Jesus Sanchez Garcia

Expediente 132/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
132/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
25/05/2018

Partes del expediente

  • Jesus Sanchez Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, al advertirse que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el tres de mayo de dos mil dieciocho, sin que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el 2° de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó en el juicio. En términos del punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, también debe destruirse el duplicado del incidente de suspensión; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses establecido en el punto vigésimo del acuerdo procédase a la destrucción del incidente. Conforme al punto vigésimo primero, fracción III, del citado acuerdo el cuaderno original del incidente de suspensión no es destruible porque se concedió la medida cautelar; asimismo deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 132/2018-I, promovido por Piedad Celinda García, en representación de Jesús Sánchez García, constante de ciento noventa y siete fojas útiles, que contiene la sentencia engrosada el tres de mayo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer en el juicio, así como un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Notifíquese y personalmente la sentencia de amparo. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante la secretaria Samantha Espinosa Lobo, que da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 132/2018-I del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 206/2018-III del registro de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Piedad Celinda García Torres en representación de Jesús Sánchez García, en contra de actos del director del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 2 a 6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Cuernavaca, Morelos, Piedad Celinda García Torres, a nombre de su hijo Jesús Sánchez García, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades, que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como ordenadora al C. Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" presidente del Honorable Comité Técnico del Centro de Reinserción Social "Morelos", y ejecutoras el Personal de Seguridad y Custodia de primero y segundo turno operativo del mismo centro penitenciario. COMANDANTE. ARMANDO CARMONA RIVETA. SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL PRIMERO Y SEGUNDO TURNO OPERATIVO DEL CERESO "MORELOS". C. VICTOR ANTONIO PEDROSA ABARCA. SUBJEFE DE SEGUNDO TURNO OPERATIVO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA. C. MARIO ALBERTO MARIACA AVILA. ENLACE DEL SEGUNTO TURNO OPERATIVO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA. C. MARCO ANTONIO AVELINO PILEÑO. SUPERVISOR DE SENTENCIADOS DEL SEGUNDO TURNO OPERATIVO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA. Y EL C. IRVING JOSÉ TRUJILLO PEREZ SUPERVISOR DE TÉCNICAS DEL SEGUNDO TURNO OPERATIVO DE SEGURIDAD Y CUSTODIA. IV. ACTO RECLAMADO. El acuerdo y decisión de la citada autoridad responsable para dejarme en un estado de indefensión ya que me dejaron en el área de máxima seguridad poniendo en riesgo mi integridad física así como poner en riesgo mi vida ya que en máxima seguridad me están golpeando y e (sic) solicitado que se me cambie a población para que esté tranquilo a lo cual se negaron a cambiarme de área prefiriendo poner en riesgo mi estado de salud y mi vida." Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, señaló que no existe tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, registró la demanda bajo el número 132/2018-I, admitió a trámite la demanda; concedió la suspensión de plano al quejoso respecto de la incomunicación y malos tratos que reclama, así como el acto reclamado consistente en el riesgo a su estado de salud; se ordenó requerir a Jesús Sánchez García para que ratificara la demanda que promovió en su favor Piedad Celinda García Torres; ordenó dar vista al agente del Ministerio Público adscrito respecto de las manifestaciones de tortura que realizó la promovente; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien sí formuló pedimento, en el sentido de sobreseer en el juicio; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, se constituyó la actuaria en el Centro Estatal de Reinserción Social en Altlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos, para notificar el proveído de misma fecha a Jesús Sánchez García, quien sí ratificó la demanda de amparo. Por escrito presentado ante el juez auxiliado el quince de febrero de dos mil dieciocho, el quejoso manifestó la omisión de las autoridades responsables de dar cumplimiento a la suspensión de plano que le fue concedida, además manifestó haber recibido golpes y malos tratos, por lo que en proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho el juez ordenó la tramitación de incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión, de acuerdo a lo previsto en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo (foja 100). El dos de marzo de dos mil dieciocho tuvo lugar la audiencia de alegatos en el incidente de incumplimiento a la suspensión de plano, en la cual el juez auxiliado declaró infundado dicho incidente, pues no obra en el juicio de amparo medio de convicción alguno que acredite lo manifestado por el quejoso, en relación con los golpes y torturas que dijo recibir (fojas 159 a 164). La audiencia constitucional dio inicio a las diez horas con once minutos del trece de marzo de dos mil dieciocho, como se advierte de la foja 173 a 174 del juicio de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho (foja 177), el juez auxiliado ordenó la remisión del expediente de amparo 132/2018-I, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 206/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de trece de marzo de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2ª./J.107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama un acto con efectos de ejecución en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Asimismo, impone la obligación a los jueces de amparo de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De este modo, se establece que en el presente juicio de amparo el acto reclamado lo constituye: a) Malos tratos, tortura psicológica y física, condiciones inhumanas, incomunicación, aislamiento, que dice el quejoso fue objeto el veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Acto reclamado a las siguientes autoridades: 1. Director del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. 