Jesús Sánchez Herrera
Expediente 585/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Sánchez Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de diciembre de dos mil quince. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de cinco de noviembre de noviembre del año en curso, terminada de engrosar el doce del mismo mes y año, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, promovido por ***************. Por lo que, con fundamento en los artículos 2, 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse el acuerdo relativo a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTES TERCERO INTERESADAS LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Audiencia Constitucional En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de noviembre de dos mil quince, el licenciado ***************, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con la Secretaria del Juzgado, licenciada ***************, que autoriza y da fe, procedió a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo indirecto 585/2015-III, promovido por ***************, por conducto de su apoderado. Abierta la audiencia, la Secretaria hace relación de las constancias que se encuentran en autos, entre ellas la demanda de amparo (fojas 2 a 7 de autos); escrito aclaratorio de demanda y anexos (folios 17 a 40) el emplazamiento practicado a las terceras interesadas (fojas 48, 57 y 58); emplazamiento que se realizó a la agente del Ministerio Público de la Federación (folio 44), así como el informe justificado de la autoridad responsable y las constancias certificadas que anexa (fojas 59 a 305 del sumario). Acto continuo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, se abre el periodo probatorio donde se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las exhibidas por la parte quejosa en su escrito de aclaración de demanda y por la Autoridad responsable al rendir su informe con justificación, ya que así lo permite su propia y especial naturaleza, con lo que se cierra tal periodo. Enseguida, con base en el párrafo primero artículo 124 de la Ley de Amparo, se abre el período de alegatos, donde se hace constar que las partes no los formularon, así como que la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, no emitió pedimento, con lo que se cierra tal periodo. El Juez acuerda: téngase por hecha la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Con lo anterior se cierra el periodo de alegatos. Sin diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta. Doy Fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lita a la parte quejosa de la sentencia de fecha doce de noviembre de dos mil quince que dice: Audiencia Constitucional En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de noviembre de dos mil quince, el licenciado ***************, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con la Secretaria del Juzgado, licenciada ***************, que autoriza y da fe, procedió a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo indirecto 585/2015-III, promovido por ***************, por conducto de su apoderado. Abierta la audiencia, la Secretaria hace relación de las constancias que se encuentran en autos, entre ellas la demanda de amparo (fojas 2 a 7 de autos); escrito aclaratorio de demanda y anexos (folios 17 a 40) el emplazamiento practicado a las terceras interesadas (fojas 48, 57 y 58); emplazamiento que se realizó a la agente del Ministerio Público de la Federación (folio 44), así como el informe justificado de la autoridad responsable y las constancias certificadas que anexa (fojas 59 a 305 del sumario). Acto continuo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, se abre el periodo probatorio donde se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las exhibidas por la parte quejosa en su escrito de aclaración de demanda y por la Autoridad responsable al rendir su informe con justificación, ya que así lo permite su propia y especial naturaleza, con lo que se cierra tal periodo. Enseguida, con base en el párrafo primero artículo 124 de la Ley de Amparo, se abre el período de alegatos, donde se hace constar que las partes no los formularon, así como que la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, no emitió pedimento, con lo que se cierra tal periodo. El Juez acuerda: téngase por hecha la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Con lo anterior se cierra el periodo de alegatos. Sin diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta. Doy Fe. *************** Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua *************** Secretaria del Juzgado Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de noviembre de dos mil quince. