Jesús Socorro Herrera Ortega
Expediente 757/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesús Socorro Herrera Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos... se declara que el auto que desechó de plano la demanda de amparo promovida por, ha causado estado... cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación... Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito de cuenta firmado por el quejoso, a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de doce de junio de dos mil diecisiete, y manifiesta que, entre otras cosas, lo siguiente: "Manifiesto bajo protesta de decir verdad que a la fecha de presentación de la demanda NO HE INTERPUESTO EL RECURSO DE QUEJA que contempla la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (ahora Ciudad de México)". En mérito de lo expuesto, se dejan sin efectos los apercibimientos decretados en el proveído indicado. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo y su aclaración, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este juzgador estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia que amerita su desechamiento de plano. Para justificar lo anterior, es importante precisar que en el artículo 113 referido se establece lo siguiente: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo, su aclaración y los anexos que la acompañen, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. En ese mismo sentido, el Pleno del Alto Tribunal ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia del juicio, que por sus características propias no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen esa cuestión no se superaría. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Máximo Tribunal del País ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Expuesto lo anterior, es importante destacar que en este asunto Jesús Socorro Herrera Ortega reclama el acto siguiente: El incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo IV-47011/2015, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, en la que se ordenó que le fueran pagados los haberes que dejó de percibir con motivo de la suspensión temporal de carácter preventivo decretada en su contra dentro del CHJ/1154/2012. Acto que atribuye a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y a otras autoridades de esa dependencia. Ahora bien, en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su lado, en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, se establece: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley". Como se advierte de esa norma, el juicio de amparo indirecto procede, en materia administrativa, contra omisiones de autoridades distintas de los tribunales [autoridades administrativas formalmente] que causen un agravio no reparable a través de un medio ordinario defensa, es decir, si en ese medio se puede reparar la afectación alegada, entonces el juicio de amparo se torna improcedente porque previamente se deben agotar la vía ordinaria de defensa que pueda modificar el acto reclamado. Ahora bien, tratándose de las sentencias dictada por los tribunales contenciosos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es viable controvertir a través del juicio de amparo el incumplimiento por parte de las dependencias públicas que figuraron como demandadas; sin embargo, debe agotarse el procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio contencioso. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), que lleva por rubro: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD". En el caso concreto, el quejoso controvierte el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo IV-47011/2015, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, el cual atribuye a las diversas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia del Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, manifestó bajo protesta de decir verdad que no ha interpuesto el recurso de queja para agotar el procedimiento que la ley prevé para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en ese juicio. Esa manifestación hace prueba plena en su contra, pues se trata de una confesión expresa, de conformidad con los artículos 95, 96 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en los que se establece: "95. La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley. 96. La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace; pero si la confesión es la única prueba contra el absolvente, debe tomarse íntegramente, tanto en lo que lo favorezca como en lo que lo perjudique. 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba". Así las cosas, es necesario mencionar que en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, se prevé: "133. En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podrá, por una sola vez, acudir en queja, ante el Magistrado Instructor, el que dará vista a la autoridad responsable para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se interpondrá por escrito ante el Magistrado que corresponda, en dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada, o bien, se expresará la omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trate. El Magistrado Instructor pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de sentencia, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, vencido dicho plazo, con informe o sin él, la Sala resolverá si la autoridad ha cumplido con los términos de la sentencia, de lo contrario, la requerirá para que cumpla en un término de otros cinco días, amonestándola y previniéndola de que en caso de renuencia se le impondrá una multa de cincuenta a ciento ochenta veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente". Como se ve, la ley de la materia prevé un procedimiento para lograr el cumplimiento de las sentencias dictadas por el tribunal contencioso local de esta ciudad, el cual estaba obligado a agotar el quejoso antes de acudir al juicio de amparo a controvertir el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio IV-47011/2015, razón por la cual, si el quejoso no interpuso el recurso de queja por incumplimiento previamente a la promoción del juicio de amparo, es indudable que no agotó el medio ordinario de defensa en contra del acto que reclama, el cual puede modificarlo, lo que actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución. Al respecto, resulta aplicable la tesis I.20o.A.4 A (10a.), que lleva por rubro: "INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL-ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO-. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, UNA VEZ AGOTADO EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY QUE RIGE A ESE ÓRGANO". Por ende, toda vez que el examen de la demanda de amparo y su aclaración permite advertir la actualización de la causa de improcedencia prevista anunciada, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Socorro Herrera Ortega. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque puede advertirse de las demanda de amparo y de su escrito aclaratorio, pues existe claridad en los antecedentes del acto reclamado y esa circunstancia, permite advertir sin lugar a dudas que el quejoso no agotó el medio ordinario tendiente a lograr el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la causa de improcedencia que amerita el desechamiento de una demanda de amparo, se justifica cuando aún de admitirse y tramitarse el juicio, no se podría arribar a una conclusión diversa, siendo que en este caso, la causa de improcedencia es notoria y manifiesta porque deriva de una cuestión de derecho no desvirtuable, la cual no podría variar a pesar de tramitarse el juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo. Lo proveyó y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Luis Hernández Plata, que autoriza y da fe. Doy fe.LHP/mepl
- Principal
Agréguese el ocurso de cuenta, a través del cual desahoga la prevención formulada en autos... este juzgador estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia... por ende, toda vez que el examen de la demanda de amparo y su aclaración permite advertir la actualización de la causa de improcedencia... se desecha de plano la demanda de amparo promovida... háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes... Notifíquese personalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida... fórmese expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 757/2017... se requiere a la promovente para que realice lo siguiente: Precise, qué autoridad o autoridades fueron señaladas como demandadas en el juicio contencioso administrativo... Indique cada uno de los efectos de la nulidad que refiere que fue decretada en el expediente y qué autoridades en específico quedaron vinculadas a su cumplimiento... Notifíquese personalmente de conformidad con lo señalado en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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