Jesús Ruiz Velazco Ornelas
Expediente 1393/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1393/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/08/2022
Partes del expediente
- Jesús Ruiz Velazco Ornelas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el escrito del apoderado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se imponga una multa a la autoridad responsable por omitir rendir su informe justificado en el término que se le concedió para tal efecto; al respecto, se acuerda: El estado de autos reporta que mediante auto de ocho de julio de dos mil veintidós, se pidió a la Décimo Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, rindiera su informe justificado dentro del plazo de quince días y se le hizo del conocimiento las consecuencias que implicaba su falta, en términos de los artículo 117 y 260 de la Ley de Amparo. Determinación que le fue notificada el doce de julio de dos mil veintidós, mediante el oficio 30166/2022, al que se le anexó copia de la demanda de amparo; por lo que, el plazo para rendir su informe justificado le transcurrió del trece de julio al tres de agosto de dos mil veintidós. Luego, mediante audiencia constitucional de cinco de agosto de dos mil veintidós, se presumió cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, ya que omitió rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada para tal efecto; y, se sobreseyó el juicio de amparo, ya que se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico. Y, mediante acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que en los juicios de amparo directo, el auto admisorio es el momento para imponer la multa prevista en el numeral 260 de la Ley de Amparo, por omisión de la responsable en rendir su informe justificado. Pues el Presidente del Tribunal Colegiado al momento de dictar el auto de admisión contará con los elementos suficientes para valorar si la remisión realizada por la responsable transgrede el artículo 178 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, si es el caso de aplicar la sanción contemplada en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. Señaló que tal proceder permitía que mediante el recurso correspondiente, la autoridad estaría en posibilidad de presentar argumentos encaminados a desvirtuar las razones en las que se sustentó la imposición de la multa, pues mencionó que la sanción que se impone afecta de manera personal al titular de la responsable a la que s ele impone, el cual tiene derecho a un recurso para combatir los actos que le afectan. Consideraciones que se encuentran reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 75/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, página 1308, de rubro y texto: "MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE IMPONERSE EN EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA. Del análisis sistemático de la Ley de Amparo se advierte que el Presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito cuenta, al momento de proveer sobre la admisión de una demanda de amparo directo junto con el informe justificado y los demás elementos establecidos en la ley, con los elementos suficientes para valorar si la remisión realizada por la autoridad responsable transgrede el artículo 178 de la misma legislación y, en consecuencia, si es el caso de aplicar la sanción prevista en el numeral 260, fracción IV, citado. De esa forma, se permite que, mediante el recurso de reclamación, la autoridad responsable pueda presentar argumentos encaminados a desvirtuar las razones en las que se sustentó la imposición de la multa, pues la sanción que se combate es una afectación personal sufrida por el titular del órgano responsable, el cual tiene derecho a un recurso para impugnar los actos que le afectan, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, aun cuando en el informe justificado la autoridad responsable exponga las razones que a su juicio justifican el incumplimiento de lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo y el Presidente del órgano colegiado considere que se debe imponer la multa dispuesta en el artículo 260, fracción IV, de esa ley, la autoridad responsable tendrá oportunidad de desvirtuar los razonamientos que sustentan la sanción decretada mediante el recurso de reclamación". En ese tenor, se estima que no procede imponer a la autoridad responsable la multa prevista en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que es en el dictado de las sentencias de amparo donde podrá ordenarse la imposición de sanciones por el desacatado a un mandato, como lo es, la rendición del informe justificado. Ello, debido a que es el momento oportuno para analizar y razonar si la omisión de rendir el informe justificado se encuentra o no justificada, asimismo, si existió o no mala fe por parte de la responsable para omitir rendirlo. Por lo que, al no existir pronunciamiento sobre sanción alguna en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, es evidente que este Juzgado de Distrito no estimó procedente la imposición de la multa por omitir rendir el informe justificado. Máxime que dicha resolución causó ejecutoria y el presente asunto se encuentra archivado como asunto totalmente concluido. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XXVII.3o.88 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia Común, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, página 3419, de rubro y texto: "RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO QUE LE IMPONE UNA MULTA POR NO RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. LA MATERIA DE ESTE MEDIO DE IMPUGNACIÓN SE LIMITA A ANALIZAR LA JUSTIFICACIÓN DEL CORRECTIVO IMPUESTO, POR LO QUE DEBEN DECLARARSE FIRMES E INTOCADAS LAS CUESTIONES AJENAS A DICHO TEMA, INCLUSIVE, SI DE OFICIO SE ADVIRTIERA LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NO ALEGADA POR LAS PARTES, NI ANALIZADA POR EL ÓRGANO INFERIOR. De acuerdo con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, las autoridades judiciales carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión contra las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Lo anterior es así, toda vez que el objetivo de la actividad judicial, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la absoluta imparcialidad y el total desapego al interés de las partes contendientes; además, la función del juzgador ordinario de velar por el interés público está limitada a su actuación como rector del proceso, sin que trascienda al juicio