Jesús Uriel Moreno Barrón

Expediente 305/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
305/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
11/02/2022

Partes del expediente

  • Jesús Uriel Moreno Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, once de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, con independencia de haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General y en atención a lo señalado en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/azv

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/3248/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. JMBA/JDMA/OGN

  3. Principal

    En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las trece horas del treinta de octubre de dos mil veinte, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de José Manuel Basio Aguilar, Secretario con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 305/2020-VIII, sin la comparecencia personal de las partes. A continuación, el Secretario procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito inicial de demanda y documentales anexas; b) informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California y Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, así como las documentales exhibidas por las autoridades responsables (con las que se formaron cinco tomos de pruebas y las diversas que obran en autos); c) constancias de emplazamiento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, de las autoridad tercero interesada agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita al Juzgado Cuarto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California y de los terceros interesados Banco HSBC México, sociedad anónima, institución de banca múltiple grupo financiero HSBC, Soriana, sociedad anónima de capital variable y a Martín Arrezola Peña. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Enseguida, se declara abierto el periodo probatorio en el que se con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas relacionadas con anterioridad, en virtud de que no requieren de preparación para tal efecto, las que se tomarán en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto. Sin pruebas pendientes por proveer o desahogar, se declara cerrado este periodo y abierto el de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, por lo que se declara igualmente cerrado. Concluidas las etapas que anteceden, se levanta la presente acta para constancia, procediendo el Titular a dictar la resolución correspondiente. Vistos, para resolver el juicio de amparo indirecto 305/2020-VIII, promovido por Jesús Uriel Moreno Barrón, Alfredo Araujo Quezada y Jesús Pérez Brito, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal del Fuero Común del Distrito Judicial de Tijuana, Baja California y de otra autoridad. R e s u l t a n d o Primero. Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veinte, ante el Secretario de Guardia de este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, en términos de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020 y 8/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y relativos a las medidas de contingencia de los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, Jesús Uriel Moreno Barrón, Alfredo Araujo Quezada y Jesús Pérez Brito, por su propio derecho, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que -en su denominación correcta- a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez Cuarto del Ramo Penal, del Partido Judicial de Baja California y Director del Centro de Reinserción Social La Mesa, ambos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado "1. Reclamo de la autoridad responsable ordenadora: JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, el hecho de haber determinado dentro de la causa penal número 74/2019 mediante auto de formal prisión que los suscritos seamos considerados como probables responsables por haber participado en los hechos que la ley considera como delitos de robo calificado agravado por pandillerismo y daño en propiedad ajena intencional, cuyas consecuencias que no son otras sino permanecer privados de nuestras libertades personales en el centro de readaptación social de esta ciudad, lugar donde dado el aglomeramiento estamos expuestos a ser contagiados con motivo del virus COVID-19 (CORONAVIRUS), estando en peligro nuestra salud por el contagio que podría ocasionarnos la pérdida de la vida como le ha sucedido a otro interno, con causa penal 1133/2008, delito de homicidio en grado de tentativa, procesado FLORENCIO CORTES MARTÍNEZ, fallecido en el hospital general donde fue atendido, que convivía en la misma celda, sin contar con las medidas sanitarias que pudieran evitar el contagio, y ante el temor fundado de ser contagiados de un momento a otro, solicitamos que cese de inmediato los actos de peligro inminente en que nos encontramos, violando nuestro derecho humano a la salud por el exceso de población existente, aunado al hecho que somos víctimas de una detención prolongada y al mantenernos presos y privados de nuestras libertades personales en forma indefinida sin que hasta la fecha se haya dictado sentencia en la que se nos condene o se nos absuelva, así como también reclamamos el hecho de estar en inminente peligro de ser contagiados con motivo del COVID-19, conocido también como CORONAVIRUS, ante dicha omisión se pone en riesgo nuestra salud, en mantenernos presos por tiempo indefinido no obstante haber transcurrido el exceso del término para que se hubiera resuelto nuestra situación jurídica y al no haberlo hecho hasta esta fecha se viola indudablemente nuestro derecho humano a la salud por el exceso de población existente en dicho centro penitenciario, lo cual nos impide guardar la sana distancia como medida preventiva del contagio de la pandemia a que somos expuestos y de las responsables ejecutoras reclamamos el hecho de mantenernos presos y privados de nuestra libertad personal sin que se cumplan las reglas sanitarias o medidas de protección para prevenir o evitar ser contagiados a causa del coronavirus o COVID-19, estando en riesgo de ser contagiados y de ser afectada nuestra salud y nuestra vida, lo que impediría obtener una incorporación a la sociedad al perder la vida por el contagio antes indicado reiterando que nuestra detención prolongada por tiempo indefinido nos está causando perjuicios en nuestra salud. 