Jesús Uriel Domínguez Cruz

Expediente 2127/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2127/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Jesús Uriel Domínguez Cruz
  • Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la parte quejosa, en los siguientes términos: "a) Deje insubsistente el acuerdo reclamado de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ********************, de su índice; y, b) Emita otro en el que, sin modificar lo que no fue motivo de concesión, se pronuncie respecto de los escritos presentados el cuatro de abril, dos y diez de mayo de dos mil veintidós, en los que la parte actora -aquí quejosa-, solicitó al tribunal responsable requiriera a la demandada por la creación de una partida presupuestal para cumplir con el laudo y con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de diversas actuaciones emitidas dentro del expediente ********************-F1, entre las que destaca el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en que se proveyeron los escritos de ******************** y ********************, apoderados especiales del actor (aquí quejoso), presentados el cuatro de abril, dos y diez de mayo de dos mil veintidós, y toda vez que ni la entidad demandada Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, ni los funcionarios responsables de hacer cumplir los laudos, habían dado cumplimiento no obstante los requerimientos efectuados, de nueva cuenta requirió a la entidad demandada, para que dentro del término de tres días, acreditara haber cubierto en favor del actor ********************, la cantidad de $******************** (******************** pesos ********************/100 moneda nacional), con el apercibimiento ahí contenido. Posteriormente, mediante comunicado firmado por la secretaria general del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, entre otras constancias, allegó copia certificada del acuerdo de quince de junio de dos mil veintitrés, en el que dejó insubsistente el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ********************, de su índice y emitió otro en el que, sin modificar lo que no fue motivo de concesión, se pronunció respecto de los escritos presentados el cuatro de abril, dos y diez de mayo de dos mil veintidós, en los que la parte actora -aquí quejosa-, solicitó al tribunal responsable requiriera a la demandada por la creación de una partida presupuestal para cumplir con el laudo y con plenitud de jurisdicción resolvió lo procedente. Con lo anterior, en acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieren realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que, dentro del procedimiento de origen, dejó insubsistente el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veintidós y emitió otro en el que, sin modificar lo que no fue motivo de concesión, se pronunció respecto de los escritos presentados el cuatro de abril, dos y diez de mayo de dos mil veintidós, en los que la parte actora -aquí quejosa-, solicitó al tribunal responsable requiriera a la demandada por la creación de una partida presupuestal para cumplir con el laudo y con plenitud de jurisdicción resolvió lo procedente. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de las partes quejosa y tercera interesada el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de conservación una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en algún supuesto previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado.

  2. Principal

    Autoridad informa en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado de la secretario general del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, entre otras constancias, remite copia certificada del acuerdo de quince de junio de dos mil veintitrés, en el que dejó insubsistente el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ********************, de su índice y emitió otro en el que, sin modificar lo que no fue motivo de concesión, se pronunció respecto de los escritos presentados el cuatro de abril, dos y diez de mayo de dos mil veintidós, en los que la parte actora -aquí quejosa-, solicitó al tribunal responsable requiriera a la demandada por la creación de una partida presupuestal para cumplir con el laudo y con plenitud de jurisdicción resolvió lo procedente. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, debiendo correr traslado con el comunicado y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido de que con manifestación o sin ella se proveerá lo conducente. Notifíquese; por oficio al tercero interesado y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Causa ejecutoria. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia dictada en este asunto, en la que concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo y su respectivo apercibimiento en caso de desacato. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, cumpla con la sentencia definitiva y remita las constancias que así lo justifiquen, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibida que no cumplir con lo anterior en el término concedido para tal efecto, sin causa debidamente justificada, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá a la omisa una MULTA equivalente al valor de CIEN Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Del mismo modo, en caso de que sea omisa en acatar con la ejecutoria de mérito, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el diverso artículo 193 de la Ley de Amparo. Por último, como se ordenó en la resolución de mérito, hágase del conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, la sentencia dictada en el presente juicio, en razón de que el recurso de revisión 24/2023 de su índice, que deriva del juicio de amparo 1794/2022 de la estadística de este juzgado, tiene relación con el acto reclamado aquí analizado.

