Jesús Sanchez Moctezuma
Expediente 511/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jesús Sanchez Moctezuma
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
- Jesús Sanchez Moctezuma y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de mayo de dos mil veintidós. En principio, visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna con relación a la vista ordenada en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional de oficio procede a emitir el pronunciamiento que corresponde en relación con dicho cumplimiento. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante resolución de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal, concedió el amparo y protección para efecto de que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero realice lo siguiente: "proceda a acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte, consistente en la aplicación de la multa fijada a la demandada en proveído de trece de enero de dos mil veinte y como medida de apremio consecutiva la destitución del funcionario, asimismo se pronuncie sobre la vinculación al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado a fin de lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 753/2012" Consecuentemente, mediante auto de seis de abril de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora a la autoridad responsable. 2. Trámites de la responsable. De las constancias que obran en autos se aprecia que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante oficio 3042/2022 de ocho de abril de dos mil veintidós, remitió copia certificada del proveído de la misma fecha, emitido en el juicio laboral 753/2012, del que se advierte, acordó lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte. 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa vía electrónica el veinticinco de abril de dos mil veintidós y al tercero interesado mediante oficio en la misma fecha. 4. Verificación del cumplimiento. Analizadas que han sido las constancias remitidas por la autoridad responsable descrita en el párrafo que antecede se advierte que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo toda vez que mediante auto de de ocho de abril de dos mil veintidós, en atención a lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte, le acordó no favorable la aplicación de la multa fijada a la demandada en proveído de trece de enero de dos mil veinte en razón de que hasta esa fecha no se había notificado dicho acuerdo a la parte demandada, por lo que precisó que una vez que el actuario notificara el mismo acordaría lo que en derecho corresponde. Asimismo, respecto de la medida de apremio referente a la destitución del funcionario, acordó improcedente dicha petición, y agrego, que dicho tribunal se encuentra requiriendo de pago a la aplicando las medidas de apremio consistentes en multas en términos del artículo 125 de la ley de la materia, mismas que se aplican de manera gradual de acuerdo a la contumacia de la demandada De igual manera, resultó improcedente su petición de vincular al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado a fin de lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 753/2012, al señalar que las participaciones son inembargables de conformidad con lo establecido en el artículo 123 parte final de la Ley Numero 248 Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, por lo que no se pueden destinarse a un uso diverso tal y como lo prevé el artículo 186, párrafo I de la Constitución Política del Estado de Guerrero; colmando con dichas determinaciones, los efectos precisados en el fallo amparador. 5. Conclusión. En virtud de lo expuesto, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO. 6. Archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por medio de oficio a la autoridades responsable y tercero interesado. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de seis de abril de dos mil veintidós, remite copia autorizada del auto de ocho de abril del año en curso emitido en el expediente laboral **********, en cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contados a partir al en que les surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubieran recurrido la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero; para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obligan a: A. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, proceda a acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte, consistente en la aplicación de la multa fijada a la demandada en proveído de trece de enero de dos mil veinte y como medida de apremio consecutiva la destitución del funcionario, asimismo se pronuncie sobre la vinculación al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado a fin de lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral ********. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a *******************, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aun en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Finalmente, devuélvanse a su lugar de origen las copias certificadas del expediente laboral ******* que remitió la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje mediante oficio 2160/2021 de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, con las que se ordenó formar un legajo de pruebas en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; sin necesidad de acusar recibo, toda vez que no son actuaciones originales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, que autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Sánchez Moctezuma, a través de su apoderado Jesús Montalván Ramírez; en audiencia pública José Francisco Herrera García Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por periodo vacacional concedido al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada en dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/4636/2021, que actúa ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, Secretario que da fe, declara legalmente abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias de autos, entre las cuales destacan: No. Constancias Foja 1 Escrito de demanda 3-6 2 Admisión 12-14 3 Notificación al Agente del Ministerio Público Federal 15 4 Tercero interesado Secretaría de Educación Guerrero 90 Asimismo, el Secretario da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con el cual se dio vista a las partes y que se relaciona en la tabla siguiente: No. Autoridad Responsable Fojas Sentido del Informe 1 Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero 45 Niega El Secretario encargado de despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Período probatorio. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas, y se da cuenta con los medios probatorios siguientes: No. Autoridad Responsable Fojas Tipo de Pruebas 1 Parte quejosa 7-11 Documentales 2 Autoridad Responsable: (Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero) 71-83 I Tomo de pruebas Documentales A lo anterior, el secretario encargado de despacho acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas antes referidas, que serán tomadas en cuenta en el momento de resolver el presente juicio. Acto continuo, el Secretario certifica que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Atento a la certificación que antecede, se concluye el periodo de pruebas y se continúa con el de alegatos. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, formuló alegato ministerial 406/2020 (fojas 27-28), efectuó diversas manifestaciones en vía de alegatos; en tanto que las demás partes no los produjeron. El Secretario encargado de despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, por realizadas sus manifestaciones en vía de alegatos, las cuales serán considerados el momento de dictar la sentencia respectiva; y por precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Se cierra el periodo de alegatos; sin existir promoción pendiente por acordar, al tener en cuenta todo lo actuado, se da por terminada la presente audiencia constitucional, y se procede a dictar la sentencia correspondiente. VISTO para resolver el juicio de amparo indirecto 511/2020, promovido por Jesús Sánchez Moctezuma, a través de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. RESULTANDO: 1. Presentación de demanda. Mediante escrito recibido el trece de agosto de dos mil veinte (fojas 12-14), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito; Jesús Sánchez Moctezuma, a través de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación al derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra la autoridad y acto siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES (sic): Al H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO. IV.- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE HACER EFECTIVA LA MULTA FIJADA A LA DEMANDADA E IMPONER DESTITUCIÓN POR LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO; en términos de los artículos 125 Y 138 de dicha ley de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. LA OMISIÓN DE VINCULAR AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y AL CONGRESO DEL ESTADO AL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, quien se encarga de ministrar los recursos económicos presupuestales a la demandada y por ello obligada a auxiliar a la responsable para hacer cumplir sus determinaciones, en la esfera de su competencia, PARA SOLICITAR Y PROPONER A LA SOBERANÍA ESTATAL LA PROGRAMACIÓN DE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA HACER FRENTE A DICHO FALLO, ASÍ COMO REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOBRE EL RECURSO ASIGNADO A LA DEMANDADA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, CUYA EJECUCIÓN ES IMPOSTERGABLE, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 2. Admisión. El trece de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda (fojas 12-14); al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción se le dio la intervención que le compete (foja 15); se emplazó a juicio al tercero interesado (foja 90); la autoridad responsable rindió su informe justificado (foja 70); y la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; además, el acto reclamado es atribuido a una potestad con domicilio dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuáles es éste, a efecto de fijar la litis constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo cual, de la lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la peticionaria reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: La omisión de acordar la promoción que le presentó (a través de su apoderado) el veintitrés de enero de dos mil veinte, en el juicio laboral 753/2012. TERCERO. Existencia del acto reclamado señalado. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto que se le reclama; sin embargo, de las constancias recibidas no se desprende que haya acordado el escrito que le fue presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 753/2012; por tanto, se tiene por cierta su existencia. Es aplicable por analogía la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito Octava, que señala: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Como apoyo, remitió copias certificadas de constancias relativas al juicio laboral 753/2012; a las cuales se le asigna pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 Amparo del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aun de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, haría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En la especie, a juicio de quien esto resuelve, no se actualiza la existencia de ninguna causal de improcedencia que pudiera dar lugar a decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías. QUINTO. Estudio de fondo. La parte actora -aquí quejosa- refiere de manera esencial, respecto a la omisión de la autoridad laboral responsable de proveer sobre la aplicación de la multa fijada a la demandada en proveído de trece de enero de dos mil veinte y como medida de apremio consecutiva la destitución del funcionario, asimismo se pronuncie sobre la vinculación al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado al cumplimiento del laudo, derivada de la solicitud presentada en veintitrés de enero de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 753/2012; los conceptos de violación expresados por el promovente se tienen por reproducidos, en aras de economía procesal, aunado a que en la Ley de Amparo, no existe precepto alguno que establezca la obligación de transcribirlos. Lo