2. Reclamo de las autoridades responsables ejecutoras. DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL LA MESA DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. El hecho de omitir dar cumplimiento con las reglas sanitarias ocasionadas por el VIRUS COVID-19, también conocido como (CORONAVIRUS) poniendo en riesgo nuestra salud y vida. De las autoridades ejecutoras reclamamos el hecho de haber decretado la suspensión de la actividad jurisdiccional, así como la omisión de dar cumplimiento a las reglas sanitarias para prevenir y evitar el contagio antes citado, así como el hecho de mantenernos presos y privados de nuestras libertades personales en cumplimiento al procedimiento penal que se instruye en nuestra contra, sin que hasta la fecha se nos haya dictado sentencia, que ponga fin al proceso penal. En vía de aclaración, los quejosos precisaron que los actos reclamados consistían en: "PRIMERO. Señalamos como acto reclamado, la omisión de emitir resolución relativa al incidente no especificado mediante el cual solicitamos la revisión, modificación o revocación de la medida cautelar, en la causa penal número 1133/2008 ahora causa penal 74/2019, del índice de la autoridad responsable. SEGUNDO. Manifestamos bajo protesta de decir verdad, que los suscritos somos víctimas de una detención prolongada debido a que se nos mantiene presos y privados de nuestras libertades personales por más de diez años a la fecha y por tiempo indefinido, no obstante haber transcurrido en exceso el término para resolver nuestras situaciones jurídicas que se nos instruyen, sin omitir que con fecha del día 24 de febrero del 2020, presentamos ante la responsable ordenadora, incidente no especificado, mediante el cual solicitamos la revisión, modificación y revocación de la medida cautelar, la cual es para efectos temporales y no como una sentencia anticipada, la cual se encuentra pendiente de resolución debido a la suspensión de actividades de los órganos jurisdiccionales, por lo que se reclama también la omisión de emitir resolución relativa al incidente no especificado, presentado en los términos y para los efectos ya precisados." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. El ocho de mayo de dos mil veinte, se registró el expediente 305/2020-VIII; se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, consistentes en la omisión de implementar las medidas sanitarias para evitar el contagio de los quejosos, con el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en el lugar en el que se encuentran; y, se requirió para que precisaran el acto reclamado. El quince de mayo de dos mil veinte, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que en derecho le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se emplazó a los terceros interesados y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, y 107, constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: Del Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad. La omisión de tomar las medidas necesarias para garantizar la salud de los quejosos dentro del centro de reclusión, durante la emergencia sanitaria. Del Juez Cuarto del Ramo Penal del Partido Judicial de Baja California, con residencia en esta ciudad. La omisión de resolver el incidente no especificado de revisión, modificación o revocación de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 74/2019. Tercero. No es cierto el acto reclamado al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, consistente en la omisión de tomar las medidas necesarias para garantizar la salud de los quejosos dentro del centro de reclusión, durante la emergencia sanitaria, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado y sin que se haya exhibido medio probatorio alguno que desvirtuara dicha negativa. Incluso, para acreditar que en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad durante la contingencia surgida por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se implementaron las medidas necesarias para garantizar la salud de los internos, la autoridad responsable anexó diversas constancias -documentales e impresiones fotográficas- a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Constancias de las que se desprenden las medidas adoptadas para prevenir contagios en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, entre las que destacan, la limpieza en las diversas áreas de la institución, lavado de manos, toma de temperatura, sanitización de zapatos y ropa, uso obligatorio de cubrebocas y gel, entre otras; incluso, se advierte la entrega a cada uno de los quejosos de guantes desechables y cubrebocas. En mérito de lo anterior, el acto reclamado resulta inexistente, toda vez que se acreditó que durante la contingencia surgida