Jesus Suarez Sanchez

Expediente 1488/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1488/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Jesus Suarez Sanchez

Actuaciones

  1. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no han sido rendidos los informes previos requeridos a las autoridades responsables con sede fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; sin embargo, no consta en este expediente que hayan recibido los oficios mediante los cuales se les requirió dichos informes, ya que no obran los acuses de recibo correspondientes. Por tanto, atendiendo a la proximidad de la fecha de envío de los oficios de mérito y la lejanía de la residencia de las autoridades responsables, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el peticionario de amparo Jesús Suarez Sánchez, mediante el cual subsana la prevención formulada en autos; por tanto, una vez cumplido con lo solicitado, este Juzgado procede a pronunciarse en relación con su contenido. Admisión de la demanda. ... Se señalan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo....notif.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo, se tramita por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1488/2023-PJ, promovido por Jesús Suarez Sánchez, por propio derecho, contra el acto del Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación JO-UEH/2036/2023 y otra autoridad, de quienes reclama la negativa de entregar el cuerpo de su padre (Jesús Suarez Hernández), respecto de los hechos relacionados con la carpeta de investigación antes citada. Requerimiento de los informes previos. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su INFORME PREVIO, el cual deberán rendir dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo, enviándoseles para tal efecto copia de la demanda, en el que se deberán concretar a expresar si es cierto o no el acto reclamado que se les atribuye, podrán manifestar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este Órgano Jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Apercibidos que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Precisión del acto reclamado y autoridades. Con el fin de establecer la litis en el presente asunto y con base en las manifestaciones de la parte quejosa en el escrito de demanda, se tiene como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: 1.- Agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación JO-UEH/2036/2023; y, 2.- Titular de la Dirección de Servicios Periciales adscrita a la Fiscalía Regional Sur Poniente. De quienes reclama: La negativa de entregar el cuerpo de su padre (Jesús Suarez Hernández), respecto de los hechos relacionados con la carpeta de investigación JO-UEH/2036/2023. De la audiencia incidental. Se señalan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. Negativa de la suspensión provisional Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se niega la suspensión provisional solicitada respecto del acto reclamado, en virtud de que constituye un acto omisivo, contra el cual es improcedente conceder la medida cautelar solicitada, máxime que la negativa por parte de la responsable que refiere el promovente en su escrito de demanda, es precisamente la materia del fondo del juicio principal. Resulta aplicable al caso concreto, la tesis Jurisprudencial número 77, Tomo Salas, visible en la página 126, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1988, bajo el rubro: "ACTOS NEGATIVOS SUSPENSION IMPROCEDENTE. Contra ellos es improcedente conceder la suspensión". Asimismo, respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, en atención a lo dispuesto por los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de la Materia, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado, por las razones que a continuación se exponen. La parte quejosa, solicita que se conceda la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente en la negativa de entregar el cuerpo de su padre (Jesús Suarez Hernández), respecto de los hechos relacionados con la carpeta de investigación JO-UEH/2036/2023. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). Se precisó que el último supuesto, se trata de un amparo provisorio, identificado como adelanto provisional, en el que el órgano jurisdiccional debe considerar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) el interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgarlo. Las consideraciones anteriores, se encuentran contenidas en las jurisprudencias 1a./J.21/2016 (10a.) y 1a./J.15/2018 (10a.). En la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia citada en primer término, la Primera Sala sostuvo que con la nueva regulación del juicio de amparo desde la reforma a la fracción X del artículo 107 constitucional, publicada el seis de junio de dos mil once, para resolver si se concede la suspensión de un acto, debe atenderse al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, junto con el peligro en la demora. Además, tomando en cuenta que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitar perjuicios al quejoso derivados del tiempo necesario para la tramitación del juicio, la medida también debe permitir una tutela anticipada al quejoso a fin de mantenerlo en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, cuando se adviertan elementos sobre la apariencia de una violación constitucional en su contra, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social y se otorguen las garantías correspondientes si se afectan derechos de terceros. Desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el órgano jurisdiccional de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, a efectos de resolver sobre la concesión de la suspensión del acto reclamado. El análisis de la apariencia del buen derecho debe llevarse a cabo con los elementos con que cuente o que se allegue el juez al resolver sobre la suspensión. De lo dicho, se aprecia que la suspensión produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva, pero lo que no puede hacer es nulificar el acto o norma reclamada, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria. En ese sentido, es que en la nueva regulación del juicio de amparo se admite abiertamente la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento. Asimismo, el Máximo Tribunal del País señaló que el factor que determina la concesión o negativa de la medida cautelar, no deviene de la naturaleza del acto reclamado, sino que dependerá de la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, para posteriormente analizar si deben mantenerse las cosas en el estado en que se encuentran o bien, si es necesario una tutela anticipada del derecho violado mientras dura el juicio. Aquí es donde entra en juego la naturaleza de los actos reclamados, condicionando no la procedencia de la medida, sino el tipo de medidas que deberán ordenarse como parte de la suspensión del acto reclamado. En ese sentido, la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el párrafo segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo, no debe entenderse como una condición que permita o proscriba la suspensión en función de la naturaleza del acto reclamado, sino como un elemento que define el tipo de medida suspensiva que se requiere precisamente ante ese carácter. Lo anterior, significa que las consecuencias que caso a caso puedan producir, serán consideradas para decidir si las cosas deben mantenerse en el estado que se encuentran o si debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. De este modo, lo relevante está en que exista o no una imposibilidad jurídica o material para otorgar la suspensión, lo cual no obtiene un resultado distinto en función de la naturaleza del acto reclamado. Así, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Las consideraciones anteriores, dieron origen a la jurisprudencia siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." En ese sentido, si en el presente caso, el acto reclamado consiste en la negativa de entregar el cuerpo de su padre (Jesús Suarez Hernández), respecto de los hechos relacionados con la carpeta de investigación JO-UEH/2036/2023, es IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL ya que ello equivaldría que la suspensión coincidiera exactamente con una eventual sentencia estimatoria del amparo. De las notificaciones. Se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del incidente de suspensión; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia incidental no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, habida cuenta que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del incidente, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia incidental. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de dieciocho de octubre del dos mil veintitrés y acta de audiencia de seis de noviembre del dos mil veintitrés, de los cuales se desprende lo siguiente: La Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, con sede en la Ciudad de México, señaló las once horas del veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, para que el actor se asociara con la Actuaria de su adscripción y lograra el emplazamiento de la parte demandada ********************. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, toda vez que no se tuvo constancia de notificación de la parte actora del acuerdo de dieciocho de octubre del dos mil veintitrés, por el cual se le requirió se constituyera en la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias, con sede en la Ciudad de México y en compañía de la Actuario de su adscripción, lograra el emplazamiento de la parte demandada ********************; y, Ordenó girar de nueva cuenta exhorto a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que señalara nuevo día y hora para que el actor se asociara con la Actuaria de su adscripción y lograra el emplazamiento de la parte demandada ******************** Requerimiento En consecuencia, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que, en el término de cinco días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada del acuse del exhorto girado a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que señale día y hora para que el actor se asocie con la Actuaria de su adscripción y logren el emplazamiento de la parte demandada ********************. Apercibimiento a la autoridad responsable Con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda. Además, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se le hace saber que seguirá teniendo responsabilidad, aunque deje sus respectivos cargos. Haciéndole de su conocimiento que de conformidad con lo estipulado por el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos en caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Notifíquese.

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