Jesus Salvador Mijangos Patiño

Expediente 368/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
368/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Jesus Salvador Mijangos Patiño

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintitrés. REMITE TESTIMONIO DE EJECUTORIA Se agrega a los autos el oficio signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al que acompaña en copia certificada testimonio de la ejecutoria dictada el ocho de junio de dos mil veintitrés en el recurso de queja ********************/2023 de los del índice del órgano de su adscripción, así como los autos del juicio de amparo en que se actúa. Se acusa el recibo de estilo a la superioridad. QUEJA INFUNDADA De la lectura del testimonio de cuenta, se advierte que la superioridad resolvió, declarar infundado el recurso de queja interpuesto por ********************, a través de sus apoderados especiales para pleitos y cobranzas, ******************** y ********************, en contra del auto de doce de abril de dos mil veintitrés. Por ende, el auto de mérito quedó firme. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. CLASIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DESTINO En razón de lo anterior, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 20, fracción II, del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, se califica de la siguiente manera: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda para conocer del juicio de amparo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se procederá en términos del antepenúltimo párrafo del citado artículo 20. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del citado acuerdo, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. SE DEJAN DOCUMENTALES A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que quedan a su disposición las documentales que, con motivo de las pruebas aportadas en el presente juicio de amparo, acompañó a su demanda de amparo. Por lo que, en conformidad con lo previsto por el artículo 19, segundo párrafo, del citado acuerdo, requiérasele para que en el término de noventa días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlos; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa a través del usuario proporcionado. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, secretaria que autoriza y da fe.AALRG

  2. Principal

    Puebla, Puebla, dos de mayo de dos mil veintitrés. ADMITE REVISIÓN Glósese a los presentes autos el oficio de la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual informa que se admite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ***, el cual se registró con el número de queja 75/2023 de su índice, lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. REITERA AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Agréguese a sus autos el escrito de ********************y********************Apoderados especiales para Pleitos y Cobranzas del quejoso ********************; visto su contenido, téngaseles reiterando la autorización otorgada a los profesionistas que señala, solicitud de acceso al expediente electrónico y notificaciones en esa vía, empero, dígaseles que se estén a lo acordado en auto de doce de abril de dos mil veintitrés, en el cual se acordó lo conducente. QUEJA Así, por lo que respecta a la interposición del recurso de queja en contra del auto de doce de abril de dos mil veintitrés; de conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado, toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar de plano la demanda de amparo promovida por los ocursantes, contra actos del COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA y otra. Notifíquese.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, doce de abril de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************, a través de quienes se ostentan sus Apoderados especiales para Pleitos y Cobranzas C******************** y ******************** contra los actos del COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, ADSCRITO A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA TRADICIONAL, CARMINA BARERA MACHORRO y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 368/2023. PERSONALIDAD Téngase por reconocida la personalidad de C******************** y ******************** como Apoderado Especial para Pleitos y Cobranzas de ********************, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, según se desprende de la copia certificada del instrumento notarial número 102,669 de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, que adjunta a su escrito de demanda de amparo. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, del contenido de la demanda de cuenta se desprende que el quejoso reclama textualmente: LA DETERMINACIÓN DE NO AUTORIZACIÓN DEL INEJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADA DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA NUMERO ********************, emitida por el C. José González Zepeda, en su calidad de Coordinador General de asuntos Jurídicos de la Fiscalía general del estado de Puebla, derivado del archivo definitivo del No ejercicio de la Acción penal, dictado dentro de la misma averiguación previa por la C. Agente del ministerio Publico Carmina Barrera Machorro, que fuera impugnado por el Recurso de informidad formulado por la ********************. Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito esta constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El juicio de amparo deviene improcedente, respecto al acto reclamado, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo respecto de dichos actos, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Para respaldar esta postura, es menester transcribir la regla contenida en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República que establece: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;..." Por su parte, el diverso numeral 6 de la ley de la materia, literalmente indica: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Conforme a los preceptos antes transcritos el promovente del amparo carece de legitimación para impugnar en la vía constitucional la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la cual no autorizó el inejercicio de la acción penal dictada dentro de la averiguación previa número ********************, en la que la responsable ordenó la devolución de la averiguación previa a la agente del Ministerio Público correspondiente, a efecto de que prosiguiera con la integración de la indagatoria, al faltar diligencias por desahogar. Lo anterior es así, en virtud que el juicio de amparo indirecto es improcedente en los casos en que no exista una garantía que pueda ser violada con el acto reclamado, lo que acontece tratándose de la resolución, que no autoriza el inejercicio de la acción penal propuesta por el órgano investigador y ordenó el desahogo de pruebas, pues, la resolución reclamada tiene por objeto la práctica de diligencias para integrar debidamente la averiguación previa iniciada contra los peticionarios de amparo, es decir se trata de diligencias tendientes a la integración de una averiguación previa, lo cual no le causa daño o perjuicio, en razón que el artículo 21 constitucional, faculta al Ministerio Público en este caso, al Fiscal General del Estado, a realizar las diligencias necesarias para esclarecer los posibles hechos delictuosos puestos a su conocimiento, lo cual, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, reservado a la citada institución del Ministerio Público. En esas condiciones, el amparo promovido por el quejoso, por conducto de sus apoderados, en contra de los actos tendientes a la integración de la averiguación previa, que corresponde exclusivamente a la institución del Ministerio Público, de la que forma parte el Fiscal General del Estado, resulta improcedente, ya que esas actuaciones están encaminadas a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra la que se dirigió la denuncia o la querella, las cuales no causan un daño o perjuicio al quejoso en contra de quién se continuará la investigación, ya que no se ordenó que se les prive de un derecho sustantivo como es su libertad, posesiones o derechos, y en esa medida, es evidente que se surte la causa de improcedencia invocada. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 87/2008 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Enero de 2009, del siguiente contenido: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4o., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica." Aunado, a que la continuación con la integración de la averiguación previa reclamada, no resulta transgresora de derechos fundamentales, toda vez que la persecución de los delitos, es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido constitucionalmente en exclusiva a esa institución ministerial; por ende, el acto controvertido no le irroga una afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, al no ocasionarle un daño real y actual, presupuesto indispensable para ejercer la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.2º.P.J/11, visible en la página 689, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE "AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL "MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA "INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." En consecuencia, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo XXIII, en relación con los diversos 1º y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a desechar de plano la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente. AUTORIZADOS Se tiene como autorizadas los profesionistas que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Mónica Grisell Hernández Velázquez, Secretaria que autoriza y da fe.

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