Jesús Santiago Hernández

Expediente 224/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
224/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
13/10/2022

Partes del expediente

  • Jesús Santiago Hernández
  • Director del Centro Penitenciario y de Reinsercion Social Santiaguito, Almoloya de Juárez,Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la Defensora de la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA IV. CITATORIO PARTE QUEJOSA SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMINTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS EN EL QUE: Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la Defensora de la parte quejosa.

  3. Principal

    DESAHOGA PREVENCIÓN. Se tiene por recibido el escrito firmado por Luceli del Carmen Mendoza Martínez, en su carácter de defensora del quejoso Jesús Santiago Hernández, mediante el cual desahoga la prevención formulada en auto de veinticinco de febrero del año en curso; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La privación ilegal de la libertad dentro de un procedimiento, que se llevó a cabo el veinticuatro de enero de dos mil catorce. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda promovida, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la citada demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En esas condiciones, se advierte de oficio que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.(.)". Conforme a la interpretación de este numeral, la improcedencia del juicio de amparo se genera cuando existe un cambio de situación jurídica respecto del acto reclamado, cuyos elementos son: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que durante la substanciación del juicio de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamo en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la legalidad o constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento o juicio correspondiente, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En ese sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 51, publicada en la página 39, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Novena Época, de rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Conforme a la porción normativa transcrita, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver sin afectar la nueva, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso concreto, del contenido del escrito de cuenta, firmado por Luceli del Carmen Mendoza Martínez, en su carácter de defensora del quejoso Jesús Santiago Hernández, así como de las constancias remitidas por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, se advierte que el doce de julio de dos mil dieciocho, el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dictó sentencia condenatoria en la causa de juicio 145/2015-JO, en contra del ahora quejosa y de otras personas, al haberse acreditado su responsabilidad penal en la comisión del hecho delictuoso de homicidio con complementación típica y punibilidad autónoma por haberse causado la muerte de dos personas, previsto y sancionado por los artículos 241 párrafo primero, 242 fracción IV, con relación a los diversos 6, 7, 8, fracciones I y III, 9 y 11 fracción I, inciso d), del Código Penal vigente en agravio de quienes en vida respondían al nombre de Juan Efraín Retana Correa y Gustavo Meléndez Castillo; así como por el diverso hecho delictuoso de homicidio en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 241 párrafo, 242, fracción I, del código en cita, en agravio de Edgar Alcántara Juárez. Posteriormente, en auto de doce de octubre de dos mil dieciocho el Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dictó auto en el que declaró que había quedado firme y ejecutable la resolución dictada por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, en el toca de apelación 412/2018, en la que determinó modificar la diversa dictada en la causa de juicio 145/2015, en la que, por lo que respecta al quejoso Jesús Santiago Hernández, determinó una penalidad de setenta años de prisión que deberá compurgar contados a partir del día veintiocho de febrero de dos mil catorce, por considerar que a partir de esa fecha fue privado materialmente de su libertad personal, debiendo descontárseles el tiempo que ha permanecido privado de la misma, y que al día de la emisión de dicho fallo sería de mil seiscientos ochenta y tres días, entre otras determinaciones. En tales consideraciones, se advierte que si bien es cierto que aduce el quejoso se llevó a cabo una privación ilegal de la libertad el veinticuatro de enero de dos mil catorce, lo cierto es que, el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, al resolver la sentencia de apelación en el toca de apelación 412/2018, determinó condenar al quejoso con una penalidad de setenta años de prisión que deberá compurgar contados a partir del día veintiocho de febrero de dos mil catorce, por considerar que a partir de esa fecha fue privado materialmente de su libertad personal, determinación que fue declarada firme y ejecutable en auto de doce de octubre de dos mil dieciocho, lo que conlleva a un cambio de situación jurídica con relación a los actos reclamados, por lo que éste ya no puede analizarse sin afectar esta nueva situación jurídica del quejoso, la que incluso fue declarada firme. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Jurisprudencia I.3o.P. J/1, Registro digital: 205153, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Mayo de 1995, página 269, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSION. AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO SE PRONUNCIA AUTO DE FORMAL PRISION. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la orden de aprehensión y, durante su substanciación se comunica que ya se pronunció auto de formal prisión en contra del quejoso, es manifiesto que, habiéndose ejecutado tal orden de aprehensión, cambió la situación jurídica del indiciado, pues los efectos de la detención se derivan a partir de ese momento de la prisión preventiva, cesando por ende los efectos de la situación jurídica anterior, por lo que se surten las causas de improcedencia previstas en las fracciones X y XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que por ser de orden público deben atenderse preferentemente, sin que sea óbice para llegar a la anterior conclusión la adición que hizo el legislador a la fracción X del aludido artículo 73 de la Ley de Amparo, con un segundo párrafo que a la letra dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 16, 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Una correcta interpretación de tal reforma, es en el sentido de que debe armonizarse por hermenéutica jurídica con los demás preceptos antes citados, que en la propia Ley de Amparo se establecen, en cuanto al cambio de situación jurídica del acto reclamado y cuando hayan cesado los efectos de éste, como causas de improcedencia, pues es clara la intención del legislador de que el juicio de amparo que se promueva contra el auto de formal prisión debe resolverse siempre, lo cual se deduce de la fracción X del artículo 73 antes transcrito, en el sentido de que el juez penal señalado como autoridad responsable debe suspender el procedimiento en lo que corresponde al quejoso una vez cerrada la instrucción, hasta que sea notificado de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Interpretándose lógicamente esa reforma en que los efectos de privación de la libertad, se derivan del auto de formal prisión y no respecto de la orden de aprehensión, pues por haberse ejecutado cesaron sus efectos, siendo la privación de libertad consecuencia del auto de formal prisión, que es la nueva situación jurídica, base del procedimiento penal. Por consiguiente, es correcto el criterio del juez de Distrito que decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en las ya precisadas causas de improcedencia. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, derivada de un cambio de situación jurídica, con fundamento en el diverso 63, fracción V de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la Defensora del quejoso.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el escrito firmado por **** en su carácter de defensora del quejoso Jesús Santiago Hernández, mediante el cual exhibe el acta de visita a centro preventivo, de la que se advierte que el quejoso Jesús Santiago Hernández, pretende desahogar la prevención formulada en veinticinco de febrero del año en curso; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes. SUBSISTE PREVENCIÓN. Atento a lo anterior, de la promoción de cuenta, se advierte que únicamente adjunta diversas manifestaciones suscritas por el quejoso, sin que la Defensora hubiese dado cumplimiento a la prevención de veinticinco de febrero del año en curso, como fue ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito al resolver el recurso de revisión 114/2022 de su índice y como se precisó en auto de dos de septiembre del año en curso, en tales condiciones, subsiste la prevención realizada en dicho auto en los términos indicados. Se precisa que la defensora cuenta con tres días del plazo otorgado para satisfacer la prevención formulada, pues es el que le resta del término concedido en el proveído de veinticinco de febrero del año en curso, el cual fue notificado en siete de los cursantes; asimismo, se apercibe para el caso de no desahogar en sus términos el requerimiento precisado, se le hará efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó en el auto de prevención y se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000702, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de dos mil tres, Novena Época, con número de registro 182896, que establece: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda." En tales consideraciones, se requiere a la Defensora del quejoso para que dé cumplimiento a la prevención realizada en veinticinco de febrero del año en curso, en los términos ahí precisados, subsistiendo el apercibiendo que se realizó para el caso de que no dé cumplimiento en los términos requeridos. Se apercibe a Luceli del Carmen Mendoza Martínez, en su carácter de defensora del quejoso Jesús Santiago Hernández, que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la Defensora del quejoso. Así lo acordó y firma Enrique Vázquez Pérez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Norah Ilian Pérez de León, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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