anterior, encuentra apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En esencia, la parte quejosa manifiesta que la autoridad responsable trasgrede en su perjuicio, el contenido de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, ya que al no acordar el escrito de veintitrés de enero de dos mil veinte, impide que la actora en el juicio de origen tenga acceso a un procedimiento de ejecución de laudo efectivo, así como: - Que resulta violatorio de sus garantías el acto reclamado, toda vez que la ejecución del laudo no implica solamente que el Tribunal Burocrático deba limitarse a realizar el apercibimiento de multa para el caso de incumplimiento por parte del demandado, por lo que está obligado a dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que considere procedentes. - Aduce que la Ley Laboral establece la obligación de las autoridades administrativas para auxiliar al Tribunal de Conciliación a cumplir sus determinaciones en la esfera de su competencia, por lo que la responsable debe vincular al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado, para lograr el cumplimiento del laudo. En ese orden de ideas, resultan fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en contra del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito que le fue presentado a la autoridad responsable el veintitrés de enero de dos mil veinte, al no acordar lo solicitado la autoridad laboral responsable respecto de proveer sobre la aplicación de la multa fijada a la demandada en proveído de trece de enero de dos mil veinte y como medida de apremio consecutiva la destitución del funcionario, asimismo se pronuncie sobre la vinculación al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado al cumplimiento del laudo, a fin de lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 753/2012. Del contenido de los motivos de disenso se advierte que la parte quejosa substancialmente aduce que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, viola en su perjuicio el derecho a la administración de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 Constitucional al omitir pronunciarse sobre su escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte. En el caso particular, el acto que reclama la parte quejosa, atenta contra el derecho fundamental a la pronta y completa impartición de justicia, contemplada por el artículo 17, de la Constitución General de la República, que señala: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Cabe señalar que la garantía que tutela el artículo antes transcrito, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, estableciendo a favor de los gobernados los siguientes principios: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, en el caso particular la autoridad responsable vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de justicia pronta y completa contenida en el artículo ya indicado. Lo anterior se advierte de las constancias que conforman el expediente que se resuelve y para acreditar la proposición afirmativa que se sustenta, basta resaltar que la autoridad responsable desde que recibió el escrito presentado por el apoderado del aquí parte quejosa, mediante el cual solicitó a la autoridad laboral responsable de proveer sobre la aplicación de la multa fijada a la demandada en proveído de trece de enero de dos mil veinte y como medida de apremio consecutiva la destitución del funcionario, asimismo se pronuncie sobre la vinculación al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado al cumplimiento del laudo, derivada de la solicitud presentada el veintitrés de enero de dos mil veinte, a fin de lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 753/2012. Ahora, desde esa fecha en que la autoridad responsable recibió el escrito prealudido, que fue el veintitrés de enero de dos mil veinte a la fecha de la presente resolución, han transcurrido más de un año y once meses, sin que haya sido acordada sus pretensiones, por lo que es suficiente, para concluir válidamente que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, conculca en perjuicio de la parte peticionaria el artículo 17 Constitucional; al no actuar de manera pronta y completa. Entonces, al tenor de lo expuesto y al prosperar el concepto de violación planteado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a Jesús Sánchez Moctezuma, a través de su apoderado Jesús Montalván Ramírez. SEXTO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder la protección de la justicia federal que solicita al quejoso, para el único efecto de que: La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, proceda a acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte, consistente en la aplicación de la multa fijada a la demandada en proveído de trece de enero de dos mil veinte y como medida de apremio consecutiva la destitución del funcionario, asimismo se pronuncie sobre la vinculación al Poder Ejecutivo del Estado, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y al Congreso del Estado a fin de lograr el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 753/2012. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; por ello, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Jesús Sánchez Moctezuma, a través de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, contra la omisión de acordar su escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil veinte en el juicio laboral 753/2012, atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital, por los motivos expresados en el considerando quinto, y para los efectos indicados en el diverso considerando sexto. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma José Francisco Herrera García Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por periodo vacacional concedido al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada en dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/4636/2021, que actúa ante el Secretario Jesús Humberto Muñoz Escoto, Secretario que da fe. Doy fe. El suscrito Jesús Humberto Muñoz Escoto, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero; certifico y hago constar que esta foja corresponde a la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 511/2020. Conste.
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