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 585/2015-III, promovido por ***************, por conducto de su apoderado contra la resolución de siete de julio de dos mil quince, que dictó la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en el expediente laboral ***************, promovido por *************** y *************** en contra de ***************, aquí terceras interesadas. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el dieciocho de agosto de dos mil quince, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, Jesús Sánchez Herrera demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, a quien le reclamó: IV. ACTO DE AUTORIDAD RECLAMADO.- A la Junta Especial le reclamo la resolución interlocutoria de fecha 07 de julio del 2015, misma que fuera notificada el día 28 de julio de la misma anualidad, que resolvió en definitiva y sin ulterior recurso un incidente de recisión de actos del actuario a la H. Junta Especial responsable. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violadas. El quejoso consideró que la resolución incidental que impugna transgredió en su perjuicio los artículos 1, 14, 17 y 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El dos de septiembre de dos mil quince, previa aclaración de demanda, ésta se admitió como amparo indirecto 585/2015-III; se solicitó a la Responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete a las tercero interesadas, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una resolución incidental en etapa de ejecución que dictó una autoridad laboral que tiene su sede dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La resolución de siete de julio de dos mil quince, que dictó la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en el expediente laboral 7/030/2010, promovido por María del Carmen Martínez Franco y Rocío del Carmen Carrillo Martínez en contra de María de Jesús Bautista Hernández. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación en representación de la autoridad responsable, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con la copia certificada del expediente laboral ***************; documental a la que se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si existe se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación son inoperantes por insuficientes, sin que en el presente caso sea procedente suplir la deficiencia de la queja, toda vez que no se está en uno de los supuestos que establece el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no es la parte trabajadora la aquí quejosa, sino un tercero interesado en el juicio laboral génesis de este asunto. Como cuestión previa, es oportuno establecer que la inoperancia de los conceptos de violación se sustenta en el hecho de que las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales del Estado se encuentran investidas de una presunción de validez, por lo que, para obtener su modificación, la legalidad de ese acto jurídico necesariamente debe ser destruida en forma absoluta, con relación a las consideraciones torales en que se sustente. En esa medida, cuando lo expuesto por la parte inconforme elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación, los conceptos de violación que se propongan para desvirtuar el fallo combatido devienen inoperantes. Esto es así, pues los argumentos o causa de pedir que se expresen en los motivos de inconformidad deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta la resolución que se combata, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano constitucional y deberán calificarse de inoperantes. De ahí que exista la necesidad de que los razonamientos que se propongan para demostrar la ilegalidad de una resolución deban atacar de manera frontal y eficaz el fallo que se pretende modificar, pues de lo contrario, debe permanecer incólume la decisión combatida, en aquellos casos en que no esté autorizado por la Ley de Amparo suplir la deficiencia de la queja. Para mejor comprensión del presente asunto, se considera oportuno narrar los siguientes antecedentes del juicio laboral ***************: Por escrito de trece de agosto de dos mil diez, las trabajadoras *************** y ***************, hoy terceras interesadas, solicitaron el cumplimiento forzoso del convenio que celebraron con ***************, en su carácter de patrona, también aquí tercera interesada, el quince de julio de dos mil diez, elevado a la categoría de laudo y cosa juzgada ante la Junta responsable. La Junta del conocimiento en proveído de treinta de agosto de dos mil diez, despachó auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad pactada en el convenio de referencia, así como el importe de la cláusula penal, dado el incumplimiento de la parte patronal. La diligencia de requerimiento de pago y embargo se llevó a cabo el catorce de septiembre de dos mil diez, en la que se embargó la propiedad cuyos datos de registro son: inscripción 78, folio 106, libro 2578, sección primera del