de amparo, en el que tal deber corresponde a los órganos encargados de la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, excepcionalmente en las sentencias de amparo pueden imponerse sanciones por el desacato a un mandato, inclusive, a las autoridades jurisdiccionales, resultando de ello una afectación que sólo resentirá la persona física que ocupe el cargo de la responsable sancionada; por tanto, en esta hipótesis sí es pertinente que la autoridad judicial interponga el recurso de revisión, a fin de otorgarle la oportunidad de defenderse. Ahora bien, si en la sentencia de amparo se impuso una multa a aquélla por no rendir su informe justificado, conforme al artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, este fallo estará constituido, por un lado, de consideraciones atinentes al acto reclamado (procedencia del juicio y constitucionalidad de la actuación impugnada) y, por otro, de razones que justifiquen la imposición de la sanción; resaltando que ambos aspectos serán autónomos, pues los argumentos relativos a la procedencia del juicio o la constitucionalidad del acto reclamado, no incidirán sobre los motivos que sustenten la aplicación de la multa. Por ello, si la autoridad jurisdiccional sancionada interpone en su contra el recurso de revisión, la materia de este medio de impugnación se limita a analizar la justificación del correctivo impuesto, por lo que debe declararse firme e intocado el resto de las consideraciones que contenga la sentencia y que sean ajenas al tema de la sanción, inclusive, si de oficio se advirtiera la actualización de una causal de improcedencia que no fue alegada por las partes ni analizada por el órgano inferior, por lo que no debe procederse a su análisis sino que, atento a que deben dejarse firmes e intocadas las consideraciones que sean autónomas a la imposición de la sanción, la litis constitucional debe quedar como si no hubiere sido impugnada. Pues aun en este caso, no debe soslayarse la improcedencia del recurso de revisión de la autoridad judicial contra la sentencia que declara la inconstitucionalidad del acto reclamado emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional". Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad oficiante, informa que requirió en su carácter de superior jerárquico a la autoridad responsable para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 02 DE AGOSTO DE 2022, QUE DICE: Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa y terceros interesados no desahogaron las vistas respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se les otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Debe decirse que el amparo se concedió para los siguientes efectos: "(.) SÉPTIMO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo, para lo cual la autoridad responsable deberá: Dejar insubsistente el auto de ***********, dictado en el juicio sucesorio testamentario **********del índice de la responsable, en la parte que revocó el diverso de cinco de noviembre anterior, y consecuencia de lo cual reconoció a ***********, el carácter de usufructuario del bien que constituye la masa hereditaria. Emita otro, con plenitud de jurisdicción, pero purgando el vicio que fue evidenciado en este fallo. Sin que este juzgado de Distrito se encuentre en posibilidad para pronunciarse en forma detallada como se indica, porque corresponderá a la responsable, en su caso, al ser la rectora del procedimiento de origen, la que debe resolver sobre el particular, ya que de otra manera este órgano jurisdiccional, se estaría sustituyendo a las facultades de la responsable que le son propias, lo que no es dable, por ser éste, un órgano de control constitucional, por lo que el efecto del amparo se constriñe sólo a dejar insubsistente el acto y emitir una nueva resolución. Resulta ilustrativo el contenido de la tesis XVIII.1o.2 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página mil treinta, cuyo rubro se cita como nota al pie. (.)". Por su parte, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Segundo Partido Judicial, con residencia en Chapala, Jalisco, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de esta Juzgado de Distrito el uno de julio del dos mil veintidós, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió copia certificada del auto de ************, a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documento certificado por autoridad en ejercicio de sus funciones, con la que se pone de manifiesto que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de ***********, dictado en el juicio sucesorio testamentario **********, en la parte que revocó el diverso de ********** y consecuencia de lo cual reconoció a Antonio Siordia Aguilar, el carácter de usufructuario del bien que constituye la masa hereditaria y emitió otro con plenitud de jurisdicción, purgando el vicio que fue evidenciado en la sentencia de amparo. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia por la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, en su caso las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el presente proveído. Una vez terminado el proceso de depuración, se podrá realizar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, indíquese en la carátula del expediente la anotación de depurable. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, tomando en consideración que en los presentes autos, se tuvieron por recibidas las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable, con las que se ordenó formar los cuadernos de pruebas identificados como tomos I, II, III y IV, V y tomando en consideración que los mismos ya no resultan necesarios, se ordena remitirlos a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo, dado que la constancia de notificación de la que derive el respectivo oficio hace las veces de éste. Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que al día de hoy los terceros interesados ***********, todos de apellidos Siordia ******** haya cumplido con lo requerido en auto de catorce de julio del presente año, no obstante de que fueron debidamente notificados del referido auto el veinte de julio del dos mil veintidós; en razón de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de referencia; por tanto, realícense las notificaciones a los citados terceros interesados, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad al artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. Notifíquese.
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