Jesús Valdes Romero

Expediente 251/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
251/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Jesús Valdes Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    I. con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa, la sentencia engrosada el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: RESULTANDO.... PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad y turnado el mismo día a éste órgano jurisdiccional, el quejoso Jesús Valdés Romero, promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2 - 6). SEGUNDO. Trámite. Por auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; se requirió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; dio la intervención que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y fijó fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional (fojas 7 - 11). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 69 - 121) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por cuestión de la vía, pues se reclama la violación al derecho de acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, impugnable en amparo indirecto La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que el acto reclamado no precisa de ejecución alguna, pues se trata de un acto omiso; de ahí la competencia de este órgano para conocer y resolver el presente asunto, al haber recibido, por cuestión de turno, la demanda de mérito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, siendo en este caso el siguiente: La omisión de ser emplazado en el juicio ordinario civil 104/1994, del índice al Juzgado Cuarto de Primera Instancia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable 1. Notificador y/o Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir informe justificado reconoció la existencia del acto que se le atribuye (foja 69). Lo que se constata, en razón que la autoridad responsable remitió copia certificada del expediente 104/1994 de su índice, (foja 70 - 121) en el que se advierte que la autoridad responsable omitió realizar el emplazamiento reclamado por la parte quejosa. Documento que alcanza pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Jurisprudencia que si bien se integró con anterioridad a la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la misma resulta vigente y aplicable en tanto que no se opone a dicha ley, conforme lo dispone su artículo sexto transitorio. QUINTO. Procedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional. En el caso, en criterio de este juzgador, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, este último a contrario sensu, de la Ley de Amparo, dado que no es un acto de imposible reparación, como a continuación se explicará. Lo anterior se considera así, pues el acto que se reclama por el quejoso no reviste una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna. MARCO NORMATIVO Los artículos citados son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ... " Como puede advertirse de los aludidos preceptos normativos, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. En relación con ello, es necesario precisar que actualmente el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios orientadores a la luz de la nueva Ley de Amparo, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que, por sus consecuencias dentro del juicio, son de imposible reparación. Dicho alto Tribunal sostuvo que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y, no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Así como que, tal interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo y; la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Esas consideraciones se contienen en la jurisprudencia P./J.37/2014, que se lee: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Y se retoman en la diversa jurisprudencia PC.I.C. J/7 C (10a.), de contenido: "COMPETENCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 55/2003). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 55/2003, sostuvo que el juicio de amparo indirecto procede, de manera excepcional y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada debe reponerse el procedimiento, lo que trae como consecuencia retardar la impartición de justicia, contrariando el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, ese criterio fue pronunciado conforme al marco legal anterior al 3 de abril de 2013. Ahora bien, en observancia a la diversa jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", procede establecer que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por éstos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal previó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que, sin ulterior recurso, desecha o desestima la excepción de falta de competencia, pues para la promoción de dicho juicio contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, deben cumplirse dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De acuerdo con lo anterior, resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 55/2003, e improcedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que aquélla se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento." Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.", lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Hasta aquí las anteriores premisas. ANTECEDENTES A fin de demostrar el motivo de improcedencia aludido, se torna necesario relatar los antecedentes del referido acto reclamado, que se advierte de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable a saber: 1.- El diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, Gaudencia Morales Cazarín demandó en vía ordinaria civil a Jesús Valdés Romero el pago de pensión alimenticia en favor de sus hijos de apellidos Valdés Morales (foja 71 - 80). 2.- Por auto de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, acordó: admitir la demanda en la vía y forma propuesta; radicarla con el número de juicio 104/1994; emplazar al demandado Jesús Valdés Romero en el domicilio proporcionado por la actora, el cual se envió exhorto al otrora Distrito Federal y, correrle traslado con las copias simples exhibidas de la demanda, así también decretó como pensión alimenticia provisional del cincuenta por ciento (50%) de sueldo y demás prestaciones a favor de sus hijos. (foja 81). 3.- En razón actuarial de primero de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, la secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Tercero de lo Familiar, con sede en el anteriormente denominado Distrito Federal, señaló que fue imposible realizar el emplazamiento correspondiente, debido a que no localizó la dirección proporcionada por la parte actora y, como consecuencia, se devolvió la comunicación sin diligenciar al juzgado de origen (foja 99). 