Jesus Segundo Martiñon
Expediente 1673/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1673/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Jesus Segundo Martiñon
- JESUS SEGUNDO MARTIÑON y Otros.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Intégrese la razón actuarial a través de la cual, la fedataria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído emitido el siete de noviembre de dos mil veintitrés, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, fue atendida por una persona del sexo masculino cuya media filiación describe y el cual le informó que se trataba del domicilio correcto pero que no conocía a los quejosos ni a sus autorizados, por lo que no podía recibir documentos a su nombre. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, practíquese la aludida notificación del siete de noviembre de dos mil veintitres, y la relativa al presente acuerdo, así como las subsecuentes, por medio de las listas que se publica en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación; ello, hasta en tanto señale nuevo domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional (Toluca) o su zona conurbada (Metepec, Lerma, Zinacantepec y Almoloya de Juárez), para tal efecto; o bien, designe un usuario debidamente registrado en el registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE EST FECHA, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: " Número de expediente: 1673/2023 Acuerdo: Toluca, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación Vista la demanda promovida por ********************y ********************, ambos de apellidos ********************; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, regístrese con el número de expediente 1673/2023-VI-B. Acto reclamado Del análisis integral del escrito de demanda, se precisa que el acto reclamado sustancialmente se hace consistir en: La orden de citación y/o presentación y/o aprehensión, como consecuencia del citatorio de instrucción girado en la causa de control ********************, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, por el cual se hace del conocimiento de los quejosos su obligación de asistir ante dicha autoridad para el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación sin detenido en la causa de mérito por el hecho delictuoso de lesiones y daño en los bienes, a llevarse a cabo a las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Desechamiento Ahora, precisado lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta en atención a que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Los preceptos, anteriores en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación a la libertad personal de los quejosos. Para que se actualice un agravio, éste debe afectar algún derecho jurídicamente tutelado en favor de los directos quejosos, es decir, de quien acude a la demanda de amparo, a efecto de salvaguardar aquel derecho; por lo que ese agravio debe concretarse en aquél y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés derivado de una afectación a la libertad personal para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle, habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. En ese contexto, únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener una afectación a la libertad personal y le causa agravio no reparable mediante algún medio de defensa, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica; de conformidad con lo expuesto en la fracción IV, del numeral 107 de la Carta Magna. En el caso, los quejosos se duelen sustancialmente de la citación, emitida en su contra por la autoridad señalada como responsable. Si bien, la orden de citación reclamada está encaminada a la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos por parte de la autoridad ministerial ante quienes se haya realizado la denuncia con ese fin, lo cierto es, que dicho acto no ocasiona un perjuicio a la esfera jurídica de los impetrantes del amparo, porque no se ha ocasionado alguna afectación en sus derechos fundamentales, como el de gozar de libertad o algún otro. Lo anterior, no implica que los quejosos hubieren participado en la comisión de ese hecho probablemente constitutivo de algún ilícito, ya que simplemente representa un aviso de que deben presentarse ante la autoridad jurisdiccional o ministerial para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación. En efecto, para emitir el acto reclamado, la autoridad señalada como responsable únicamente está actuando en estricto apego a las facultades que les son conferidas en el precepto constitucional marcado con el numeral 14, de tal modo que a los impetrantes no se les causa un perjuicio ya que no se afecta la libertad personal de los solicitantes de amparo ello en razón de que, la investigación que se realice en relación a hechos que puedan determinar si un hecho es calificado como delito, o no. Ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de la libertad a la parte quejosa y que por ello lesione sus derechos humanos o las garantías que para su protección establece la norma fundamental, ya que en todo caso será hasta que la autoridad jurisdiccional determine que existe la posibilidad de que los indiciados lo cometieron o participaron en su comisión; y derivado de la petición que formule el órgano técnico de investigación, se ordene entonces librar una orden de aprehensión, momento en el cual, de forma real y efectiva se afectará su esfera jurídica y personal. Y si bien, los promoventes deben comparecer ante la autoridad señalada como responsable, ello no es motivo para que su libertad se vea afectada, pues su presencia únicamente busca demostrar la verdad detrás de los probables hechos delictuosos para determinar si existe o no responsabilidad de su parte en la comisión de aquéllos, mas no así, privarlos de su libertad; además, se encuentran con libertad de acudir o no a la orden de citación; por tanto, dicho acto, no tiene como finalidad restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de aprehensión por una autoridad judicial. Considerar que la orden de citación en base al citatorio que se duele la parte quejosa de la responsable, transgrede su derecho de libertad, resulta improcedente, porque lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal. Por lo antes relatado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV del citado ordenamiento, y, por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por ********************y ********************, ambos de apellidos ********************. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 239 del Semanario Judicial de la Federación, tomo I (diciembre de 2018), Décima Época, que a la letra dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.". Misma consideración adoptó este Juzgado en los expedientes 1253/2021-III-A, 15/2022-I-C y1571/2023-II-B, del índice de este órgano jurisdiccional. Representante común En uso de la facultad que establece el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene representante común de los quejosos a ********************Segundo Martiñón. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a tener como domicilio los correos electrónicos proporcionados, en virtud de que dichos medios de comunicación no se encuentran contemplados dentro del artículo 26 de la Ley de Amparo, ya que en términos de dicha porción normativa las notificaciones se harán dentro del juicio de amparo de manera personal, por oficio, por lista y vía electrónica, no así por algún medio distinto a lo previsto por la legislación en cita. Correo Electrónico Empero, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como medio alterno de comunicación no procesal los correos electrónicos que proporcionaron, para efectos del sumario en que se actúa. Autorizados En relación a las personas que designan como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígaseles que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta del expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. "
- Principal
Toluca, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio Agréguese el oficio signado por el delegado de la autoridad responsable, por medio del cual remite diversas constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
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