Jesús Sánchez Hernández
Expediente 1449/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1449/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/12/2017
Partes del expediente
- Jesús Sánchez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
- V I S T O el estado que guardan los presentes autos y la certificación de la Secretaria que antecede . . . se declara que ha quedado firme . . . archívese el presente asunto como enteramente concluido . . .
- Principal
- Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por . . . expídanse las copias certificadas de las constancias que solicita . . .
- Principal
CITATORIO: SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL CITATORIO DE 23/11/2017, QUE CONTIENE EL AUTO DE 22/11/2017, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Querétaro, Querétaro, a veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, así como por el Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, quien refiere que la Primera Sala es quien conoce del Presente asunto y no solo un Magistrado, que dicha Sala es integrante del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, por lo que le informe lo rinde por lo que ve a dichas autoridades; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con su contenido se ordena dar vista a las partes, para los efectos legales conducentes. Respecto de la documental que anexa, la autoridad responsable, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia naturaleza, la prueba documental que exhibe consistente en copia certificada del Laudo dictado el dieciséis de noviembre del año en curso dentro del expediente 543/2015/1, de su índice; sin perjuicio de la relación que de ellas se haga en la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de ser tomadas en cuenta al momento de emitirse el fallo. Ahora bien, vistos los párrafos que anteceden, de los que se advierte que del informe justificado signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro; informó lo siguiente: ".Que en fecha quince de septiembre del año en curso, se declaró cerrada la instrucción, acuerdo en el cual la Secretaría certificó que no existían pruebas pendientes para su desahogo, dándoles termino común a las partes para la formulación de alegatos, por lo que se tuvo por cerrado el periodo de instrucción para que el expediente se turnara a proyección de laudo." Aunado a lo anterior, la citada responsable informa que en fecha dieciséis de noviembre del año en curso se emitió el laudo correspondiente, lo que así se acredita con las copias certificadas que anexo al informe de cuenta. En efecto, de las constancias que agrega la autoridad oficiante, se advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de una causal de improcedencia, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, en los términos que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 63 de la Ley de Amparo, se lee: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (... ) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En ese sentido, de la debida interpretación del numeral en comento es válido arribar a la conclusión de que es factible que en el trámite del juicio de amparo, antes de que se celebre la audiencia constitucional pueda resolverse sobre el sobreseimiento del juicio, por actualizarse de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que hace innecesario que se continué en forma estéril con el trámite, pues aun cuando se siga el juicio hasta la audiencia, se llegaría a la misma conclusión. La esencia de dicho supuesto se sustenta en evitar en la medida de lo posible el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Criterio que se corrobora aún más, con lo dispuesto por el inciso d), fracción I del artículo 81 de la Ley de Amparo en torno a que procede el recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento, lo que deja entrever la posibilidad del dictado de autos como en el que nos ocupa. De conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de siete de febrero de dos mil tres) Precisado lo anterior, es conveniente destacar que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la demanda de amparo es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo, a fin de lograr la interpretación completa de la voluntad del que solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por lo que se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis que estatuye: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." (Tesis número VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del tomo XIX, Abril de 2004, Pleno y Salas, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época). Luego, de la demanda de amparo y constancias remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, se desprende que el acto reclamado en el presente juicio de garantías, consiste en: 1. La dilación procesal o falta de celeridad al procedimiento laboral 543/2015/1. Vistas las constancias que anexa la autoridad oficiante, se estima que en la especie ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo respecto del acto que reclama el aquí quejoso Jesús Sánchez Hernández; toda vez que han cesado los efectos del mismo, por las razones que a continuación se exponen. A efecto de demostrar la premisa planteada en torno a la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se estima necesario asentar enseguida algunas consideraciones en relación al concepto de cesación de efectos del juicio constitucional; para ello, debe traerse a glosa el contenido de la fracción referida, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación con la porción normativa que precede, debe traerse igualmente a contexto el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación relacionada de las letras que se han reproducido, pone de manifiesto que el juicio de amparo, como acción constitucional, tiene el carácter de instrumento reparador, es decir, que su objetivo principal es que el gobernado encuentre la restitución o reestablecimiento en el goce de los derechos fundamentarles que la autoridad responsable transgredió en su perjuicio. En ese sentido, se protege el alto valor de lograr que quien promueva el juicio de amparo siempre encuentre u obtenga un efecto reparador o restitutorio; luego, si no hay nada que reparar o restituir en beneficio del quejoso dado que el acto que entrañó la transgresión de derechos quedó insubsistente por una determinación de la propia autoridad a quien se le reclamó, o porque ésta realizó los actos necesarios a efecto de reestablecer al quejoso en el goce de su derecho violado, es válido afirmar que el juicio constitucional será improcedente con base en la causa antes mencionada. En armonía con lo dicho debe destacarse que los alcances de la referida causa de improcedencia los ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la cesación de los efectos del acto reclamado debe generar en la materialidad de los hechos, una situación en la que se considere que las cosas han regresado al estado en que estaban antes de la existencia del acto reclamado, esto es, que todos efectos del acto de autoridad -violatorio de derechos- hayan desaparecido, tal y como se aprecia en la tesis P.CL/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En este orden de ideas, la explicada causa de improcedencia se estima actualizada en la especie en razón de que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, esto es: 1. La dilación procesal o falta de celeridad al procedimiento laboral 543/2015/1. De manera que la situación expuesta, evidencia que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto, a virtud de que cesaron los efectos de la omisión que incurrió la responsable al no haber dado celeridad al procedimiento laboral 543/2015/1. En este orden de ideas, siendo que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó vestigio alguno en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrado por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, este juzgadora estima pertinente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO respecto del acto reclamado en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, ello al actualizarse la causal de improcedencia estudiada. Lo anterior, con fundamento además en el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, Junio de 1999, que dispone lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable, derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En este orden de ideas, se deja insubsistentes la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional en este expediente. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar......." ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.
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