Jesús Segura Deaquino

Expediente 6/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
6/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Jesús Segura Deaquino

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que dentro del término legal, no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. En virtud de que se desechó la demanda que dio origen a este juicio, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede ARCHIVARLO definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, doce de enero de dos mil veintiuno. V i s t o el escrito de demanda de amparo presentada vía electrónica y signada por *****en representación de *******, sin firma autógrafa o electrónica de los directos quejosos, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades responsables Secretario de Seguridad del Estado de México. Comisario de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Actos reclamados La orden de arresto dictada en contra de los quejosos; La posible ejecución de dicha orden. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Desechamiento Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que establecen. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden público que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (...). En los citados artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anterior es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado. En la inteligencia de que, en todo caso, la demanda de amparo deberá contener la firma del promovente o, al haberlo presentado por medios electrónicos, la evidencia criptográfica de la parte promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, además de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, a través de la firma, la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. Una vez recibida la demanda de amparo ante el órgano jurisdiccional, el juzgado de distrito tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento. En ese tenor, es la voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital; o bien, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3 de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite al quejoso el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que, quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, los artículos 3, 6 y 14 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo de ocho de junio de dos mil veinte, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo. En ese sentido, cada documento electrónico que se reciba contendrá una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. Cabe destacar que la firma electrónica, en términos de lo que establece el artículo 3 de la Ley de Amparo, no es necesario cuando el amparo se promueva respecto de alguno de los actos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, dado que la demanda de amparo se exhibió en forma electrónica, en principio debe verificarse si al momento de su presentación contaba con la firma electrónica de los quejosos. En ese sentido, del escrito de demanda se advierte que cuenta con la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica avanzada (FIREL) de Gregorio Eligio Ángeles en representación de los quejosos. Ahora bien, del proemio del escrito de demanda, se aprecia que el signante se ostentó de la siguiente manera: "*******, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo" De la trascripción que precede se pone de relieve el hecho de que ******, quien signó electrónicamente el ocurso inicial, promovió el juicio constitucional en representación de directos quejosos, empero no señala que éstos se encuentren imposibilitados para presentar la demanda. Esto es así, pues únicamente refirió que la presentación del juicio que nos ocupa, constituye una demanda de amparo respecto de actos que importan peligro de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, mismos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; por lo que se trata de un caso de tramitación urgente, máxime que se solicita la tramitación del presente caso bajo el esquema de "juicio en línea", referido a los expedientes en los que las partes actúen desde el Portal de Servicios en Línea y en los que la tramitación electrónica se erija como el eje principal, ello a efecto de promover la practicidad y celeridad en los juicios, principalmente los que como en el presente caso, importan actos tendientes a la privación de la libertad, lo anterior de conformidad con el artículo 4º del acuerdo general 13/2020 del Consejo de la Judicatura Federal. Habiendo establecido lo anterior; es decir, que la demanda de amparo fue signada de manera electrónica por una persona diversa a los directos quejosos corresponde analizar si el acto reclamado se encuentra dentro del catálogo de supuestos normativos previstos por el numeral 15 de la ley de la materia, para así poder establecer si el ocurso inicial podía o no ser presentado por cualquier persona, diversa al peticionario de amparo. Luego de una lectura de los hechos que narra a manera de antecedentes y del concepto de violación, se advierte que aduce lo siguiente: 1. Los hoy quejosos se dedican a actividades de construcción y mantenimiento de estructuras metálicas mediante el servicio de herrería y electricidad, entre otros oficios que se requieren para cumplir con su labor cotidiana. 