Jesús Silverio Cancino Pérez
Expediente 181/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Jesús Silverio Cancino Pérez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de once de marzo del año en curso, que desechó la demanda de amparo presentada ante este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a la parte quejosa, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
I. Demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Rosa María Pérez García, en representación de Jesús Silverio Cancino Pérez, contra actos de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, y otra. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 181/2016, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). II. Se desecha demanda. En principio, del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que la quejosa reclama: "...De la autoridad señalada como responsable en el numeral 1).-, se reclama, que toda vez que mi hijo de nombre JESUS SILVERIO CANCINO PEREZ, se encuentra a su disposición, hasta la fecha dicha autoridad no ha ordenado el inmediato traslado de mi hijo al Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Piedras, Negras, Coahuila; ya que actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS Guanajuato" con domicilio en carretera Laguna de Guadalupe kilómetro 6.5 Hacienda Piedras Negras Municipio de Ocampo Guanajuato, lo anterior sin que tenga porque estar privado de su libertad en el centro federal de referencia, ya que actualmente compurga una pena del fuero comun, lo cual resulta violatorio de las garantías de mi hijo, ya que al estar privado de su libertad en el centro penitenciario referido se le impide estar cerca de su familia y de gozar de la convivencia familiar, lo cual le ayuda para reintegrarse a la sociedad. De la autoridad señalada como responsable en el numeral 2).-, se reclama, que no obstante de no tener justificante alguno para tener privado de la libertad a mi hijo de nombre JESUS SILVERIO CANCINO PEREZ, toda vez que actualmente no tiene pena alguna por compurgar en el referido Centro Federal de Readaptación Social, dicha autoridad lo mantienen privado de su liberta en dicho centro federal, y no han efectuado su traslado al Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Piedras, Negras, Coahuila; ya que mi hijo se encuentra a disposición del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Rio Grande, Especializado en Narcomenudeo, lo cual le causa un grave perjuicio.". Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Establecido lo anterior, y analizadas las constancias de autos, se advierte que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción I, 6 (aplicado a contrario sensu) y 217, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo vigente, que se transcriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.)" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales". De la lectura de los preceptos legales en cita, se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo; dicho numeral establece una regla general a seguir para la procedencia del juicio constitucional; consistente en que éste únicamente puede promoverse por aquella persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de la fracción I, del artículo 5 de la ley de la materia, o en caso excepcional, este principio puede cumplirse a través del representante o apoderado del agraviado; su defensor, si se trata de un acto que derive de un procedimiento penal, o por cualquier persona en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en los artículos 5, fracción I, 6 y 15 de la Ley de Amparo, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, cuando se reúnan los siguientes supuestos de procedibilidad: 1.- Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal (mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento, multa excesiva, confiscación de bienes, y cualquier otra pena inusitada y trascendental), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2.- Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Además, dentro de los postulados básicos del juicio de garantías, están el de la iniciativa o instancia de parte agraviada y el de la existencia del agravio personal y directo; este último, contenido en el artículo 6°, en relación con el 61, fracción XII, de la ley de la materia, el cual consiste en que sólo puede promoverse amparo por quien resulte directamente perjudicado con un acto de autoridad, por aquel que resiente el agravio de manera directa y personal. Por tanto, para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quien figura como quejoso (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser el titular de la acción, es el único legitimado para decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la Ley de Amparo vigente. Para corroborar que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia en alusión, es preciso tener en cuenta que la promovente Rosa María Pérez García, acude a interponer demanda de amparo, reclamando la omisión del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad, de no ordenar el traslado de hijo Jesús Silverio Cancino Pérez, del Centro Federal de Readaptación Social Número 12 "CPS Guanajuato", al Centro de Reinserción Social de esta ciudad. Por tanto, es evidente que la promovente carece de legitimidad procesal para ocurrir al amparo, a reclamar lo antes precisado, en virtud de que éste solo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover el juicio constitucional es personalísimo, aunado que en el caso no se está en ninguno de los supuesto de procedibilidad contenidos en los preceptos 6, 8 y 15 de la Ley de Amparo , pues dicha omisión la hace consistir en una dentro de un procedimiento penal, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, Especializado en Narcomenudeo, con residencia en esta ciudad. En tales condiciones, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. III. Domicilio y autorizados. Se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. IV. Autorización de días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos al Juzgado señalado con antelación, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor. V. Protección de datos personales. Hágase de conocimiento a la promovente, que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, constituyen información pública; sin embargo, independientemente de que exprese o no su oposición a dicha publicación, se ordena suprimir en este asunto los datos personales de éste, así como la información reservada. Lo anterior, en términos del artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 5, 6, 7 y 8, del reglamento del reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley; y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a le información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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