Jesus Salomon Medina
Expediente 907/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesus Salomon Medina
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Este Distrito Judicial, Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, no se advierte que las partes de este juicio recurrieron la sentencia emitida en este asunto el veintiuno de enero de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo. Esto considerando que las partes fueron notificadas el veinticuatro siguiente, quedando comprendido dicho lapso del veinticinco de enero al ocho de febrero de dos mil veintidós Sentado lo anterior, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Finalmente, advirtiéndose que el cuaderno relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto se ubica en la hipótesis contenida en la fracción I, inciso a) del artículo 18, invocado en el párrafo anterior, provéase lo conducente en el referido incidente.
- Incidental
Visto el estado de los autos y a fin de ordenar el destino del incidente de suspensión en que se actúa, se estima necesario remitirse a los autos del juicio de amparo 907/2021-II-1, del cual deriva dicha incidencia, mismo que se tiene a la vista y constituye un hecho notorio para quien esto provee, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y del cual se desprende que en esta fecha se ordenó el archivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, procede hacer la indicación en el sentido de que el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa es depurable, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se concedió la suspensión provisional solicitada. De igual forma, en atención al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, el duplicado del incidente en mención deberá ser destruido, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo del juicio de amparo indirecto del que deriva.
- Principal
Audiencia constitucional. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las catorce horas del veintiuno de enero de dos mil veintidós, hora y día señalados en auto de diez de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 907/2021-II-2. El licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido por la licenciada Consuelo Natalia Ruiz Castro, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin comparecencia de las partes, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en el módulo de "Agenda de Visita a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya generado cita para comparecer a esta audiencia ni que hayan solicitado estar presentes por medio de videoconferencia. Acto seguido, la secretaria realiza una lectura íntegra del escrito relativo a la demanda de amparo y procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos: escrito inicial de demanda promovida por Jesús Salomón Medina, auto admisorio de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, e informes justificados rendidos por las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil y Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, todos con sede en esta ciudad. Acto seguido, el Juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes justificados de referencia. Abierto el período de pruebas: la secretaria da cuenta con las pruebas documentales que allegó la parte quejosa y la autoridad responsable ordenadora. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados en razón de su propia naturaleza los referidos medios de convicción, mismos que serán tomados en consideración en su oportunidad; con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierto el período de alegatos: la secretaria hace constar que el tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, expresó alegatos y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional no formuló pedimento. A lo anterior, el juez acuerda: de conformidad con lo establecido en el numeral 124 de la ley de la materia, se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por las referidas partes, las que serán tomadas en consideración en su oportunidad. No habiendo diligencia pendiente que desahogar, se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 907/2021-II-1, promovido por Jesús Salomón Medina y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Jesús Salomón Medina, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil y de la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, todos con sede en esta ciudad; que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que hizo consistir en la falta de emplazamiento a juicio y sus consecuencias jurídicas, así como la orden de ejecutar la desposesión del inmueble ubicado en avenida del Arroyo, número 18745, fraccionamiento Rinconada del Valle, de esta ciudad. SEGUNDO. Admisión. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito, y por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la registró con el expediente 907/2021-II-1, la admitió a trámite, requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe con justificación, se ordenó emplazar al tercero interesado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien formuló pedimento. Seguido el juicio por sus demás etapas legales, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede, la cual concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, dado que el juicio de origen se tramita en la circunscripción territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Antes de establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se estima necesario fijar en forma clara y precisa el planteamiento de impugnación que formuló la parte quejosa en su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia P./J.40/2000 y la tesis P.VI/2004 sustentadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera publicada en la página 32 del tomo XI, abril de 2000, y la segunda a foja 255 del tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal, respectivamente, es como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.", y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Del planteamiento de reclamo contenido en la demanda de amparo que es materia de estudio, se desprende que la parte quejosa lo hizo consistir en la falta de emplazamiento a juicio y sus consecuencias jurídicas, así