Jesús Uriel Cortez Palacios

Expediente 20/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
20/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Jesús Uriel Cortez Palacios
  • Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Causa ejecutoria la sentencia de sobreseimiento, se archiva y es susceptible de destrucción... Notifíquese

  2. Principal

    A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L En Monterrey, Nuevo León, a las nueve horas del ocho de agosto de dos mil veintidós, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************, contra actos del Director del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León y otra autoridad; ante la presencia de Francisco Manuel Rubín de Celis Garza, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien actúa con Deyanira Lustre Mota, Secretaria que autoriza y da fe, se procedió a su celebración. Asimismo, la Secretaria certifica que ninguna de las partes solicitó participar en la celebración de la presente audiencia a través de videoconferencia, en términos del artículo 27, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo"; y tampoco se advierte algún motivo debidamente justificado para que, oficiosamente, su desahogo se llevara a cabo a través de ese sistema de audio y video. Apertura Cuenta: La Secretaria hace relación de las constancias que integran los autos del juicio de amparo indirecto. Demanda de amparo. Informes justificados Asimismo, visto el estado procesal de los autos se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista concedida mediante auto de catorce de marzo de dos mil veintidós, a fin de ampliar su demanda de amparo. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias y, hágase efectivo el apercibimiento decretado mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós, y por lo tanto, el presente asunto se resolverá únicamente respecto de las autoridades y por los actos reclamados en su demanda inicial. Pruebas Cuenta: Apertúrese la etapa de pruebas y la Secretaria hace relación de las siguientes: 1.- Pruebas de la parte quejosa. 1.1. Las documentales glosadas en autos. 2.- Pruebas de las autoridades responsables. 2.1. Las documentales glosadas en autos. 3. Pruebas recabadas de oficio. 3.1. No se recabaron. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, procediéndose a cerrar esta etapa. Alegatos Cuenta: Apertúrese la etapa de alegatos y la Secretaria hace constar que las partes no los formularon. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la constancia secretarial, procediéndose a cerrar esta etapa. Pedimento ministerial Cuenta: La Secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no los formuló. El Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la constancia secretarial. Al no existir diligencia pendiente, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional y se turnan los autos para dictar sentencia. S E N T E N C I A El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León tiene vistos los autos para dictar sentencia en el presente juicio de amparo indirecto 1767/2021; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El quejoso ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y el acto reclamado que se precisan en el considerando relativo de esta sentencia. SEGUNDO. Turno y registro. La demanda se turnó a este Juzgado Federal y se radicó bajo el registro 1767/2021. TERCERO. Admisión. En acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se requirió de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se ordenó dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cambio de titular. Para los efectos de los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintidós, quien suscribe, Francisco Manuel Rubín de Celis Garza asumió la titularidad de este órgano jurisdiccional. QUINTO. Audiencia constitucional. Previos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, conforme al acta que antecede, en la que se declaró precluido el derecho del quejoso para ampliar su demanda respecto del acto advertido con el informe justificado. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León ejerce jurisdicción y es competente para conocer y fallar la presente controversia, por disponerlo los artículos 17, 94, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; los preceptos 57, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los dispositivos 33, 35, 37, 73, 74, 107, fracción II, y 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, se surte competencia conforme al Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, concerniente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se reclama la inconstitucionalidad de un acto (de carácter omisivo) atribuido a una autoridad administrativa, cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Director del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León y del Director de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, la omisión de emitir respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, consistente en la omisión de emitir respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, puesto que las autoridades responsables al rendir su informe justificado aceptaron su existencia, afirmación que se realiza con base en las constancias que en autos obran, y de las que se obtiene es cierto el acto reclamado. CUARTO. Causa de improcedencia actualizada. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, en razón de que el Director de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, emitió en respuesta a la petición del quejoso presentada el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, el memorándum de nueve de febrero de dos mil veintidós. Premisa normativa. La hipótesis de improcedencia en estudio se prevé en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, se actualiza cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la posible trasgresión constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la ley de la materia. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular. En apoyo a lo anterior se cita la tesis con registro electrónico 197367, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." La eficacia de la causa de improcedencia a que se alude, sólo se registra cuando la cesación de los efectos del acto reclamado es total, pues subsistiendo alguna de sus consecuencias, dicha causa no operaría. Esta observación se justifica si se toma en cuenta que la referida cesación equivale al restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la emisión del acto reclamado, por lo que si éste no se realiza cabalmente, no puede afirmarse que los efectos de los actos combatidos hayan dejado de producirse en su integridad. Sustenta lo anterior la jurisprudencia con registro electrónico 168189, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Premisa fáctica. En el caso, el quejoso reclama la omisión de emitir respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, ante el Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, como se advierte del sello de recepción plasmado en el mismo; en la que esencialmente, refirió dar cumplimiento a las prevenciones que se le formularon en torno a su solicitud de pensión por viudez. Al efecto, de las constancias que en autos obran se advierte que durante el trámite del presente juicio de amparo el Director de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, dio contestación a la petición presentada por el quejoso el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, pues informó que el nueve de febrero de dos mil veintidós, emitió el memorándum ********************, en el que se concedió al quejoso la pensión por causa de muerte (viudez) respecto de su finada esposa, y se le dio de alta como pensionista con el número ******************** a partir de la segunda quincena de enero de dos mil veintidós, y además se ordenó realizar el pago retroactivo correspondiente al veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que surtió efectos la acción de inconstitucionalidad 247/2020, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; respuesta que fue notificada por este órgano jurisdiccional al quejoso, mediante proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós (la notificación personal se efectuó el quince de marzo siguiente). Ahora bien, del análisis de la aludida constancia, se obtiene que se ha respetado en favor del quejoso -por parte de la autoridad responsable- la específica prerrogativa de acceder a su derecho fundamental de petición, en la medida en que se dio contestación al escrito del impetrante mediante la emisión del memorándum ********************, en el que se le concedió la pensión por causa de muerte (viudez) respecto de su finada esposa, y respecto del cual incluso se le dio vista para que dé estimarlo conveniente ampliara su demanda de amparo, sin que haya hecho uso de ese derecho. Por otra parte, referente a la omisión de la autoridad responsable en notificar personalmente al ahora quejoso la respuesta que recayó a su petición, dicha circunstancia se subsana con la notificación que este juzgado efectuó al amparista el quince de marzo del dos mil veintidós; de ahí que tiene pleno conocimiento de la respuesta que recayó a su solicitud. En efecto, con motivo de la notificación que este órgano jurisdiccional efectuó respecto del informe justificado y la contestación aludida, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto reclamado, pues las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional destacada en la demanda, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto combatido no hubiera invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, en tanto que, la autoridad responsable dio respuesta a la solicitud presentada por el quejoso el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, y éste tuvo conocimiento pleno de la respuesta. Es aplicable en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". Lo hasta aquí expuesto hace patente la imposibilidad jurídica para pronunciarse en relación con la pretendida inconstitucionalidad de la conducta omisiva reclamada en esta instancia, en razón de que cesaron sus efectos, porque se dio contestación al escrito del promovente, y se enteró de su contenido de forma íntegra. Los acontecimientos reseñados, respecto del acto tildado de inconstitucional -omisión de dar respuesta a su petición-, generaron a favor del peticionario del amparo la restitución en el goce del derecho violentado, en términos de lo establecido por el artículo 77 de la Ley de la materia, por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se le hubiera otorgado la protección que solicita, de tal manera que el acto que inicialmente destacó como reclamado ya no le agravia, razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Francisco Manuel Rubín de Celis Garza, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, asistido por Deyanira Lustre Mota, Secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Se tiene a Ministerio Público formulado alegatos, en cuanto a la copia que solicita, infórmesele que una vez que, en su caso, se emita la resolución correspondiente, se le expedirá.

  4. Incidental

    Se niega suspensión definitiva.

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