4.- En proveído de tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro, se giró oficio al representante legal de la Armada de México, para que procediera a realizar los descuentos a la parte demanda, aquí parte quejosa Jesús Valdés Romero del cincuenta por ciento (50%) por concepto de pensión alimenticia (foja 102). 5.- Por oficio II/0802/94, emitido por la Dirección de Vigencia de Derechos y Control de Pago Subdirección de Control y Pago, Departamento de Nómina del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, informó que se le descontará mensualmente del Haber de Retiro a Jesús Valdés Romero, la cantidad de $463.78 (cuatrocientos sesenta y tres pesos 78/100 M.N.) por conceptos de pensión alimenticia a favor de sus hijos con apellidos Valdés Morales (foja 104). 6.- Finalmente, por auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por reingresado los autos del expediente 104/1994, debido a que el mismo se encontraba en el Archivo General, y se requirió a la parte actora Gaudencia Morales Cazarín, proporcionara nuevo domicilio del demandado Jesús Valdés Romero, con el fin de poder ser emplazado (fojas 110 - 111) Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN Así pues, ante dicho panorama normativo, se evidencia que en el caso a estudio no se actualizan los supuestos establecidos por la Suprema Corte para considerar al acto aquí reclamado, como de imposible reparación, pues no afecta de manera directa, inmediata y actual, alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio natural, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la prerrogativa fundamental. Lo que es así, en la medida que el acto aquí reclamado únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, deducido de la eventual infracción a derechos adjetivos y, cuya posible afectación no resulta actual, tomando en cuenta que no puede considerarse que tenga el carácter de definitivo y sus efectos son meramente procesales. En efecto, el acto reclamado consistente en la omisión de ser emplazado en el juicio ordinario civil 104/1994, del índice al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, no constituye actos que tengan ejecución de reparación imposible y, por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo. Lo anterior se sostiene así, ya que la parte quejosa aún no ha sido emplazada al juicio de origen, así también, es importante destacar que el juicio ordinario civil 104/1994, hasta el veintiséis de abril del dos mil veintitrés, se hallaba en el Archivo General, ya que el mismo se encontraba inactivo, esto debido a que la última actuación fue el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. Se precisa que, con la interposición del presente juicio de garantías, el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, tuvo por reingresado los autos del juicio 104/1994, dejando los autos en el archivo del órgano en espera de promoción alguna por parte de la parte actora, así también, requirió a la misma para que en el plazo de tres días, proporcionara nuevo domicilio del demandado Jesús Valdés Romero, con el fin de poder ser emplazado. También es menester señalar, que a pesar de encontrarse en autos el oficio II/0802/94, emitido por la Dirección de Vigencia de Derechos y Control de Pago Subdirección de Control y Pago, Departamento de Nómina del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, informando que se le descontarían mensualmente del Haber de Retiro a Jesús Valdés Romero, la cantidad de $463.78 (cuatrocientos sesenta y tres pesos 78/100 M.N.) por conceptos de pensión alimenticia a favor de sus hijos con apellidos Valdés Morales, no menos es cierto, que no se observa constancia alguna de que efectivamente se realizaron dichos descuentos desde el año mil novecientos noventa y cuatro. Por lo anteriormente mencionado, se estima que tal omisión no afecta derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, pues el aquí quejoso, en todo caso, puede apersonarse en el juicio de origen, ahora que el mismo reingresó al Juzgado de donde está adscrita la autoridad responsable y obtener al finalizar el procedimiento respectivo, una sentencia favorable a sus intereses, sin que dichas violaciones hayan trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica; o bien, de no ser así, éstas son susceptibles de ser reclamadas mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución de segunda instancia que confirme la de primera, en términos de lo establecido en los artículos 170, 171 y 172, fracciones VIII y XII, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues sobre la base de las premisas establecidas con antelación, se pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la resolución definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, pues lo que hace procedente el juicio de amparo en la vía directa, es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las defensas del quejoso, pues hay casos en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometieron aquéllas, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente violaciones procesales, como en la especie acontece, el juicio deviene improcedente. Resulta aplicable la jurisprudencia IV.20.C.J/2 (10a.), que se lee: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA, RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA')", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción 111, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis, en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos ". que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ..." Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Y es que no deben soslayarse los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de irreparabilidad, que consiste en que los actos procesales tienen esa característica, siempre que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los denominados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, por medio de los derechos humanos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, se considera que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo tratándose de actos dentro de juicio, depende de que se trastoquen derechos sustantivos. Tiene aplicación la tesisI.10º.C.1.C (11ª), de contenido: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO CONSTITUYE EL AUTO QUE ORDENA OFICIOSAMENTE PRACTICAR DE NUEVA CUENTA EL EMPLAZAMIENTO AL DEMANDADO EN EL JUICIO CIVIL, AL NO AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, PUES NO TRASCIENDE A LA PERSONA O BIENES DEL ACTOR MÁS ALLÁ DE LO MERAMENTE PROCEDIMENTAL. Hechos: En un juicio especial hipotecario el Juez del conocimiento ordenó, oficiosamente, practicar de nueva cuenta el emplazamiento al demandado al estimar que la diligencia respectiva se realizó contrario a derecho. El actor interpuso recurso de apelación en contra de ese acuerdo, el cual fue confirmado por el tribunal de alzada. Contra este último acto el accionante presentó demanda de amparo indirecto, la cual fue desechada de plano por el Juez de Distrito, al considerar que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el auto que ordena oficiosamente practicar de nueva cuenta el emplazamiento al demandado en el juicio civil, no afecta materialmente derechos sustantivos, pues no reúne los requisitos legales para ser considerado como un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, por lo que en tal supuesto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues no trasciende a la persona o bienes del actor más allá de lo meramente procedimental. Justificación: Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente para impugnar aquellos actos de autoridad cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. En relación con el sentido y alcance del precepto anteriormente citado, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para reputar un acto intraprocesal como de imposible reparación, es necesario que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, es decir, que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Así, la irreparabilidad depende de dos condicionantes: la primera, traducida en que la afectación material de derechos a que alude el citado artículo y fracción equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, aunque en el juicio de amparo se alegue la transgresión directa a un derecho que, en principio, pueda reputarse de carácter sustantivo, como son los consagrados en los artículos 8o., 14, 16 y 17 de la Constitución General, ello es insuficiente para estimar que el acto reclamado produce efectos de imposible reparación, si esa afectación no se produce en forma independiente, sino dentro del propio procedimiento en que el quejoso es parte, en cuyo caso, adquiere la connotación de ser una violación adjetiva o procesal, pues no se trata de una infracción autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. De acuerdo con lo anterior, si el acto de autoridad impugnado carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en razón de que el actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, entonces, en tales supuestos no se estará en presencia de un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. Partiendo de esas bases, es dable sostener que cuando a través del juicio de amparo indirecto se impugne un acto emitido dentro de un juicio y se advierta que el mismo no lesiona ningún derecho sustantivo del quejoso, sino que, en todo caso, la referida determinación judicial únicamente afecta bienes jurídicos cuya fuente proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, dado que solamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento judicial de origen, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, entonces, se actualizará la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del diverso 107, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por lo tanto, el destacado acto reclamado no es de imposible reparación que deba ser impugnado en amparo indirecto, ya que como se ha señalado, al no practicarse el emplazamiento en un juicio que se encontraba en Archivo General por su inactividad, ya que la última actuación había sido desde el uno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa. De acuerdo con lo anterior, resulta palmario que no reúne las características legales para ser considerada como de imposible reparación, puesto que tal omisión no lesiona ningún derecho sustantivo del quejoso, ya que, en todo caso, únicamente afecta bienes jurídicos cuya fuente proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, dado que solamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento judicial, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental. CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se concreta el motivo de improcedencia aquí analizado contra el destacado acto reclamado Por tanto, con apoyo en la fracción V, del numeral 63, de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII y 107, fracción V, se sobresee en este juicio de amparo respecto del aludido acto atribuido al 1. Notificador y/o Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. CUARTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales contenidos en la presente sentencia, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 73 a 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Valdés Romero, contra los actos y la autoridad, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, en atención a su contenido, se tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiocho de abril del año en curso, ya que remite copias certificadas de las constancias de donde derivan los actos reclamados, por lo que con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que remite, y con las mismas dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Sin que pase inadvertido para el suscrito que el escrito de cuenta se encuentra dirigido al expediente 125/2023; sin embargo, de la lectura total de éste, se advierte que corresponde al presente asunto, razón por la cual no es obstáculo para acordarlo, a fin de evitar caer en rigorismos excesivos que retrasan la administración de justicia de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 constitucional, en observancia a la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de mayo de dos mil veintitrés. Del estado de autos se desprende que no se giró el oficio 11790 de veintiocho de abril pasado dirigido a la responsable Actuaria adscrita al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial con sede en Veracruz, Veracruz, el cual se envió con el objeto de que remita copias certificadas de las constancias relativas a los actos reclamados. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena la regularización del procedimiento para el único efecto de reexpedir el citado oficio a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a lo ahí solicitado. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VIENTITRÉS. Notifíquese en términos de ley.

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