Jesus Trinidad Hernandez Fernandez
Expediente 879/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 879/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Viviana Cruz Ortega
- Jesus Trinidad Hernandez Fernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se da vista a la quejosa...
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Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Agréguense a los autos los oficios de cuenta, signados por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y por el actuario adscrito a dicha junta, mediante los cuales informan el cumplimiento dado la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y además en términos del artículo 66, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, queda el contenido del oficio en mención y su anexo, en la secretaría de este juzgado, a la vista de la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifieste o no, lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista respectiva, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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Cuernavaca, Morelos, veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la Justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a Ana Samantha Davis Sánchez, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el plazo de treinta días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita: Copia certificada de las constancias de emplazamiento de ********************, sociedad anónima de capital variable y********************sociedad anónima de capital variable, en el juicio laboral ********************. Conviene señalar que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal y atiende a los plazos establecidos en los artículos 742,743 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. Además, a que es un hecho notorio para el suscrito las condiciones en que labora dicha autoridad, como lo es la falta de presupuesto, de personal y, desde luego, las altas cargas laborales. No obstante lo anterior, se apercibe a Ana Samantha Davis Sánchez, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de incumplir con la ejecutoria de amparo en el plazo otorgado, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
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Cuernavaca, Morelos, tres de julio de dos mil dieciocho. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con nueve minutos del tres de julio de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa, procede a dar inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 879/2018, promovido por Jesús Trinidad Hernández Fernández, por su propio derecho, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, no ha lugar a diferir la audiencia constitucional tal y como lo establece el segundo párrafo del Artículo 117 de la Ley de Amparo, pese a que los informes justificados rendidos por las autoridades responsables no se rindieron con ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia, puesto que implicaría retardar el procedimiento innecesariamente en perjuicio del quejoso, en virtud de que el impetrante de garantías reclama de las responsables la violación del artículo 17 constitucional ante la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es claro que conoce los antecedentes del acto reclamado. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia; con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que como anexo remitió la Junta responsable; así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto ofrecidas por el quejoso; mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda. Luego, sin más pruebas que desahogar, el Juez declara abierto el período de alegatos, por lo que la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó intervención alguna. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos de esta audiencia y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida ésta audiencia y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. VISTOS para resolver el juicio de amparo número 879/2018; y, RESULTANDO 1. Presentación de la demanda de amparo.- Por escrito recibido ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, y remitido el mismo día a este Juzgado Primero, Jesús Trinidad Hernández Fernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad, los que hizo consistir en: "ACTO RECLAMADO: La excesiva dilación del procedimiento y la paralización del procedimiento laboral con número de expediente 01/91/18-IV, por parte de las Autoridades Responsables, siendo evidente e incisiva la conducta atípica de mantener ESTANCADO Y/0 INTERRUMPIDO el procedimiento al no dar cumplimiento al emplazamiento de ley, violando con ello flagrantemente mi garantía de legalidad y seguridad jurídica, ya que con su proceder retarda la liquidación de las prestaciones a que tengo derecho." 2. Trámite del juicio.- Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 879/2018, misma que mediante proveído de treinta de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite, se mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva; y, CONSIDERANDO I. Competencia.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia laboral en el que se reclaman actos derivados de autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos reclamados a la autoridad responsable, son los siguientes: La omisión de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad, de emplazar a la parte demandada, en el juicio laboral 01/91/18-IV. III. Certeza del acto reclamado.- Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada relativas al expediente laboral 01/91/18-IV, que remitió la Junta responsable, misma que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º. IV. Causales de improcedencia.