por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la autoridad responsable sí ha implementado medidas para garantizar la salud de los quejosos; por tanto, al no existir prueba en contrario que desvirtúe la negativa de la autoridad responsable, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, Materia(s): Común, página trescientos cinco, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Cuarto del Ramo Penal, del Partido Judicial de Baja California, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de resolver el incidente no especificado de revisión, modificación o revocación de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 74/2019, ya que de las constancias que obran en autos no se advierte que la responsable haya incumplido con dicha obligación, como a continuación se verá. En primer lugar, es importante señalar que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. Sin embargo, el examen que se realiza para determinar la existencia de las conductas positivas que se atribuyen a las autoridades responsables, es distinto al que debe efectuarse tratándose de actos de naturaleza negativa u omisivos. Así, tratándose de conductas positivas, al traducirse en un "hacer" de las autoridades, cuando éstas niegan la existencia de los actos -positivos- que se les reclaman, en términos de las reglas de la carga de la prueba previstas en los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, corresponde al quejoso demostrar que la autoridad actuó en el sentido que refiere, precisamente, por ser quien lo afirma. Empero, tratándose de conductas negativas, que implican una abstención o "no hacer" por parte de las autoridades, no basta con constatar que la autoridad no ha realizado algo, sino que es indispensable corroborar que exista la obligación, posibilidad, condiciones o aptitud de actuar en el sentido que se pretende, y que se haya incumplido con aquella. Al respecto, se cita la tesis 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cincuenta y tres, tomo VII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, registro 196080, que señala (énfasis añadido): "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Amparo en revisión 1241/97. Super Car Puebla, S.A. de C.V. 25 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga." Entonces, cuando la autoridad responsable niega la omisión que se le atribuye, lo que en realidad implica es que sí actuó -en los términos pretendidos por el quejoso-, es decir, no incurrió en la omisión que se le reclama; o bien, no actuó porque no estaba en condiciones de hacerlo; de manera que la negación de la omisión, envuelve una afirmación en cualquiera de los sentidos antes precisados. En este supuesto, conforme a las cargas procesales antes indicadas, corresponde a la autoridad responsable acreditar su afirmación, esto es, que sí actuó o que no estaba obligada a hacerlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintisiete, volumen sesenta, tercera parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 238592, que señala: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos. Sexta Época, Tercera Parte: Volumen III, página 9. Amparo en revisión 3338/57. José Aulis Cazarín. 25 de septiembre de 1957. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Volumen XXIV, página 10. Amparo en revisión 951/59. Saturnino Oliveros López. 29 de junio de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Séptima Época, Tercera Parte: Volumen 5, página 13. Amparo en revisión 4119/68. Comisariado Ejidal del Poblado "Castillo de Teallo", Municipio del mismo nombre, Veracruz. 2 de mayo de 1969. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Volumen 7, página 13. Amparo en revisión 10150/68. Antonio Quintero Espinosa y otros. 3 de julio de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Volumen 58, página 13. Amparo en revisión 271/73. Carlos Álvarez Jiménez y coagraviados. 24 de octubre de 1973. Cinco votos. Ponente: Alberto Jiménez Castro." Por tanto, en caso de que los actos reclamados sean omisiones, la verificación de si la autoridad está en el momento de resolver una petición o procedimiento o, incluso, emitir un pronunciamiento, debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues -se insiste- en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable o de la parte quejosa, sino que es necesario verificar si realmente estaba o no constreñida a su realización y, en su caso, si la inactividad no corresponde a una "omisión como acto de autoridad" y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. Sin que el análisis que se realice al respecto pueda considerarse como un "estudio de fondo", puesto que no involucra el examen de constitucionalidad de la omisión reclamada, sino únicamente del entorno fáctico y normativo en el que se denuncia la conducta de la autoridad, para establecer si se ha incumplido una obligación o no y, por ende, si existe o no la "omisión como acto de autoridad". