Jesús Salvador Gutiérrez Salazar

Expediente 325/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
325/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/06/2021

Partes del expediente

  • Jesús Salvador Gutiérrez Salazar
  • Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género en Metepec, Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído emitido por este juzgado federal el trece de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por el quejoso Jesús Salvador Gutiérrez Salazar, por su propio derecho, contra el acto y autoridades responsables, que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE. 1) Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (autoridad ordenadora). 2) Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma Estado de México (autoridad ejecutora). ACTO RECLAMADO. La resolución de cinco de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 11/2021, mediante la cual revocaron el auto de no vinculación a proceso y su ejecución. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 325/2021-VIII y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN. Tomando como punto de partida lo que prevé el numeral 114, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada". De lo anterior, se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte quejosa, con lo cual se considera mandarla prevenir cuando se estime que: 1. El escrito inicial de demanda contenga irregularidades. 2. Si se hubiese omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. 3. Si no hubiese acompañado documento con el que acredite su personalidad. 4. Si no hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 5. Si no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo, y; 6. Si el libelo de garantías contiene tales requisitos pero éstos fueran deficientes. En ese sentido, con fundamento en los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, a efecto de estar en aptitud de proveer lo que proceda en cuanto al libelo de cuenta, requiérase a la promovente para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de cinco días legalmente computados, bajo protesta de decir verdad realice lo siguiente: a) Tomando la naturaleza del acto reclamado, manifieste en específico cómo le fue realizada la notificación del acto reclamado; ya que si bien señala que el acto reclamado le fue notificado el seis de abril del presente año, es omiso en indicar la forma en que le fue practicada. Lo anterior, toda vez que el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales indica que las notificaciones pueden ser personales, por lista, estrado o boletín o por edictos y el diverso 94 de la legislación antes citada refiere que los plazos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del que surte efectos la notificación. En esta tesitura dependiendo la forma en la que fue notificada la parte quejosa, es la que le surtirá efectos y en consecuencia, le correrá el término para interponer su demanda de amparo, circunstancia que no se advierte, incluso del estudio de la totalidad de la misma. En esta tesitura, la prevención realizada es necesaria para dilucidar la procedencia del presente juicio constitucional, dado que dicha circunstancia genera incertidumbre. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y de manera ilustrativa, la jurisprudencia número 2a./J. 161/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1079, tomo II, Febrero de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 20055636, que es del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado". Dicha prevención deberá ser desahogada por el propio impetrante del amparo, pues la manifestación "bajo protesta de decir verdad", constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar éste, por referirse a hechos o circunstancias de conocimiento personal de la parte quejosa, y dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174,745, que es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Lo anterior a fin de que este juzgado de control constitucional este en aptitud de proveer lo conducente respecto a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo. Asimismo, se advierte al ocursante que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - - - - - - - - - -- - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Consideración que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, registro 2014917, publicada en la Gaceta del Semanario Judicialde la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 5, de rubro y contenido siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". APERCIBIMIENTO. En este orden de ideas, se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. ACTUAR OFICIOSO Ahora, este órgano jurisdiccional en atención al deber oficioso contenido en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, estima necesario para la tramitación del asunto solicitar atentamente al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, para que tenga a bien remitir dentro del término de tres días, copia certificada de la constancia de notificación practicada al quejoso Jesús Salvador Gutiérrez Salazar, respecto de la resolución de cinco de abril de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 11/2021. Bajo apercibimiento que de ser omisa, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. INFORMACIÓN PÚBLICA. Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene las listas de este órgano jurisdiccional como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, toda vez que no señala domicilio en la sede de este juzgado federal. Asimismo, con fundamento en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General antes citado, se tiene por exhibido el correo electrónico que menciona el promovente, el cual será utilizado únicamente cuando este órgano jurisdiccional estime conveniente. Al respecto, se reitera que lo anterior no constituye un medio de notificación en lo que toca al presente asunto, toda vez que no encuadra en los lineamientos que establece el acuerdo general 34/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZADOS En relación a los autorizados Inés Alejandro Pichardo Cedillo y Roció Castillo Jiménez, no se advierte que cuenten con registro de cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en consecuencia, se les tiene como autorizados, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 24 del propio ordenamiento legal, es decir para oír notificaciones aun las de carácter personal e imponerse de autos; sin perjuicio que con posterioridad, acredite tal extremo, mediante promoción subsecuente; asimismo, se tiene por autorizados en términos del último párrafo del artículo 12 de la ley en cita, a los pasantes de derecho Hermilo Álamo Cortes, Cecilia de León Millán y Nataly Mejía Iglesias. SE HABILITAN DÍAS INHÁBILES. Con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. DIGITALIZACIÓN. En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.|

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