Jesús Serapio Muciño Quintero
Expediente 1134/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 14/06/2023
Partes del expediente
- Jesús Serapio Muciño Quintero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; mediante el cual, la Asistente de Despacho Judicial adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, en suplencia por vacaciones del Administrador, acusa recibo del disco anexado al oficio 16106/2023 del índice de este Juzgado de Distrito, circunstancia de la cual se toma conocimiento.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta; mediante el cual, el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual el dieciocho de mayo pasado, en el incidente de inejecución de sentencia 9/2023 de su índice, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente. "ÚNICO. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia instado por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por declaratoria de imposibilidad material y jurídica de cumplimiento de la sentencia dictada en el sumario constitucional ****; en los términos establecidos en el Considerando Tercero de esta resolución." Asimismo, devuelve el original de este juicio de amparo, y un disco versátil digital integrado en el mismo expediente. En ese sentido, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acúsese el recibo correspondiente. Ahora, del estado de autos se advierte que el presente sumario constitucional se encuentra debidamente integrado; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, al ser un juicio de amparo en el que el tribunal de alzada revocó la sentencia y otorgó la protección constitucional. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, inciso a), toda vez que se negó y concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el cuaderno principal y el original del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su depuración. Por otra parte en el presente asunto se cuenta con un disco compacto relativo a la causa de penal ********************, remitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su carácter de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez; por tanto, mediante oficio devuélvase el mismo. De conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, primero de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual el la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, acusa recibo del oficio por el que se remitieron los autos del juicio de amparo en que se actúa, a fin de que substancie el incidente de inejecución de sentencia; de igual forma, comunica que quedó registrado bajo el número de incidente de inejecución de sentencia 9/2023, circunstancia de la que este Juzgado de Distrito toma conocimiento.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa y la certificación que antecede, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y a su defensor, en proveído de dieciocho de noviembre del año inmediato anterior, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la imposibilidad de la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que al día de la fecha se haya recibido promoción al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2022, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2022, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: El auto de vinculación a proceso dictado el trece de octubre de dos mil veintiuno, en la causa penal ********************. Previa substanciación del juicio de amparo, el cinco de enero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional, y el cinco de abril siguiente, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************. Inconforme con dicha resolución el quejoso interpuso recurso de revisión del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual se registró con el número ********************, en el cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra el auto de vinculación a proceso emitido el trece de octubre de dos mil veintiuno, en la causa penal ********************, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, actuando como juez de control, para los efectos precisados en el Considerando Quinto de esta resolución". La anterior determinación se tuvo por recibida en auto de catorce de noviembre del año inmediato anterior y en esa fecha se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Ahora, el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio mediante el cual el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, manifestó su imposibilidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en los autos del recurso de revisión ********************, interpuesto por el quejoso ********************, contra la sentencia de cinco de abril de dos mil veintidós, por las consideraciones siguientes: 1. El trece de octubre de dos mil veintiuno, se dictó auto de vinculación a proceso contra ********************, por los hechos con connotación de los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su hipótesis de comercio, en su variante de compra de clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado en los artículos 475 de la Ley General de Salud y portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con el numeral 9, fracción I, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; bajo un concurso real de delitos. 2. Inconforme con esa determinación, el imputado a través de su Defensor Público Federal, promovió demanda de amparo que correspondió conocer a este Juzgado de Distrito bajo el juicio********************, mismo en el que en audiencia constitucional de cinco de abril de dos mil veintidós, le fue negada la protección de la Justicia Federal. 