Jesús Sanchez Vicente
Expediente 118/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2023
Partes del expediente
- Jesús Sanchez Vicente
- Jesús Sanchez Vicente y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta y anexos que acompaña, signado por el Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, con sede en el referido municipio, con el que devuelve debidamente diligenciado el despacho 10/2023, número de orden 15/2023, del índice de este Juzgado, mismo que se envió para notificar al quejoso Jesús Sánchez Vicente. Se deja de hace mayor pronunciamiento a su contenido toda vez que en auto de ocho de febrero se tuvo por recibida dicha comunicación, en la que se reservó proveer únicamente respecto al domicilio del aludido quejoso. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se desprende que el término de tres días que se le otorgó a la referida parte tercero interesado mediante auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ha transcurrido, toda vez que de las referidas constancias anexas al despacho de cuenta, se advierte que el fedatario judicial adscrito al juzgado despachado, le notificó personalmente el tres de febrero del año en curso, sin que haya desahogado dicho requerimiento a satisfacción de este Juzgado Federal; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento; por tanto, notifíquesele el presente auto por medio de lista, así como todos los subsecuentes, aun los de carácter personal, de conformidad con el artículo 27 fracción II, en relación con el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de queja contra el auto de treinta de enero del año en curso, por el cual, se desechó la demanda de amparo de que se trata; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso d), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Primer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, con sede en Pichucalco, Chiapas, con el que devuelve el despacho ********************, con número de orden ********************, del índice de este Juzgado, diligenciado, mismo que se envió para notificar al quejoso ********************, el proveído de treinta de enero anterior. Dese de baja del libro de comunicaciones oficiales enviadas de este Juzgado Federal, el despacho de referencia, para fines de estadística. Por otra parte, resérvese proveer lo conducente, respecto a la notificación del impetrante de derechos, toda vez que de las constancias anexas al despacho de cuenta, se advierte que el quejoso de mérito, fue notificado personalmente el tres de febrero de esta anualidad, por lo que aún se encuentra transcurriendo el plazo otorgado en el normativo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo.
- Principal
... Antes de proveer sobre la admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En este sentido, tenemos que el quejoso, señaló como acto reclamado, el siguiente: "(.) (.)" El auto citado, constituye la génesis del acto reclamado en esta vía, respecto del cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Del artículo antes trascrito, establece la improcedencia del juicio de garantías, cuando contra el acto de autoridad que se reclama exista recurso o medio de defensa legal, que deba ser agotado antes de interponer el ocurso de demanda de amparo; y, que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto, sin distinción alguna, siendo suficiente que en la ley que rija el acto reclamado contenga el recurso o medio de defensa legal, los cuales deben estar a disposición del justiciable a efecto de poder ejercerlos. Ahora, dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen nuestro medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III inciso a) y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, por lo que la legislación secundaria, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, se resalta que el principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley rige al acto reclamado para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, siendo que debe agotarse antes de promover el presente juicio de garantías, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que sea interpuesto por la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio en comento, se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales. Por otra parte, lógico es concluir, que antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Sin duda, los preceptos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, así como los criterios invocados, revelan que se actualiza la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cuando no se agotan los medios ordinarios de defensa, siempre que concurran los siguientes requisitos: a).- Que en contra del acto reclamado proceda un recurso, juicio o medio de defensa legal; b).- Que a través de dicho recurso, juicio o medio de defensa legal, se pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado; c).- Que el recurso, juicio o medio de defensa legal se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente; d).- Que dicha ley guarde relación con los actos reclamados, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, sus efectos, o bien, sus formas de impugnación; y, e).- Que conceda la suspensión sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Por lo anterior, en el presente caso, es importante mencionar los artículos 385 y 386, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos, establecen: "Artículo 385. Tendrán derecho de apelar: I. El Ministerio Público; II.- El acusado y su defensor; III.- El ofendido o sus legítimos representantes, cuando aquel o estos coadyuven en la acción reparadora y solo en lo relativo a esta. "Artículo. 386. Son apelables: II. Los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdicción o competencia; los que manden suspender o continuar la instrucción; el de formal prisión o el que la niegue; el que conceda o niegue la libertad; y el que niegue la orden de aprehensión. (.)" De la exegesis que se realiza del precepto antes aludido, se evidencia, que el recurso de apelación procede contra los autos que concedan o nieguen la libertad, por lo que resulta inconcuso que, cabe la apelación en contra del auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, en la causa penal ********************, en el que se niega la solicitud de prescindir de la pena privativa o restrictiva de la libertad que le fue impuesta al hoy impetrante de amparo, por tanto, debió recurrirla a través del referido medio de impugnación, antes de acudir al juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que, cuando en un juicio penal se ventilan cuestiones relacionadas con la libertad, ello, no excluye al justiciable para que agote los recursos ordinarios de defensa, que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto generador de molestia; por lo que, es obligación de la parte quejosa agotar los medios de defensa, para la procedencia del juicio biinstancial que intenta. Es aplicable, la jurisprudencia, de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Luego, el quejoso debió agotar el medio de defensa ordinario, que procede en contra del acto reclamado; antes de acudir a la instancia constitucional, porque no se actualizan para la procedencia del juicio de amparo indirecto intentado, ninguno de los supuestos de excepción. Sobre la base de lo antes expuesto, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por ********************, con fundamento en el artículo 113, con relación a la fracción XVIII de numeral 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia, que sostiene: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, toda vez que el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda se encuentra fuera de la residencia de este órgano de control constitucional, pero dentro de su ámbito de competencia territorial; con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, 298 al 300 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, 158 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación; gírese despacho vía correo electrónico al Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, con residencia en esa demarcación, para que en auxilio de las labores de este juzgado, por conducto del actuario judicial de su adscripción, ordene notificar el contenido de este proveído, al peticionario de amparo *************, en el domicilio ubicado en: Calle 5 de Mayo Sin Número -Frente a la Iglesia Cristiana Internacional "Eben Ezer"-, de Ixtacomitán, Chiapas y/o Oficinas de la Defensoría Pública adscrita al precitado Juzgado del Ramo Penal, el cual se adjunta para los efectos legales conducentes. Además, le requiera para que en el acto mismo de la notificación o dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación, señale domicilio en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, le serán hechas por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Con sustento en el artículo 21, de la ley de la materia, se faculta al actuario judicial adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, a quien corresponda conocer el despacho que al efecto se envía, para que de ser necesario, la diligencia ordenada se practique en días y horas inhábiles. Hecho lo anterior, lo devuelva a la brevedad con las constancias que al efecto levante...
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