Jesus Salomon Sanchez Flores

Expediente 692/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
692/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
13/07/2017

Partes del expediente

  • Jesus Salomon Sanchez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, a través del cual se tuvo por desechada la demanda de amparo indirecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA IV SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE: Por recibida la demanda de amparo promovida por Cristóbal Gómez Rivera, quien se ostenta como apoderado legal del directo quejoso Jesús Salomón Flores Sánchez o Sánchez Flores, contra actos de la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno de este juzgado con el número 692/2017-IV-A. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por lo tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En efecto, de la lectura integral del escrito de demanda, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los ordinales 5°, fracción I y 6°, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Los artículos en comento, disponen lo siguiente:. Las disposiciones transcritas señalan que el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, los que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, deben acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En efecto, atenta a lo que disponen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6° de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional se reserva únicamente a quien perjudique el acto o la ley que reclama, entendiéndose por perjuicio, la afectación por la actuación u omisión de la autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es desconocido o vulnerado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que le sea reconocido ese derecho y no le sea transgredido, lo cual constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Por tanto, es correcto que el ejercicio de la acción requiera, en todo caso, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que pretenda defenderse mediante la intervención del órgano jurisdiccional y que tal intención debe ser manifiesta en el escrito de demanda; en cuanto a este tema, desde el punto de vista procesal en el juicio de amparo, resulta indiscutible, que el ejercicio de toda acción requiere forzosamente de la existencia de un interés jurídicamente tutelado en que se apoye. Consecuentemente, como requisito indispensable para la viabilidad del juicio, el interés jurídico o legítimo debe ser acreditado por quien ejerza la acción, pues de lo contrario no puede justificarse la actividad jurisdiccional, mucho menos, una eventual protección constitucional, pues no habría violación que reparar. Además, en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6° de la Ley de Amparo, como se dijo, la acreditación del interés jurídico o legítimo debe ser en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad; esto, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Ahora bien, en la especie, comparece a juicio Cristóbal Gómez Rivera, haciendo consistir el acto reclamado en la omisión de la autoridad responsable de dar trámite al escrito de treinta de marzo de dos mil diecisiete, signado por el directo quejoso Jesús Salomón Flores Sánchez o Sánchez Flores, en el cuaderno de ejecución ***, mediante el cual promueve revisión contra un auto emitido en septiembre de dos mil dieciséis, en el que la junta responsable decretó la prescripción de la acción para ejecutar el laudo. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que Cristóbal Gómez Rivera no es parte dentro del controvertido de mérito, ya que comparece al presente juicio ostentándose como apoderado legal del directo quejoso Jesús Salomón Flores Sánchez o Sánchez Flores en el juicio laboral ****, de donde deriva el acto reclamado, y hace manifestaciones en el sentido que solicita el amparo y protección federal contra el acto omisivo de la autoridad responsable porque con ello se está transgrediendo el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se administre justicia de manera pronta y completa al directo quejoso Jesús Salomón Flores Sánchez o Sánchez Flores. Por lo tanto, se concluye que este juicio de amparo indirecto es improcedente, en razón que el promovente Cristóbal Gómez Rivera no es parte formal ni material en el juicio de origen, máxime que tampoco se advierte haya comparecido a defender algún derecho en esa instancia, por lo que carece de interés jurídico para incoar la acción constitucional respecto del acto omisivo que reclama y únicamente afecta a Cristóbal Gómez Rivera, dentro del juicio laboral ****, del índice de la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tampico, Tamaulipas. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional, es precisamente la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, más no la comprobación de que el acto reclamado lesiona los intereses jurídicos del quejoso, por lo que es evidente que no se puede pedir amparo contra actos que no afecten sus intereses jurídicos, en primer lugar, porque el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra o, de no ser así, debe afectarle su cumplimiento o ejecución. Lo que es más, de la interpretación sistemática de los artículos 6°, 10 y 11 de la Ley de Amparo, se colige que toda cuestión relativa a la personalidad en el juicio constitucional debe acreditarse conforme a la legislación indicada; de ahí que únicamente ante supuestos no contemplados en aquélla podrá acudirse a los distintos ordenamientos legales, según sea la naturaleza del acto reclamado y, sólo en aquellos casos en que ni siquiera la ley de la materia respectiva los prevea, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, de dichos numerales se advierte que la personalidad del promovente del juicio de amparo puede acreditarse con el reconocimiento que de ella se haya hecho en el juicio del cual deriva el acto reclamado. Sin embargo, en la especie no se surte tal supuesto, dado que, del contenido íntegro de la demanda de amparo, no se obtiene que el promovente de la misma tenga reconocido tal carácter; por el contrario, del escrito que adjuntó a su escrito que se provee, se colige que tal representación apenas se la confirió el directo quejoso, pero la autoridad responsable aún no se la reconoce, tan es así, que de lo que se duele el promovente, es de que no se ha acordado tal escrito. Así las cosas, se torna evidente que al no tener Cristóbal Gómez Rivera reconocida la personalidad con que se ostenta, deviene improcedente la acción constitucional por él intentada en favor del directo quejoso Jesús Salomón Flores Sánchez o Sánchez Flores; ello, sin perjuicio de que este último pueda instar el juicio de amparo por su propio derecho. En consecuencia, con base en lo argumentado en los párrafos que anteceden, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 6°, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, origen de este juicio. DOMICILIO Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que, en el caso que el mismo resulte impreciso, incorrecto, encontrarse cerrado, deshabitado o quien se encuentre en ese lugar manifieste que no conoce a los inconformes o a sus autorizados, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso aquellas que conforme a la Ley deban hacerse en forma personal, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, para lo cual se faculta desde ahora a los actuarios de la adscripción. AUTORIZADOS Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, dada la materia del asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías...

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 9,351 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano