Jesús Trinidad Cota Peinado
Expediente 427/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús Trinidad Cota Peinado
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, doce de noviembre de dos mil veinte. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Sergei
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 427/2020; y, I. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Por escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil veinte, ante el secretario de guardia autorizado del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, de esta ciudad, Jesús Trinidad Cota Peinado solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados a la gobernadora del Estado de Sonora, y otras autoridades. 2. En esa misma data, se admitió a trámite la demanda de amparo; se concedió la suspensión de plano y se solicitó a las autoridades responsables el correspondiente informe, así como el justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Finalmente, y previos diferimientos se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: II. Competencia 4. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. III. Precisión de los actos reclamados 5. Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: "A).- Se reclama de la Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora y del congreso del Estado de Sonora, así como del secretario de salud del Estado de Sonora y Consejo Estatal de Salud del Estado de Sonora la omisión de dictar, emitir y en su caso legislar alguna norma que permita la realización de manera gratuita y domiciliaria la prueba para determinar si las personas están contagiadas o no del virus denominado COVID 19 y en especial al suscrito y sus causahabientes. Y realicen al suscrito y sus causahabientes en una dependencia de salud, o en su domicilio personal de manera gratuita, el estudio personalizado correspondiente para determinar si poseemos o no el virus denominado COVID-19." IV. Inexistencia de los actos combatidos 6. En relación a los actos reclamados consistentes en la omisión de dictar, emitir y en su caso legislar alguna norma que permita la realización de manera gratuita y domiciliaria la prueba para determinar si las personas están contagiadas o no del virus denominado COVID-19, de las constancias de autos se advierte que no existen tales actos, por los motivos que a continuación se exponen. V. Sobreseimiento. 7. En efecto, como se dijo, no son ciertos los mencionados actos reclamados al secretario de Salud y al Congreso, ambos del Estado de Sonora, pues así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes con justificación, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, deberá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en relación con dichos actos atribuidos a las autoridades en comento. 8. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627 del Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." 9. Asimismo, tiene aplicación la tesis VI.2°.A.4K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903 del Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." 10. Además, no son ciertos los mencionados actos reclamados a la gobernadora del Estado de Sonora, pues no obstante que únicamente rindió informe con motivo de la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa; sin embargo, se arriba al convencimiento de que dicha circunstancia, sí produce los efectos para ser considerado como informe justificado, dado que en él se refiere al juicio de amparo en que se actúa, el nombre de la parte quejosa y el acto reclamado; con la salvedad de que en el caso, aun cuando no se afirma ni niega la existencia o inexistencia de las omisiones reclamadas, de las constancias de autos no se advierte indicio alguno de su existencia, aunado a que las autoridades citadas en el apartado que antecede negaron su existencia y la parte quejosa no desvirtuó esas negativas. 11. En apoyo a lo anterior, se invoca en lo conducente, la tesis II.2o.P.25 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la página 1933 del Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado." 12. Finalmente, también debe tenerse como inexistentes los citados actos de omisión, en relación con el Consejo Estatal de Salud del Estado de Sonora, pues no obstante que dicha autoridad omitió rendirlo, como se precisó con antelación, no existe indicio alguno de la existencia de estos. 13. En consecuencia, como se preció en apartados que anteceden, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en la omisión de dictar, emitir y en su caso legislar alguna norma que permita la realización de manera gratuita y domiciliaria la prueba para determinar si las personas están contagiadas o no del virus denominado COVID-19, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. 14. Además, lo anterior se corrobora con lo asentado por el quejoso en el apartado de antecedentes de la demanda, al expresar que los días quince y dieciséis de julio del año en curso, esto es, días previos a la presentación de la demanda el diecisiete de julio siguiente, se presentó en el campamento "centinela" instalado en la Arena Sonora, ubicado en las esquinas que forman el bulevar Rodríguez y avenida Juárez, así como en el Centro de Salud ubicado en la calle Matamoros esquina con Gastón Madrid, a fin de realizarse la prueba de COVID-19, sin que hubiera sido atendido en ninguno de los puntos. 15. De lo que se deduce que los establecimientos de salud para practicar los exámenes de COVID-19 sí existen, por lo que las omisiones que se reclaman a las autoridades responsables, relativas a la creación de centros especializados gratuitos para la atención de posibles casos de contagio por COVID-19 son inexistentes. VI. Causa de improcedencia 16. Por otra parte, en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades responsables, consistente en la falta de atención que reclama el quejoso, de practicarle examen gratuito para la detección de COVID-19, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." 17. Pues bien, del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. 18. Lo anterior es así porque al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. 19. La razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. 20. En el entendido que tratándose de actos de carácter negativo, debe considerarse que sus efectos han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate. 21. En apoyo a lo expuesto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 22. En efecto, como se precisó, la parte quejosa también reclamó la falta u omisión de las responsables de practicarle gratuitamente la prueba para determinar la existencia del virus denominado COVID-19. 23. Precisado lo anterior, cabe señalar que el director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud Pública, mediante oficio SSP/UAJ/2020/384 de catorce de agosto de dos mil veinte, exhibió en el presente juicio las constancias de las que se advierte el examen gratuito practicado al quejoso, para la detección del virus denominado COVID-19, el cual concluyó con resultado NEGATIVO. VII. Decisión 24. En esa virtud, en atención a las consideraciones plasmadas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, por lo que hace a los actos reclamados precisados en el considerando V. 25. Por otra parte, respecto de los actos reclamados precisados en el apartado VI, en virtud de actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. 26. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se VIII. Resuelve 27. Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Jesús Trinidad Cota Peinado, en relación con los actos que fueron precisados en los apartados V y VI, por las razones y fundamentos expuestos en los mismos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario Juan de Dios Velasco Romero, con quien actúa, autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de octubre de dos mil veinte. Informe relativo a la suspensión de plano. Agréguese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el presidente del Congreso del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la citada autoridad. Dese vista a las partes con el contenido de los citados informes. Delegados. Téngase como designados delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que se menciona en dichos ocursos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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