2. Presidente del Comité Técnico del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. 3. Personal de Seguridad y Custodia de Primero y Segundo Turno Operativo del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. 4. Subdirector de Seguridad y Custodia del Primero y Segundo Turno Operativo del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. 5. Subjefe de segundo turno operativo de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. 6. Enlace del segundo turno operativo de seguridad y custodia del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. 7. Supervisor de sentenciados del segundo turno operativo de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. 8. Supervisor de técnicas del segundo turno operativo de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. b) Reubicación de módulo. Acto reclamado al: 1. Director del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado precisado con el inciso a). El Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", por sí y como presidente del Comité Técnico (foja 52, 72 y 103) y el Jefe del Primer Turno Operativo de Seguridad y Custodia del Cereso "Morelos", por sí y en representación del resto de las autoridades responsables (foja 130); al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que se les reclama; sin que esa negativa quede desvirtuada con las constancia de autos. Lo que se corrobora con lo expuesto por la actuaria adscrita al juzgado auxiliado en diligencia de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (foja 21), quien asentó que el interno Jesús Sánchez García, no contaba con lesiones. Sin que escape, a este juzgador, lo asentado por el doctor Enrique Medero Bustos en los exámenes médicos de veintiséis y veintisiete de enero de dos mil dieciocho, respectivamente (fojas 81 y 82), de los que se advierte lo siguiente: ".abdomen: blando y depresible sin irritación peritoneal ni visceromegalias, ruidos peristálticos norma con mínimo panículo adiposo extremidades superiores con buena tonicidad muscular, con equimosis leve en homoplato derecho sin huellas de fracturas aparentes con dolor a la rotación de hombro, resto de exploración de aparatos y sistemas dentro de lo normal". "..abdomen blando, depresible sin visceromegalias, peritaltismo normal extremidades integras, lineales, superiores con esquimosis, inflamación de ambos brazos, antebrazos y articulaciones humero claviculares, por contusión e inferiores, esquimosis con inflamación en región de rodilla izquierda y derecha por contusión fuerza y tono muscular ñimitado (sic), resto sin patología agregada". Constancias que al ser analizadas en términos de los artículos 197, 211 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, son insuficientes para tener por acreditado los malos tratos, tortura y demás prohibidos por el artículo 22 constitucional que reclamó el quejoso, además, no desvirtúan la negativa informada por la autoridad responsable. Es así, pues tales actuaciones no generan convicción en cuanto a que las lesiones descritas en ellas, las provocaron las autoridades responsables, ni que fueran inferidas con base en una orden dada por estas. En consecuencia, como la negativa informada por la responsable no quedó desvirtuada en autos, ni se advierte constancia con la que se evidencie que las lesiones que presentó el quejoso fueron ocasionados por las responsables, ni que haya sido objeto de incomunicación, aislamiento o sometido a condiciones inhumanas; procede decretar el sobreseimiento respecto del acto precisado con el inciso a) del anterior considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Es aplicable a este caso, la tesis de jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado precisado con el inciso b) del considerando segundo. Por otro lado, el Director del Centro Estatal de Reinserción Social 'Morelos', con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos (foja 103), negó el acto consistente en la reubicación de módulo. Sin embargo, del contenido del informe justificado se advierte que realiza manifestaciones que tienden a evidenciar la existencia del acto que se le reclama; por tanto, debe tenerse por cierto el acto que se atribuye a dicha autoridad. Es aplicable en lo conducente la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en la página 391, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En esa línea de pensamiento, este juzgado federal considera que respecto del acto precisado con el inciso b), consistente en la reubicación de módulo, el juicio de amparo es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales, pues se estima que ese acto no es susceptible de combatirse en la vía constitucional, por las razones que se vierten a continuación. Con la entrada en vigor de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo un modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización. En ese sentido, los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 18. (.) El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. (.) Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad." "Artículo 21. (.) La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial." Los dispositivos constitucionales transcritos establecen que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que prevé la ley respecto de los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, beneficio que no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Conforme al nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas. Lo anterior tuvo como finalidad que sea el Poder Judicial, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que puedan surgir durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, donde se incluye la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10ª.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011. Con la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, al ponerse de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país si la ejecución de las penas seguía bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo; de ahí que para lograr esa transformación se decidió reestructurar el sistema, circunscribiendo la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo y confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias", que dependen del correspondiente Poder Judicial. Lo anterior pretende, por un lado, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, pues será en definitiva el Poder Judicial, de donde emanó dicha resolución, el que vigile el estricto cumplimiento de la pena en la forma en que fue pronunciada en la ejecutoria y, por otro, acabar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas ". Ahora bien, como resultado de la citada reforma constitucional, entre otras disposiciones legales se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada mediante decreto en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Atendiendo a su artículo Primero Transitorio, dicha norma entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esa fecha su aplicación resulta obligatoria. Sin embargo, el legislador limitó el inicio de la vigencia únicamente de diversos artículos, pero no de toda la ley, de acuerdo a las siguientes reglas contenidas en los primeros dos párrafos del artículo segundo transitorio; las cuales se transcriben: 1. "Las fracciones III y X y el párrafo séptimo del artículo 10; los artículos 26 y 27; fracción II del artículo 28; fracción VII del artículo 108; los artículos 146, 147, 148, 149, 150 y 151 de esta Ley, entrarán en vigor a partir de un año de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2017". 2. "Los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 128, 136, 145, 153, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 207 de esta Ley, entrarán en vigor a más tardar dos años después de la publicación de la presente Ley o al día siguiente de la publicación de la Declaratoria que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018." De las reglas contenidas en los artículos citados -transitorios primero y segundo-, se desprende lo siguiente: Primero, la Ley Nacional de Ejecución Penal entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a nivel nacional. Segundo, únicamente la vigencia de los artículos expresamente señalados en los párrafos primero y segundo del artículo segundo transitorio, descritos en párrafos anteriores, depende, de que se emita una declaratoria para el inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, o de que transcurran las fechas señaladas expresamente en dicho numeral. Esto en la inteligencia de que si los órganos legislativos correspondientes no emiten la declaratoria respectiva dentro del plazo señalado, los artículos señalados en el primer párrafo del referido numeral cobrarán vigencia, por ministerio de ley a más tardar el diecisiete de junio de diecisiete, o previa Declaratoria el treinta de noviembre de diecisiete; y los estipulados en el párrafo segundo, entrarán en vigor por ministerio de ley el diecisiete de junio de dos mil dieciocho, o previa Declaratoria a más tardar el treinta de noviembre de dieciocho. Por ello, la emisión de la Declaratoria de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal no es un presupuesto indispensable para que entre en vigor la referida ley, salvo los aspectos que específicamente se han destacado. Ahora bien, se estima que la vigencia de la ley en cuestión no es limitativa a las personas que fueron sentenciadas con posterioridad al diecisiete de junio de dos mil dieciséis -fecha en que entró en vigor-, pues sus artículos transitorios no lo señalan así, además de que la aplicabilidad de la ley no está supeditada al sistema penal bajo el que los sujetos fueron sentenciados, pues con independencia de la voluntad política y de la posibilidad material de cada entidad federativa para implementar el nuevo sistema de justicia, la Ley Nacional busca homologar el marco normativo aplicable a las personas privadas de la libertad y a la ejecución de sentencias. En ese sentido, no debe perderse de vista que el Artículo Tercero Transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal sostiene que tanto la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social, como las legislaciones de ejecución de sanciones penales locales, como es la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, quedarán abrogadas en cuanto la primera entre en vigor y que los "procedimientos" iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley en estudio, se deberán seguir tramitando de acuerdo a los ordenamientos aplicables en ese momento, sin perder de vista la obligación del juzgador de realizar los controles necesarios para respetar el principio de reinserción social y los derechos humanos de los sentenciados. Sin embargo, se considera que dichos "procedimientos" no se refieren a los "sistemas penales" en que se siguieron los procesos penales (mixto o acusatorio), sino, única y exclusivamente, a los procedimientos iniciados con motivo de las solicitudes sobre temas de "ejecución penal" en general, planteados al juez de ejecución con base en legislaciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional; por ejemplo, la tramitación de algún beneficio de libertad anticipada, a la solicitud de traslado a diverso centro penitenciario, a condiciones sobre su internamiento, entre otros. Además, una de las finalidades de la reforma