  4. Principal

    SENTENCIA CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia laboral y reclamarse acto de autoridad residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: Al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: El acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veintidós dictado en el juicio laboral 1482/2017, por el cual omite requerir al ayuntamiento demandado, por la creación de una partida presupuestal para cumplir con el laudo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, dado que así lo manifestó al rendir su informe justificado, motivo por el cual debe tenerse por cierto, pues su manifestación constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Lo que se corrobora con el contenido de las constancias certificadas allegadas al presente juicio, las cuales merecen valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, párrafo segundo; de las que se advierte que el tribunal responsable emitió la resolución de catorce de septiembre de dos mil veintidós y la cual constituye el acto reclamado por el solicitante del amparo. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden no se advierte, de oficio, alguna causa de improcedencia del juicio constitucional, ni las partes invocaron otra que deba ser analizada en este apartado. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación expuestos por el solicitante del amparo, aunque para ello haya que suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto en el artículo 79, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que la parte quejosa se trata del trabajador en un juicio laboral. Para mayor comprensión, del juicio laboral 1482/2017, del índice de la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: a) Mediante escritos presentados el cuatro de abril, dos y diez de mayo de dos mil veintidós, la parte actora -aquí quejosa-, solicitó al tribunal responsable tuviera a bien girar los oficios correspondientes a fin de aplicar una multa a la parte demandada y se le requiriera para que soliciten o generen una partida presupuestal para cumplir con el laudo y evitar incurrir en una abierta dilación procesal o paralización total de la ejecución del laudo. b) Mediante proveído de catorce de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable tuvo por recibidos los escritos de referencia y estableció que debía estarse a lo acordado en dicho acuerdo, en el que la responsable, en términos de los numerales 141, 142 y 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, impuso una multa al Ayuntamiento demandado y lo requirió para que dentro del término de tres días acreditara haber dado cumplimiento al laudo. Resolución anterior, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. Ahora bien, lo determinado por la autoridad responsable no se encuentra ajustado a derecho, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 112/2008-SS señaló que atento al principio de ejecutoriedad de las sentencias, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar que se cumplan los fallos, ya que de no hacerlo se haría nugatorio el diverso principio de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Así -estableció- si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de la sentencia que le resultó favorable, con la certeza de que lo obtenido en la misma no quede sólo en una actuación de buena fe del tribunal, esperando la realización voluntaria del pago por parte del vencido, sino que con base en tal garantía, sea capaz el propio tribunal de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de la sentencia, ésta realmente sea materializada. Por otro lado, si un acto de carácter negativo que tiene la consecuencia de negarse a dictar una medida eficaz para lograr el cumplimiento cabal del laudo que constituye cosa juzgada, es una resolución que tiene una autonomía propia de la materia resuelta en el laudo, que es cosa juzgada y a la vez afecta de manera directa, inmediata y materialmente el derecho de la parte vencedora a que el laudo se ejecute de manera eficaz y por ende, afecta el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva, reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y particularmente el derecho a que las resoluciones se emitan de manera pronta, completa e imparcial. Esto es, la ejecución de una sentencia o laudo que constituye cosa juzgada es un derecho a la jurisdicción de carácter sustantivo al ser inherente al derecho a que se administre justicia, pues una sentencia o laudo con calidad de cosa juzgada solamente tiene eficacia para el gobernado cuando el derecho reconocido, constituido, declarado o restituido, ingresa materialmente a su patrimonio de manera total y plena. Resulta orientador, el criterio sostenido en la jurisprudencia de rubro: "AUTO DICTADO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAUDO, QUE NIEGA PROVEER SOBRE UNA MEDIDA DE APREMIO O IMPONER UNA DE MAYOR ENTIDAD PARA EJECUTARLO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR AFECTAR EL DERECHO SUSTANTIVO A UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA." En consecuencia, resulta fundado el motivo de inconformidad planteado por la parte quejosa, ya que, ante la omisión por parte de la autoridad responsable de pronunciarse respecto a la solicitud de la actora en el natural, sobre las medidas propuestas por la operaria para lograr la ejecución del laudo; el actuar de la responsable resulta violatorio de derechos humanos, pues se afecta el derecho sustantivo a una tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 Constitucional y porque aun cuando no se paralice en forma total la ejecución del laudo, sí se obstaculiza de manera indefinida su ejecución, con lo cual no se logra una justicia pronta y eficaz. No pasa desapercibido para esta juzgadora los alegatos expuestos por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin embargo, resulta inocuo ocuparse de ello. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los efectos que se precisan en el considerando siguiente. Finalmente, una vez que haya causado ejecutoria la presente sentencia, hágasele del conocimiento la misma al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, ya que el recurso de revisión 24/2023 de su índice, que deriva del juicio de amparo 1794/2022 de la estadística de este juzgado, tiene íntima relación con el acto reclamado aquí analizado. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo. De conformidad con los numerales 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, éste órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos consagrados en el artículo 17 Constitucional, la autoridad responsable Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, deberá realizar lo siguiente: a) Deje insubsistente el acuerdo reclamado de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio 1482/2017, de su índice; y, b) Emita otro en el que, sin modificar lo que no fue motivo de concesión, se pronuncie respecto de los escritos presentados el cuatro de abril, dos y diez de mayo de dos mil veintidós, en los que la parte actora -aquí quejosa-, solicitó al tribunal responsable requiriera a la demandada por la creación de una partida presupuestal para cumplir con el laudo y con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a -------------, contra el acto reclamado a la autoridad responsable especificado en el considerando segundo de la presente resolución, por las razones y fundamentos indicados en el sexto considerando y para los efectos precisados en el último de los considerandos de esta sentencia. SEGUNDO. Una vez que haya causado ejecutoria la presente sentencia, hágasele del conocimiento este fallo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

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