Jesus Salvador Ávila Catalán

Expediente 134/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
134/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
18/02/2019

Partes del expediente

  • Jesus Salvador Ávila Catalán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Agréguese a los autos los oficios signados por el Ministerio Público y Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado, ambos adscritos a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, residentes en esta ciudad, en donde informan el primero de los nombrados lo siguiente: Que el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con competencia en los Distrito Judiciales Bravo, Guerrero y Álvarez, con sede en esta ciudad, el quejoso Jesús Salvador Ávila Catalán, por el delito de secuestro en agravio de Ostink Idell Sánchez Servín. Que el seis de febrero de dos mil diecinueve, se dictó en contra del aludido quejoso auto de vinculación a proceso. Entonces, se advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Esto es así, dado que de las constancias remitidas por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que ha operado un cambio de situación jurídica, respecto del acto reclamado en esta vía constitucional, por lo que, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, el suscrito, procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde sobre las consecuencias jurídicas, que en el presente asunto genera la emisión del referido auto de plazo constitucional. Sobre el tema, la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Conforme a la fracción del precepto legal transcrito, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y en el mismo se suscita un cambio de situación jurídica, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar el nuevo contexto en que se ubica el quejoso. En el caso, el acto reclamado consistió en la privación de la libertad dictada en contra del quejoso Jesús Salvador Ávila Catalán, por el Agente del Ministerio Público Especializado al Combate contra el Delito de Secuestro, dependiente de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Guerrero, en autos de la carpeta de investigación 2120111200013260119. Entonces, el cambio de situación jurídica en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aún fuera de la audiencia constitucional, en virtud que la sola emisión del auto de sujeción a proceso implica que el quejoso se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la privación de la libertad que aduce es inconstitucional, de modo que las violaciones cometidas en la primera (privación de la libertad), deben considerarse consumadas de modo irreparable y precisamente por tal motivo, se surte una causa manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si en nada puede variar el resultado del fallo que será en el mismo sentido. En consecuencia, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado a la autoridad ejecutora, por no haber sido combatido por vicios propios, sino en vía de consecuencia. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las diez horas del seis de marzo de dos mil diecinueve (foja 25 vuelta). Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que las constancias remitidas por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro se encuentran debidamente escaneadas a fin de ir acorde con el expediente electrónico, sin embargo en razón de su volumen y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmese por separado el legajo uno de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado, para su consulta. Notifíquese personalmente.

  2. Incidental

    En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a las nueve horas con tres minutos del once de febrero de dos mil diecinueve, fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia incidental relativa al juicio de amparo 134/2019, promovido por ***, por su propio derecho, estando en audiencia pública ***, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por ***, Secretario del juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace constar que el presente incidente de suspensión se encuentra debidamente integrado para resolver. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Período probatorio. El Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció prueba alguna. El Juez acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció pruebas, precluye su derecho para ofrecerlas. Acto continuo, el Secretario certifica que no existe prueba pendiente por desahogar y que las partes no hicieron uso de ese derecho. Atento a la certificación que antecede, se concluye el periodo de pruebas y se continúa con el de alegatos. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del Juez, quien resolverá en definitiva este incidente. No habiendo promoción pendiente por acordar, pruebas que admitir, alegatos por reproducir, se da por terminada la presente audiencia, procediéndose a dictar la siguiente interlocutoria. VISTOS; los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 134/2019. R E S U L T A N D O: PRIMERO. ***, por su propio derecho, solicitaron la suspensión definitiva en contra de las autoridades y acto que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE GUERRERO. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO AL COMBATE CONTRA EL DELITO DE SECUESTRO, DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE GUERRERO. COMANDANTE ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO AL COMBATE CONTRA EL DELITO DE SECUESTRO, DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE GUERRERO. CIUDAD. ACTO RECLAMADO: La privación de la libertad. Como se ordenó en el cuaderno principal por auto de uno de febrero de dos mil diecinueve, se formó por separado y duplicado el cuaderno incidental; se proveyó lo procedente sobre la suspensión provisional, se pidió a las autoridades responsables rindieran informes previos, fue señalada hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, dado que conoce del juicio principal del que deriva. SEGUNDO. La autoridad responsable ordenadora Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo manifestó que no es cierto el acto que se le reclama. Por tanto, toda vez que la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de la orden privativa de libertad es un acto positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable de referencia, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que la hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Ante la negativa de la autoridad responsable ordenadora, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar al quejoso Jesús Salvador Ávila Catalán, por su propio derecho, la suspensión definitiva de los actos reclamados al Fiscal General del Estado de Guerrero, por falta de materia sobre la cual decretarla contra dicha autoridad. TERCERO. Por su parte, las diversas autoridades responsables Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, al rendir su informe previo manifestaron que no es cierto el acto que se les atribuye (privación ilegal de la libertad), argumentando que el quejoso **** fue detenido en flagrancia el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, a quien se le instruye la carpeta judicial 120111200013260119, por el delito de secuestro; y, en la misma fecha el Agente Especializado referido decretó su detención legal, por lo que el treinta y uno de enero de este año, fue puesto a disposición del Juez en turno de Control y Enjuiciamiento Penal con Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Guerrero y Álvarez, con sede en esta ciudad capital, donde se fijó las ocho horas con treinta minutos del uno de febrero de la presente anualidad, para la celebración de la audiencia inicial en contra del quejoso, dentro de la cual se calificó de legal su detención, formulándose imputación y por consecuencia el seis de febrero de dos mil diecinueve, el juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jesús Salvador Ávila Catalán. Ahora bien, de los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. En ese sentido, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, no ha lugar a conceder la suspensión definitiva que solicita el quejoso incidentista, toda vez que en la carpeta judicial de origen el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Guerrero y Álvarez, con sede en esta ciudad capital, con fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso incidentista, tal y como lo informó el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro. En esas condiciones, al haberse reclamado como acto la privación ilegal de la libertad, y al existir ya un auto de vinculación a proceso, es evidente que no existe ya materia sobre la cual decretar la medida precautoria definitiva que en la especie se solicitó, procediéndose a declarar sin materia el presente incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, que se aplica por analogía, habida cuenta que si bien en el caso concreto no se surte expresamente la hipótesis prevista en el indicado precepto, sí resulta inconcuso que no existe ya materia para decretarla. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ***, por su propio derecho, contra la orden de privación de su libertad, que reclamó de la autoridad responsable Fiscalía General del Estado de Guerrero, de acuerdo a lo establecido en el considerando segundo de esta resolución interlocutoria. SEGUNDO. Se declara sin materia la suspensión definitiva solicitada por Jesús Salvador Ávila Catalán, por su propio derecho, contra la orden de privación de su libertad, que reclamó de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, de acuerdo a lo establecido en el considerando tercero de esta resolución interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Alfonso Ruiz Quintana, que autoriza. Doy fe.

  3. Incidental

    Vistos los oficios de cuenta, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase al Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado, y en representación del Fiscal General del Estado, Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada contra el Secuestro, con sede en esta ciudad, rindiendo sus informes previos, mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver el presente incidente de suspensión. Asimismo, en términos del diverso 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase como delegados del Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado, y en representación del Fiscal General del Estado, a los que menciona.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado del Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado, y en representación del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Asimismo, en términos del diverso 9, párrafo primero, de la ley de la materia, se tiene como su delegado al que menciona.

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