Jesús Valentín Rivas Rodríguez

Expediente 676/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
676/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Jesús Valentín Rivas Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieran recurrido la sentencia de nueve de noviembre del año en curso, que sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 2, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de la responsable no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se le haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso b), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General". Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. Luego, cabe precisar que el acto reclamado en el presente asunto deriva de un procedimiento laboral, por ende, no se ubica en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 15 del invocado Acuerdo General, motivo por el que no se considera de información reservada y dado que se actúa en el presente cuadernillo, no obran documentos originales por devolver.

  2. Principal

    En Chihuahua, Chihuahua, a las once horas con diez minutos del nueve de noviembre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, la licenciada María Guadalupe Contreras Jurado, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Sandra Guadalupe Pardo Muñiz, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia pública, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo y el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1) Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y 2) Actuario adscrito a dicha Junta en esta ciudad. La Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, acuerda: de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de antecedentes. A continuación, se abre el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, donde se da cuenta a la Juez con las documentales que remitió por las responsables a su informe justificado, así como las diversas documentales acordadas el seis de octubre de dos mil veinte. La Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la misma ley, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas antes indicadas, para todos los efectos legales. Respecto de la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto (legal y humana) ofrecidas por la autoridad responsable, se tienen por admitidas en todo lo que favorezca a sus intereses. Con lo que se cierra esta etapa. Luego, se pasa a la etapa de alegatos se hace constar que las partes fueron omisas en hacer manifestación alguna al respecto; por lo que se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTO, para resolver el juicio de amparo 676/2020, promovido por Jesús Valentín Rivas Rodríguez, por conducto de apoderado legal Jesús Horacio Muñoz Torres, contra actos del responsable 1) Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y 2) Actuario adscrito a dicha Junta en esta ciudad; los que estimó violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14, 16, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. Por demanda presentada en línea y recibida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el diez de julio de dos mil veinte, y en la misma fecha ante este Juzgado Federal, Jesús Valentín Rivas Rodríguez, por conducto de su apoderado legal Jesús Horacio Muñoz Torres, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades indicadas, y por los actos que se precisan: "IV. ACTO RECLMADO: Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres (sic) de la Local de Conciliación y Arbitraje, reclamo la OMISIÓN DE CITAR A LOS RATIFICANTES OFRECIDOS POR LA PARTE ACTORA, dentro del juicio laboral que sigue el actor bajo el número de expediente 3/14/4213, y del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, la omisión de sancionar al Actuario adscrito a su Junta, o bien, de proveer lo conducente a efecto de llevar a cabo sus determinaciones, es decir, el ordenamiento de citar a los testigos ofrecidos por la demandada. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de julio de mil veinte, previo escrito aclaratorio se admitió la demanda de garantías bajo el número estadístico 676/2020-I; por un lado, se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. TERCERO. Asimismo, importa señalar que en tres de agosto de dos mil veinte, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron los plazos del presente, los cuales se encontraban suspendidos en virtud de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 relativos al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia de los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado de Virus Covid-19. De igual forma de conformidad con la Circular SECNO/24/2020, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en que precisó que los órganos jurisdiccionales de este Decimoséptimo Circuito, se retrotraen al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que se difirió en una ocasión por razones legales e inició el día de hoy al tenor del acta que antecede, sin la asistencia de las partes; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, tercer párrafo y 107 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que el acto omisivo impugnado se atribuye a autoridades laborales que residen en esta ciudad donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que la parte quejosa reclama específicamente: La omisión de citar a los testigos ofrecidos por la parte actora en el expediente laboral 3/14/4213, del índice de la responsable, promovido por el ahora quejoso en contra de El Moro Construcciones y Obra Civil, Sociedad de Anónima de Capital Variable. Así las cosas, este Órgano de Control Constitucional procede al análisis de la certeza o inexistencia del acto reclamado. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables 1) Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje y 2) Actuario adscrito a dicha Junta, no obstante que las autoridades negaron el acto que se reclama, sin embargo dicha negativa se desvirtúa. Certeza que se corrobora con la documental que anexó las responsables a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 3/14/4213 de su índice promovido por Jesús Valentín Rivas Rodríguez en Contra de Moro Construcciones y Obra Civil, Sociedad Anónima de Capital Variable. Documental a las que con fundamento en los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se concede valor probatorio pleno como documental pública, en virtud que se trata de copias certificadas de las actuaciones existentes en el expediente 3/14/4213, expedidas por una autoridad con motivo o en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. La procedencia del juicio de garantías es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juzgador aún de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo sustentado por la jurisprudencia número 814, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, tomo VI, Materia Común, página 553, que literalmente dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" El numeral es claro al establecer que el juicio de garantías deviene improcedente, cuando por alguna causa posterior a la interposición de la demanda de garantías, cesan los efectos del acto que se haya reclamado. Para que se actualice la indicada causal de improcedencia, las consecuencias que fueron generadas con el acto reclamado, según sea de carácter positivo o negativo, deben ser destruidas en forma total e incondicional a fin de considerar que opera la causa de improcedencia aludida. Lo anterior, toda vez que de las constancias remitidas por las responsables adjuntas a su informe, relativas al expediente laboral 3/14/4213 promovido por Jesús Valentín Rivas Rodríguez en Contra de Moro Construcciones y Obra Civil, Sociedad Anónima de Capital Variable, se desprende que en proveído de veinte de octubre de dos mil veinte, la responsable se pronunció en relación a la notificación o citación del testigo Jorge Luis Álvarez Amodovar, en el que determinó: ".En virtud de lo anterior y toda vez que de autos se desprende que la parte actora no se ha pronunciado a la prevención realizada por este tribunal mediante audiencia de fecha 09 DE OCTUBRE DE 2020, a efecto de que en un TÉRMINO DE TRES DÍAS, se sirviera proporcionar el domicilio correcto y/o completo del C. JORGE LUIS ALVAREZ ALMODOVAR y la misma no se manifestó en ningún sentido, es por lo que en este acto se le hacen efectivos los apercibimientos decretados en audiencia de fecha 09 DE OCTUBRE DE 2020, en el sentido de que se le tiene por DESIERTO dicho medio de prueba por no proporcionar los elementos necesarios para su desahogo, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar." Aunado a que las testimoniales de José Humberto Maldonado Maldonado y Jaime Nuñez Ibarra, ya fueron desahogados en diligencia de once de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que únicamente se encontraba pendiente la relativa a Jorge Luis Alvarez Almodóvar, mismo que no pudo ser notificado en los domicilio que fueron proporcionados por la parte actora, tal como se desprende de las razones actuariales que fueron adjuntadas. De ahí que, el acto que por esta vía se reclama consistente en la omisión de las autoridades responsables de citar a Jorge Luis Alvarez Almodóvar, debe estimarse que ha cesado el acto reclamado en el presente juicio, ya que con la emisión del auto de veinte de octubre de dos mil veinte, transcrito líneas precedentes, cesó la omisión reclamada, con la determinación de la responsable de tener por desierto, dicho medio de prueba al no haber proporcionado los elementos necesarios para su desahogo. En efecto, y toda vez que para la actualización de la causal de improcedencia que se analiza no se requiere obligadamente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia III.2o.C J/22, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página número mil quinientos setenta y nueve, Tomo XXIII, Febrero de dos mil seis, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACION DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Y, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no obstante que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese orden de ideas, es evidente que en el caso, sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho Ordenamiento Legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Finalmente, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio, este Juzgado se encuentra impedido a entrar al estudio del fondo del asunto, según criterio contenido en la jurisprudencia II.3o. J/58, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página cincuenta y siete, Tomo 70 de octubre de mil novecientos noventa y tres, Materia Común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice al texto lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En tal virtud, se determina que al actualizarse la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio de garantías, en relación a los actos reclamados en estudio en el presente considerando, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. QUINTO. Notificación de la sentencia. Conforme a lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 1, fracción IV, del propio Acuerdo, no corren plazos ni términos procesales, por lo que la notificación de la presente resolución se tendrá por hecha a partir de que se normalicen las actividades de este juzgado. R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 676/2020, promovido por Jesús Valentín Rivas Rodríguez, contra las autoridades y por los actos precisados en la presente resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese partir de que se normalicen las actividades de este juzgado y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, agréguese para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta signado por los integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad; mediante el cual remite copia del acuerdo de veinte de octubre del año en curso, dictado en el expediente 3/14/4213 de su índice, respecto del cual se acordará lo conducente al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, ello con fundamento en el precepto 119 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, agréguense para los efectos legales a que haya lugar los oficios que remiten los integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y el Actuario adscrito a la misma, residentes en esta ciudad; mediante el cual remite diversas constancias que integran el expediente 3/14/4213, de su índice, respecto del cual se acordará lo conducente al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, ello con fundamento en el precepto 119 de la Ley de Amparo. Sin embargo, dígasele a las responsables, que una vez que se celebre la audiencia de nueve de octubre de dos mil veinte, remita las constancias respectivas.

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