Registro Público de la Propiedad; asimismo, la Responsable ordenó la inscripción del embargo, el cual se realizó el catorce de octubre de dos mil diez. Por escrito de trece de abril de dos mil once, las trabajadoras señalaron los nombres y los domicilios de los acreedores que aparecen en el certificado de gravámenes del bien embargado, entre ellos, el aquí quejoso. La Junta una vez que se realizó el avalúo correspondiente dictó el acuerdo de trece de mayo de dos mil once, en el que señaló fecha para la celebración de la audiencia de remate en primer almoneda y ordenó notificarles personalmente a los acreedores ese proveído. El cuatro de julio de dos mil once, la Junta hizo constar que no se celebró la audiencia de remate en primer almoneda y volvió a señalar fecha y hora para su realización, así como también ordenó la notificación a los acreedores del bien embargado, siendo notificado de tal proveído el aquí quejoso el trece de septiembre de dos mil once. Por escrito de veintiséis de septiembre de dos mil once, el hoy inconforme compareció al juicio laboral e interpuso recurso de revisión contra actos del actuario, en específico, contra la diligencia de embargo de catorce de septiembre de dos mil diez, resuelto el siete de julio de dos mil quince, el cual constituye el acto aquí reclamado. Ahora, para desvirtuar la legalidad de las consideraciones que la Responsable expuso para dejar firme la diligencia actuarial de embargo de catorce de septiembre de dos mil diez, sobre el bien inmueble ubicado en calle Sierra Blanca, número 512, del Fraccionamiento Praderas del Sur, Etapa I, inscrita en la oficina del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, con número de inscripción 78, folio 106, del libro 2578, Sección Primera, respecto del cual el hoy quejoso fincó un gravamen registrado el veintiséis de septiembre de dos mil ocho, el inconforme, en el primero y único concepto de violación, se concreta a combatir la consideración de la responsable relativa a la extemporaneidad del recurso de revisión. En él expone: El agravio personal y directo radica en que el órgano colegiado responsable soslayó las manifestaciones que se hicieron en el incidente de revisión de actos del actuario, consistentes en que al acudir a enterarse del juicio los días trece y catorce de septiembre de dos mil once, no pudo consultar el expediente, porque lo traía físicamente el oficial notificador y actuario, por lo que fue hasta el jueves veintidós de septiembre de esa anualidad, cuando logró enterarse de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral, ya que obtuvo copias simples del mismo. No se puede aplicar el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo y no se puede partir el cómputo para determinar que el incidente fue extemporáneo a partir del trece de septiembre de dos mil once, porque en esa fecha el actuario únicamente le notificó el auto de cuatro de julio de dos mil once, pero no se le corrió traslado con la diligencia de embargo de catorce de septiembre de dos mil diez, que impugna, de la que tuvo conocimiento a cabalidad el jueves veintidós de septiembre de dos mil once; por lo tanto, afecta su derecho de audiencia tomar en cuenta para el cómputo del término fatal de tres días para promover el incidente de revisión, la notificación de trece de septiembre de dos mil once. Interpuso el recurso de revisión, por ser el medio ordinario de defensa que contempla la Ley Federal del Trabajo, por medio del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones, pero que la autoridad responsable sentencia de manera distinta e incluso le impone una multa, razones por las que demanda el amparo para que se deje insubsistente la resolución que reclama y se dicte otra en la que determine que el quejoso tuvo conocimiento de las diligencia de embargo que impugna en el incidente de revisión de actos del actuario el veintidós de septiembre de dos mil once. La inoperancia de los argumentos contenidos en el primero y único concepto de violación, radica en el hecho de que, con ellos, el hoy inconforme, se concreta a impugnar la determinación de la responsable respecto a la extemporaneidad del recurso de revisión, sin combatir con argumento alguno el estudio de fondo que la Junta hizo de sus agravios, es decir, no combate la totalidad de las consideraciones en que la Responsable apoyó su determinación. Para evidenciar este aserto, conviene precisar que la Junta después de concluir que el recurso de revisión era extemporáneo, expuso (foja 300): [.] No obstante lo anterior se procede al análisis del material probatorio aportado solo por la parte recurrente, en virtud del apercibimiento decretado a la parte actora en el principal, mismo que se hace consistir en documentales públicas que obran en autos de fojas 113 a 231, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de