2. Es el caso que la madrugada del día de ayer 10 de enero de 2020, siendo aproximadamente las 04:00 horas, me manifestaron los quejosos que al encontrarse realizando labores de retiro de los anuncios de terceros instalados los puentes ubicados en ******, que fueron abordados por elementos de la policía, quienes manifestaron ser del Estado de México y del Municipio de Naucalpan, de quienes se desconoce su nombre al no haberse identificado, y quienes apercibieron a los quejosos indicando que de continuar realizando labores de retiro, serían arrestados, pues ya existía una orden para una orden de arresto para las personas que retiraran publicidad en dichos puentes. Cabe señalar que los quejosos cuentan con autorización para retirar los anuncios que nos ocupan, ello de conformidad con el CONVENIO PARA LA REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES UBICADOS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA LIBRE DE PEAJE DEL ESTADO DE MÉXICO, de fecha 13 de septiembre de 2011, celebrado entre la Junta de Caminos del Estado de México y la moral denominada Anuncia Medios Urbanos, quien encomienda las labores de retiro de anuncios de terceros a los hoy quejosos, convenio que dentro de su Cláusula Tercera, apartado de Derechos de la Empresa, numeral 2, establece que en caso de que exista obstrucción en los puentes objeto del mismo, se otorga la facultad más amplia a dicha persona moral para retirarlos, como se ve a continuación: . Dicho convenio se adjunta manifestando bajo protesta de decir verdad que es copia íntegra e inalterada del documento original impreso. . 3. Cabe señalar que no es deseo de mis representados señalar como autoridades responsables a los elementos de la policía, quienes manifestaron ser del Estado de México y del Municipio de Naucalpan, toda vez que se desconoce su nombre y cargo. 4. De igual forma, es pertinente señalar que la presentación del juicio que nos ocupa, constituye una demanda de amparo respecto de actos que importan peligro de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, mismos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; por lo que se trata de un caso de tramitación urgente, máxime que se solicita la tramitación del presente caso bajo el esquema de "juicio en línea", referido a los expedientes en los que las partes actúen desde el Portal de Servicios en Línea y en los que la tramitación electrónica se erija como el eje principal, ello a efecto de promover la practicidad y celeridad en los juicios, principalmente los que como en el presente caso, importan actos tendientes a la privación de la libertad, lo anterior de conformidad con el artículo 4º del ACUERDO GENERAL 13/2020. CONCEPTOS DE VIOLACION ÚNICO.- El acto reclamado consistente en la orden de arresto de los quejosos, viola en perjuicio de los mismos lo dispuesto los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que los ahora quejosos fueron apercibidos de arresto por las autoridades responsables, con base en una supuesta orden que no ha sido notificada y sin que se haya llevado a cabo un procedimiento previo para ello, violentándose con ello las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica de las que goza todo gobernado, y respecto de los cuales nos reservamos el derecho a formular ampliación de demanda una vez que las autoridades responsables rindan sus informes justificados. Así, del contenido de la demanda de amparo se hace patente que Gregorio Eligio Ángeles, como ya se hizo alusión, refiere promover el juicio constitucional en nombre de los directos quejosos, en términos del numeral 15 de la ley de la materia, empero, no aduce cual es la imposibilidad que tienen los quejosos para que ellos presentaran y signaran la demanda, toda vez que de su narrativa no se aprecia que éstos hayan sido privados de la libertad, por lo que no acredita que no pudieran promover la demanda ellos mismos. Esto es así, pues se hace patente que el acto que se pretende combatir en la demanda que ahora se acuerda, es precisamente la orden de arresto que dice existe en contra de los directos quejosos, la cual y de los hechos narrados, no ha sido ejecutada, por lo que éstos no se encuentran privados de su libertad. Es decir, el acto que se pretende combatir, aducen deriva de una supuesta orden de arresto ya existente para las personas que retiraran publicidad de los puentes que se encuentran sobre la vialidad denominada periférico, pero no así que esa orden de arresto sea sobre la persona de los directos quejosos, por lo que no se encuentra entre los actos que prevé el numeral 15 de la Ley de Amparo. Supuestos normativos en los cuales la ley de la materia prevé que la demanda de amparo puede, de hecho, presentarse por cualquier persona. En efecto, el artículo 15 de la Ley de Amparo refiere lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. De la transcripción anterior se pone de relieve en que el numeral citado prevé los supuestos en contra de los cuales, la demanda de amparo podrá ser promovida por cualquier persona, sin importar si es menor de edad, si el agraviado no pudiere o estuviese imposibilitado para hacerlo. Evidentemente, si la promoción del juicio constitucional se hiciera por medios electrónicos y se reclamara alguno de los actos contenidos en dicho listado, entonces el escrito de demanda no tendría que ir acompañado por la "FIREL" del promovente. Ahora bien, dichos actos, tomando en consideración los establecidos en el primer párrafo del artículo 22 constitucional, y retomados por el primer párrafo del numeral 15 de la Ley de Amparo son los siguientes: Actos que importen peligro de privación de la vida; Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; Incomunicación; Deportación o expulsión; Proscripción o destierro; Extradición; Desaparición forzada de personas; Penas de muerte, de mutilación, de infamia; La marca, los azotes, los palos; El tormento en cualquier especie; La multa excesiva; La confiscación de bienes, etc. Es decir, si una demanda de amparo se promueve, por medios electrónicos, por alguno de los antedichos actos, la falta de la" FIREL" del