Jesús Vanessa Camacho Díaz

Expediente 1175/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1175/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/08/2019

Partes del expediente

  • Jesús Vanessa Camacho Díaz
  • Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS... NO SE INTERPUSO RECURSO DE QUEJA... HA CAUSADO ESTADO... SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO... ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN...

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veintiséis de julio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Vanessa Camacho Diaz, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad, regístrese en el libro de gobierno con el número 1175/2019-II-11, fórmese expediente y háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez del conocimiento debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, registro 180663, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En ese sentido, analizada la demanda este juzgador advierte que respecto de los actos reclamados, consistentes en el acuerdo dictado el uno de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 3097/2019, en el que la Junta responsable señaló el cuatro de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y la omisión del actuario adscrito a la Junta, de realizar la notificación y emplazamiento de los demandados, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V; todos de la Ley de Amparo, el último interpretado en sentido contrario, pues no ha transcurrido un término excesivo para considerar que existe una dilación procesal para la realización de lo que se reclama. Los artículos de mérito, en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [...] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." (.) "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" En ese sentido, se debe entender que, para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación es aquel que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal. En efecto, en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, materia Común, página 39, registro 2006589, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Atendiendo a lo señalado como actos destacados, precisados con antelación, no pueden traducirse en una paralización total del procedimiento o que exista una abierta dilación por parte de la autoridad responsable; por consiguiente, no existe violación al artículo 17 Constitucional. Así, toda vez que los actos reclamados no satisfacen las condiciones para que sea considerado como que tenga una ejecución irreparable, ya que no producen de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental de la quejosa, y no necesariamente trascienden al resultado del fallo, atento a lo dispuesto en el artículo 172, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de amparo. Esto es, el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios, de ahí que la omisión de la autoridad jurisdiccional de proseguir en tiempo con el juicio de amparo no afecta derechos sustantivos, al tratarse de una afectación cometida dentro de un procedimiento que no puede considerarse de ejecución irreparable, toda vez que son violaciones de carácter adjetivo que no necesariamente llegará a trascender en el resultado del fallo, por tanto, es improcedente el juicio de amparo a menos que se advierta de la demanda una abierta dilación del procedimiento o su abierta paralización. Respecto del tema tratado, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1086, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, registro 2011580, con rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Ahora, de lo que se duele la aquí quejosa es del acuerdo dictado el uno de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 3097/2019, en el que la Junta responsable señaló el cuatro de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y la omisión del actuario adscrito a la Junta, de realizar la notificación y emplazamiento de los demandados, por tanto, a la fecha no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total que hagan procedente el juicio de amparo; ya que el camino procesal no se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que se lleva en el proceso jurisdiccional, atendiendo a la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso laboral; y tomando en cuenta: a) La complejidad del asunto, ya sea técnica, jurídica o material; b) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento; c) La conducta de la autoridad laboral, es decir, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo; d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso; y, e) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa; También, resulta necesario señalar, que la Segunda Sala, consideró que el amparo indirecto en materia laboral, procede contra dilaciones presuntamente excesivas que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento, en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, y para que tal circunstancia acontezca deben transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos; mismos que comenzarían a computarse de la siguiente manera: JULIO L M M J V S D 1 Presentación de la demanda laboral. 2 (Inicio del término de 5 para notificar y 15 días, arts. 750 y 873 LFT). 3 4 5 6 7 8 (Fin del término de 5 días, arts. 750 LFT). 9 Inicia plazo de 45 días establecidos por la Segunda Sala de la SCJN, respecto de la omisión de notificación y emplazamiento. (1) 10 (2) 11 (3) 12 (4) 13 (5) 14 (6) 15 (7) 16 (8) 17 (9) 18 (10) 19 (11) 20 (12) 21 (13) 22 (14) 23 (15) 24 (16) Fecha de presentación de la demanda de amparo. 25 (17) 26 (18) 27 (19) 28 (20) 29 (21) 30 (22) 31 (23) AGOSTO L M M J V S D 1 (24) 2 (25) 3 (26) 4 (27) 5 (28) 6 (Fin del término de 15 días, art. 873 LFT) (29) 7 Inicia plazo de 45 días establecidos por la Segunda Sala de la SCJN, respecto del acto reclamado como fecha lejana. (1) (30) 8 (2) (31) 9 (3) (32) 10 (4) (33) 11 (5) (34) 12 (6) (35) 13 (7) (36) 14 (8) (37) 15 (9) (38) 16 (10) (39) 17 (11) (40) 18 (12) (41) 19 (13) (42) 20 (14) (43) 21 (15) (44) 22 (16) (45) Fin del plazo de 45 días, respecto del acto reclamado como falta de notificación y emplazamiento 23 (17) 24 (18) 25 (19) 26 (20) 27 (21) 28 (22) 29 (23) 30 (24) 31 (25) SEPTIEMBRE L M M J V S D 1 (26) 2 (27) 3 (28) 4 (29) 5 (30) 6 (31) 7 (32) 8 (33) 9 (34) 10 (35) 11 (36) 12 (37) 13 (38) 14 (39) 15 (40) 16 (41) 17 (42) 18 (43) 19 (44) 20 Fin del plazo de 45 días establecidos por la Segunda Sala de la SCJN, respecto al acto reclamado como fecha lejana. (45) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 En ese orden de ideas, la parte quejosa confiesa que presentó su demanda laboral el uno de julio del año en curso, por tanto en términos de la jurisprudencia obligatoria para este órgano