lo establecido por el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, para acreditar que existen diversos juicios en los expedientes identificados bajo el número 1016/2018 bajo el índice del Juzgado Sexto Civil de este Partido Judicial, donde el actor del presente recurso lo es el promovente de dicho juicio civil (ENDOSATARIO EN PROPIEDAD), así mismo un diverso juicio promovido por el C. LIC. MARIO GONZÁLEZ OLALDE (ENDOSATARIO EN PROPIEDAD), del Juzgado Sexto de lo Civil en este Distrito Judicial Bravos, ambos juicios en contra de la demandada en el juicio natural (laboral) la C. MARÍA DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ, siendo embargada la misma propiedad que en el presente asunto, inclusive de manera previa tal y como se desprende del certificado de gravámenes exhibido en el juicio en que se actúa; así como la presunción legal y humana y la instrumental de actuaciones en mérito de lo que se establecen los artículos 830 y 836 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que se procede al estudio de los agravios a que se refiere el recurrente en su escrito, por lo que hace a que el actuario cuando le notificó al C. JESÚS SÁNCHEZ HERRERA para que tuviera conocimiento de la audiencia de remate en su primera almoneda, donde le corrió traslado única y exclusivamente con auto de fecha 04 de julio de 2011, este Tribunal declara de naturaleza improcedente (sic) dicho agravio, en primera cuenta, ya que no es la vía idónea para hacer valer irregularidades de las actuaciones del notificador o respecto a las notificaciones, y no obstante lo anterior en el auto últimamente citado únicamente se ordena se verifique la notificación personal con dicho acuerdo, entonces, sin perjuicio de lo primeramente expuesto, ningún agravio le causa, así mismo y respecto a que se trata de un procedimiento fraudulento, este tribunal le deja a salvo sus derechos para que los ejercite en la vía conducente; ahora bien en cuanto a la diligencia manuscrita de fecha 14 de septiembre de 2010, levantada a las 16:00 horas (diligencia de embargo) y con motivo de la cual se fincara gravamen respecto de la propiedad de la SRA. MARÍA DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ, tenemos que el actuario en el momento en que realiza la diligencia de embargo, no tiene conocimiento en primera cuenta que es lo que va a embargar y si se trata de un bien inmueble, cuántos gravámenes tiene y a nombre de quien, y si fueron previos al embargo que está realizado, ya que tal situación es verificada por el Presidente ante la fe del Secretario General al momento de reunir los requisitos y realizar el procedimiento que para tal efecto establecen los artículos 968 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, ya que en ese justo momento, se giran los respectivos oficios de efectos publicitarios, así como se requiere al que obtiene, el certificado de gravamen de la propiedad embargada para efecto de la notificación de los diversos acreedores a efecto de que hagan valer sus derechos, y no dejarlos en estado de indefensión, situación que en la especie aconteció, ya que solo en momento se establece si existe un mejor derecho por diversa persona física o moral, y se toman las medidas conducentes, con lo cual el tribunal concluye que resulta improcedente el presente recurso de revisión planteado por el tercero interesado [.] Frente a los anteriores razonamientos, se reitera, la parte inconforme se concreta a impugnar la consideración relativa a la extemporaneidad del recurso de revisión. En efecto, del análisis comparativo entre las consideraciones que sustentan la resolución que se impugna y los conceptos de violación expuestos para controvertirlas, se colige que el peticionario del amparo no ataca: 1. El valor probatorio que le reconoció la Junta a las pruebas que aportó en el recurso de revisión; 2. El estudio que la Junta del conocimiento hizo de los agravios que expuso, relativos a la notificación que el actuario le hizo del auto de cuatro de julio de dos mil once; el referente a que el juicio laboral se trata de un procedimiento fraudulento, en relación con lo cual la Responsable le dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma procedentes; así como lo que expuso la Junta respecto a la diligencia de catorce de septiembre de dos mil diez. En esa medida, dado que en la resolución de siete de julio de dos mil quince, se expusieron diversas consideraciones para determinar la improcedencia del recurso de revisión; y el quejoso lejos de combatirlas, se concreta a esgrimir argumentos relativos solo a la extemporaneidad de dicho recurso, sin impugnar directamente el resto de los razonamientos expuestos por la Junta responsable para apoyar su fallo; en consecuencia, los conceptos de violación aducidos resultan