promovente no resultaría en un requisito sine qua non, por el cual, ante su ausencia, o la signa del ocurso en comento, por una persona diversa al directo quejoso, se deba desechar de plano, que además es retomada por la propia Ley de Amparo en el último párrafo del artículo 3. Lo anterior porque, el precepto normativo en estudio establece un supuesto jurídico privilegiado, pues entiende que los actos que en él se contienen son de extrema gravedad en atención a su naturaleza y efectos; de ahí que la ley de la materia permita que, al reclamarse de alguno de los actos listados en este artículo, la demanda de amparo pueda presentarse por el quejoso aun sin su firma, o en nombre del mencionado quejoso, pero por cualquier persona. Ahora, de todo lo expuesto, en el caso se aprecia que ****en representación de ******, promueve el juicio constitucional, en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo; empero el acto que pretende combatir es la orden de arresto decretada en contra de los quejosos y su posible ejecución, el cual y de su narrativa no ha sido materializado. Por tanto, dicho acto no se encuentra dentro del catálogo previsto por el citado numeral 15 de la Ley de Amparo; de ahí que el signante de la demanda no pudiera promover el juicio constitucional en representación de los directos quejosos, en los términos en los que lo hizo. En efecto, dicho numeral prevé como un acto prohibido los actos que atenten contra la libertad personal de las personas fuera de procedimiento; sin embargo, una orden de arresto no ejecutada y que dicen se emitió de manera genérica en contra de las personas que retiren publicidad de terceros en los puentes de la vialidad denominada periférico, no resulta ser un acto que se encuentre en los previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Por lo que, si el promovente alega que el acto reclamado del que se duele en nombre de los quejosos, se encuentra dentro de los supuestos del numeral 15 de la Ley de Amparo, pues consiste en un acto que pretende privarlos de su libertad con motivo de una supuesta orden de arresto administrativo fuera de procedimiento, resulta patente que parte de una premisa equivocada; pues si bien es cierto que la orden de arresto administrativo atentan contra la libertad personal de los quejosos, también lo es que ésta en su caso, no ha sido ejecutada; más aún cuando el propio promovente relata que la orden de arresto se decretó de manera genérica en contra de las personas que retiren publicidad de terceros en los puentes de la vialidad denominada periférico. De ahí que, si el acto que se pretendió combatir no se encuentra dentro del catálogo previsto por el numeral 15 de la Ley de Amparo, resulta patente que quienes debieron signar el ocurso inicial lo eran directamente los agraviados, máxime que de la narración de la demanda no se advierte la imposibilidad de éstos para signar la demanda, pues no se aprecia que se encuentren privados de la libertad o incomunicados, tampoco que se encuentren imposibilitados para promover la demanda de amparo por propio derecho. En ese sentido, al no advertirse de la demanda de amparo la manifestación de voluntad de los promoventes para acudir a la presente instancia constitucional, ya que la demanda de amparo presentada en línea, carece de la firma electrónica (evidencia criptográfica) con la cual las partes en el juicio expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, es inconcuso que no se le puede dar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) de los promoventes. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Resulta aplicable lo anterior la jurisprudencia P./J.8/2019 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que la demanda de cuenta carece de la firma electrónica (evidencia criptográfica) de los directos quejosos. Es indudable, porque no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto 6 ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio para oír y recibir notificaciones personales Como lo solicita, se autoriza que las notificaciones que se generen en el presente juicio de amparo se le practiquen vía electrónica, a través del usuario que proporciona; por lo que se comisiona a los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que le practique la notificación de este auto, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por dicho medio. En el entendido que le recae la obligación a la parte quejosa, ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y los artículos 35, 36 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Finalmente, se instruye a la analista jurídico sise para que registre en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario que proporciona el promovente. Autorización para consulta expediente electrónico Se acuerda de conformidad la solicitud del promovente de que se le permita a las personas que menciona el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, vía internet a través de los usuarios que proporciona, siempre y cuando se encuentren registrados en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico", con el nombre de los usuarios que indica y tengan su firma electrónica vigente. Por tanto, se instruye a la analista jurídico sise para que otorgue a las personas autorizadas del promovente, el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual deberá asociar el nombre de los usuarios que se proporciona. Se tiene como medio alternativo de contacto el correo electrónico que proporciona el promovente, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de esta determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: vía electrónica a la parte quejosa

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