3. El veintiocho de abril siguiente, el quejoso interpuso recurso de revisión contra dicha resolución, que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, quedando radicado bajo el número de amparo en revisión ********************. 4. El diez de agosto de dos mil veintidós, el defensor público del imputado, en autos de la causa de origen solicitó audiencia de sobreseimiento parcial en favor de ********************, por el delito contra la salud por el que fue vinculado a proceso. 5. En audiencia de veintitrés de agosto siguiente, se llevó a cabo el análisis de la causal de sobreseimiento expuesta por la defensa, en la que se estableció lo siguiente: "ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. La defensa Pública Federal, solicitó se decretara el sobreseimiento parcial de la presente causa penal, respecto al delito de CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN SU HIPÓTESIS COMERCIO EN SU VARIANTE DE COMPRA DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA, ello con motivo de la ampliación del dictamen de medicina en la especialidad de farmacodependencia v toxicomanía en el que quedó determinado que la cantidad que el imputado compró fue de doscientos miligramos de cocaína, lo que se justificaba dada la adicción que padece y que la misma sería destinada a su consumo personal inmediato. Y toda vez que, se advirtió que en la etapa de investigación inicial quedó demostrado que el encausado es farmacodependiente, ello con base en los dictámenes aportados por la fiscalía; además, en la investigación complementaria derivado de la ampliación del dictamen de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, quedó establecido que el encausado compró doscientos miligramos de cocaína y no dos gramos, como se estableció en el primer dictamen, lo que evidencia que dicha cantidad es menor a quinientos miligramos -máximo permisiblemente poseer para consumo personal inmediato con motivo de la dependencia a dicha sustancia-, por ende, se consideró que debía atenderse a un tratamiento especial como farmacodependiente, por lo que no ameritaba la aplicación de una sanción; en esa tesitura, se actualizó la excluyente del delito que establece el artículo 15, fracción IX, del Código Penal Federal. Asimismo, en virtud de que el hecho materia de formulación imputación no constituye delito, la conducta no resulta punible y por ende, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 327, fracción I y 329 ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decretó el sobreseimiento parcial de esa causa penal, por lo que respecta al delito de contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su hipótesis comercio en su variante de compra de clorhidrato de cocaína, previsto y sancionado en el artículo 475 de la Ley General de Salud, y por ende solamente se debería continuar el presente procedimiento por lo que hace al diverso ilícito materia de la vinculación a proceso. 6. Contra dicha determinación el agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la Magistrada del Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito Habilitado como Tribunal de Alzada, el veintidós de septiembre del año pasado, confirmando la resolución impugnada. En esas condiciones, refirió que existe la imposibilidad mencionada porque la situación jurídica que rige en el presente asunto es lo decidido en audiencia de veintitrés de agosto del año anterior, pues dada la petición de la defensa y previo debate entre las partes, se decretó el sobreseimiento parcial de esa causa penal al evaluar que se actualizaba una excluyente del delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en su hipótesis de comercio en su variante de compra de clorhidrato de cocaína dada la farmacodependencia a ella por parte de ********************; argumento que se advierte es coincidente con el criterio de los magistrados del Tribunal Colegiado de mérito, con lo que de alguna manera podría estimarse que se encuentra cumplido el efecto total e incluso lo relativo al delito de portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con el numeral 9, fracción I, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que es el único por el que actualmente se sigue el procedimiento que nos ocupa. Por tales circunstancias, es que el Juez responsable estima que no podría generarse nuevamente una audiencia de vinculación a proceso en contra del imputado y tampoco una versión escrita de ella como es requerido, pues incluso el sobreseimiento parcial decretado se encuentra confirmado por el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, habilitado como Tribunal de Alzada, lo que robustece la imposibilidad material indicada. Por lo que, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, con esas manifestaciones, se ordenó dar vista a la parte quejosa y a su defensor, para que dentro del plazo de tres días se pronunciaran al respecto, sin que ello hubiera acontecido. En consecuencia, se declara la imposibilidad al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, dadas las manifestaciones de la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez. En ese sentido, previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de la parte quejosa, así como de su defensor la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes; asimismo, transcurrido el plazo previsto en el numeral citado, este órgano federal remitirá el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, tal como está previsto en el párrafo último del artículo 196 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente al quejoso, así como a su defensor. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Maricela Carbajal Piña, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
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