constitucional de dos mil ocho, fue distinguir la etapa del proceso penal de la etapa de ejecución penal propiamente dicha, considerando a esta última autónoma y no como parte del proceso de enjuiciamiento, pues tal y como lo establece la ley, la etapa de ejecución inicia, incluso, en la prisión preventiva, momento desde el que debe abrirse un expediente de ejecución para cada persona privada de su libertad. En ese sentido, la referida ley establece en sus artículos 1º y 2º, que la misma tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por:  Prisión preventiva,  Ejecución de penas y  Medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. También, dicha ley refiere que tiene por objeto establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr la reinserción social. Del mismo modo, se establece en lo que aquí importa, que sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda; lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esta Ley. Asimismo, en el artículo 24 de la referida ley, se estableció, en lo que aquí importa, que el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán las competencias para resolver las controversias con motivo de la aplicación de dicha ley, además de que los Jueces de Ejecución tendrán la competencia y adscripción que se determine en su respectiva ley orgánica y demás disposiciones legales. Relacionado con lo anterior, la Ley en cita establece los procedimientos a observar en tratándose de peticiones de los internos, así como las autoridades competentes para conocer de ellos. "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva (.)". "Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación (.)". "Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito (.)". "Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente (.)". "Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición". "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." Del estudio armónico y sistemático de dichos preceptos, se colige lo siguiente:  Las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento.  Las referidas peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciaria resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanar dicha afectación.  Si la resolución es en sentido contrario a los intereses del peticionario, este podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución.  Si la petición formulada no fue resuelta en el término establecido para ello -cinco días-, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución.  En casos urgentes, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que dicha autoridad suspenderá el hecho que motivó la petición, hasta en tanto resuelva en definitiva.  Que los jueces de ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas.  Que para la procedencia de la controversia ante el Juez de Ejecución constituye un requisito indispensable que se haya agotado previamente la petición administrativa, con excepción de los casos urgentes. Ahora bien, como puede advertirse, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el quejoso acudió al juicio de amparo y como acto reclamado, en esencia, señaló la reubicación de módulo en el penal en el cual se encuentra interno. Sin embargo, de autos se desprende que en esa misma fecha, le solicitó al Comité Técnico del Centro Penitenciario Morelos, que fuera reubicado del área de máxima seguridad (fojas 43 y 44). Por tanto, conforme a lo antes citado, el quejoso debió esperar la respuesta de la autoridad penitenciaria o en caso de que no se resolviera en el término de cinco días demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución; y en caso de estar inconforme con la misma, formular controversia ante el juez de Ejecución, pues aunque se trate de una disposición tendiente a revisar las condiciones de internamiento de la parte quejosa, dada la destacada trascendencia que tienen las reformas constitucionales en la materia, es un acto vinculado con la ejecución de las penas. En efecto, como se puede observar en autos, el quejoso se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos"; por tanto, debió esperar a que la autoridad le resolviera su petición y en caso de estar inconforme, agotar la controversia ante el juez de Ejecución, razón por la que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del presente juicio, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 18 y 21 de la constitucionales, de ahí que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, no es susceptible de combatirse en sede constitucional. Al caso es aplicable, por las razones que informa, la tesis aislada III.2º.P.135 P (10ª.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que dice: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad". Así como la tesis XVI.1º.P (10ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, que establece: "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMEN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La causa de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, exige agotar los medios de defensa ordinarios procedentes para modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, previo a la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé en favor de los internos en los centros de reclusión, un mecanismo de protección de sus derechos denominado: "petición administrativa" y que se tramita directamente ante la autoridad penitenciaria, aunque se trata de un medio de defensa judicializado. Así, estas peticiones tienen como finalidad que dicha autoridad declare la existencia de alguna afectación suscitada durante el procedimiento de ejecución respecto de las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de su libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, si fuere el caso, subsanarla. En ese tenor, cuando se reclaman hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión, suscitados en el marco del procedimiento de ejecución penal, previo a acudir al juicio de amparo y atento al principio de definitividad, debe