6, en relación con el diverso 7° de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5°, de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." En principio, debe tenerse presente que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, es decir, por quien perjudique la norma general, acto u omisión de autoridad, debiéndose entender por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una afectación indebida derivada de una ley, acto u omisión de autoridad. Luego, la procedencia del juicio de amparo en contra de una disposición general, acto u omisión de autoridad, debe referirse a la existencia de una parte agraviada, es decir, la existencia de una afectación de los intereses jurídicos de un particular. JESUS HUMBERTO MUÑOZ ESCOTO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.e8.0e 21/11/22 19:52:04 JUICIO DE AMPARO: 630/2021 5 El interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona e implica la existencia de dos presupuestos, que son la titularidad de un derecho subjetivo; y, que este derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. Por tanto, existe cuando una norma jurídica específica confiere un derecho determinado a un individuo, quien tiene la protección frente a cualquier persona o autoridad, del derecho conferido; es decir, el interés jurídico consiste en la titularidad de la prerrogativa que estima violada por el acto de autoridad. En otras palabras, éste resulta de la unión de: a. Un interés exclusivo, actual y directo; b. Que sea reconocido y tutelado por la ley; y, c. Que esta protección legal, se resuelva en aptitud de su titular, para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: JESUS HUMBERTO MUÑOZ ESCOTO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.e8.0e 21/11/22 19:52:04 6 "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente."1 Precisado lo anterior, el aquí quejoso Jesús Vázquez García, reclama en esta instancia constitucional 1 Consultable en la página 1598, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Décima Época, con número de registro 2019456. de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, lo siguiente: ".El acuerdo de fecha dos de diciembre del año dos mil veintiuno, en el cual la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, determinó vincularme como autoridad responsable, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de fecha veintiséis de enero del año dos mil quince, dictada en el expediente TCA/SRCH/072/2011, misma que se encuentra en ejecución ante la autoridad responsable". Asimismo, en el punto marcado como número "4" del capítulo de antecedentes del acto reclamado, el quejoso manifiesta lo siguiente: "4. Con fecha dos de septiembre del año dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala Superior dictó un acuerdo, el cual nos fue notificado el día seis de diciembre de esa misma anualidad, por el que determinó que el suscrito al ostentar un cargo en el Ayuntamiento debía en consecuencia dar cumplimiento a la sentencia dictada dentro del expediente TCA/SRCH/072/2011, lo anterior sin haber sido oído y vencido al juicio." En ese sentido, de los anexos de la demanda de amparo, el quejoso anexa copia certificada del "nombramiento" que lo acredita como "TESORERO MUNICIPAL" del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero. Sin embargo, dicha determinación que lo vincula al cumplimiento de la sentencia en el juicio de origen con el carácter que ostenta, no invade la esfera jurídica del particular, dado que el auto de vinculación al cumplimiento es en su carácter de servidor público de la persona moral oficial demandada en el juicio natural, es decir, a quien ostenta el cargo de tesorero del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan, Guerrero, por lo cual no implica una afectación en su esfera jurídica. Resulta ilustrativa en el caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 45/2003, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.- Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado."2 Asimismo, tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 128/2017, aprobada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que reza: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, 2 Consultable en la página doscientos cincuenta y cuatro, Tomo XVII, Junio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos."3 Lo anterior, ya que el carácter con que se ostenta en el presente juicio constitucional, se encuentra justificado con el documento que en copia certificada adjuntó a la demanda de amparo, al que se le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, ya que fue expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En virtud de ello, es dable concluir, que el referido Tesorero del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Mártir de Cuilapan, Guerrero, como tal, carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo, dado que las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber: como entidad pública o como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público; en tanto que en la segunda situación, actúa en las 3 Visible en la página 1022, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Décima Época, con número de registro mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y forma que los gobernados. La mencionada equiparación en el desarrollo de actividades inspiró al legislador a dotar al Estado y a sus personas morales oficiales de idénticos derechos tutelares que los del individuo, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales que están protegidas por el juicio constitucional. De lo expuesto se advierte que la hipótesis de excepción en comento sólo se actualiza en los casos en que las autoridades no actúan como tales, es decir, cuando defienden intereses patrimoniales, pues en tal hipótesis acuden al juicio de amparo en calidad de particulares, pero no como personas morales oficiales. Por consiguiente, es dable concluir que las personas morales oficiales (la Nación, los Estados, los Municipios y demás entidades de carácter público reconocidas por la ley con tal calidad), pueden ejercer la acción constitucional únicamente en los casos en que el acto o la ley reclamados afecten sus intereses patrimoniales, de manera que si no se infringen ese tipo de derechos, el amparo que al respecto promueva la entidad de carácter público será improcedente, al carecer de legitimación para cuestionar su constitucionalidad, pues como ya se apuntó, los aludidos entes oficiales sólo se encuentran legitimados para acudir en demanda de amparo cuando el acto de una autoridad afecta de manera exclusiva algún derecho de contenido patrimonial, y por cuanto no actúen en su función de derecho público, sino como personas morales de derecho privado. En ese contexto, es indudable que por disposición expresa del legislador, la procedencia de la acción constitucional ejercida por personas morales oficiales está condicionada a que el perjuicio que resientan sea de carácter patrimonial. Por tal motivo, puede sostenerse que la única excepción que contempla la Ley de Amparo a fin de que las personas morales de derecho público estén legitimadas para ejercitar la acción constitucional, radica en que la ley o acto autoritario que reclamen, menoscabe su patrimonio, esto es, que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que son titulares, como son los bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones administrativas. Por las razones expuestas, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia previamente anunciada, por ende, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo de mérito. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Asimismo, como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, a Alberth Sánchez Jiménez, Miguel Ángel Ramírez Sierra, Carlos Obed Jesús Contreras y José Manuel de la Cruz Altamirano, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.

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