Jesus Valencia Rojas
Expediente 725/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jesus Valencia Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: habiendo transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA VI. Agréguese a estos autos el escrito José Antonio Marín Flores autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita se le devuelva los documentos que adjuntó en su demanda y ampliación de amparo; en consecuencia, en virtud de no encontrarse impedimento legal alguno, devuélvasele la documentación de referencia, por el conducto que indica, previa identificación y razón de recibo que se otorgue en autos, así como certificación de entrega que de la misma se haga, dejándose copia simple de dichas actuaciones para que obre en el presente asunto, autorizando para recibir dicha documentación a las personas que menciona en dicho ocurso.
- Principal
Agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso ************con el cual pretende ampliar su demanda de amparo en cuanto a un nuevo acto que reclama del Presidente Municipal de Cuzamá, Yucatán, siendo este la clausura del local comercial de la *******************. Sin embargo, de la revisión del estado procesal que guardan estos autos se advierte que en proveído de veintidós de agosto del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, al considerar que cesaron los efectos del acto reclamado en la demanda de amparo primigenia. En consecuencia, NO HA LUGAR A TENER POR AMPLIADA LA DEMANDA DE AMPARO, en razón de lo asentado en el párrafo que antecede. Asimismo, este juzgador no soslaya las manifestaciones que realiza el quejoso, en relación con la privación de la libertad de diversas personas dentro del inmueble al que hace referencia; sin embargo, de la lectura integral del escrito de ampliación, así como de las constancias que adjunta a éste, se advierte que posterior a la clausura que reclama, se permitió la salida de estas personas del inmueble, situación que se corrobora con los escritos anexados al escrito de ampliación signados por ******************, quienes aparentemente fueron las personas privadas de su libertad, en donde narran los hechos acontecidos y manifiestan haber sido puestas en libertad por las autoridades responsables. Por todo lo anterior, es que se reitera, que no ha lugar a tramitar la ampliación solicitada.
- Principal
MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el dieciséis de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de las autoridades responsables, al cual adjuntaron copia certificada del oficio sin número de fecha nueve de los corrientes, notificado de forma persona el día diez. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la falta de respuesta de las responsables a su escrito presentado ante las mismas el tres de mayo del año en curso, mediante el cual solicitó se le autorice una licencia comercial de la tortillería "El Michoacano" ubicada en la calle quince, número ciento uno, por dieciséis y dieciocho, de Cuzamá, Yucatán. En consecuencia, en el caso a estudio se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de actos que ya no afectan al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, como ya se ha dicho, se reclamó la falta de respuesta al escrito presentado por el quejoso en fecha tres de mayo del año en curso, en el que solicitó se le autorice una licencia comercial de la tortillería "El Michoacano" ubicada en la calle quince, número ciento uno, por dieciséis y dieciocho, de Cuzamá, Yucatán. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Presidente Municipal responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el por oficio sin número de nueve de agosto del año en curso, dio contestación al escrito presentado por el quejoso, manifestándole lo siguiente: "(.), antes de resolver sobre la procedencia o no de su solicitud, le requiero para que en el término improrrogable de tres días, (.), exhiba antes esta autoridad municipal copia certificada del documento que le acredite a Usted la legal propiedad y/o posesión del predio donde pretende dicha autorización y que lo es el ubicado en calle 15, #101, x 16 y 18, de este municipio de Cuzamá, Yucatán, mismo documento que deberá estar debidamente autorizado ante Fedatario Público. (.)" Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de las omisiones atribuidas a la autoridad responsable, al haberse demostrado que por oficio sin número de nueve de agosto del año en curso, de forma congruente dio contestación al escrito presentado por el quejoso el tres de mayo del presente año, así como le fue notificado de manera personal el diez de los corrientes, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
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