jurisdiccional conforme al artículo 217, de la Ley de Amparo, se encontrará legitimado para instar la acción inconstitucional por una abierta dilación al procedimiento a partir de los días veintitrés de agosto del año en curso, respecto del acto reclamado al actuario adscrito a la Junta responsable, consistente en la falta de notificación y emplazamiento de los terceros interesados y desde el veintiuno de septiembre de la presente anualidad, respecto de la fecha lejana señalada por la Junta responsable para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, un día posterior al en que vencen los términos de cuarenta y cinco días a partir de que se debieron llevar a cabo los actos que aquí reclama a las autoridades responsables. Por lo que, analizado lo anterior, se tiene que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no ha transcurrido el referido lapso de tiempo excesivo, para la continuación de las etapas procesales del juicio laboral, para poder considerar que se presenta una dilación presuntamente excesiva para la realización de las diligencias reclamadas, como se indica en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.). De ahí que el término de cuarenta y cinco días, que como mínimo señala la Segunda Sala, para que deba promoverse el juicio de control constitucional en el caso de dilaciones procesales no ha transcurrido. Es así, ya que la Segunda Sala del Más Alto Tribunal ha determinado como estándar mínimo objetivo que ofrece seguridad jurídica a las partes en el juicio y por ello, se establece que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron llevarse a cabo los actos procesales respectivos. Con este razonamiento no se dejan de lado, los derechos dentro del proceso, contenidos tanto en los artículos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como en el numeral 17, de la Carta Magna; pues se atiende el caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir la decisión de que en el caso concreto no se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ni una demora prolongada, sin justificación. Lo que encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el viernes 01 de marzo de 2019 10:04 h, materia Común, registro 2019400, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Lo dicho atiende así, a la razonabilidad en el trámite, conforme a la sobrecarga de trabajo, reflexionando sobre el volumen de litigios y número de tribunales, lo cual deviene en un hecho notorio, desde el punto de vista jurídico, conforme al artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y con apoyo además en la jurisprudencia con número 163, del Pleno del Más Alto Tribunal, visible en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 4. Controversias constitucionales Primera Parte - SCJN, Materia Común, Novena Época, página 4693, registro 1000477, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO." Sirve de apoyo la tesis I.4o.A.5 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2, materia Constitucional, página 1453, registro 2002351, de rubro: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO." Ello no implica afectación sobre los derechos del gobernado, razonando que, derivado de la contradicción de tesis 294/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre este problema jurídico, que consistió en determinar si existe un plazo genérico para que las partes en un juicio en materia laboral, puedan promover un amparo en la vía indirecta en contra de las dilaciones procesales que se pudieran traducir en una paralización total del procedimiento, entre las cuales puede ser la omisión de la autoridad laboral de proseguir en tiempo con el juicio. La Sala sostuvo que para proporcionar seguridad jurídica a las partes, y para efecto de la procedencia del juicio de amparo en contra de las presuntas dilaciones excesivas en el dictado de proveídos y laudos; la demanda de amparo debe promoverse cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. En razón de lo anterior, procede el desechamiento de la demanda por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el recurso de queja 163/2019, de su índice, en sesión de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en el que, en un asunto análogo al presente, declaró infundado el medio de impugnación referido, al estimar que no se actualizaba una abierta dilación procesal puesto que no había transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días naturales -señalados en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) -. No pasa inadvertida la resolución del recurso de queja 13/2019 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, correspondiente a la sesión de siete de marzo de dos mil diecinueve, ni la jurisprudencia VII.1o.C. J/1, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA.", en el sentido de que en el caso se desecha una demanda de amparo, tomando en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, de los cuales se advierte la existencia de una causa de improcedencia; empero, este desechamiento, así decretado, no contraviene lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que exige que el motivo que impida la procedencia de la acción constitucional, sea manifiesto y también indudable; entendiéndose que lo manifiesto es lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. Es así, ya que en el caso, basta la convicción que se forma el juzgador de los hechos y circunstancias descritos en la demanda y su anexo consistente en el acuse de recibo del escrito presentado ante la potestad de la responsable el veintiuno de junio del año en curso, para ordenar su desechamiento, pues en la especie, la causal es indudable, esto es, está plenamente demostrada, con el acuse exhibido; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto sirve de apoyo la jurisprudencia con número 748, visible en el Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, ParteTCC, materia Común, página 504, registro 394704, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Bajo esta óptica, y al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia reguladas por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V; todos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por lo que hace a los actos reclamados, consistentes en el acuerdo dictado el uno de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 3097/2019, en el que la Junta responsable señaló el cuatro de octubre del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y la omisión del actuario adscrito a la Junta, de realizar la notificación y emplazamiento de los demandados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Mariano Suárez Reyes, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de Arturo Arellano Lastra, Secretario que da fe.

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