agotarse la "petición administrativa" y su procedimiento subsecuente, previsto en el artículo 107 indicado. Con ello se colman dos objetivos fundamentales: a) propiciar en mayor medida la funcionalidad de la reforma constitucional en materia de ejecución penal; y, b) dotarla de congruencia con respecto a los principios y reglas de tramitación que rigen en el juicio de amparo. Caso contrario, permitir que todas las cuestiones relacionadas con la procuración de la vida digna y segura en reclusión, conforme a los principios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se siguieran dirimiendo ante los juzgadores de amparo, se eludiría el espíritu de la reforma constitucional señalada, propiciando su inoperatividad y desaprovechando incuantificables recursos económicos y, sobre todo, humanos, dada la experticia con la que cuentan los juzgadores especializados citados, no solamente en materia de protección de derechos humanos, sino también en materias que resultan vitales para una mejor comprensión y óptima resolución de las problemáticas que aquejan a las personas privadas de su libertad. Sin soslayar que la hipotética irreparabilidad de dichos actos no constituirá, por sí misma, una excepción al principio de definitividad, en tanto no se surta alguna de las excepciones previstas en la fracción XVIII referida ". En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 18 y 21 constitucionales; y lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En consecuencia, dado el sentido de esta resolución, no se analizan los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa porque el sobreseimiento que se decreta impide a este juzgado federal su estudio. En apoyo de lo anterior, es de invocarse la jurisprudencia 509 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, cabe señalar que en similares términos se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, al resolver el amparo en revisión 388/2017, en sesión de nueve de marzo de dos mil dieciocho. SEXTO. Independientemente del sentido de la presente resolución, así como la vista dada por el juzgado de Distrito auxiliado, tomando en consideración que el quejoso afirmó que fue objeto de malos tratos y tortura, por parte de diversas autoridades, procede reiterar la vista personal al agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado auxiliado, para que en virtud de la naturaleza de los actos referidos, en caso de que no se haya realizado con anterioridad a la presente sentencia, se proceda a la investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades, la cual debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas en el peticionario de amparo, para en su caso, esclarecerla como delito. Sustenta lo anterior, la tesis P.XXI/2015 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla." Así como, la tesis 1ª. CXCII/2009 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TORTURA. OBLIGACIONES DEL ESTADO MEXICANO PARA PREVENIR SU PRÁCTICA. Con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Estado Mexicano tiene las siguientes obligaciones para prevenir la práctica de la tortura: establecer dentro de su ordenamiento jurídico interno la condena a la tortura como un delito, sea consumada o tentativa; sancionar tanto al que la comete como al que colabora o participa en ella; detener oportunamente al torturador a fin de procesarlo internamente o extraditarlo, previa investigación preliminar; sancionar con las penas adecuadas este delito; indemnizar a las víctimas; prestar todo el auxilio posible a todo proceso penal relativo a los delitos de tortura, incluyendo el suministro de toda prueba que posean; y prohibir que toda declaración o confesión que ha sido obtenida bajo tortura sea considerada válida para los efectos de configurar prueba en procedimiento alguno, salvo contra el torturador. Además, la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal para prohibir la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, lo cual también se encuentra previsto en los artículos 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es, el derecho a no ser objeto de tortura, penas crueles o tratos inhumanos o degradantes es un derecho cuyo respeto no admite excepciones, sino que es absoluto y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la nación." SÉPTIMO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Sánchez García, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma el Maestro José Alfredo Sánchez García, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido del licenciado José Manuel Sánchez Acosta, secretario que firma y da fe, hoy tres de mayo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos del presente juicio, y en virtud de que, mediante oficio SEADS/362/2018 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura, con sede en la Ciudad de México, informó que la Comisión de Adscripción del citado órgano, en sesión celebrada en esa misma fecha, determinó la readscripción del Juez Jorge Isaac Lagunes Leano, al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del uno de abril del dos mil dieciocho. En consecuencia, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, conforme lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el escrito signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por medio del cual, solicita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo 132/2018; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2º, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa razón de recibo que se asiente en autos para constancia legal. En el entendido de que el horario para que se traslade personal de este Juzgado con la parte solicitante al negocio donde realizan el fotocopiado, es de nueve horas a diez horas con treinta minutos, de lunes a viernes. Finalmente, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio y autoridad responsable que en él se citan, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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