como la orden de ejecutar la desposesión del inmueble ubicado en avenida del Arroyo, número 18745, fraccionamiento Rinconada del Valle, de esta ciudad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Los jueces Primero, Segundo y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil; al rendir su informe justificado negaron categóricamente la existencia del acto reclamado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 310, sustentada por el Pleno de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1621, del Apéndice de 1995, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En ese contexto, del análisis practicado a las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que los medios probatorios aportados por la parte quejosa, no vinculan a las autoridades antes precisadas con los actos que le son imputados o con los que se desvirtúe la negativa de que se da noticia, siendo que la parte quejosa tiene la carga procesal de aportar aquellos medios de convicción encaminados a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para afirmar que las responsables transgredieron su esfera jurídica. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, Tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por tanto, al no haberse allegado al presente sumario prueba idónea con la cual se acredite que los actos de los que se dio noticia sean imputables a las autoridades señaladas en este considerando, lo que procede es sobreseer en el juicio, respecto a éstas y por los actos que se les reclaman, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, ahora conviene pronunciarse sobre la certeza o inexistencia de los actos que se tildan inconstitucionales, pues dicho proceder debe ocurrir en toda sentencia de amparo y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento podrá estudiar las causas de improcedencia aducidas o las que en su criterio se actualicen y, de resultar procedente el juicio, emprender el estudio de la litis constitucional. Sirve de apoyo en este sentido, la jurisprudencia 10 del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 76, Octava Época, de abril de 1999, página 68, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Esto es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso ocuparse de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada una de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo. Dicho de otro modo, el estudio de la improcedencia implica que los actos reclamados sean ciertos, mientras que el de la litis depende de que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. En la especie, el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación admitió la existencia de los actos reclamados (no así la ilegalidad de los mismos), lo que se corroboró con las copias certificadas del juicio sumario civil hipotecario 849/2014, que anexó al referido comunicado; documental pública que reviste valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la tesis XX. 303 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 227, tomo XV, de enero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Se entiende por documento público, el testimonio expedido por funcionario público, en ejercicio de sus funciones, el cual tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que hace fe respecto del acto contenido en él." Existencia que se hace extensiva a los actos atribuidos a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, con sede en esta ciudad; al ser ejecutora de los actos reclamados a la autoridad citada en primer orden. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Escrito de demanda presentado por Cuahutémoc Salomón Pérez, en su carácter de apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, a través del cual promovió acción en la vía sumaria civil hipotecaria acción en contra de Jesús Salomón Medina. Auto de seis de noviembre de dos mil catorce, a través del cual el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en eta ciudad, admitió la demanda de referencia y ordenó el emplazamiento a juicio de la parte demandada. Acta de emplazamiento a juicio al aquí quejoso Iván Durán García, efectuado el doce de noviembre de dos mil catorce. Escrito de noviembre de dos mil catorce, signado por Jesús Salomón Medina, a través del cual designó como sus procuradores judiciales en términos del artículo 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, a los licenciados José Guadalupe Morales Carrillo y/o José Ismael Espinosa Zamora, -a efecto de que lo representaran en el juicio de origen- asimismo, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizó para tales efectos, para imponerse de los autos, así como para recibir toda clase de documentos, a los licenciados Víctor Zamudio Vizcarra y/o Angélica Guadalupe Gutiérrez González. Auto de nueve de diciembre de dos mil catorce, en la que se tuvo presentado a Jesús Salomón Medina, en su carácter de demandado señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, designando como sus procuradores judiciales en términos del artículo 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, a los licenciados José Guadalupe Morales Carrillo y/o José Ismael Espinosa Zamora, quienes aceptaron y protestaron el cargo conferido. Auto de veintinueve de enero de dos mil quince, en el que se tuvo rebelde al aquí quejoso al no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. Acta de cuatro de febrero de dos mil quince, suscrita por la licenciada Catalina Mercado Figueroa, Actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar, con residencia en esta ciudad, a través de la cual notificó al demandado el auto de veintinueve de enero de dos mil quince. Seguida la secuela procesal, el catorce de abril de dos mil quince, el Juzgado responsable dictó sentencia en la que se condenó a Jesús Salomón Medina, a pagar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la cantidad que en liquidación de sentencia se cuantificara. En diligencia de diecisiete de abril de dos mil quince, se notificó al demandado -aquí quejoso- de la sentencia de catorce de abril de dos mil quince, -en el domicilio que para tal efecto señaló en su escrito de noviembre de dos mil catorce-. Recurso de Apelación, promovido por José Guadalupe