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página novecientos veintiséis, tomo I, libro cincuenta y nueve, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de octubre de dos mil dieciocho, Décima Época, registro 2018110, que señala: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. Contradicción de tesis 104/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito. 11 de julio de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Etienne Maximilien Luquet Farías. Criterios contendientes: El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 218/2013, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 308/2017. Tesis de jurisprudencia 99/2018 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cinco de septiembre de dos mil dieciocho." Ahora bien, tomando en consideración que en el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de resolver el incidente no especificado de revisión, modificación o revocación de la medida cautelar de prisión preventiva, en la causa penal 74/2019; para determinar la existencia de dicha "omisión como acto de autoridad" es necesario establecer si, conforme al estado procesal del procedimiento de origen y el marco normativo correspondiente, la autoridad responsable estaba obligada y en aptitud a pronunciarse sobre dicho tópico y si incumplió con tal deber. Al respecto, la tramitación del incidente no especificado, se encuentra previsto en el artículo 494 del Código Federal de Procedimientos Penales, que es del tenor siguiente (énfasis añadido): "Artículo 494. Los incidentes cuya tramitación no se detalle en este Código y que, a juicio del tribunal, no puedan resolverse de plano y sean de aquéllos que no deban suspender el curso del procedimiento, se substanciarán por separado y del modo siguiente: se dará vista de la promoción del incidente a las partes, para que contesten en el acto de la notificación o a más tardar dentro de los tres días siguientes. Si el tribunal lo creyere necesario o alguna de las partes lo pidiere, se abrirá un término de prueba que no exceda de cinco días, después de los cuales se citará para una audiencia que se verificará dentro de los tres siguientes. Concurran o no las partes, el tribunal fallará desde luego el incidente." Del numeral transcrito se obtiene la forma en que debe sustanciarse un incidente no especificado, es decir, recibida la solicitud, se dará vista a las partes para que contesten lo que a su derecho corresponda; en caso de que el asunto lo requiera, se abrirá el incidente a prueba para la recolección de aquellos medios de convicción que soliciten las partes sean tomados en consideración; y, una vez obtenidos los medios de prueba, la autoridad estará en aptitud de dictar la sentencia interlocutoria. En el presente caso, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable Juez Cuarto del Ramo Penal, del Partido Judicial de Baja California, con residencia en esta ciudad, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran la causa penal 74/2019, se desprende que los quejosos solicitaron se tramitara un incidente no especificado para la revisión, modificación o revocación de la medida cautelar de prisión preventiva, del cual deriva la omisión reclamada; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin embargo, de su contenido no se advierte que la autoridad responsable se encuentre en aptitud de emitir le resolución interlocutoria respectiva. Esto es así, porque de las referidas constancias se obtiene que a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio, es decir, el ocho de mayo de dos mil veinte, en el procedimiento de mérito se encontraba pendiente de notificar a la víctima del delito Martín Arrezola Peña, para que estuviera en aptitud de dar contestación a la incidencia planteada por los quejosos; de manera que el procedimiento no se encontraba en el momento procesal oportuno para dictar la resolución interlocutoria. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que, de acuerdo a las circunstancias normativas y fácticas del caso concreto, no se advierte que exista el deber de realizar la conducta que se atribuye al Juez Cuarto del Ramo Penal, del Partido Judicial de Baja California, con residencia en esta ciudad, (dictar la resolución en el incidente planteado) y que ésta haya incumplido con dicha obligación, toda vez que -se insiste- al encontrarse pendiente la notificación a la víctima Martín Arrezola Peña, quien tiene su domicilio fuera de la jurisdicción de la autoridad responsable, se encuentra impedida legalmente para emitir la resolución correspondiente, pues de hacerlo, sin realizar la notificación correspondiente, se haría nugatorio el derecho de la víctima para ofertar y desahogar medios de prueba en el incidente planteado. En ese orden de ideas, debe concluirse que la inactividad -genérica- que se atribuye al Juez Cuarto del Ramo Penal, del Partido Judicial de Baja California, con residencia en esta ciudad, consistente en no emitir la resolución en el incidente de referencia, no constituye una omisión como acto de autoridad. En tales condiciones, al estar demostrado que la inactividad que refiere la parte quejosa no constituye una omisión como acto de autoridad, es inconcuso que no es cierto el acto que se reclama al Juez Cuarto del Ramo Penal, del Partido Judicial de Baja California, con residencia en esta ciudad y ante tal inexistencia, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Uriel Moreno Barrón, Alfredo Araujo Quezada y Jesús Pérez Brito, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese y personalmente a los quejosos. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de José Manuel Basio Aguilar, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio que remite el Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con residencia en Mexicali, mediante el cual informa el nombre completo, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes del Director del Centro de Reinserción Social Tijuana; lo anterior, toda vez que el veintiséis de mayo del presente año, se recibió un oficio de igual contenido. Cúmplase.Así lo acordó y firmó Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/azv

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