- Dado que en la especie, las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio este juzgado federal advierte que se actualice alguna, se procede a entrar al estudio del fondo del asunto planteado. V. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación, ello en suplencia de la deficiencia, autorizada en materia laboral cuando el quejoso es el trabajador, acorde al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo siguiente. La Junta responsable, aunque el siete de febrero de dos mil dieciocho, ordenó el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral Administración Soriana CM, S.A. de C.V. y Tiendas Soriana S.A. de C.V.; y el veintisiete de abril del año en curso, regularizó el procedimiento para señalar nuevamente fecha para el desahogo de la audiencia de ley, comisionando al fedatario de su adscripción para lograr el emplazamiento encomendado, el diecisiete de mayo último, la Junta hizo constar que se difería la audiencia en comento, debido a la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen; con lo que queda patente que el actuario no ha practicado dicha diligencia, no obstante de que transcurrieron los cinco días que contaba para ello, previstos en los artículos 750 y 873 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, los artículos 8.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Federal, estipulan, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes deberán sustanciar y resolver los procedimientos jurisdiccionales respectivos de manera pronta, completa e imparcial. Disposiciones normativas de las que se desprende que corresponde al legislador ordinario establecer los plazos y términos tanto para que los gobernados acudan a los órganos jurisdiccionales como para que éstos sustancien y resuelvan los negocios puestos a su conocimiento, con la única limitante de que garantice que tales instancias encargadas de impartir justicia se constituyan como un mecanismo real, expedito y eficiente para la defensa de los derechos, pues una demora prolongada en su actuar, puede constituir, por sí misma, una denegación de justicia y, por ende, la violación de ese derecho humano. Aunado a lo anterior, los artículos 750 y 873 de la Ley Federal del Trabajo establecen: el primero que los emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha y el segundo que en el acuerdo admisorio se señalará fecha para la audiencia dentro de los quince días en que se haya recibido la demanda, el que se notificará personalmente a las partes, con cuando menos diez días de anticipación a la audiencia, esto es, en el plazo de cinco días. En el caso, no existe constancia de que el actuario responsable haya practicado el emplazamiento de la parte demandada del juicio laboral de origen, a pesar de que la Junta responsable lo ha estado ordenando según constancias de autos, esto es, no ha sido practicada la citada diligencia, no obstante de que ha trascurrido en exceso el plazo de cinco días que disponía para ello, lo que está robustecido con las manifestaciones de la autoridad responsable en su informe justificado en las que refirió que efectivamente es cierto el acto reclamado, básicamente por exceso de trabajo; de ahí que quede en evidencia la violación al derecho a la justicia pronta y expedita. Y aunque no pasa inadvertido que las autoridades responsables en su informe justificado pretenden justificar su actuar con el argumento de que ello se debe a la excesiva carga de trabajo; sin embargo, por más plausibles que es ese argumento, el quejoso ha venido al amparo manifestando un derecho que le debe ser reparado. Por lo anteriormente expuesto, lo procedente es conceder el amparo solicitado. VI. Efectos de la concesión. Al resultar procedente la concesión de la protección constitucional, es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto es que una vez que esté notificada la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, de que el presente fallo cause ejecutoria: Inmediatamente la Junta responsable provea lo necesario a fin de que el actuario de su adscripción, emplace de la parte demandada en el juicio laboral de origen, vigilando en todo momento que se respeten los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo; lo que deberá acreditar con las documentales respectivas. Sin que los alcances de la ejecutoria puedan llegar al extremo de obligar a la junta responsable a que continúe con el juicio respecto de los actos subsecuentes, pues como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro número 2005150, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página732, materia común, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Sumado a que de extender la protección constitucional en sus efectos, a que la responsable continúe con el juicio respecto de los actos subsecuentes, rompería con el sentido del juicio constitucional, que solo implica revisar que la autoridad acate lo atinente a los derechos fundamentales de los gobernados en las actuaciones que constituyan el acto reclamado, y no en vigilar cada una de sus actuaciones dentro del juicio, pues ello implicaría dar impuso procesal durante todo el litigio, por medio del juicio de amparo, lo que implicaría su desnaturalización. VII. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77, 79, fracción V, y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Trinidad Hernández Fernández, en contra del acto que reclamó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, por la razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos V y VI de este fallo. SEGUNDO. Por los motivos vertidos en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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