Morales Carrillo, en su carácter de procurador judicial del demandado Jesús Salomón Medina, en contra de la sentencia de catorce de abril de dos mil quince. Auto de cuatro de mayo de dos mil quince, en el que se admitió en ambos efectos el recurso de apelación promovido por José Guadalupe Morales Carrillo, en su carácter de procurador judicial del aquí quejoso Jesús Salomón Medina, y se turnó para su estudio a la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia, con residencia en Culiacán, Sinaloa. Notificación de siete de mayo de dos mil quince, en la que se informó al demandado por conducto de sus autorizados, del auto de cuatro de mayo del referido año. Resolución de veinticinco de mayo de dos mil quince, emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, en la que confirmó la sentencia revisada, y concedió a la parte demandada -aquí quejosa- un término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquél en que se le notificara la misma, para que cumpliera voluntariamente con la sentencia; apercibida que de no hacerlo, se sacaría a remate el bien inmueble objeto de la hipoteca. Acta de dos de julio de dos mil quince, en la que la Actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar con sede en esta ciudad, hizo constar que notificó al aquí quejoso la resolución de veinticinco de mayo de dos mil quince, emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa; por conducto de sus autorizados, en el domicilio señalado para tal efecto. Escrito signado por Cuahutémoc Salomón Pérez, en su carácter de apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, a través del cual presentó ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, convenio de ejecución de sentencia para cumplir con la misma celebrado el veintiséis de junio de dos mil quince, entre el demandado -aquí quejoso- Jesús Salomón Medina y su representado, ante la fe del Notario Público Número Doscientos Tres del Estado de Sinaloa, licenciado José Joel Boucieguez Velarde, mismo que fue aprobado en sus términos en auto de once de agosto de la propia anualidad, por el juzgado de origen. Seguida la secuela de ejecución de sentencia, el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, quedó firme la adjudicación en definitiva a favor de la parte actora respecto del bien inmueble ubicado en avenida del Arroyo, número 18745, fraccionamiento Rinconada del Valle, de esta ciudad, -objeto de la hipoteca que dio origen al juicio principal del que deriva el juicio de amparo en que se actúa- se requirió a la parte demandada para que en el término de tres días otorgara la escritura de venta correspondiente, y ante la rebeldía de éste, se ordenó remitir las constancias conducentes al Notario Público Marco Antonio Zazueta Félix para la protocolización de las constancias relativas a la misma. SEXTO. Procedencia de la acción constitucional. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, lo advierta de oficio quien esto resuelve e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia II.1°.J./5 consultable a foja 95 del tomo VII, mayo de 1991, materia común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, de autos se aprecia que en proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió el informe con justificación rendido por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial Mazatlán, en esta ciudad, en el que señaló que el demandado quejoso Jesús Salomón Medina, compareció al juicio sumario civil hipotecario de origen 849/2014, mediante escrito presentado el noviembre de dos mil catorce, a través del cual designó como sus procuradores judiciales en términos del artículo 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, a los licenciados José Guadalupe Morales Carrillo y/o José Ismael Espinosa Zamora, -a efecto de que lo representaran en el juicio de origen- señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizó para tales efectos, para imponerse de los autos, así como para recibir toda clase de documentos, a los licenciados Víctor Zamudio Vizcarra y/o Angélica Guadalupe Gutiérrez González. Asimismo indicó, que el veintiséis de junio de dos mil quince, celebró convenio de ejecución de sentencia para cumplir con la misma, con el aquí quejoso, ante la fe del Notario Público Número Doscientos Tres del Estado de Sinaloa, licenciado José Joel Boucieguez Velarde, mismo que fue aprobado en sus términos en auto de once de agosto de la propia anualidad, por el juzgado de origen. En esa tesitura, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo señalado en último término dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, entendiéndose como tal a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto (en sentido estricto); así como la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente (por equiparación). Así, en la especie tenemos que el quejoso señaló como actos reclamados la falta de emplazamiento a juicio y sus consecuencias jurídicas, así como la orden de ejecutar la desposesión del inmueble ubicado en avenida del Arroyo, número 18745, fraccionamiento Rinconada del Valle, de esta ciudad. Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo que nunca ha sido notificado de algún procedimiento relacionado con la demanda promovida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda. Sin embargo, tal y como refirió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, mediante escrito presentado por el apoderado para pleitos y cobranzas de la parte actora Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el demandado quejoso Jesús Salón Medina, exhibieron ante la responsable un convenio de ejecución de sentencia para cumplir con la misma, mismo que fue aprobado en sus términos en auto de once de agosto de la propia anualidad, por el juzgado de origen, en el que se estableció, entre otras cosas, lo siguiente: DECLARACIONES: SEGUNDA.- DECLARA "LA PARTE DEMANDADA": A).