Jesús Sánchez Esquivel
Expediente 1100/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1100/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesús Sánchez Esquivel
Actuaciones
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuadragésimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 1100/2023, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. Del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En el caso a estudio, el quejoso señala como acto reclamado el proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, dictado en la controversia del orden familiar de alimentos por comparecencia, promovida por ******************** en contra del quejoso, del índice del Juzgado Cuadragésimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que decretó como pensión alimenticia provisional el descuento del equivalente al veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias del hoy quejoso. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías se advierte que el quejoso es parte en la controversia del orden familiar de alimentos por comparecencia ********************, radicado en el Juzgado Cuadragésimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en el que se dictó el proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, por el que se decretó como pensión alimenticia provisional a favor del menor hijo de la demandante, el descuento equivalente al veinte por ciento de las percepciones ordinarias y extraordinarias del hoy quejoso. En ese sentido, en contra de tal proveído procedía el recurso de apelación, de conformidad con los artículos 685, 685 bis, 688, 689 y 696 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, mismos que son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 685. En los juicios en que la sentencia definitiva sea apelable, la revocación es procedente únicamente contra determinaciones de trámite, en los términos del artículo 79, fracción I de este código. En aquellos casos en que la sentencia no sea apelable, la revocación será procedente contra todo tipo de resoluciones con excepción de la definitiva. En todo caso, debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, pudiéndose resolver de plano por el juez, o dar vista a la contraria por un término igual y la resolución deberá pronunciarse dentro del quinto día. En contra de esta resolución no se admitirá ningún recurso." "ARTÍCULO 685 Bis. La resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable, pero sí podrán impugnarse las resoluciones que recaigan respecto del o los convenios presentados durante el juicio; de tal manera que, son apelables los autos y sentencias interlocutorias que se dicten después de decretada la disolución del vínculo matrimonial, y son revocables las determinaciones de trámite emitidas durante el procedimiento." "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos (...)." "Artículo 689. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás con interés jurídico a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; salvo lo dispuesto en el Artículo 692 Quáter, así también podrá apelar el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas." "ARTÍCULO 691. La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. La apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a quinientos mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de presentación de la demanda, dicho monto se actualizará en los términos que establece el último párrafo de la fracción II del artículo 62. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables." (...)." Como se ve, los numerales insertos revelan reglas específicas para la tramitación del recurso. De tal manera, se estima que el hoy quejoso no agotó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de garantías, ya que al manifestar que es parte en el juicio de origen, estuvo en aptitud de hacer valer los medios de defensa ordinarios que se aluden, y con ellos obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado, y si no los agotó antes de acudir al amparo, dicho acto carece de definitividad, motivo por el cual surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, en la fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora, que aún y cuando la parte quejosa estime que el acto que reclama es uno de aquellos señalados como de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos del impetrante, tutelados por la Constitución Federal o tratados celebrados por el Estado Mexicano; es de establecerse que previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el recurso de apelación, al ser un medio ordinario de defensa cuya normativa establece la real posibilidad de que el acto reclamado pueda suspenderse, al no operar una excepción al principio de definitividad, de cuyo cumplimiento no queda liberado el quejoso, pues aun cuando se trate de un recurso admisible en efecto devolutivo de tramitación inmediata, la propia legislación en su artículo 696 establece la posibilidad de que el acto que reclama, con la solicitud de la impugnante y su apreciación del porqué el auto apelado puede generar daños irreparables o de difícil reparación, pueda suspenderse; porque el artículo 956 de dicho código hace expresa remisión a las reglas generales ahí previstas, en lo no contemplado en el capítulo especial destinado a las controversias del orden familiar. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.3o.C.833C, novena época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1159, que señala: "APELACIÓN. ES NECESARIO INTERPONERLA PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y NO SE PUEDE SUBSANAR CON LA SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA FAMILIAR (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El legislador del Distrito Federal, en el título décimo sexto denominado de las "Controversias del orden familiar", reguló lo relativo a dicha figura jurídica particularmente en los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que otorgan facultades a los Jueces para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Conforme a esos preceptos, tratándose de cuestiones atinentes a los menores, se debe actuar oficiosamente tanto en la litis misma, al poder suplir, incluso, la falta de reclamación, como en la recepción de pruebas para decidir lo conducente, entre otros aspectos, tratándose del régimen de convivencia de dichos menores con sus progenitores. Sin embargo, la institución de suplencia de la deficiencia de la queja no es una base legal para concluir que quien es parte en un juicio ordinario familiar, deje de interponer oportunamente el recurso de apelación procedente contra la resolución que resuelve el fondo de la litis planteada, de acuerdo a los preceptos legales aplicables, ya que el principio de congruencia que rige la segunda instancia y el dispositivo que implica la necesidad de que el impulso procesal y la impugnación la realice la parte que resiente el perjuicio o agravio, supone que debe haber recurso, porque la suplencia es respecto de los agravios, lo cual sólo se puede dar si se interpuso el recurso. De modo que si la segunda instancia la abrió una de las partes únicamente respecto de la parte que le agravió, en el caso, el demandado en relación al tema de costas, entonces, la Sala responsable no estaba en aptitud de atender a las cuestiones vinculadas con la procedencia de la caducidad de la instancia en el juicio ordinario civil de divorcio necesario. Lo anterior es así porque la interposición del recurso de apelación por parte de la quejosa era necesaria para introducir a la litis de segunda instancia sus planteamientos y entonces sí, estar en aptitud de suplir la deficiencia de sus agravios, dado que para que el tribunal de apelación esté obligado a suplir la deficiencia de la queja es menester que la parte afectada apelara la resolución de primera instancia que le perjudicó. Luego, si solamente apeló su contraparte respecto al tema que le afectó, la litis de apelación se concretó a los agravios de éste, en tal virtud aunque la quejosa comparezca al juicio de garantías en nombre de los menores, tal circunstancia no la libera de agotar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en la parte relativa que le agravió y por ende, la responsable no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, dado que dicha institución rige tratándose de los agravios en la apelación y conceptos de violación en el juicio de amparo, lo que implica que no puede substituir al recurso ordinario procedente y no tiene el efecto de que no se cumpla con el principio dispositivo de impugnar las consideraciones y correspondientes resolutivos de primera instancia que le perjudican y que no fueron motivo de apelación por la contraparte de la ahora quejosa." También sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, octava época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, febrero de 1993, página 271, que señala: "JUICIO DE AMPARO, PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE DEBE REGIR EN EL, AUN TRATANDOSE DE ACCIONES DEL ESTADO CIVIL O QUE AFECTEN EL ORDEN Y A LA ESTABILIDAD DE LA FAMILIA. Es inexacto que tratándose de un juicio de divorcio pueda promoverse amparo directo contra la sentencia de primera instancia sin necesidad de agotar el recurso de apelación contra ese fallo. Porque lo contrario se desprende de la simple lectura del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General. En efecto, dicho precepto previene que procede amparo directo tanto contra violaciones de fondo como contra violaciones de procedimiento, estando constituidas las primeras por aquellas que se cometen en las propias sentencias, y las segundas surgen en el curso del procedimiento. Y es precisamente al hablar de éstas últimas cuando el dispositivo exime de agotar los recursos ordinarios en juicios sobre acciones del estado civil o que afecten el orden y a la estabilidad de la familia. Lo que significa que no hay necesidad de preparar el amparo únicamente respecto de las violaciones de procedimiento, pero si existe obligación de apelar el fallo de primer grado." Del mismo modo, es aplicable al caso, la jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la octava parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Por consiguiente, al no agotar la quejosa el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el diverso 113 de la invocada Ley, procede desechar de plano, la demanda de garantías. Toda vez que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, notifíquese por medio de lista al quejoso, el proveído que hoy se dicta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en la circunscripción territorial de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Se tiene al promovente señalando autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales, las cuales en el momento en que ejerzan su mandato en este asunto, serán localizadas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, atento a lo dispuesto en el título Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; y únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del segundo supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona en su escrito de cuenta. Asimismo, como lo solicita, de conformidad con la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a los autorizados el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente. Por otra parte, solicita la promovente se le autorice la consulta vía internet del expediente electrónico en el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia y toda vez que proporciona su nombre de usuario "********************", con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como de conformidad con los artículos 9, 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del presente asunto por vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar. Sin lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que indica y el número telefónico que señala, en virtud de que dichas figuras no se encuentran previstas en la Ley de Amparo. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto. Notifíquese por medio de lista al quejoso.
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