inoperantes. Luego, tal omisión constituye un impedimento legal para que este tribunal analice la legalidad de la resolución combatida, pues no se aportaron las bases mínimas para emprender ese estudio y como se anunció, no se está en presencia de algún supuesto en que esté autorizado suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable en el presente caso, la jurisprudencia de la Séptima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72, Tercera Parte, Materia Común, página 49 del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES POR INCOMPLETOS. Cuando hay consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido que no se atacan en los conceptos de violación, resultan inoperantes los mismos, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo. No se soslaya que la resolución que se impugna carece de congruencia interna, ya que la Junta por una parte, declara extemporáneo el recurso de revisión y, por otra, procede a realizar el estudio de fondo del asunto; sin embargo, tal violación formal no es combatida por el hoy quejoso, de ahí que subsista en sus términos, pues se insiste en el presente asunto no opera la suplencia de la deficiencia de la queja, ya que no es la parte trabajadora la que acude al amparo. Por tanto, al ser inoperantes por insuficientes los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Jesús Sánchez Herrera, contra la resolución de siete de julio de dos mil quince, dictada por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en el expediente laboral 7/030/2010, promovido por María del Carmen Martínez Franco y Rocío del Carmen Carrillo Martínez en contra de María de Jesús Bautista Hernández, aquí terceras interesadas. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado Emiliano López Pedraza, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yara Isabel Gómez Briseño, hasta el día de hoy, doce de noviembre de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe. Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de noviembre de dos mil quince. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 585/2015-III, promovido por Jesús Sánchez Herrera, por conducto de su apoderado contra la resolución de siete de julio de dos mil quince, que dictó la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en el expediente laboral 7/030/2010, promovido por María del Carmen Martínez Franco y Rocío del Carmen Carrillo Martínez en contra de María de Jesús Bautista Hernández, aquí terceras interesadas. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el dieciocho de agosto de dos mil quince, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, Jesús Sánchez Herrera demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, a quien le reclamó: IV. ACTO DE AUTORIDAD RECLAMADO.- A la Junta Especial le reclamo la resolución interlocutoria de fecha 07 de julio del 2015, misma que fuera notificada el día 28 de julio de la misma anualidad, que resolvió en definitiva y sin ulterior recurso un incidente de recisión de actos del actuario a la H. Junta Especial responsable. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violadas. El quejoso consideró que la resolución incidental que impugna transgredió en su perjuicio los artículos 1, 14, 17 y 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El dos de septiembre de dos mil quince, previa aclaración de demanda, ésta se admitió como amparo indirecto 585/2015-III; se solicitó a la Responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete a las tercero interesadas, así como a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, por último, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una resolución incidental en etapa de ejecución que dictó una autoridad laboral que tiene su sede dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La resolución de siete de julio de dos mil quince, que dictó la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en el expediente laboral 7/030/2010, promovido por María del Carmen Martínez Franco y Rocío del Carmen Carrillo Martínez en contra de María de Jesús Bautista Hernández. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente de lo que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación en representación de la autoridad responsable, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con la copia certificada del expediente laboral 7/030/2010; documental a la que se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si existe se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, este Juzgado advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se contienen en la demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos en este apartado, en obvio de repeticiones, pues la Ley de Amparo no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisan los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, se