Jésus Serrano Alvarado

Expediente 161/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
161/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Jésus Serrano Alvarado
  • Titular de la Secretaría de Bienestar, Delegación Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta secretarial, signado por el Delegado de Programas para el desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaria de Bienestar, con sede en esta ciudad, informando el cumplimento dado al fallo protector de garantías. En tales condiciones, dese vista con lo anterior a la parte quejosa y requiérasele para que dentro del término de tres días, computados a partir de la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses legales convenga respecto al cumplimiento dado por la responsable, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en mención, con base en los elementos que obran en el presente expediente, así como con los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número XXXVIII/99, aprobada por la Segunda Sala el cinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve, que con el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el Tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 161/2020-VI-B, promovido por JESÚS SERRANO ALVARADO, contra actos del Titular de la Secretaría de Bienestar, Delegación Chihuahua, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito de demanda de amparo, presentado ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, en nueve de febrero de dos mil veintitrés y turnada a este juzgado el día siguiente, en donde JESUS SERRANO ALVARADO, solicita el amparo contra actos del Titular de la Secretaría de Bienestar, Delegación Chihuahua, con domicilio en esta ciudad, y Dirección de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar, con domicilio en la ciudad de México, a quienes reclama: "IV. ACTO RECLAMADO.- . . . la omisión de dar contestación a la petición que mediante escrito ingresado con fecha 31 de octubre de 2022, a través de la Secretaría de Bienestar, Delegación Chihuahua, con sede en esta ciudad, . . . " SEGUNDO. Por auto de diez de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 161/2023-VI, se solicitaron a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados. Hecho lo anterior, el trece de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo por diversa autoridad, a quien se le solicitó su informe con justificación; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos humanos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; en virtud de que los actos que se reclaman, se los atribuye a autoridades con competencia en los límites territoriales en los que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte impetrante consiste, en concreto, en la omisión de la autoridad señalada como responsable en dar respuesta a su solicitud presentada el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Dirección de atención a grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar, con domicilio en la ciudad de México, al rendir su informe justificado, negó categóricamente los actos que se le atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtuara esa negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, respecto a la citada autoridad. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. No obstante que la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Bienestar, con residencia en esta ciudad, negó el acto que se le reclama, lo cierto es que la parte quejosa acreditó su existencia con el anexo que agregó a su demanda sobre su solitud realizada a la citada autoridad responsable y en donde aparece el sello de recibido por la misma, en treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, de ahí que esa negativa sea dervirtuada, de ahí que, se tiene por presuntamente cierto el acto reclamado. Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En la especie, al no invocar alguna causa de improcedencia que se hagan valer, ni que se advierta de oficio la actualización de alguna otra, se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son tal y como constan en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este considerando, como si se insertasen a la letra, por economía procesal y porque la ley de la materia no exige su trascripción, además que el hecho que no se trascriban no la deja en estado de indefensión, pues no la priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma y, por otra parte, si no se transcriben, de ninguna forma implica que se dejen de observar los principios de congruencia y exhaustividad con que deben cumplir las sentencias de amparo. Lo anterior encuentra soporte en la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 50/2010, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los de conformar la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo. La parte quejosa aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho de petición reconocido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, presentó un escrito al Titular de la Secretaría de Bienestar, con sede en esta ciudad, solicitud que realizó de manera pacífica y por escrito sin que la autoridad responsable haya dado respuesta al mismo. Resulta fundado el motivo de inconformidad sintetizado con antelación. En efecto, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se observa, el anterior enunciado normativo prevé el denominado "derecho de petición", en función de que cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: La petición: Esta debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigida a una autoridad, recabando constancia de su entrega, debiendo el peticionario proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. La respuesta: - La autoridad deberá emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. - Dicho acuerdo tendrá que ser congruente con la petición. - La autoridad deberá notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio señalado para tales efectos. - No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Ilustra a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la foja 47 del tomo 75, sexta parte, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONGRUENCIA Y LEGALIDAD. El artículo 8o. constitucional obliga a las autoridades a comunicar un acuerdo escrito en respuesta a toda petición, y a comunicarlo en breve término. Es claro que la respuesta debe ser congruente con la petición, pues sería absurdo estimar que se satisface la obligación constitucional con una respuesta incongruente. Pero también es cierto que la respuesta no es incongruente por el hecho de que se diga al solicitante que se estima que faltan elementos formales o materiales en la petición, para poderle dar curso en cuanto al fondo de lo pedido. Y en este caso, lo que procedería sería impugnar la legalidad de la exigencia de tales elementos o requisitos, pero no podría decirse válidamente que la autoridad omitió dictar un acuerdo congruente con la petición, pues la congruencia del acuerdo no debe ser confundida con la legalidad de su contenido." También orienta, la tesis XXI.1o.P.A.36 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, página 1897, cuyo sumario es el que sigue: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." Por su parte, el artículo 7º de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, dispone: "Artículo 7. La autoridad ante quien se ejerza el derecho de petición en los términos del artículo 8o. de la Constitución Federal, comunicará su proveído al peticionario a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación del escrito, salvo lo que disponga la ley para casos especiales." De lo anterior, se advierte claramente que, como imperativo constitucional, las autoridades administrativas tienen la obligación de dar contestación a las solicitudes que se les formulen, en un plazo máximo de quince días hábiles. En la especie, la parte quejosa presentó la promoción desde el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, tal como se advierte del acuse de recibido por la autoridad responsable, documental que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda. En ese sentido, se evidencia el incumplimiento al derecho de petición tutelado por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la peticionaria de la protección federal, ya que a la fecha de presentación de la demanda transcurrió en exceso el plazo legal que para tal efecto se confiere a la citada autoridad responsable. En las relatadas circunstancias, ante lo fundado del concepto de violación analizado, procede conceder a la parte quejosa, el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la responsable, realice lo siguiente: De respuesta de manera puntual, congruente e inmediata a lo solicitado por la parte quejosa en escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, y le notifique personalmente, para que acorde con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se restituya a la parte agraviada en el goce del derecho fundamental vulnerado. Sin que ello implique que la respuesta deba ser en determinado sentido, sino sólo congruente con lo solicitado. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por JESUS SERRANO ALVARADO, por las razones vertidas en el tercer considerando del presente fallo constitucional. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a JESÚS SERRANO ALVARADO, contra el acto omisivo que reclamó al Titular de la Secretaría de Bienestar, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hasta el día de hoy veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. En cumplimiento al artículo 26 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, hace constar: Que la hora de la evidencia criptográfica no coincide con la hora del cierre de la audiencia en razón de que se firmó electrónicamente una vez que las labores del juzgado, así lo permitieron, en su misma fecha. Doy Fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar, en el carácter de delegado autorizado, con residencia en la Ciudad de México, agréguese a sus autos para que obre como corresponda por medio del cual de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su respectivo informe justificado respecto a la autoridad responsable señalada como Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría de Bienestar, con el que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y en términos del artículo 9 de la citada ley de Amparo, designando como delegados a las personas que se indica. Notifíquese Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se aprecia, que no obra en autos el informe justificado ni el acuse de recibido de la autoridad responsable, Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios de la Secretaría del Bienestar, con residencia en la Ciudad de México, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y en su lugar se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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