Jesus Silva Tapia

Expediente 109/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
109/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Jesus Silva Tapia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Causa ejecutoria acuerdo que sobreseyó el presente juicio constitucional, ha y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Acuerda oficio. Visto el oficio de cuenta y anexo que remite el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje; en consecuencia, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Pruebas. En otro orden, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante, las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta. Apertura de tomo de pruebas. No obstante lo anterior, debido a la voluminosidad el anexo que se adjunta, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo, debidamente identificado como tomo I de pruebas -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Para lo cual habrán de presentarse las partes en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 1014/2015. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del informe justificado rendido por la responsable, sus anexos, y la constancia remitida a través del oficio de cuenta, se advierte que con relación a dicha omisión se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, del informe justificado rendido por la responsable, sus anexos, y las constancias remitidas a través del oficio de cuenta, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el uno de marzo del año en curso, dictó el laudo respectivo en el juicio laboral 1014/2015, cuya omisión de resolver se reclama en este juicio de la autoridad responsable. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, demostró que dictó el laudo respectivo en el juicio laboral 1014/2015, cuya falta de hacer se reclama en esta instancia constitucional; por tanto, es inconcuso que tales eventos constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado ha desaparecido de modo absoluto, pues la omisión en estudio ya fue subsanada por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseeimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el dieciséis de marzo del año en curso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Número de expediente: 109/2022 Acuerdo: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Acuerda oficio. Visto el oficio de cuenta y anexo que remite el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje; en consecuencia, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Pruebas. En otro orden, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante, las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta. Apertura de tomo de pruebas. No obstante lo anterior, debido a la voluminosidad el anexo que se adjunta, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo, debidamente identificado como tomo I de pruebas -respetando folio, sello y rúbricas que contiene-, y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado. Para lo cual habrán de presentarse las partes en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 1014/2015. Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, del informe justificado rendido por la responsable, sus anexos, y la constancia remitida a través del oficio de cuenta, se advierte que con relación a dicha omisión se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, del informe justificado rendido por la responsable, sus anexos, y las constancias remitidas a través del oficio de cuenta, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el uno de marzo del año en curso, dictó el laudo respectivo en el juicio laboral 1014/2015, cuya omisión de resolver se reclama en este juicio de la autoridad responsable. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, demostró que dictó el laudo respectivo en el juicio laboral 1014/2015, cuya falta de hacer se reclama en esta instancia constitucional; por tanto, es inconcuso que tales eventos constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado ha desaparecido de modo absoluto, pues la omisión en estudio ya fue subsanada por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseeimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para el dieciséis de marzo del año en curso. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio. autorizó el acceso remoto del juicio de amparo 101/2022-VIII, de su índice, a este juzgado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se comisiona a la analista jurídico SISE para que proceda a realizar la vinculación del expediente respectivo para su correcta visualización. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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