Jesús Sanabria Cruz
Expediente 1038/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1038/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2019
Partes del expediente
- Jesús Sanabria Cruz
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual informa que mediante proveído de tres de septiembre del año en curso, asumió el conocimiento de juicio de amparo 1038/2019, del índice de este juzgado, mismo que le fue remitido por incompetencia. De lo que se toma conocimiento para los efectos conducentes sin realizar mayor proveído toda vez que del presente sumario se ordenó su archivo en auto de veintidós de agosto de este año. Notifíquese.
- Principal
MESA VI Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo indirecto 1038/2019, del índice de este juzgado, asimismo, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto, registrándolo bajo el número de juicio de amparo 997/2019; toda vez que este juzgador se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho juicio. Por otra parte, como lo solicita, notifíquese por medio de lista el proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, emitido en los autos del juicio de amparo 997/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y remítanse las constancias que acrediten dicha notificación a la autoridad oficiante. Notifíquese y por medio de lista al quejoso. ACUERDO DE DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE EMITIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 997/2019 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON SEDE EN NAUCALPAN DE JUÁREZ; EN EL CUAL SE DETERMINÓ: "Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio signado por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 1038/2019 de su índice y nueve copias del escrito inicial de demanda, promovido por Jesús Sanabria Cruz, por propio derecho, contra actos del Fiscal Regional de Atlacomulco Titular de la Subprocuraduría Regional de Atlacomulco, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y otras autoridades. Lo anterior, por haberse declarado legalmente incompetente respecto de los actos reclamados consistentes en: la orden de detención, presentación y/o aprehensión decretada en contra del quejoso y su ejecución. En consecuencia, se tiene por recibida la comunicación de cuenta y se asume el conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Fórmese expediente impreso y electrónico . Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Ahora bien, los artículos 108, 114 y 261 de la Ley de Amparo señalan: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Ahora bien, de la lectura a la demanda se advierte en el capítulo de actos reclamados el quejoso señaló como tal "la omisión de acordar las peticiones del suscrito correspondientes del procedimiento que se indica más adelante". En ese sentido, se estima necesario, previo a proveer sobre si se acepta la competencia planteada, de conformidad con los artículos antes precisados, requerir al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído: Manifieste si es su deseo señalar como acto destacado la omisión de acordar las peticiones que refiere; en el entendido de que, en caso afirmativo deberá precisar ante qué autoridad las realizó y que, no le han sido contestadas; y, en su caso, el procedimiento correspondiente al que fueron dirigidas. Lo anterior, pues de la lectura al escrito inicial de demanda no se advierten tales datos, lo que resulta necesario para determinar en forma correcta los actos reclamados y hacer un pronunciamiento en cuanto a qué autoridad le corresponde conocer sobre este asunto. Se previene al promovente, que de no cumplir con el requerimiento en los términos apuntados, se entenderá que no es su deseo señalar como acto reclamado la omisión referida. Toda vez que el solicitante de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; se solicita de la manera más atenta y respetuosa al citado homólogo federal que de no tener inconveniente legal alguno en auxilio de las labores de este juzgado, le notifique el presente proveído por el citado medio, y hecho lo anterior, remita copia certificada de esa notificación. Además, le requiera para que en el momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, o bien, dentro de la zona metropolitana, esto es, el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado, con fundamento en los artículos 305, 306 y 308 del código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizados en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Notifíquese; por oficio al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México."
- Principal
MESA VI. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Fiscal Regional de Atlacomulco, Titular de la Subprocuraduría Regional de Atlacomulco dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con sede en Jilotepec y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 1038/2019-VI. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora bien, de la demanda se obtiene que el quejoso reclama: *La orden de detención y/o aprehensión y su ejecución. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Luego, cabe precisar que en el caso, el acto reclamado consiste en la orden de detención y/o aprehensión y su ejecución. Ahora bien, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado en esta instancia consistente en la orden de detención y/o aprehensión y su ejecución acto que bajo protesta de decir verdad, el quejoso en el capítulo de antecedentes refirió que se pretende ejecutar en su domicilio ubicado en el Ejido de Tecolapan, en el Municipio de Jilotepec, Estado de México. En ese tenor, este juzgado no resulta competente para conocer de la demanda de amparo en razón a que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que la orden de captura reclamada pretende ejecutarse en el Municipio de Jilotepec, Estado de México. Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL." Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En ese contexto, de conformidad con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37, de la ley de la materia, además, con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado destacado, es decir, en el lugar en el que el quejoso en su demanda bajo protesta de decir verdad, señaló que se pretende ejecutar el acto reclamado, a saber, en Jilotepec, Estado de México. Es aplicable la tesis I.1o.A.44 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Sustenta a lo anterior por mayoría de razón la jurisprudencia 1a./J.52/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, que se transcribe: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." Así como en lo que interesa la tesis aislada I.6o.P.97, procedente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Décima Época, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SI EN LA DEMANDA SE SEÑALAN AUTORIDADES EJECUTORAS FEDERALES, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA TRATA DE EJECUTARSE." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y nueve copias de la misma, al Juez de Distrito en el estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde producen sus efectos los actos reclamados. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. En otro orden, de conformidad con el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquese al quejoso las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este de este Juzgado de Distrito. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y de forma restringida al resto de los profesionistas señalados en el proemio de la demanda, limitación que subsistirá hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y por medio de lista al quejoso.
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