estudian y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis, lo cual no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, de Mayo de 2010, materia común, página 830, del contenido: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación son inoperantes por insuficientes, sin que en el presente caso sea procedente suplir la deficiencia de la queja, toda vez que no se está en uno de los supuestos que establece el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no es la parte trabajadora la aquí quejosa, sino un tercero interesado en el juicio laboral génesis de este asunto. Como cuestión previa, es oportuno establecer que la inoperancia de los conceptos de violación se sustenta en el hecho de que las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales del Estado se encuentran investidas de una presunción de validez, por lo que, para obtener su modificación, la legalidad de ese acto jurídico necesariamente debe ser destruida en forma absoluta, con relación a las consideraciones torales en que se sustente. En esa medida, cuando lo expuesto por la parte inconforme elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación, los conceptos de violación que se propongan para desvirtuar el fallo combatido devienen inoperantes. Esto es así, pues los argumentos o causa de pedir que se expresen en los motivos de inconformidad deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta la resolución que se combata, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano constitucional y deberán calificarse de inoperantes. De ahí que exista la necesidad de que los razonamientos que se propongan para demostrar la ilegalidad de una resolución deban atacar de manera frontal y eficaz el fallo que se pretende modificar, pues de lo contrario, debe permanecer incólume la decisión combatida, en aquellos casos en que no esté autorizado por la Ley de Amparo suplir la deficiencia de la queja. Para mejor comprensión del presente asunto, se considera oportuno narrar los siguientes antecedentes del juicio laboral 7/030/2010: Por escrito de trece de agosto de dos mil diez, las trabajadoras María del Carmen Martínez Franco y Rocío del Carmen Carrillo Martínez, hoy terceras interesadas, solicitaron el cumplimiento forzoso del convenio que celebraron con María de Jesús Bautista Hernández, en su carácter de patrona, también aquí tercera interesada, el quince de julio de dos mil diez, elevado a la categoría de laudo y cosa juzgada ante la Junta responsable. La Junta del conocimiento en proveído de treinta de agosto de dos mil diez, despachó auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad pactada en el convenio de referencia, así como el importe de la cláusula penal, dado el incumplimiento de la parte patronal. La diligencia de requerimiento de pago y embargo se llevó a cabo el catorce de septiembre de dos mil diez, en la que se embargó la propiedad cuyos datos de registro son: inscripción 78, folio 106, libro 2578, sección primera del Registro Público de la Propiedad; asimismo, la Responsable ordenó la inscripción del embargo, el cual se realizó el catorce de octubre de dos mil diez. Por escrito de trece de abril de dos mil once, las trabajadoras señalaron los nombres y los domicilios de los acreedores que aparecen en el certificado de gravámenes del bien embargado, entre ellos, el aquí quejoso. La Junta una vez que se realizó el avalúo correspondiente dictó el acuerdo de trece de mayo de dos mil once, en el que señaló fecha para la celebración de la audiencia de remate en primer almoneda y ordenó notificarles personalmente a los acreedores ese proveído. El cuatro de julio de dos mil once, la Junta hizo constar que no se celebró la audiencia de remate en primer almoneda y volvió a señalar fecha y hora para su realización, así como también ordenó la notificación a los acreedores del bien embargado, siendo notificado de tal proveído el aquí quejoso el trece de septiembre de dos mil once. Por escrito de veintiséis de septiembre de dos mil once, el hoy inconforme compareció al juicio laboral e interpuso recurso de revisión contra actos del actuario, en específico, contra la diligencia de embargo de catorce de septiembre de dos mil diez, resuelto el siete de julio de dos mil quince, el cual constituye el acto aquí reclamado. Ahora, para desvirtuar la legalidad de las consideraciones que la Responsable expuso para dejar firme la diligencia actuarial de embargo de catorce de septiembre de dos mil diez, sobre el bien inmueble ubicado en calle Sierra Blanca, número 512, del Fraccionamiento Praderas del Sur, Etapa I, inscrita en la oficina del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, con número de inscripción 78, folio 106, del libro 2578, Sección Primera, respecto del cual el hoy quejoso fincó un gravamen registrado el