- QUE HA QUEDADO SABEDOR DE LA EXISTENCIA DEL JUICIO CUYO NÚMERO DE EXPEDIENTE Y JUZGADO DE RADICACIÓN SE SEÑALA EN EL ANTECEDENTE IV CUARTO, ASÍ COMO DE LAS PRESTACIONES QUE SE LE RECLAMAN POR PARTE ACTORA EN LA DEMANDA RESPECTIVA; Y A LAS CUALES FUE CONDENADA EN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL JUICIO QUE NOS OCUPA Y EN BASE A ELLO, MANIFIESTA QUE RECONOCE COMO CIERTOS LOS HECHOS NARRADOS EN LA MISMA Y COMO PROCEDENTES LAS PRESTACIONES AHÍ RECLAMADAS, POR LO QUE RECONOCE EXPERESAMENTE ADEUDAR LAS MISMAS, ASÍ COMO TAMBIEN ACEPTA EL VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO DEL CONTRATO MULTIREFERIDO. En esa tesitura, el juicio de amparo que nos ocupa deviene improcedente, debido a que el quejoso Jesús Salomón Medina carece del carácter de persona extraña al juicio sumario civil hipotecario de origen 849/2014, toda vez que compareció a dicho procedimiento mediante escrito presentado en noviembre de dos mil catorce, a través del cual designó como sus procuradores judiciales en términos del artículo 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, a los licenciados José Guadalupe Morales Carrillo y/o José Ismael Espinosa Zamora, -a efecto de que lo representaran en el juicio de origen- asimismo, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizó para tales efectos, para imponerse de los autos, así como para recibir toda clase de documentos, a los licenciados Víctor Zamudio Vizcarra y/o Angélica Guadalupe Gutiérrez González. Después, celebró convenio de ejecución de sentencia para cumplirla, con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el veintiséis de junio de dos mil quince; incluso en sus manifestaciones se reconoció sabedor de la existencia del juicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 189916, que dice: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Máxime que el quejoso no combate por vicios propios la orden de sacar a remate el inmueble ubicado en avenida del Arroyo, número 18745, fraccionamiento Rinconada del Valle, de esta ciudad, sino que su inconstitucionalidad la hace derivar de la "falta de emplazamiento" al juicio de origen. En suma, al advertirse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Salomón Medina, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil y Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia Civiles y Familiares, ambos del Distrito Judicial Mazatlán, en esta ciudad. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 5/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2021, registro digital 2023029, que dice: DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta. No se soslaya que, como se adelantó, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo que nunca ha sido notificado de la demanda promovida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, bajo el expediente de origen 849/2014; a pesar de que compareció al referido juicio y celebró un convenio de ejecución de sentencia para cumplir con la misma, con la parte actora en el que se reconoció sabedor de la existencia del referido procedimiento, máxime que dicho convenio, al haber sido ratificado ante notario público, le reviste el carácter de documento público con pleno valor probatorio, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme su numeral 2°; inclusive, al ser ratificado el convenio se agregó copia del documento con el cual se identificó el ahora quejoso, consistente en credencial para votar con clave de elector, visible en el folio ciento cuarenta y cuatro del legajo de pruebas que se integró con las constancias que constituyen el acto reclamado. En consecuencia, se apercibe y se hace del conocimiento del quejoso Jesús Salomón Medina y sus autorizados Daniel Martín Morales Acosta y Elva María Tirado Osuna, que en caso de que existan indicios que hagan suponer que él o sus abogados autorizados, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, hayan afirmado en su demanda de amparo hechos falsos u omitido los que le consten en relación con los actos reclamados; este órgano jurisdiccional tiene expedita su facultad de dar vista al Ministerio Público de la Federación, a fin de que, conforme a sus facultades constitucionales y legales, investigue de inmediato si dichos hechos son constitutivos del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 13/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agosto de 2017, registro 2014917, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Con independencia de lo anterior, quedan expeditos los derechos del quejoso para, en su caso, combatir por vicios propios los actos que surjan en el procedimiento de remate de origen a través del medio de defensa que proceda. SÉPTIMO. Transparencia y acceso a la información pública. Tomando en consideración que las partes en el presente juicio constitucional, no se opusieron a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en el que se les hizo de su conocimiento tal circunstancia; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y como consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con los diversos numerales 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley en comento, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin supresión de datos. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo, además, en los artículos 1°, 61 al 63 y 73 al 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Jesús Salomón Medina, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables Jueces Primero, Segundo, Tercero, y Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil y Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia de los Ramos Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, todos con sede en esta ciudad; que quedaron precisados en los considerandos tercero y sexto de este fallo. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en el considerando sexto de la presente determinación.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que Cuauhtémoc Salomón Pérez, apoderado legal de la tercero interesada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se apersonó al presente juicio el veinte de diciembre del año en curso; en atención a ello y a fin de que dicha parte procesal esté en aptitud de imponerse de los autos que integran este sumario, en los términos establecidos por el artículo 119 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional programada para hoy SE DIFIERE, a fin de que tenga verificativo a las CATORCE HORAS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
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