veintiséis de septiembre de dos mil ocho, el inconforme, en el primero y único concepto de violación, se concreta a combatir la consideración de la responsable relativa a la extemporaneidad del recurso de revisión. En él expone: El agravio personal y directo radica en que el órgano colegiado responsable soslayó las manifestaciones que se hicieron en el incidente de revisión de actos del actuario, consistentes en que al acudir a enterarse del juicio los días trece y catorce de septiembre de dos mil once, no pudo consultar el expediente, porque lo traía físicamente el oficial notificador y actuario, por lo que fue hasta el jueves veintidós de septiembre de esa anualidad, cuando logró enterarse de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral, ya que obtuvo copias simples del mismo. No se puede aplicar el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo y no se puede partir el cómputo para determinar que el incidente fue extemporáneo a partir del trece de septiembre de dos mil once, porque en esa fecha el actuario únicamente le notificó el auto de cuatro de julio de dos mil once, pero no se le corrió traslado con la diligencia de embargo de catorce de septiembre de dos mil diez, que impugna, de la que tuvo conocimiento a cabalidad el jueves veintidós de septiembre de dos mil once; por lo tanto, afecta su derecho de audiencia tomar en cuenta para el cómputo del término fatal de tres días para promover el incidente de revisión, la notificación de trece de septiembre de dos mil once. Interpuso el recurso de revisión, por ser el medio ordinario de defensa que contempla la Ley Federal del Trabajo, por medio del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones, pero que la autoridad responsable sentencia de manera distinta e incluso le impone una multa, razones por las que demanda el amparo para que se deje insubsistente la resolución que reclama y se dicte otra en la que determine que el quejoso tuvo conocimiento de las diligencia de embargo que impugna en el incidente de revisión de actos del actuario el veintidós de septiembre de dos mil once. La inoperancia de los argumentos contenidos en el primero y único concepto de violación, radica en el hecho de que, con ellos, el hoy inconforme, se concreta a impugnar la determinación de la responsable respecto a la extemporaneidad del recurso de revisión, sin combatir con argumento alguno el estudio de fondo que la Junta hizo de sus agravios, es decir, no combate la totalidad de las consideraciones en que la Responsable apoyó su determinación. Para evidenciar este aserto, conviene precisar que la Junta después de concluir que el recurso de revisión era extemporáneo, expuso (foja 300): [.] No obstante lo anterior se procede al análisis del material probatorio aportado solo por la parte recurrente, en virtud del apercibimiento decretado a la parte actora en el principal, mismo que se hace consistir en documentales públicas que obran en autos de fojas 113 a 231, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de lo establecido por el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, para acreditar que existen diversos juicios en los expedientes identificados bajo el número 1016/2018 bajo el índice del Juzgado Sexto Civil de este Partido Judicial, donde el actor del presente recurso lo es el promovente de dicho juicio civil (ENDOSATARIO EN PROPIEDAD), así mismo un diverso juicio promovido por el C. LIC. MARIO GONZÁLEZ OLALDE (ENDOSATARIO EN PROPIEDAD), del Juzgado Sexto de lo Civil en este Distrito Judicial Bravos, ambos juicios en contra de la demandada en el juicio natural (laboral) la C. MARÍA DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ, siendo embargada la misma propiedad que en el presente asunto, inclusive de manera previa tal y como se desprende del certificado de gravámenes exhibido en el juicio en que se actúa; así como la presunción legal y humana y la instrumental de actuaciones en mérito de lo que se establecen los artículos 830 y 836 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que se procede al estudio de los agravios a que se refiere el recurrente en su escrito, por lo que hace a que el actuario cuando le notificó al C. JESÚS SÁNCHEZ HERRERA para que tuviera conocimiento de la audiencia de remate en su primera almoneda, donde le corrió traslado única y exclusivamente con auto de fecha 04 de julio de 2011, este Tribunal declara de naturaleza improcedente (sic) dicho agravio, en primera cuenta, ya que no es la vía idónea para hacer valer irregularidades de las actuaciones del notificador o respecto a las notificaciones, y no obstante lo anterior en el auto últimamente citado únicamente se ordena se verifique la notificación personal con dicho acuerdo, entonces, sin perjuicio de lo primeramente expuesto, ningún agravio le causa, así mismo y respecto a que se trata de un procedimiento fraudulento, este tribunal le deja a salvo sus derechos para que los ejercite en la vía conducente; ahora bien en cuanto a la diligencia manuscrita de fecha 14 de septiembre de 2010, levantada a las 16:00 horas (diligencia de embargo) y con motivo de la cual se fincara gravamen respecto de la propiedad de la SRA. MARÍA DE JESÚS BAUTISTA HERNÁNDEZ, tenemos que el actuario en el momento en que realiza la diligencia de embargo, no tiene conocimiento en primera cuenta que es lo que va a embargar y si se trata de un bien inmueble, cuántos gravámenes tiene y a nombre de quien, y si fueron previos al embargo que está realizado, ya que tal situación es verificada por el Presidente ante la fe del Secretario General al momento de reunir los requisitos y realizar el procedimiento que para tal efecto establecen los artículos 968 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, ya que en ese justo momento, se giran los respectivos oficios de efectos publicitarios, así como se requiere al que obtiene, el certificado de gravamen de la propiedad embargada para efecto de la notificación de los diversos acreedores a efecto de que hagan valer sus derechos, y no dejarlos en estado de indefensión, situación que en la especie aconteció, ya que solo en momento se establece si existe un mejor derecho por diversa persona física o moral, y se toman las medidas conducentes, con lo cual el tribunal concluye que resulta improcedente el presente recurso de revisión planteado por el tercero interesado [.] Frente a los anteriores razonamientos, se reitera, la parte inconforme se concreta a impugnar la consideración relativa a la extemporaneidad del recurso de revisión. En efecto, del análisis comparativo entre las consideraciones que sustentan la resolución que se impugna y los conceptos de violación expuestos para controvertirlas, se colige que el peticionario del amparo no ataca: 1. El valor probatorio que le reconoció la Junta a las pruebas que aportó en el recurso de revisión; 2. El estudio que la Junta del conocimiento hizo de los agravios que expuso, relativos a la notificación que el actuario le hizo del auto de cuatro de julio de dos mil once; el referente a que el juicio laboral se trata de un procedimiento fraudulento, en relación con lo cual la Responsable le dejó a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma procedentes; así como lo que expuso la Junta respecto a la diligencia de catorce de septiembre de dos mil diez. En esa medida, dado que en la resolución de siete de julio de dos mil quince, se expusieron diversas consideraciones para determinar la improcedencia del recurso de revisión; y el quejoso lejos de combatirlas, se concreta a esgrimir argumentos relativos solo a la extemporaneidad de dicho recurso, sin impugnar directamente el resto de los razonamientos expuestos por la Junta responsable para apoyar su fallo; en consecuencia, los conceptos de violación aducidos resultan inoperantes. Luego, tal omisión constituye un impedimento legal para que este tribunal analice la legalidad de la resolución combatida, pues no se aportaron las bases mínimas para emprender ese estudio y como se anunció, no se está en presencia de algún supuesto en que esté autorizado suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable en el presente caso, la jurisprudencia de la Séptima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72, Tercera Parte, Materia Común, página 49 del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES POR INCOMPLETOS. Cuando hay consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido que no se atacan en los conceptos de violación, resultan inoperantes los mismos, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo. No se soslaya que la resolución que se impugna carece de congruencia interna, ya que la Junta por una parte, declara extemporáneo el recurso de revisión y, por otra, procede a realizar el estudio de fondo del asunto; sin embargo, tal violación formal no es combatida por el hoy quejoso, de ahí que subsista en sus términos, pues se insiste en el presente asunto no opera la suplencia de la deficiencia de la queja, ya que no es la parte trabajadora la que acude al amparo. Por tanto, al ser inoperantes por insuficientes los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***************, contra la resolución de siete de julio de dos mil quince, dictada por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, en el expediente laboral ***************, promovido por María *************** y *************** en contra de ***************, aquí terceras interesadas. Notifíquese personalmente.
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VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, PARA SU CELEBRACIÓN.
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